Diario de Sesiones 17, de fecha 14/12/2011
Punto 2

· 8L/C-0104 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre los planeamientos municipales.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Y pasamos a la siguiente comparecencia, instada por el Grupo Nacionalista Canario, al Gobierno, sobre los planeamientos municipales.

Tiene la palabra. Cinco minutos.

El señor De la Hoz Fernández: Señor presidente. Señorías, muy buenos días.

El objeto de esta comparecencia es para que se le informe a este Parlamento sobre las estrategias o las diferentes líneas de trabajo que el Gobierno tiene establecidas para seguir dinamizando e impulsando los planeamientos municipales. Dado que es evidente que las ratios de adaptación de los planes de ordenación urbana son mejorables y, para ponernos en antecedentes, me permito recordarles a sus señorías que en estos momentos solo 22 municipios de los 88 disponen de plan general de ordenación adaptado al texto refundido y a la Ley 19/2003, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, teniéndose previsto que otros 8 municipios puedan estar adaptados definitivamente en unos meses. Uniéndose además a esto los cinco planes supletorios que están a punto de concluir.

La responsabilidad del planeamiento municipal, como bien saben sus señorías, corresponde fundamen­talmente a los ayuntamientos, y son estos los que deben iniciar, impulsar y formular los planes generales de ordenación con la aprobación provisional para que posteriormente sea la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias la que analice exclusivamente los aspectos de legalidad relacionados con los intereses y las competencias supramunicipales, insulares o de la comunidad autónoma.

En general nuestros municipios no han hecho sus deberes, en algunos casos por la pequeña dimensión de esos gobiernos municipales, por la falta de recursos o por la falta o por las limitaciones técnicas, y eso pese a las diferentes prórrogas concedidas en los plazos y a los esfuerzos del Gobierno de Canarias, tanto económicos como de formación, con el objetivo de impulsar la formulación de sus planes de ordenación.

La necesidad de avanzar en la aprobación definitiva de los diferentes planes de ordenación que se encuentran en alguna de las fases de tramitación debe ser prioritario. Disponer de los recursos y prolongar los esfuerzos que se han destinado para agilizar los procedimientos administrativos, como es el desarrollo de la plataforma digital de información territorial y ambiental, o los trabajos para mejorar la capacidad de las oficinas técnicas municipales y la interconexión entre las diferentes instituciones ha de ser un continuo para facilitar el alcance de los objetivos.

Todos estos esfuerzos han sido aplicados en la dirección adecuada, pero, teniendo en cuenta la especial situación socioeconómica y las ratios de aprobación definitiva de los diferentes planes de ordenación, tanto municipales como insulares, parece evidente que todos estos esfuerzos han sido muy necesarios pero insuficientes. Es por ello que desde el Grupo Nacionalista Canario entendemos que una de las prioridades estratégicas para impulsar los planeamientos municipales es una nueva normativa del territorio, que tenga como objetivo la simplificación de los procedimientos de tramitación y aprobación del planeamiento, tal y como tuvimos oportunidad de debatir recientemente en esta Cámara.

Ya se ha recalcado, tanto en esta Cámara como en Comisión, que el principio de sostenibilidad sobre el territorio y el medio ambiente es una máxima que estará presente en la futura norma, al igual que los tiempos y los espacios de publicidad y participación, tanto de las instituciones como de la ciudadanía.

Parece lógico e imprescindible continuar trabajando con los diferentes programas de apoyo y formación a las oficinas técnicas y rediseñando nuevas estrategias, como puede ser esa futura norma, para poder acercarnos progresivamente al objetivo del 100% de adaptación de los 88 municipios canarios.

Por lo tanto, señor consejero, es necesario y preciso que las ratios de concreción del planeamiento se incrementen notablemente en esta legislatura, ya que cuenta con la experiencia acumulada como máximo responsable de ordenación del territorio en el Gobierno de Canarias, existen los análisis, ampliamente expuestos, tanto en comisión como en sede parlamentaria, y son conocidas las múltiples dificultades a las que se enfrenta el planeamiento de ordenación municipal, ya que lo contrario se traducirá en una pérdida de oportunidades y, por lo tanto, en una pérdida de futuro.

Con esta comparecencia que le solicita el Grupo Nacionalista Canario tiene la oportunidad, señor consejero, de explicar a esta Cámara cuál va ser la estrategia del Gobierno para impulsar y desarrollar los planeamientos municipales.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el consejero para aclarar la situación. Tiene diez minutos, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

Desde que en este Parlamento se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias ha sido objetivo de los distintos gobiernos impulsar que todos los municipios canarios tuvieran el plan general de ordenación adaptado a ese marco normativo.

Nuestro sistema de planeamiento está configurado como un sistema único, integral y jerarquizado y constituye la base para el gobierno del territorio. El plan es el presupuesto legal previo y necesario de los procesos de transformación y uso del suelo.

El impulso, promoción y definición del plan general, esto es, del modelo urbano y de la ordenación territorial de cada municipio, corresponde a su ayuntamiento.

Y estos instrumentos, en cuanto culminan la definición de un modelo urbanístico de desarrollo municipal, siempre dentro del marco del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y de las Directrices, y conforme a las bases y criterios del plan insular y de sus planes territoriales de desarrollo, y en ese marco, asumen la labor de hacer posible la implantación del modelo diseñado, delimitando el uso del suelo.

Su importancia es evidente, señorías, pues el plan general de ordenación es el instrumento que crea ciudad y persigue la reivindicación social y económica de los municipios. Por ello es objetivo de este Gobierno, como ya he tenido ocasión de explicar en este Parlamento, impulsar la conclusión de los planes adaptados al marco normativo actual.

La estrategia puedo resumirla. Primero, continuar con la política de apoyo económico y técnico a los municipios. Ahora bien, en el marco de las restricciones presupuestarias en las que hemos de gestionar el departamento y por la experiencia de los esfuerzos anteriores, las actuaciones de apoyo a los municipios habrán de quedar condicionadas a la corresponsabilidad de las instituciones en el ritmo, continuidad y rigor de los trabajos de planeamiento en la fase municipal. Y para el caso contrario, de fracaso de la actuación municipal, inactividad o imposibilidad, intensificar nuestras actuaciones en la elaboración y aprobación de los planeamientos supletorios.

Elaboración de las medidas legislativas destinadas a clarificar la asignación de responsabilidades y competencias, armonizar la dispersa normativa de protección del territorio y del medio ambiente, con especial énfasis en la simplificación de los procedimientos de tramitación y aprobación del planeamiento, de las evaluaciones ambientales estratégicas, y todo ello sin menoscabo de las garantías de transparencia, publicidad y participación de los ciudadanos e instituciones en la toma de decisiones en estas políticas.

Señorías, esta estrategia se basa en la experiencia de las políticas del territorio llevadas a cabo desde la promulgación de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, en el análisis de los motivos de los retrasos, reinicios de la planificación, muchas veces por criterios de oportunidad, indecisión o cambio de criterios políticos; otras, por innovaciones normativas que implican nuevas exigencias, como las derivadas de la aprobación de las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación de Turismo, que fijaron criterios de directa aplicación.

Desarrollo, cumplimiento y, por tanto, la obligación de adaptar los planes generales a sus previsiones, con el cumplimiento de la normativa europea, como la trasposición de la directiva europea materializada en la Ley 9/2006, sobre la Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. Esta ley exige el informe de sostenibilidad y que se someterá a información pública, y del resultado de esta se elaborará la propuesta de memoria ambiental, que de ser aprobada se convierte en definitiva, conteniendo las determinaciones ambientales finales que deben tomarse en consideración por el plan en las sucesivas aprobaciones, en la inicial y en la definitiva.

La aplicación retroactiva de sus previsiones sometía a tal trámite a todos los planes generales, cuyo primer acto preparatorio formal fuera posterior al 21 de julio de 2004, que implicó en la práctica el reinicio de muchos planes, pero su observancia y cumplimiento riguroso resultan inevitables, so pena de incurrir en nulidad, que sentenciarían, sin lugar a dudas, los tribunales (Se reincorpora a la Mesa el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, y asume la Presidencia).

La Ley 9/99, de Ordenación del Territorio de Canarias, establecía el plazo de un año para que los instrumentos de planeamiento vigente se adaptaran a la misma. En ese momento tal mandato implicaba la adaptación de 70 planes municipales y la nueva formulación de 17 municipios. Como sus señorías saben, dicho plazo se fue modificando, ampliándolo por distintas leyes, con el ánimo de incentivar el proceso de actualización del planeamiento.

El texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias prevé una serie de medidas coactivas limitadoras de la potestad de planes de desarrollo del planeamiento vigente sin adaptar, en caso de incumplimiento de los plazos de adaptación.

Aunque la modificación introducida en el año 2000 alentara los procesos de adaptación, se detectó una serie de problemas que, de forma más o menos directa, incidían en la capacidad de los ayuntamientos para adaptarse. Y así se planearon problemas de financiación de los planes, problemas de contratación de los equipos profesionales que debían elaborarlos, bien por la escasez de profesionales libres dedicados al planeamiento bien por la baja remuneración frente a la actividad de proyectación y dirección de edificación, etcétera, ralentización de los procedimientos de aprobación, bien por inexistencia o mínima dotación de personal formado y cualificado en el nuevo marco normativo...

Por ello, señorías, desde el año 2000 se comenzó a financiar el planeamiento general y se realizaron cursos de formación, bien desde la propia Administración o bien a través de los másteres o postgrados de las universidades canarias. Se apuesta por nuevos sistemas de innovación tecnológica, se crean las comisiones de seguimiento en cada término municipal, entre equipos redactores, responsables municipales y la consejería, que siguen aún operativas en esta legislatura. Desde julio hasta ahora ya se han celebrado unas 30 y en la pasada legislatura se celebraron más de 400 reuniones de este tipo.

Desde el año 2005, la inversión aumenta al costear la práctica totalidad de los instrumentos de planeamiento municipal, incrementándose además los honorarios profesionales de los equipos redactores, con el fin de implicar más a los profesionales liberales, y se encomienda a la empresa pública Gesplan el apoyo técnico y de control y gestión para el impulso y contratación y para la adaptación del planeamiento, dinamizando los convenios con los ayuntamientos.

Pero además, señorías, se adoptan medidas como apoyar la mejora y la capacidad de gestión técnica y administrativa de las oficinas técnicas municipales, que entre otros objetivos han posibilitado la normalización y la información urbanística, con creación de procedimientos eficientes y sistematizados de redacción de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística y creando un entorno colaborativo, la plataforma web Territorio canario, que permite el intercambio de información y conocimientos en el ámbito de la ordenación y el asesoramiento sobre el planeamiento.

Pero, señorías, pese a los evidentes esfuerzos económicos, más de 40 millones de euros en los últimos años, técnicos y políticos, también el proceso de adaptación del planeamiento ha sido lento. Existen todavía municipios que siguen con el mismo planeamiento vigente que antes de la Ley del Territorio. La necesidad de revisar, adaptar, actualizar la ordenación se deriva de la velocidad con que vienen los cambios económicos y sociales, de la superación de las previsiones del plan por la realidad. Por ello podemos entender que la mayor lentitud en la adaptación de aquellos municipios con menor índice de crecimiento implicaría menos repercusiones, sin que ello signifique justificar el incumplimiento de plazos legalmente establecidos, pero, señorías, los municipios con mayor oferta turística alojativa, por tanto con mayor crecimiento en los últimos años, mayoritariamente y lamentablemente no cuentan aún con planes generales adaptados. Esta realidad nos llevó en la pasada legislatura a incluirla en la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo.; como ya se ha dicho, la previsión de los planes generales supletorios. Y en la actualidad estamos terminando la redacción de cinco, cuya aprobación se prevé para principios del próximo año. Estos son los municipios de Arafo, Teror, Yaiza , La Aldea y Pájara.

Además, hasta la entrada en vigor, numerosas iniciativas de planeamiento municipal se encontraban paralizadas o no podían iniciar su tramitación con motivo de las limitaciones contenidas en las disposiciones transitorias del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y también de las Directrices. Permítanme sus señorías recordar que dichas disposiciones impedían, básicamente para aquellos municipios no adaptados, lo siguiente: impedían continuar con la tramitación de cualquier modificación de los planes o normas subsidiarias o instrumentos de desarrollo; modificar o revisar determinaciones de los planes generales relativos a los suelos urbanos no consolidados o urbanizables; modificar o revisar determinaciones en suelo urbano consolidado que no fueran de interés público, escasa entidad y acreditada necesidad; y alterar las determinaciones turísticas en suelo urbano no consolidado o urbanizable, incluso suelos mixtos, donde el uso turístico superara el 30%.

Esta ley incorporó los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística, en los que se aplican los incentivos y medidas para la renovación de las infraestructuras previstas en la ley, a lo que ya me referí anteriormente.

Y, por último, señoría, como ya he dicho, también aportaremos medidas legislativas en aras a impulsar la culminación del planeamiento, como ya adelanté en la pasada sesión. El departamento está ultimando el proyecto del nuevo marco legal para las políticas del territorio, cuyas líneas generales ya adelanté en la pasada sesión, y que se establecerán medidas de simplificación, transparencia y fomento de la participación en el procedimiento de aprobación del planeamiento territorial y urbanístico, en base a una sustancial reducción de los trámites correspondientes a la fase insular y municipal, a la sustitución de informes y controles administrativos de las distintas instituciones por un mayor autocontrol y responsabilidad de los equipos redactores, que con la debida configuración multidisciplinar y la debida acreditación deberán garantizar la calidad y la adecuación de la legalidad del trabajo de planeamiento que han comprometido.

La propuesta contiene una estrategia de continuidad y progreso de los documentos, impidiendo los continuos retornos por indecisiones o cambios coyunturales ajenos a la objetividad de la ordenación y modelos acordados en la fase precedente. Y en la fase autonómica, la limitación y concreción del control de legalidad y de oportunidad, circunscrito exclusivamente al cumplimiento de los planes y estrategias supralocales, reservando para esta fase la aprobación solo de la norma principal o plan básico y dejando en sede local su pormenorización y desarrollo...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): ... de las modificaciones no sustanciales.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Tiene un minuto para concluir.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor. He terminado. Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias.

Corresponde el turno a los grupos no solicitantes de la comparecencia. El Grupo Mixto, don Román Rodríguez, por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías.

Es la tercera o cuarta ocasión entre comisión y Pleno que hablamos de este asunto y, seguro, lo vamos a repetir, este debate, a lo largo de esta legislatura por varias razones. Primero porque hay una demanda razonable y porque el Gobierno tiene entre sus tareas mejorar los sistemas de gestión del planeamiento.

Nosotros estamos de acuerdo en la búsqueda de mejores mecanismos para la tramitación del planeamiento, de su simplificación, de su delimitación competencial, de la transparencia, de la participación, de la seguridad jurídica, etcétera, pero, como sé que toca, yo diré cosas que igual no son políticamente correctas o no son, aparentemente, políticamente útiles, y es que, si bien estaremos del lado del Gobierno y de los grupos parlamentarios en todo lo que signifique simplificación, aclaramiento, seguridad jurídica, acortamiento de plazos, etcétera, no nos van a encontrar si lo que se pretende aquí -y sé de lo que hablo- es desregular el sistema de protección y gestión del suelo en nuestra tierra. Primero porque estamos en épocas donde se ponen de moda determinados tópicos y máximas que nada tienen que ver con la realidad. Lo que determina la parálisis económica de nuestra tierra en estos momentos es la crisis. Con estas normas en la época boyante, donde circulaba el crédito, se hicieron decenas, miles de camas residenciales, hoy ociosas, y se hicieron hoteles. Yo recuerdo la isla de Fuerteventura que era un bosque de grúas.

Nosotros no estamos de acuerdo, vamos a combatir la idea de que lo que nos pasa es por culpa de la legislación, aunque esta tenga que ser mejorada. Esto no es verdad. Nosotros tenemos medio millón de camas turísticas en el mercado. Hay municipios de la isla de Fuerteventura que tienen más camas turísticas que la isla de Cuba y la isla de Fuerteventura tiene más que Santo Domingo.

El modelo de desarrollo que se instauró aquí nos puede llevar a situaciones como la que ayer apuntaba -y se me acaba el tiempo- la consejera de Empleo: el 62% de la gente, de la población activa de Lanzarote, no tiene estudios primarios. Les puedo asegurar que además de los problemas del sistema educativo tiene mucho que ver el modelo de desarrollo. Nosotros estaremos a favor de la regulación, de la transparencia, de la simplificación, de la seguridad en materia de planeamiento, pero vamos a confrontarnos en todo lo que signifique desregulación, porque, si no, algunos aquí alicatan el roque Nublo y el Teide, y con nosotros para eso no van a contar.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Emilio Mayoral, por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

El señor Mayoral Fernández: Gracias, señor presidente. Señorías.

Bien. Realmente, como se ha citado aquí, no es la primera vez que hablamos de esto. Exactamente hace un mes, el 10 de octubre, también tuvo una comparecencia el señor consejero y hablamos de las causas por las cuales había un retraso en el planeamiento municipal, en la adaptación a las Directrices. También, después de ese diagnóstico, usted, al igual que ha hecho hoy, estableció o dictó una serie de medidas que se iban a llevar a cabo, y que se han llevado a cabo, a través de la Ley de Medidas Urgentes y otras nuevas que ha anunciado. Y la verdad es que en un mes poco hemos avanzado: de los 22 municipios que Canarias tenía hasta ahora con la adaptación de sus planes generales a las Directrices siguen siendo 22. No hemos avanzado nada, pero también es que ha transcurrido solamente un mes.

Pero yo voy a aprovechar este tiempo solamente, no para repetir las causas y para repetir lo que es la necesidad de tener el planeamiento adaptado, por las razones de interés económico que tiene, voy a aprovechar el tiempo para hacer una sugerencia. Miren, de los 88 municipios canarios hay 15 que reúnen tres condiciones, que son ser capitales de las islas, ser de más de 50.000 habitantes y ser municipios turísticos. Son entre 12 y 15. Por lo tanto, eso significa que el 80% de la población se ve ahí reflejada, que el territorio donde tiene afectadas las inversiones económicas, turísticas, se ven afectadas por esta docena, 14 municipios... Y yo lo que le sugiero es que se dirijan a cada uno de estos municipios, sobre todo a los turísticos y las capitales de provincia y aquellos mayores de 50.000 habitantes, y que nos concentremos a lo largo de este año en sacar adelante los 14 planes estos. Con eso tendremos desarrollado yo creo que el 80, el 90%, del planeamiento de Canarias, a efectos de lo que más importa, que es el número total de personas afectadas y sobre todo el sector turístico, como uno de los elementos del planeamiento básico a tener en cuenta.

Creo que si nos centramos ahí, en el corto plazo de un año, algunos de ellos están muy avanzados, caso de los planes generales de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, que están ya en aprobación provisional, y algunos otros también de los municipios turísticos también están en esas condiciones, pero, basándonos y centrándonos en estos municipios, yo calculo que de aquí a un año sí podremos, si nos centramos en trabajar en ellos, tener resultados óptimos.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Felipe Afonso, por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

El señor Afonso El Jaber: Señor presidente. Señorías.

Comenzaba en septiembre mi primera intervención en este Pleno haciéndole dos reflexiones, señoría, dos preguntas: ¿tenemos o no una buena regulación del planeamiento y la gestión del suelo?, ¿tenemos o no un buen diseño administrativo? Se trataba de dos preguntas retóricas, porque toda la Cámara sabe que no tenemos una buena regulación del planeamiento y de la gestión del suelo, porque toda la Cámara sabe que no tenemos un buen diseño administrativo.

Hoy le hago una pregunta más, esta vez nada retórica: ¿vamos a tener una reforma legislativa decidida que apueste claramente por lo que demanda la sociedad civil, la opinión pública, las necesidades de los tiempos y la experiencia adquirida o nos vamos a volver a someter a lo que impone la dictadura de lo políticamente correcto, la casta de ideólogos de la burocratitis? ¿Esa mentalidad ante la que han cedido muchos políticos, que afirman que cuanto más poder está acumulado en las manos de unos pocos funcionarios mucho mejor para la sociedad y quien diga lo contrario es un peligroso liberal? Pues yo me temo que la mayoría de esta Cámara apostará por lo segundo, por la opción menos democrática, aquella que se impone a la sociedad. Harán dos pinceladas y punto, diseñadas por los mismos de siempre: aquellos que inspiran el estado actual de las cosas.

El debate no es más regulación o menos regulación. Ese no es el debate, el debate no es planificación sí-planificación no; el debate es la calidad de la regulación, la calidad del planeamiento; el debate es si vamos a tener o no más seguridad jurídica, más agilidad, más flexibilidad, caminos claros y seguros; si vamos a legislar para que se pueda hacer o vamos a legislar para que no se pueda hacer, para mantener el poder de la discrecionalidad, la arbitrariedad; el legislar para que no se haga, mantener el lobby de la inseguridad jurídica, que alguien acuerde que se pare un planeamiento dos años a ver si aparece un alcaraván; si preferimos escuchar la queja de los emprendedores o repetiremos el lamentable espectáculo de demonizar a aquellos que se quejan. La ley sí, pero remover los obstáculos, también. Para aplicar la ley ya están los jefes de servicio. La Carta Magna nos mandata a remover obstáculos, a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Vamos a seguir negando la fría y objetiva realidad de los resultados estadísticos?

Todos defendemos la existencia del planeamiento, planeamiento...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del grupo solicitante de la comparecencia, don David de la Hoz, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor De la Hoz Fernández: Señorías.

Hablar de territorio es hablar de uno de los recursos más importantes que tiene el ser humano para su desarrollo. Se trata, pues, del bien más importante que puede tener una tierra tan singular como la nuestra. El planeamiento se convierte, por tanto, en una herramienta vital para el desarrollo y la activación económica de nuestra comunidad. Una planificación del territorio que debe ser equilibrada y sostenible, que cree un marco legal necesario e imprescindible que garantice la plena seguridad jurídica de la ordenación urbana y que genere y ofrezca la confianza necesaria a los ciudadanos y agentes económicos, pues, con total seguridad, ese marco legal de la ordenación facilitará la dinamización económica.

Como ya nos ha puntualizado el señor consejero, la estrategia estará orientada a continuar y mantener las políticas de apoyo económico y técnico a los municipios, con las lógicas restricciones presupuestarias que sufren todos los departamentos y que, a su vez, tendrán que estar acompañadas de mecanismos que condicionen estas ayudas a la corresponsabilidad y al compromiso de las diferentes instituciones implicadas en el planeamiento.

La responsabilidad del planeamiento municipal corresponde a los ayuntamientos. Una responsabilidad y compromiso que en algunos casos, señorías, parece bien escaso. Existen demasiados ejemplos en nuestra comunidad, casos como el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, motor económico del sur de Gran Canaria y uno de los municipios turísticos por excelencia de nuestra comunidad, que después de una década, una década de diferentes grupos de gobierno, aún no han sido capaces de aprobar su plan general de ordenación, con los perjuicios y limitaciones que esto supone para el desarrollo y la activación económica. O muchas de las capitales insulares y otros municipios turísticos importantes en nuestra comunidad, se encuentran en la misma situación. Por eso seguir impulsando y en la medida de las posibilidades de la consejería continuar potenciando los convenios para la elaboración y posterior aprobación de los planes supletorios.

En estos momentos, como ya se ha comentado, están a punto de concluir cinco de esos planes supletorios los municipios de Arafo, Teror, La Aldea, Pájara y Yaiza. Este último, señorías, aún se rige por un plan preconstitucional, aprobado en 1973, y, por lo tanto, ni siquiera se encuentra adaptado al texto refundido estatal de 1976.

Y por supuesto una de las estrategias en la que encontrará la máxima colaboración del Grupo Nacionalista Canario será en el desarrollo de las medidas legislativas para la simplificación de la tramitación de los procedimientos administrativos. Esta nueva norma supondrá un avance cualitativo en el marco de la estrategia para el impulso de los planeamientos. Pero debemos ser conscientes de que el reto no es nada fácil y que la tan hablada simplificación debe moverse dentro de las normas sectoriales ya existentes, tanto estatales como europeas.

En definitiva, señor consejero, compartimos con usted los esfuerzos realizados en la materia, que tendrán que mantenerse en el tiempo hasta alcanzar los objetivos programados.

En las diferentes intervenciones sobre esta materia se ha repetido en infinidad de ocasiones que la planificación del territorio ha de ser equilibrada y sostenible y además me gustaría añadir que la planificación del territorio debe ser inteligente. En los últimos años este término o concepto de territorio inteligente ha tenido un creciente calado en algunos expertos, como Alfonso Vergara, urbanista, economista, sociólogo y doctor en Arquitectura, y entre otros agentes dedicados al estudio del desarrollo sostenible.

Desde la perspectiva del urbanismo y de la arquitectura, se destaca la definición de territorio inteligente como aquellos territorios innovadores, capaces de construir sus propias ventajas competitivas en relación con su entorno, en el marco de un mundo complejo y global e interrelacionado. Persiguen un equilibrio entre aspectos de competitividad económica, cohesión social y sostenibilidad. En definitiva, los territorios inteligentes son aquellos capaces de dotar de proyectos de ciudad, de lograr el equilibrio justo, de descubrir su singularidad y de construir sus propias ventajas competitivas en un marco global.

Cualquier territorio, al margen de su tamaño y nivel de infraestructuras, puede ser un territorio inteligente. Se trata, pues, de buscar el equilibrio de la trilogía urbana, entre la estrategia económica, el desarrollo social y la calidad medioambiental, dentro del contexto de calentamiento global en el que nos encontramos. Y es que, señorías, la planificación de nuestros municipios, de nuestras ciudades, debe estar orientada y dirigida hacia una estrategia basada en la innovación. Así conseguiremos que nuestro territorio, nuestras ciudades, aseguren su futuro.

Este concepto de innovación no solo ha de ser entendido desde una perspectiva económica sino desde una vertiente social e institucional. La importancia de conceptos subjetivos como el arraigo, la identidad o el reconocimiento dan sentido a la idea de sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial, poniendo en valor aspectos tales como el patrimonio, el paisaje o la diversidad de usos del territorio.

Los urbanistas plantean que la planificación debe girar en torno a los centros urbanos y creo que todos estaremos de acuerdo en que los centros urbanos se constituyen en los polos de atracción más importantes de la actividad económica de nuestra sociedad, y que además generalmente son espacios que ayudan a la vertebración de la comunidad.

En definitiva, señorías, la planificación del territorio no solo la debemos contemplar de una forma cuantitativa, me refiero al porcentaje de municipios adaptados, sino desde una perspectiva cualitativa, y es ahí donde los equipos redactores del planeamiento juegan un papel prioritario en la planificación.

Como ejemplo, y para finalizar, señorías, me gustaría compartir una reciente experiencia y una pequeña reflexión al respecto. Hace algunas semanas se ha presentado nuevamente, nuevamente, el avance del Plan General de Ordenación de la ciudad de Arrecife y, pese a que el plan tiene ciertos contenidos interesantes para la ciudad, desgraciadamente no entra a desarrollar el centro urbano. No se realiza ninguna propuesta para planificar el casco, no plantea soluciones a las grandes bolsas del suelo en el centro de la ciudad y, por lo tanto, no se hace eco de la singularidad de Arrecife, desaprovechando, en consecuencia, la oportunidad de dotar de desarrollo urbano y, en consecuencia, económico a la ciudad. Carencia que espero que se subsane a lo largo de la tramitación.

Esto es solo un ejemplo, señorías, un ejemplo más, de la importancia y el peso que debe tener la dirección política en este proceso. Son estos los que deben plantear y definir las líneas a seguir, teniendo muy presentes las singularidades de sus municipios y, por supuesto, la de los equipos redactores. Equipos que deben entender e interpretar la ciudad para dar una respuesta acorde a las expectativas de los ciudadanos.

Para terminar, suscribir las palabras del señor Rodríguez. Totalmente de acuerdo, si lo que se pretende es liberalizar, yo creo que la reflexión de dónde estamos y por qué estamos en esta situación es acertada al 100% y yo creo que nuestro grupo tampoco está por la labor de liberalizar.

Y al compañero, al señor Mayoral, desde luego tenemos que plantearnos un objetivo claro de cuáles son esos municipios en donde tenemos que incidir, y, efectivamente, las capitales de las islas. No puede ser que Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz, etcétera, y los municipios importantes, municipios turísticos, motores de nuestra economía, estén sin un planeamiento adecuado. Hagamos, pues, de Canarias un territorio inteligente.

Sin más, agradecerles su atención. Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Para contestar a los distintos interrogantes, por parte del Gobierno el señor consejero, don Domingo Berriel, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente.

Creo que -ya se ha dicho aquí-, el Gobierno se ha comprometido aquí con cuál es el sentido de las reformas que se pretenden introducir para mejorar siempre los mecanismos de corrección, que deben ser... Las normas no tienen por qué quedar estatalizadas, estatificadas, sino que hay que adaptarlas a las necesidades, sobre todo cuando se tiene la experiencia de haber aplicado una norma durante un tiempo. Lo que no quiere decir en modo alguno que se tenga que demonizar una norma o desarmarla de forma absolutamente exhaustiva.

Pero sí tengo que repetir aquí, a raíz de la preocupación manifestada por don Román Rodríguez, el Gobierno se ha comprometido a simplificar los procedimientos. En modo alguno a introducir ni la más mínima determinación en una norma que pueda implicar una rebaja del nivel de protección que la ordenación del territorio exige, en este y en cualquier territorio que tenga vocación de futuro, que tenga vocación de preservación, para las generaciones venideras. Por tanto, vamos exclusivamente a simplificar en los términos que aquí he planteado y he repetido algunas de las veces.

Quien piense que vamos a poder sacar aquí una norma consensuada que lleve a una desprotección del territorio o a bajar los niveles de esa protección se equivoca de plano, porque con el Gobierno no va a contar para eso.

Y además porque quien conozca bien toda esta relación de legislación que incide en el territorio tendrá que saber que las principales normas que condicionan la ordenación del territorio son precisamente normas básicas estatales y normas europeas. La evaluación ambiental estratégica, tan denostada por muchos, incluso por muchos redactores porque les da mucho trabajo, es una imposición europea y está en la legislación básica del Estado traspuesta en la Ley 9/2006. Por tanto, es incontestable, a no ser que queramos desoír a Europa. Yo recomiendo que se les oiga más en el aspecto económico que en este, pero, bueno. En definitiva, eso está ahí y si estamos en Europa, pues, estamos sometidos a esa cuestión. Otra cosa es que, efectivamente, la legislación básica del Estado y la europea hayan hecho una enorme exorbitancia en aquellos informes que exige el territorio, o la planificación del territorio, previos y vinculantes. La pregunta es, ¿va el Estado a quitar esa exorbitancia, por ejemplo, en la Ley de Costas, en la Ley de Navegación Aérea, en la Ley de Defensa Nacional y en otras tantas y tantas leyes, que exigen y que son las que dan lugar a la mayoría de los retrasos y a la mayoría de las devoluciones por su incumplimiento en la redacción, cuando los municipios mandan a la comunidad autónoma el planeamiento? Si eso no es así, el margen que tenemos es el margen exclusivamente de la simplificación de procedimientos, exclusivamente, y, por tanto, es ahí donde vamos a hacer el esfuerzo, el esfuerzo de modernización, de mejora, de la legislación que ya he comentado aquí.

Es verdad, estos son malos tiempos para reglamentar, para legalizar, para hacer normas en materia del territorio. Son malos tiempos. Hay que hacerlo porque la vida pasa y hay que, en cada momento, hay que adoptar las decisiones que hay que adoptar, pero son muy malos momentos. Son malos momentos porque estas normas hay que hacerlas con sosiego y darles, darles tiempo, darles asentamiento, en la ciudadanía, en los aplicadores del Derecho y demás, y en los equipos técnicos. Bajo una presión, bajo un runrún de que si hay mucho paro, que si la economía, que si no se qué, a lo que podemos llegar es, efectivamente, a un liberalismo que en materia del suelo puede ser irreversible y, consecuentemente, tenemos que administrar estos cambios con absoluta objetividad y prudencia.

Efectivamente, don Emilio Mayoral ha puesto aquí el dedo en la llaga, es decir, la comparación de cuántos planeamientos están adaptados y cuántos no no es válida, porque habría que traer aquí a colación, es decir, a cuántos ciudadanos afecta, qué extensión del territorio y demás. Y, por tanto, no es lo mismo el Plan General de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, que el de Tejeda. No tienen la misma, no afectan a la misma población, no tienen los mismos intereses, los mismos problemas, los mismos sistemas generales y locales. En fin, son distintos. Por tanto, cuantitativamente no puede hacerse esa comparación y, por tanto, hay que hacer un análisis de cómo estamos a nivel de planeamiento. Que, por cierto, que un plan no esté adaptado no significa que no exista el plan. Lo que sucede es que no está modernizado, hay que adaptarlo.

Bien. En muchos de los casos se ha producido un dinamismo como consecuencia de la autorización que ha hecho la Ley de Medidas Urgentes de poderlo modificar y la modificación que se hace sí tiene que estar adaptada, y en eso se han hecho más de 50 modificaciones después de que está la Ley de Medidas Urgentes en marcha.

Pero, efectivamente, hay que priorizar a los municipios que son más importantes. Mogán, por ejemplo, es un municipio que o bien hace su planeamiento o bien el Gobierno tiene que hacer el planeamiento supletorio, porque no puede continuar con un plan que además ha tenido muchísimas sentencias que invalidan cualquier tipo de ordenación del territorio. San Bartolomé de Tirajana, pues, ya tenemos un convenio acordado, pendiente ya de la firma con el ayuntamiento para, efectivamente, hacer el plan supletorio, con participación del ayuntamiento.

Me decía, y voy terminando, porque no queda mucho tiempo, pero me decía don Felipe Afonso que había hecho unas preguntas. ¿Tenemos o no tenemos una buena normativa? Se lo voy a contestar otra vez: sí tenemos una buena normativa. ¡Sí tenemos una buena normativa! Espero que usted la conozca bien para que podamos contrastar si es buena o es mala la normativa. Es una buena normativa. Si usted hace una comparación con el resto del Derecho urbanístico y territorial de las comunidades autónomas, es nuestra norma no solo la más moderna sino es la más concreta y la más precisa. Yo le invito a que haga un repaso de cuáles son los procedimientos en el resto de las comunidades autónomas del país. Nosotros hemos hecho un trabajo concienzudo en ese sentido. No le quiero ya decir los enredos que hay por ahí. Por tanto, nuestra norma es una buena norma. ¿Que se tiene que actualizar para conseguir mejores procedimientos?, sí, pero la norma no es la culpable del retraso en los planeamientos. Eso no es verdad. Pudo haber sido culpable de un retraso la introducción de la Ley 9/2006, del Estado, de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento. Lo otro, no. Es que, vamos a ver, ¿quien hace el planeamiento es, no sé, un carpintero o quien hace el planeamiento es un profesional del planeamiento? ¿O es que no son letrados los que tienen que verificar que se cumple el Derecho Urbanístico, no son arquitectos e ingenieros los que tienen que verificar que se ordena bien el territorio? ¿Y eso va a ser así de trivial? Lógicamente tiene una cierta complicación, porque complicados son los derechos y los deberes que hay en el territorio. Por tanto, eso es un mito que hay que desmitificar.

Como también hay que quitar la demonización que se hace de que los funcionarios, que no sé qué. Los funcionarios hacen su control de legalidad. Si viene bien, controlarán menos y si viene mal, controlarán más, que es lo que está sucediendo. Miremos también para la responsabilidad de todos los profesionales que tienen que hacer el planeamiento y miremos también para las indicaciones y las directrices que se les dan desde los puestos de gestión política para que adopten uno u otro modelo en el planeamiento que presentan. Por lo tanto, es una cadena y, para remover los obstáculos de esa cadena, es por lo que hemos identificado aquellas cuestiones que son susceptibles de mejorar.

Efectivamente, señorías, no debemos convertirnos en peligrosos liberales. Eso sí que no. Liberal puede ser el que quiera, pero con determinados mensajes sí que podemos convertirnos en peligrosos liberales. Libertarios del territorio, diría yo, y eso sería muy peligroso.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.