Diario de Sesiones 16, de fecha 13/12/2011
Punto 24

· 8L/C-0069 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre renovación de la planta hotelera y otras infraestructuras turísticas. (continuación.)

El señor presidente: Bien. Señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Ordenación del Territorio, don Domingo Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

Brevemente, porque realmente creo que hay una coincidencia en lo fundamental, lo fundamental, que es la estrategia de renovar, de renovación, de modernización. Por lo tanto, me limitaré quizás a hacer algunas precisiones para clarificar algunas cuestiones que me parece que no han quedado muy claras de la lectura de la Ley de Medidas Urgentes ni de la comparecencia mía. A ver si tengo un poco más de suerte en esta segunda parte.

En primer lugar, decirle a don Fabián que, hombre, hay dos momentos del marco jurídico de Canarias. Uno que lógicamente es muy anterior, anterior al 2009, en el que no había esta crisis y, consecuentemente, lo que había era un crecimiento y una tendencia a ocupar suelo, que llevó a este Parlamento a producir las limitaciones o la modulación del crecimiento en una u otra forma, desde el 2003 hacia adelante, para evitar esa conquista tan desmedida de suelo, tan enorme. Y hay una segunda parte, que es la Ley de Medidas Urgentes, que no tiene nada que ver en su filosofía en ese aspecto a la anterior, que sí que es verdad que hace una continuidad de la anterior, modulando el crecimiento para la ocupación de los nuevos suelos turísticos, limitándolo ahí, pero sí que hace una apuesta decidida por la renovación y la rehabilitación, de tal manera que incluso condiciona la posibilidad de obtener autorizaciones previas de plazas alojativas a que estas provengan de una política de rehabilitación y de mejora. Por tanto, permite incluso ocupar más edificabilidad porque hay más plazas alojativas pero a cambio de hacer una renovación importante. Evidentemente, el legislador tenía claro que no todo se iba a renovar y, por tanto, no iba a haber un desbordamiento de esa posibilidad, de esa capacidad de carga o de la posibilidad de ocupación de suelo.

Pero la ley sí apostó claramente por eliminar la barrera del planeamiento. Es decir, aquí se ha dicho muchísimas veces -es cierto- que el planeamiento está haciendo, estaba haciendo, y desde luego si se quiere afrontar una modernización, una reforma de la ciudad turística, de los espacios turísticos, hay que tocar, incluso muchas de las actuaciones no necesitarían modificar el planeamiento. Si un hotel se rehabilita, no necesitaría en principio, por sí solo, modificar el planeamiento, pero lo que pasa es que se había dicho que hay que mejorar la ciudad turística y, consecuentemente, hay que tocar sistemas generales, equipamientos, etcétera, y eso obliga a una revisión del planeamiento. Ni siquiera una modificación sino una revisión del planeamiento. Y es verdad que la experiencia nos dice que para revisar el planeamiento municipal, que tiene que haber una iniciativa municipal, claramente consensuada después, además de todas las vicisitudes que requiere la legislación vigente, para, entre otras cosas, muchas de ellas inevitables, porque son legislación europea o básica estatal o por lo menos porque obedecen a principios de participación ciudadana y de seguridad jurídica, etcétera; para evitar eso, para conseguir eso, la Ley de Medidas Urgentes estableció los planes estos de modernización, mejora e incremento de la competitividad, que aprueba el Gobierno y que son de tramitación abreviada y que, como ya se ha puesto de manifiesto aquí y se ha demostrado, se pueden hacer en seis-siete meses, que es lo que ha tardado el Gobierno en hacerlos, y desplaza a aquellas determinaciones del planeamiento vigente que se opongan o impidan de alguna manera hacer la renovación.

Por tanto, tenemos la herramienta de planeamiento. Ya no es un problema el planeamiento para hacer una renovación, a día de hoy. Mucho menos lo será cuando traigamos la nueva ley a este Parlamento, si merece la aprobación de sus señorías, que por lo que veo vamos a coincidir en muchísimas cosas. Pero a día de hoy nadie puede decir que por falta de planeamiento se pueda dejar de rehabilitar, porque, insisto, hay una herramienta de planeamiento muy potente y muy rápida, que mereció en algún momento determinado el reparo de algunos ayuntamientos, pensando que se les quitaban competencias. Se acreditó que, bueno, que era, en un momento excepcional, para poder tener este tema a punto e incluso se requiere también la complicidad municipal, a quien se anima a que reduzca incluso las tasas o las licencias necesarias para llevar a cabo la renovación.

Por tanto, la herramienta la tenemos. ¿Qué ha sucedido entonces para, si la herramienta la tenemos, es mucho o poco los planes que se han hecho hasta la fecha? Es verdad que en un primer momento de una ley siempre, bueno, pues, se tiene, no se conoce bien, se tiene desconfianza, pero a día de hoy los empresarios, la mayoría de ellos, que quieren rehabilitar conocen ya el procedimiento, está muy engrasado, estamos trabajando intensamente en esto.

¿Y qué ha pasado de más? ¡Hombre!, que cuando se aprueba la Ley de Medidas Urgentes sobreviene una crisis, que todavía ni siquiera la ley la aventuraba. Es decir, la ley hablaba en su exposición de motivos de desaceleración económica, cuando lo que tenemos después es una recesión total y absoluta y además una crisis completa. Por tanto, eso también ha hecho mucho más difíciles las iniciativas, o que sean atractivas las iniciativas, y haya disponibilidades económicas para hacer frente a ello.

Por tanto, la nueva estrategia lo que pretende, lo que se pretende con la nueva estrategia son dos líneas, dos líneas legislativas. Una de ellas dedicada a mejorar toda esa incentivación para la reforma, para la rehabilitación turística -por un lado, esa era una ley turística-, producto de la estrategia que se consensúe con el sector y que pretendemos que se consensúe también aquí, en este Parlamento. Y una segunda ley que es la que hemos anunciado aquí, de la que tuve oportunidad de dar unas pinceladas y un avance, que esperemos que a principios de la próxima legislatura podamos estar debatiendo en este Parlamento, y que será la ley que definitivamente pueda desbloquear, lógicamente con la voluntad también municipal, porque son los ayuntamientos los que tienen que iniciar los planes generales, pero con la herramienta suficiente como para que la redacción, la aprobación, la promoción, la aprobación definitiva de un plan general no tenga por qué tardar más allá de año, año y medio. Es una cuestión en la que hemos hecho ya un trabajo que próximamente difundiremos y trataremos de negociar.

Efectivamente, señorías, señora Montelongo, doña Águeda, usted ha puesto el dedo en la llaga en una cuestión que yo comparto: la rehabilitación no es una opción, tiene que ser una obligación. De hecho lo es, es una obligación; lo que pasa es que hoy es una obligación muy diluida, muy poco atendida, la obligación de ornato y demás. Tiene todo el mundo esa obligación en cualquier espacio, en cualquier espacio urbano, pero resulta que, efectivamente, esto tiene que ir mucho más allá y de eso se ocupará, de forma muy clara y muy precisa, la nueva ley turística. Porque, efectivamente, no puede ser que en comunidades de propietarios, por ejemplo, o multipropiedades, pues, esa circunstancia complique la rehabilitación o la reforma de este tipo de temas. La rehabilitación, efectivamente, es y será, y será muy claramente tratada en la ley, como una obligación, de tal manera que, si no, tiene que haber una sustitución por el rehabilitador, porque el fin social de la propiedad no puede perderse nunca. Es decir, la propiedad es un estatuto que tiene el propietario, pero esa propiedad está sujeta siempre al interés general, al fin social de la propiedad, y si se abandona, porque no se quiere cooperar desde el punto de vista de una actitud tan importante que se tiene que tener en Canarias, como es preservar el turismo, pues, hay que actuar con la coerción de la legislación.

Por más, decir que, bueno, el artículo 17.1, señorías, de la ley lo único que hace efectivamente es decirles a los propietarios... -por cierto, que ya se acabó, fue durante seis meses cuando se podía solicitar, se solicitaron durante esos meses muchísimo-; y efectivamente puede ser una gran oportunidad para que el Gobierno expropie determinado suelo y pague por ello su justiprecio, y pueda ponerlo precisamente en el mercado para la rehabilitación, con destino precisamente a esos déficits de suelo que su señoría comenta como consecuencia de la mayor incentivación de la renovación. Podría ser, por ejemplo, porque eso es lo que dice la ley. La ley dice que el Gobierno puede optar bien por indemnizar por la pérdida de esa edificabilidad o bien por expropiar para ponerla en el mercado para que se ponga en marcha el sistema renovador. Por tanto, esa es una cuestión que está ahí, pero le puedo decir, señoría, que de todas las solicitudes que la consejería ha estudiado, con los criterios del Tribunal Supremo, hasta ahora no hemos podido atender ninguna de ellas, entendiendo que no habían cumplido sus derechos urbanísticos. Otra cosa es lo que digan los tribunales, pero en estos momentos eso está así.

Nada más, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Domingo Berriel.

Recordarles que comenzaremos esta tarde a las cuatro y media y con la comparecencia 66, sobre el Pacto social por la economía y el empleo, del Grupo Nacionalista.

Hasta luego, señorías. Muchas gracias.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.)

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y un minutos.)

El señor presidente: Señorías, muy buenas tardes. Vamos a reanudar la sesión.