Diario de Sesiones 22, de fecha 8/2/2012
Punto 8

· 8L/PNL-0046 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre plan de choque integral de política económica.

El señor presidente: Entonces pasamos a la proposición no de ley, la 46, que es el punto 5.2: del Grupo Parlamentario Popular, sobre plan de choque integral de política económica.

Y tiene dos enmiendas: una del Grupo Mixto y otra del Grupo Nacionalista.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez tiene la palabra.

El señor Rodríguez Pérez: Señor presidente. Señorías.

Todos coincidiremos en que esta no es una legislatura más. Creo que esta legislatura, especialmente, formará parte de la historia económica de España y también de la de Canarias. Por consiguiente, la urgencia en acometer medidas, diría yo que imprescindibles, como las que contempla la proposición no de ley que ahora les presento, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nos parece que es absoluta y total.

Se trata esta de una propuesta, la que eleva el Grupo Parlamentario Popular a debate en esta Cámara, de una iniciativa en positivo, que pretende sobre todo situarnos de cara, de frente, contra la crisis económica. Y creo que todavía estamos a tiempo, estamos a tiempo de acometer una serie de medidas que considero inaplazables, porque, si por acción o por omisión, se deja que nuestra coyuntura siga desmoronándose, deteriorándose, podemos incluso llegar a una situación de colapso económico que sería ya irreversible en el corto y medio plazo. Por eso esta legislatura es especialmente crítica.

Nuestra economía está, sin duda alguna, inmersa en una crisis que ya lleva cuatro años y de la que no se avista todavía la salida, salvo, salvo, que se acometa una serie de reformas, repito, imprescindibles, y sobre todo una serie de medidas urgentes. Nuestras finanzas públicas han pasado de una situación de superávit a otra de déficit y, como resultado, el sector privado, pues, se ha visto expulsado de la financiación, disponiendo no solo de menos flujos económicos sino -y lo más importante- pagándolos a muy elevado precio. La magnitud del desempleo está haciendo estragos entre nosotros, llega a ser la más alta de Europa, siendo especialmente grave el desempleo juvenil, que alcanza un 46%, en una situación en la que los parados de larga duración suponen nada menos que el 48,3% del total. Y por su parte, la crisis del sector financiero está produciendo sobre nuestra economía un encarecimiento y una restricción del crédito de forma absoluta, que está obviamente estrangulando nada menos que la actividad económica.

Así las cosas, el Grupo Parlamentario Popular entiende que la mejor manera de acelerar esta dinámica de cambio y progreso es favoreciendo el nacimiento de iniciativas empresariales y favoreciendo, claro está, el desarrollo de la actividad de las empresas actuales, de las empresas existentes. Especialmente, como ya en más de una ocasión hemos dicho aquí, de las pequeñas y medianas empresas, que supla el inevitable proceso de destrucción de los negocios fallidos como consecuencia de la crisis.

La estrategia que necesitamos, la estrategia que se necesita, es incuestionable, es inaplazable y su materialización muy urgente. La hemos llamado "un plan de choque integral de política económica" que siente las bases de un proceso de crecimiento equilibrado, sostenible y cuyo cumplimiento se vea favorecido por la mejora de expectativas que este mismo plan genere. Haría muy bien el Gobierno de Canarias en presentarnos en los próximos días, en las próximas semanas, las medidas más inmediatas, más urgentes, con los instrumentos legislativos adecuados que correspondan, y sobre todo anuncie de una vez aquellas medidas que se prevean, sobre todo para despejar incertidumbres entre las familias, entre las personas, sobre todo entre las empresas, y empezar a configurar confianza, a configurar expectativas positivas. Así, tendríamos toda una legislatura por delante para disfrutar las consecuencias de mejora que esas medidas puedan de alguna forma empezar a producir desde el mismo momento en que sean adoptadas y, s obre todo, los efectos dinámicos del ajuste presupuestario y de las reformas estructurales sobre el crecimiento y sobre el empleo.

Ya sabemos que el reto no es fácil, somos conscientes de ello, tampoco es nada sencillo, pero la responsabilidad creo que es histórica y, por tanto, la urgencia en acometerlas es absoluta. Y, sobre todo, que no queda ya margen para cometer error alguno.

¿En qué medidas urgentes estamos pensando? Pues, por resumirlas de forma muy rápida, puesto que el contenido de todas ellas las tienen ustedes en la propia iniciativa, pues, en medidas de austeridad. Son las que de manera básica es necesario y urgente acometer para, a partir de ahí, comenzar a adoptar aquellas medidas de estimulación económica. Hablamos -y hemos hablado hasta la saciedad- aquí de replantear la estructura orgánica de la Administración; hablamos de fomentar el uso de mecanismos de colaboración entre administraciones para asegurar una prestación de servicios públicos más eficiente, más barata y, obviamente, también de mayor calidad; disminuir el número de empresas públicas y entes públicos de diversa naturaleza, tanto para contribuir a la consolidación presupuestaria como para mejorar su eficiencia. Ya nos han oído en más de una ocasión, distorsionan, distorsionan la competencia, introducen opacidad en las cuentas públicas y, sobre todo, son motor de endeudamiento público presente y futuro. Hablamos también de contener los gastos de personal en la Administración pública en términos de congelación y/o reducción de su masa salarial; hablamos de congelar el empleo público, la oferta de empleo público; hablamos de ahorro en los consumos de bienes y servicios; hablamos de centrales de compra; hablamos de reducir de forma drástica las transferencias y subvenciones a agentes privados y sobre todo de eliminar de un plumazo las subvenciones a organizaciones empresariales y a organizaciones sindicales. El ajuste presupuestario debe residir sobre todo en el gasto corriente. Insistimos, fijar por ley los límites absolutos del gasto público, de obligado cumplimiento; obligar a que los Presupuestos se confeccionen -y hemos tenido recientemente la experiencia-, obligar a que los Presupuestos se confeccionen sobre estimaciones aseguradas de ingresos y, en el caso de que las previsiones sean superiores, aplicarlas a la reducción del déficit público; priorizar el pago de las obligaciones pendientes que se tienen con proveedores, contratistas, etcétera, incorporando mecanismos de compensación automática de obligaciones tributarias.

Señorías, la adopción de medidas tan básicas como estas supondría, a nuestro juicio, la mejora sustanciosa de la eficiencia y el ahorro público con carácter estructural y con seguridad contribuiría a recuperar la credibilidad de nuestras finanzas y, por tanto, la confianza en el futuro de nuestra economía.

Nada más, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Jorge Rodríguez.

Para la defensa de las enmiendas... El Grupo Nacionalista Canario tiene una enmienda de sustitución. Don José Miguel González Hernández tiene la palabra.

El señor González Hernández: Gracias, señor presidente.

Yo creo que todos estamos de acuerdo en que estamos en una grave crisis, lo que pasa es que el diagnóstico y las medidas, pues, pueden ser diferentes. Es decir, yo creo que afirmaciones como las que hace el Partido Popular de que la estrategia que ahora se necesita es única e incuestionable, yo creo que no es ni única ni es incuestionable. En primer lugar, porque habría que ver cuál es la crisis. Es decir, por ejemplo, está claro, el Estado español no está endeudado excesivamente, tiene una deuda razonable. ¿Qué es lo que está pasando?, ¿quién es el que está endeudado de verdad?: los particulares -las empresas y los ciudadanos-. Y lo que está habiendo es un proceso a través de la banca que se está haciendo pública deuda pública para poder cubrir los fallos de la iniciativa privada. Es decir, se dieron créditos amplios por error a los particulares, se endeudaron y hoy en día no pueden, y eso ha repercutido en la crisis sobre las entidades financieras, y a través de intentar que las entidades financieras no se hundan, se está convirtiendo en deuda pública, o sea, se está ayudando para cubrir fallos de pago, por ejemplo, del endeudamiento de las hipotecas, la Administración pública.

¿Y que la salida sea simplemente la restricción del gasto? No es la salida, obviamente. Está claro que eliminar todo lo que es superfluo es una medida adecuada, pero pensar que salimos de una crisis, en la que estamos, profunda, simplemente reduciendo el gasto y aumentando, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, retirando dinero de las posibilidades de gasto de los ciudadanos, con lo cual se deprime el consumo... La demanda agregada, todo sabemos, es la suma de la demanda privada más la demanda pública. Si la demanda pública la reducimos toda y la demanda privada es prácticamente inexistente, pues, vamos a un agujero, que al final no salimos de esta.

Por otro lado, muchas de las cosas que usted ha planteado aquí, pues, sí se están realizando. A mí me sorprende que usted hable de "que presente esta semana o la semana próxima, o no sé cuándo, el Gobierno las medidas para la reducción del gasto". Lo verá usted en nuestra enmienda. Usted lo sabe que existen, pues, no sé cuántas. La reunión del 2 de marzo y la solución del 15 de diciembre de 2011, donde se plantea toda una serie de medidas que van, que afectan a los edificios administrativos, la simplificación, las referentes a la gestión, la racionalización de los servicios, la de los métodos de trabajo, las videoconferencias, el uso del correo electrónico, la eliminación de adquisiciones indebidas en la política de compra, como usted sugiere... Todo eso está, léaselo usted. Búsquese el Boletín Oficial de Canarias número 145 y está puesto desde el 15 de diciembre de 2011. No hay que hacerlo hoy, ya está hecho.

Luego, por otro lado, sinceramente, habla usted de que se congelen las plantillas. Pero si eso está en la Ley de Presupuestos. Si en la Ley de Presupuestos ya dijimos que se congelaban las plantillas, que no se aumentaba el gasto, que no había tasas de reposición sino excepcionalmente para los temas educativos, sanitarios y algún caso como pudieran ser servicios sociales, y además el propio Estado ha sacado el decreto -y lo tengo yo aquí- y ha congelado las plantillas, imposible la renovación, incluso habla hasta de que se eliminen las plazas que no se cubran... Es decir, no sé qué novedad me está usted plantando aquí, cuando ya está legislado en esta comunidad y legislado a nivel del Estado con normas básicas.

Luego empieza a hablar de los... bueno, todo esto de la congelación, etcétera, que la oferta debía congelarse. Está congelada.

Medidas de ahorro de consumos de bienes y servicios. Léase el boletín, está expuesto.

Eliminar las transferencias y subvenciones a agentes privados. Nosotros proponemos que se reúnan. Usted dice: "quítese totalmente a los sindicatos y a los empresarios". Bueno, puede ser, pero ¿por qué el Estado solo ha reducido el 20? ¿Por qué no lo ha quitado el Estado? Ha sacado una ley y dice que solo les reduce el 20%. ¿No se ha atrevido el Gobierno del Estado, en sus medidas, a hacerlo y usted aquí propone otra cosa?

Bien. Vamos a pensar en positivo. Bueno, no hablaré ya de la creación de un organismo para el control del Presupuesto. Pero ¿usted me está planteando disminución de organismos y ahora plantea la creación de un nuevo organismo?, cuando aquí está el control interno por los interventores, el externo por el Tribunal de Cuentas. Usted tiene en su grupo una persona específicamente para seguir el control y seguimiento del Presupuesto, la tenemos todos los grupos.

Voy a hablarle ahora en positivo. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? En primer lugar, que se continúe con las medidas que se están haciendo, porque si ya están legisladas... Aquí se le dice. Mire, aquí se dice dónde están, usted puede ir y mirarlas en el Boletín Oficial.

Que se racionalicen las administraciones. ¡Por supuesto! Pero, claro, cuando usted hace este mensaje, parece que se dirige solo al Gobierno de Canarias. No, no, aquí hay que ver qué pasa con todas las administraciones, porque es que la administración autonómica está tomando medidas, pero ¿están tomando medidas los cabildos, están tomando medidas los ayuntamientos? ¿Qué pasa con el personal que se ha contratado en la época de auge, en la época donde parecía que teníamos un crecimiento indefinido? ¿Qué se va a hacer con eso? Habrá que racionalizar. Y otra cosa en la que hay que racionalizar es en las competencias. A mí me parece bien. No prohibir: ¡cómo vamos a prohibir nosotros que los ayuntamientos hagan algo!, lo que sí se puede solicitar, "oiga, pónganse ustedes de acuerdo y repártanse las competencias y que cada uno haga lo que debe hacer".

¿Que no se incorpore nuevo personal? ¡Pero si es que nos lo prohíbe el Estado con unas normas básicas!

Y luego yo creo que lo más importante que aquí decimos, en nuestra propuesta, es el sexto: a impulsar, dentro del espíritu de las normas reguladoras, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas -léase usted la Ley 14/90, de 20 de julio-, un acuerdo entre la Administración autonómica, las insulares y municipales para coordinar el gasto público, hasta la superación de la crisis, estableciendo un conjunto de prioridades y el reparto de las actuaciones a ejecutar para implementarlas por cada Administración, con especial atención a las necesarias para mantener los servicios públicos esenciales -la educación, la atención sanitaria y la protección social- y la lucha contra el desempleo juvenil y de larga duración. Todas las administraciones tenemos que ponernos en este papel, tenemos que dedicarnos a esto. Hay que dar prioridad a lo que demanda la ciudadanía. ¿Y qué demanda?: la lucha contra el paro, por supuesto, y contra el paro juvenil, pero también demanda un servicio sanitario adecuado, una educación adecuada y los servicios sociales que van contra la crisis. Ahí tienen que ponerse todas las administraciones y por eso lo que proponemos aquí es que se pongan y se coordinen. No puede ocurrir que yo no lo hago porque lo hace el otro y el otro no lo hace porque no tiene recursos. Todos los recursos tienen que jugar en la misma línea.

Sinceramente, su propuesta yo no digo que no tenga buena intención, como todo -en este mundo hay que presuponer la buena intención de los temas, aunque dicen que a veces el infierno está lleno de buenas intenciones-, pero yo creo que adolece de varios problemas. El primer problema es que usted plantea eso como solución única y se olvida de que si no, de alguna manera, se activa la actividad económica, si no se potencia la actividad económica, nos hundiremos definitivamente. Es decir, estamos en recesión, vamos cada vez peor y léase... Y no me diga usted que es la única solución cuando la mitad por lo menos de los economistas dicen que, a la misma vez que tomar medidas de control del gasto y, por tanto, de reducir el gasto, hay que potenciar la actividad... Y de eso usted no dice nada. Usted dice, "no, hagámoslo primero y cuando tengamos lo primero, hagamos lo otro". Cuando lo hagamos después, probablemente estemos muertos. Es decir, o se toman unas medidas de potenciación de la actividad económica, que pueden ser de liberalización por ejemplo: medidas de liberalización de los procedimientos, liberalización de ciertos y determinados, diría, excesivos beneficios que pueden tener ciertos grupos económicos, facilitar la actividad económica, facilitar la contratación de las personas, porque también hay quien dice que prefiere tener un sueldo más pequeño y trabajar que estar en el paro y no cobrando y sobre todo cuando ya no cobra. Ese tipo de medidas como mínimo hay que ponerlas en marcha, pero también habrá que ver si se potencian ciertas y determinadas básicas, como puede ser mejorar la educación -que nos hace falta-, mejorar todos los procesos de innovación, mejorar la introducción de nuevas tecnologías, porque desde luego no vamos a salir de la crisis haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Pero desde luego como no vamos a salir en ningún caso es si simplemente vamos a decir "reduzcamos todo, reduzcamos, disminuyamos la demanda pública y a la misma vez no favorezcamos la demanda privada", porque entonces, si no hay consumo privado, ni hay consumo público, la actividad económica se para, se para, pero se para siempre.

Por lo tanto, nosotros le hemos hecho esta enmienda con el buen deseo de que usted la acepte, porque lo único que le matizamos es que hay una serie de cosas que usted ha pedido que están ya puestas en marcha, y lo que decimos, "oiga, háganse, cúmplanse, pónganse, poténciense al máximo.

Y segundo, hombre, pongamos a trabajar todas las administraciones en este tema. Esto no es un problema de la comunidad autónoma, es un problema del ciudadano, y si es del ciudadano es de todas sus administraciones públicas. Porque los fondos -lo he dicho aquí varias veces y lo sigo diciendo-, no hay fondos públicos de esta y de cual Administración, los fondos son de los ciudadanos y tienen que estar destinados a las demandas sociales. Y lo que no cabe es decir: "esto no es asunto mío, que se las entiendan y yo me dedico a hacer otras cositas". No, habrá que hacer las que hacen falta, y en una crisis lo que hace falta es lo esencial, y lo esencial es trabajo, formación, atención sanitaria y educación. Si no lo hacemos entre todos, mal nos va.

Ahora, desde luego el plantear que la única solución, como usted dice, única e incuestionable, es que se reduzcan todos los gastos, no. ¿Reducir lo innecesario?, por supuesto, reducir al máximo las posibilidades de hacer las cosas igual o mejor con menos, objetivo básico. Pero tampoco seamos simplistas. Por ejemplo, eliminar todas las empresas públicas; pues resulta que hay alguna que está haciendo un servicio social fundamental y, si usted la quita, va a tener que montar una estructura administrativa muchísimo más cara y lo hará peor. Luego, por lo tanto, maticemos. Nosotros decimos, primero, usted, Gobierno, reorganice la Administración, use esos informes que le dan los técnicos que han establecido y valórelos, y lo que valore lo aplica. Y en cuanto a las empresas públicas, estudie primero qué es lo que están haciendo; si lo que están haciendo es básico y lo hacen bien, manténganlas y, si no, elimínelas.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel González.

Para la otra enmienda, del Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez, que también es una enmienda de sustitución.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías.

Señor diputado, de entrada -y respetando al máximo la iniciativa, ¡solo faltaba!-, yo no encuentro relación entre la denominación de la PNL y su contenido. Se denomina la PNL "plan de choque integral de política económica". Yo creo que lo de "plan" es aceptable, incluso lo de "choque"; lo de "integral" no, porque solo habla de reducir el sector público; y "de política económica", me va a permitir que le diga que tampoco. O de política económica para generar recesión.

De manera, señoría, que en la exposición de motivos hace usted un conjunto de consideraciones, alguna hasta novedosa en el mundo este del liberalismo económico, como llegar a afirmar que se puede crecer sin demanda o que estas medidas en relación al ajuste del gasto público son la única solución urgente y definitiva para recuperar el crecimiento.

A mí me parece, por tanto, pretenciosa la denominación de la PNL y discuto las medidas exclusivas que usted propone en relación al sector público para reactivar la economía canaria. Creo que se equivoca de plano. Usted, porque su partido ya no dice eso. Porque yo hubiera hasta entendido esta proposición no de ley antes de que ustedes llegaran al Gobierno de España, porque el Gobierno de España ya no dice esto, entre otras cuestiones porque ahora gobierna y ahora tiene que lidiar con los problemas reales de la economía, de los mandatos de la Comisión, etcétera, etcétera.

En estos momentos, en lo único que ha consistido la política del Gobierno de España del señor Zapatero desde mayo del 2010 y de la Comisión Europea y de los organismos financieros internacionales, la única política que se ha puesto sobre la mesa desde mayo del 2010 es la del ajuste fiscal duro, intenso, en un periodo terriblemente corto como es el 2013. Y en este sentido se han tomado muchas y duras medidas por parte de todos los gobiernos afectados, esencialmente del sur de Europa, con consecuencias terribles para el crecimiento, con consecuencias terribles para la economía, para el empleo y, yo diría -y esto es importante-, para la propia cohesión social. El Partido Popular, en el Gobierno de España desde hace unos meses, ya dice que el ajuste fiscal impuesto por las autoridades comunitarias y, esencialmente, por el peso específico de la señora Merkel debe ser retrasado. Cierto es que lo dicen con la boca chica, pero no hay ya ningún experto, ningún elemento importante del Gobierno de España, que no diga y reconozca que es necesario revisar el calendario del ajuste fiscal si no queremos quebrar la economía española y el papel del sector público en la economía, en la prestación de derechos, en la prestación de servicios. De manera que si en algún ámbito no toca insistir es en este, porque lo que toca en el ámbito del ajuste fiscal es flexibilizarlo, al menos en el tiempo. De manera que ya el Partido Popular -y yo me alegro- se desdice de muchas de las cosas que santificó antes del 20 de noviembre, por ejemplo esta. Ya dice que hay que retrasar el ajuste, que hay que flexibilizar el calendario de su cumplimiento, si no se quiere estrangular a determinadas economías.

Pero dice más: que no basta con el ajuste fiscal para contener la gravedad de la situación económica. Decía el otro día, en una interesante entrevista en el periódico El País, el actual ministro de Asuntos Exteriores que era necesario que la Comisión Europea y los organismos internacionales pusieran en marcha programas de estímulo -también era prohibitivo este planteamiento hasta el 20 de noviembre-, y decía el ministro de Exteriores del Gobierno de España que los programas de estímulo bien los pudiera poner en marcha el Banco Central Europeo, duplicando las inversiones de la última década -que, por cierto, él recordaba que duplicando las inversiones del Banco Central Europeo en la última década se alcanzarían los recursos del Plan Marshall-, justamente para generar actividad, para tirar de la demanda.

De manera que, don Jorge, no hay nada nuevo en su propuesta en cuanto a la filosofía de abordar la crisis en la exposición de motivos.

Y en cuanto a los contenidos estrictos a los que usted hace referencia en la parte de las propuestas, no hay ni una sola medida de orden económico, suponiendo que se pueda calificar de orden económico la reducción del gasto o los recortes públicos, la mayoría de ellos ya puestos en marcha, la inmensa mayoría. Las normas presupuestarias que aquí se han aprobado, con nuestra oposición porque discrepábamos sobre la política de ingresos y alguna orientación del gasto, el real decreto-ley de prórroga de la Ley de Presupuestos del Estado establece medidas durísimas. Les voy a contar una que ha pasado desapercibida, bueno, ha pasado desapercibida para alguna gente. Miren, los trabajadores públicos en España, según fuentes oficiales, son 3,2 millones de trabajadores, en todas las administraciones y en todos los ámbitos de las relaciones laborales. El real decreto-ley que prorroga la Ley de Presupuestos establece una tasa de reposición del 10% solo para los servicios esenciales, es decir, que el 90% de las jubilaciones no van a ser cubiertas ni financiadas. ¿Sabe usted cuánta gente se jubila, o se jubiló en el año 2011, en el sector público español? 126.000 personas. Quiere decirse que el real decreto-ley de prórroga de los Presupuestos del 2012 ha eliminado de un plumazo 110.000 puestos de trabajo en el sector público español. Puestos de trabajo no, porque no hay nadie que los ocupe porque acaban de jubilarse, pero es que en la siguiente cohorte de jubilados hay otros ciento y pico mil y en la siguiente hay otros ciento y pico mil. Si se extiende la crisis tres años -que será poca, que se extienda tres años-, habrá 360.000 puestos en el sector público que no van a poder ser cubiertos y, por lo tanto, de facto, desaparecerán. Y habrá gente que defienda eso. Desde luego yo eso no lo defiendo, a no ser que se haga una discriminación inteligente, selectiva, del recorte del capítulo I en el sector público español y, por tanto, en el canario.

De manera, señorías, que la inmensa mayoría de las políticas de ajuste no solo están en marcha sino que hay un exceso de políticas de ajuste en marcha en España, en Europa y hoy, afortunadamente -cierto que tarde-, se empieza a cuestionar si esta lógica del ajuste salvaje, intenso, nos lleva a algún lugar bueno. Insisto: el propio ministro Montoro, en alguna de sus declaraciones, el propio ministro De Guindos, en alguna de sus declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores, los pesos pesados, porque estos son los pesos pesados del Gobierno español -y entiéndame ustedes, estos son los pesos pesados del Gobierno español-, han apuntado estas correcciones.

De manera que nosotros lo que hemos hecho es presentar una enmienda de sustitución, de política económica, la que nosotros hemos dicho siempre pero la empiezan a vislumbrar, afortunadamente, muchos más; y es que hay que flexibilizar el ajuste, en el tiempo, y hay que incrementar los ingresos del sector público por el único sistema que se conoce, que es la fiscalidad; que hay que recabar para Canarias lo que nos corresponde: en financiación autonómica, en inversiones de la Ley del REF y un plan especial de inversiones a la comunidad con más tasa de desempleo de todas; que hay que facilitar el crédito, facilitar el crédito a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, para que si hay actividad la puedan desempeñar. Y por supuesto, y hay medidas en marcha por el Gobierno, algunas yo creo que discutibles, pero medidas del Gobierno de ajustar la Administración, de equilibrar el gasto, de eliminar gasto superfluo, en definitiva, gastar lo que podemos gastar en unas circunstancias como estas, sin tocar los servicios básicos y las infraestructuras esenciales. Y desgraciadamente, en este parámetro del ajuste del gasto público, de la delimitación competencial, ya hay iniciativas en marcha, insisto algunas discutibles. Pero además hay instituciones en que gobiernan ustedes donde esto no lo están aplicando. No me da tiempo, pero -ya tendremos tiempo aquí, porque tenemos tres años y medio por delante- en el Cabildo de Gran Canaria esto no lo están aplicando.

En cualquier caso, señoría, creo que su iniciativa no es un plan de choque frente a la economía, es un plan de más recortes cuando ya están decididos muchos y, por lo tanto, poco en relación a la crisis, y nosotros creemos que, afortunadamente, el Partido Popular está cambiando su lógica, su percepción de la crisis y su política, y creo que ese es el camino que nos puede ayudar a salir de este grave momento, al conjunto del Estado y también a Canarias.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Bueno, ahora don Jorge Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular, para pronunciarse sobre las dos enmiendas. Cinco minutos.

El señor Rodríguez Pérez: Señor presidente.

Con la mayor o peor fortuna del título de la proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular ha pretendido con esta iniciativa que se sienten las bases para que la recuperación económica y la recuperación del empleo sean una realidad. Y esa recuperación no puede venir sino de la necesidad de liberar recursos que son improductivos, fundamentalmente en el sector público, para que la estimulación de la economía privada sea una realidad. Es evidente que eso se ha de hacer a través de medidas de ajuste presupuestario fundamentalmente. A partir de ahí, obviamente, el sector privado empezará a sentir la estimulación necesaria, siempre que se acompañen, claro está, con aquellas otras medidas complementarias que vayan dirigidas precisamente a la dinamización de la economía privada, sin duda alguna.

Las enmiendas presentadas por ambos grupos, Nacionalista Canario y Grupo Mixto, son enmiendas de sustitución, de sustitución plena a aquellas que ha pretendido el Grupo Parlamentario Popular, que ustedes consideren. Algunas de las propuestas como enmiendas serían, sin duda, firmemente apoyables por parte del Grupo Parlamentario Popular, pero se trata de propuestas que, situadas en un contexto y en un marco diferenciado, tendrían mucho sentido. Nosotros hemos pretendido en esta proposición no de ley fijarnos primeramente en aquellas que tienen que ver con la disciplina y el ajuste presupuestario. De ninguna otra manera es posible, si no se tienen en cuenta esas medidas, aplicar medidas de estimulación en la iniciativa privada.

Por consiguiente, el Grupo Parlamentario Popular no ve motivo en estos momentos para aceptar -señor presidente, señorías- las enmiendas presentadas por los Grupos Nacionalista y Grupo Mixto, por considerarse diferentes a las que ha venido planteando, exponiendo, en el día de hoy el Grupo Parlamentario Popular.

Nosotros no podemos aceptar, en el caso del Grupo Nacionalista, de la enmienda del Grupo Nacionalista, que todo se reduzca a un "seguir aplicando, mantener la aplicación de lo que ya hemos comenzado a aplicar", porque lo consideramos absolutamente insuficiente y lo hemos dicho hasta la saciedad en iniciativas que ya hemos debatido en otra ocasión, como incluso cuando debatimos el proyecto de Presupuestos. De modo que, siendo insuficientes, nos parece que la proposición que el Grupo Parlamentario Popular traía a debate en esta ocasión pretendía fundamentalmente reforzar esa disciplina que consideramos todavía ausente del comportamiento del Gobierno de Canarias en materia presupuestaria.

Y en relación con las del Grupo Mixto, señor Román Rodríguez, considero algunas acertadas, evidentemente otras absolutamente rechazables, como la que usted, de forma muy empecinada, tiene muy en cuenta, en relación con la fiscalidad, que no compartimos de ninguna manera, que no compartimos de ninguna manera. Hay otras que, sin duda alguna, resultarían, sin duda alguna, en fin, con nuestro apoyo. Pero no, no era este el momento. Quizá podamos ponernos de acuerdo y plantear una iniciativa de manera conjunta, donde, a modo de un marco de comportamiento y que el Gobierno de Canarias tuviera en cuenta precisamente para infundir la confianza que la iniciativa privada requiere y necesita para el desarrollo y desempeño de sus actividades, estamos seguros de que podríamos llevarla a efecto.

Pero, señor presidente -y concluyo-, el Grupo Parlamentario Popular rechaza las enmiendas de sustitución planteadas por el Grupo Nacionalista y Grupo Mixto y mantiene y ratifica, en los términos tal como han estado planteados en mi exposición como en la propia proposición publicada, la iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular ha traído a debate en esta ocasión y a esta Cámara.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jorge Rodríguez.

Por los grupos no proponentes, Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Ignacio Álvaro Lavandera.

El señor Álvaro Lavandera: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Con esta proposición no de ley, bajo el sugerente título de "plan de choque integral de política económica", el Partido Popular, una vez más, pretende debatir en esta sede parlamentaria diversos aspectos que no responden, a nuestro entender, a las verdaderas necesidades de la economía canaria. En su exposición de motivos habla de los siguientes temas: necesidad de reforma laboral, mejora de la competitividad empresarial, que la transformación de la economía debe realizarse a través de procesos de libre mercado, sin subsidios ni impuestos, a los que califica de intervencionistas, y que todo ello favorecerá el nacimiento de iniciativas emprendedoras y el desarrollo de las empresas ya existentes. Esa es la exposición de motivos, que poco o nada tiene que ver con las propuestas de acuerdo que plantea, porque ya me dirá qué tiene que ver esa exposición de motivos con medidas como, por ejemplo, reorganizar la Administración y su estructura de gastos. A lo que les contesto que saben perfectamente que se están haciendo todos los esfuerzos para hacerlo, pero con una coletilla que suelen obviar en sus textos, que es el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos.

Le invito a leer el Boletín Oficial del Estado del pasado martes 17 de enero de 2012 -después se lo dejo si quiere-, donde se nombra a la directora del Gabinete del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Lo repito porque es un poco lioso: la directora del Gabinete del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Y yo me pregunto si se refiere a estos puestos cuando habla de minimizar los puestos de libre designación que ya se han producido en Canarias, porque no los va a encontrar tan sugerentes como ese que le acabo de mostrar.

En cuanto a la reducción de la masa salarial y a la no reposición de las bajas naturales ni a las jubilaciones, en serio les digo que expliquen a los usuarios del Servicio Canario de Salud que dejarán de ser vistos por un especialista que se jubila y no se puede volver a contratar a uno; o que explique a los padres de los alumnos que no pueden ir al colegio porque se ha jubilado el profesor y no se puede contratar a alguno. Yo no encuentro explicación, bueno, repensándolo, la única explicación que he encontrado es que se intente derivar a la sanidad privada y a la educación privada lo que no se puede sostener desde lo público.

Sobre sus propuestas en referencia a centrales de compra y medidas de ahorro, ya se ha comentado aquí. Le remito al Boletín Oficial de Canarias, del 15 de diciembre de 2011, en el que se publican diversas medidas y acciones extraordinarias para la reducción del gasto de la actividad administrativa, en el que se contempla, pues, lo que usted plantea en la proposición no de ley.

También proponen la reducción drástica de las transferencias y subvenciones a los agentes privados. Pero ¿cómo se va a incentivar la emprendeduría, cómo se va a incentivar la mejora de la competitividad o el desarrollo de empresas ya existentes sin esas líneas de ayuda? A través, desde luego, de las reformas emprendidas por el Gobierno del Estado no, ya que solo están debilitando la demanda como motor de la economía y además están restringiendo, más si cabe, el crédito con la reforma del sistema financiero que se ha planteado. ¿En serio plantean eliminar toda financiación pública a sindicatos y organizaciones empresariales? ¿Van ustedes a plantear lo mismo en los Presupuestos del Estado? ¿Son ustedes conscientes del papel que tienen en un Estado democrático de Derecho los agentes sociales? Si no quieren valorar la importancia de la defensa de los derechos de los trabajadores, les invito, desde su único enfoque neoliberal, a que vean a los sindicatos como parte de las estructuras de cualquier organización o empresa, aportando desde la perspectiva laboral infinidad de soluciones en el área de los recursos humanos. Y en cuanto a las organizaciones empresariales -que nunca pensé que pudieran plantear lo mismo-, les vuelvo a rebatir explicando la importancia de estas organizaciones como agentes de cambio y los beneficios directos que aportan al sector empresarial al contribuir en una mejora de la eficiencia de sus negocios, puesto que buscan el fortalecimiento de las empresas y de los empresarios, apoyándolos en su constante lucha por lograr la permanencia en el mercado y su desarrollo. Papel más importante, si cabe, en tiempos de crisis. En pocas palabras, señorías, comunidad y participación frente a la lógica egoísta de los beneficios solitarios.

Y termino, señoría, refiriéndome a sus propuestas referentes a los Presupuestos, estabilidad presupuestaria y ejecución. Mire, el 27 de enero de 2012 el Consejo de Ministros remitió al Consejo de Estado el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esperemos a que se apruebe este marco legislativo y no pongamos el carro delante de los bueyes.

Y aprovecho para darles un dato. A pesar de que las estimaciones del Banco de España sean que Canarias cierre el 2011 con un déficit del 2%, muy por debajo del 4,2% que pueden tener otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, ese 2% está por encima del límite que se prevé que se va a poner también, del 1,3%, por lo cual todas las comunidades serán sancionadas, sin excepción, y la primera sanción que tendrán que poner es presentar un plan de saneamiento acorde a las exigencias de dicha ley y no de las ocurrencias, que califico como ocurrencias, las que presenta en esta proposición no de ley.

En definitiva, y sin ánimo de ser grosero con las pretensiones que aquí se contienen, le diré que todas las propuestas que realizan o se están haciendo o son, a todas luces, un... (Corte del sonido producido por el sistema automático de control del tiempo.) No las va a aceptar.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Ignacio Álvaro.

Señorías, vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre el plan de choque integral de política económica. Toda vez que no se ha admitido ninguna enmienda, se vota el texto de la proposición no de ley. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 52 presentes, 19 a favor, 33 en contra y cero abstenciones.

Queda rechazada la proposición no de ley.