Diario de Sesiones 70, de fecha 12/3/2013
Punto 17

· 8L/PO/P-0828 Pregunta urgente, de la señora diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre familias canarias en situación de pobreza y exclusión social en riesgo de desahucio, dirigida a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

El señor presidente: Siguiente pregunta: de la señora diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, dirigida a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Doña Carmen.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.

Señora consejera, ante el creciente aumento de personas, de familias, que no pueden afrontar el pago mensual de sus viviendas y que están siendo amenazadas por los desahucios, queríamos saber desde nuestro grupo qué acciones tiene previstas, desde su responsabilidad de gobierno, para dar respuesta a esta realidad creciente.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias.

Señora consejera, doña Inés Rojas.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señoría, no es solo lo que se tiene previsto sino lo que se está haciendo ya en estos momentos. Como sabe, el Gobierno ha decretado, con dos decretos, primero la dación en pago de la vivienda -ha decretado allí donde tiene competencia, que es en la vivienda protegida, como saben-, la dación en pago y desde luego también el no desahucio. En Canarias, como sabe, no se desahucia a nadie por problemas económicos. Y también manteniendo en los Presupuestos las ayudas al alquiler a las familias que viven precisamente en este régimen, en régimen de alquiler.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera.

Doña Carmen.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): ...ostenta competencias exclusivas en materia de vivienda, según el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía, y en ese ejercicio de nuestras competencias se dictó la Ley 2/2003, de Vivienda, donde se ordena la obligación de todas las administraciones públicas de hacer frente a las necesidades de vivienda, haciendo efectivo ese derecho constitucional, como es el derecho a una vivienda digna. Hoy, señora consejera, este derecho consagrado en la Constitución está siendo gravemente lesionado porque a los procesos de desahucio solicitados por la banca se les suman los desalojos de viviendas de familias que no tienen posibilidad de afrontar el pago de sus alquileres.

Una crisis que, como vemos, se está cebando en la mayoría social, pero especialmente es una crisis que está pagando la población más vulnerable, la población que está en situación de pobreza y de exclusión social.

Hoy con esta pregunta queremos saber, señora consejera, qué previsiones tiene el Gobierno para paliar, para evitar, que las familias en situación de exclusión social, las familias que no pueden afrontar el pago de un alquiler, estén cada día amenazadas por un desahucio.

Los medios de comunicación nos han hecho saber o ponerle rostro a esta realidad, que sabemos que existe por las estadísticas, con dos casos muy graves, muy dramáticos, en Gran Canaria, con el caso de una persona con discapacidad o con la familia con cuatro menores a su cargo que están viviendo esta situación también en el municipio de Gran Canaria.

Por tanto, nos preocupa y queremos saber, para estos casos dramáticos, de auténtica emergencia social, qué acciones específicas con carácter urgente tiene previstas la consejería para evitar que estas personas se queden en la calle. En ese sentido creemos que es fundamental que se active un dispositivo extraordinario, en coordinación con la Fecam, para que a estas familias en situación de emergencia social se les garantice el derecho a una vivienda digna y también que se agilicen los trámites para poner a disposición de las familias canarias con menos recursos las más de 800 viviendas vacías que tiene en la actualidad el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de la Vivienda y a través de la empresa pública Visocan, fomentando el alquiler social y adaptando los costes de ese alquiler a las...

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen Rosa.

La señora consejera, doña Inés Rojas.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señoría.

Se hace eco usted precisamente de lo que está haciendo el Gobierno de Canarias en estos momentos y, como comprenderá, incluso, ante situaciones de emergencia, como casos puntuales que en la mayoría de los casos no conocemos y que algunos salen a la opinión pública, se resuelven en colaboración desde luego el Gobierno con los ayuntamientos, pero es obvio que esas cosas desde luego no se publicitan.

Sin duda que, junto con el empleo, la vivienda se está convirtiendo, es ya, en uno de los mayores problemas que tiene no solo Canarias sino todo el territorio español. Por eso el Gobierno, a las familias que tiene viviendo en las viviendas protegidas, que son las familias más vulnerables y las que más lo necesitan y que en su inmensa mayoría, más del 90% de ellas, están recibiendo una ayuda económica por parte del Gobierno para poder hacerle frente a ese alquiler, está garantizado hoy en los Presupuestos. Son más de 16.000 familias, señorías, las que viven hoy en estas viviendas y, por lo tanto, presupuestariamente garantizados esos alquileres.

Pero es más, también tenemos garantizado en estos momentos que aquellas familias que, por una situación sobrevenida económica, se vean en una posibilidad de posible desahucio, en estos momentos no se desahucia a nadie en Canarias. Tenemos que recordar que el Gobierno de Canarias solo puede regular en vivienda protegida. Sí que estamos pendientes, como ustedes saben también, de que, desde luego, desde el Estado esa ley permita no solo la dación en pago sino evite también el desahucio. Lo que está haciendo el Gobierno en estos momentos es además teniendo contacto, hablando en íntima colaboración con las entidades financieras, para que, mientras esa ley llega, establezcan las medidas que consideren oportunas pero que la familia no salga de una vivienda que tenga que perder porque no pueda hacerle frente a su hipoteca. Y si usted puede comprobar, señoría, en Canarias, afortunadamente, prácticamente todas las entidades que operan aquí, sobre todo especialmente las llamadas cajas, están, desde luego, colaborando para esos alquileres sociales.

Y decirle que en estos momentos el Gobierno de Canarias tiene en proceso de adjudicación algo más de 400 viviendas para adjudicar a las familias, que, como sabe, deben estar en el registro de demandantes, por valor de 2 euros y un máximo de 90 euros.

Y además hemos puesto en práctica que las viviendas que tiene Visocan, que son promociones para la venta, ante la situación que usted y yo, toda la Cámara, conocemos, las estamos reorientando no hacia la venta sino hacia el alquiler, y no a un alquiler cualquiera sino a un alquiler social.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera, doña Inés Rojas.