Diario de Sesiones 70, de fecha 12/3/2013
Punto 21

· 8L/C-0739 Comparecencia del Gobierno -consejero de Economía, Hacienda y Seguridad-, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las oficinas liquidadoras de la Administración Tributaria.

El señor presidente: Entonces pasamos a las comparecencias y la primera es, se solicita la comparecencia del señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, por el Grupo Parlamentario Popular, para tratar sobre las oficinas liquidadoras de la Administración Tributaria.

Don Jorge Rodríguez.

El señor Rodríguez Pérez: Señor presidente. Señorías, señor consejero.

El ejercicio de las funciones tributarias afectantes a los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y al impuesto sobre sucesiones, como todos saben, ha estado atribuido a las oficinas liquidadoras gestionadas por los registradores de la propiedad, regulado en el Decreto 215/2008 y en el convenio de colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Colegio de Registradores de la Propiedad de 26 de diciembre de 2008, en el que se fijó, por consentimiento de ambas partes, el sistema retributivo que consideraban rentable en ese momento, teniendo en cuenta que los medios personales y materiales eran dispensados por el colectivo de registradores.

Mediante escrito de 25 de junio pasado, la Consejería de Economía y Hacienda acordó denunciar expresamente el convenio a fin de que este finalizara el pasado 31 de diciembre, sin procurar la Administración ninguna solución obligacional respecto a los expedientes en trámite a la fecha de vencimiento del convenio. ¿El efecto inmediato cuál fue? Pues fue el desmontaje material de las oficinas, unido a la tramitación por parte de los registradores titulares de las oficinas liquidadoras de los ERE para despido de los trabajadores, con informe favorable de la Inspección de Trabajo. Este cese fulminante, señor consejero, en la actividad va a producir un gravísimo quebranto a la hacienda pública canaria respecto a los expedientes administrativos que se encontraban ya iniciados y respecto a las funciones materiales encomendadas que no sean atendidas conforme a la normativa aplicable. Y lo más importante, señor consejero: tendrá como efecto una caída, una caída drástica, en la recaudación, tanto por no poder realizarse comprobación de los hechos imponibles mediante los sistemas actuales de revisión intensiva de lo no autoliquidado correctamente como por generarse para los defraudadores fiscales una sensación de fácil impunidad que conllevará el que todo el mundo autoliquide con un mayor fraude para la hacienda pública canaria.

Estos son los datos, señor consejero. A 31 de diciembre pasado, el número de actos administrativos que quedaron pendientes de actuaciones de las oficinas tributarias comarcales ascendió a 160.000 expedientes aproximadamente. Los perjuicios económicos directos que se derivarán de la no continuación de los procedimientos será superior a los 6 millones de euros cada mes. La no constatación de los órganos administrativos y jurisdiccionales ante los que existen impugnados actos de comprobación llevará consigo la pérdida de cada una de las liquidaciones, con un quebranto proporcional a la cuantía de las cuotas impugnadas y que podría ascender, señor consejero, a 4 millones de euros de pérdida para la Administración. La Administración de Tributos Cedidos tiene pendientes casi 280.000 expedientes y solo ha finalizado el 4% de los mismos. Las oficinas tributarias comarcales, por el contrario, han finalizado más del 80% de sus expedientes, casi un millón de expedientes, y tienen pendientes aproximadamente 160.000.

Por tanto, eliminar las oficinas tributarias comarcales va a suponer la imposibilidad física de tramitar los expedientes iniciados y por iniciar, provocando el colapso en los órganos de gestión con pérdidas millonarias, señor consejero. Así que el quebranto para la Administración pública canaria será muy superior al coste económico que dice usted querer ahorrarse para no decidir la prórroga del convenio vigente hasta el 31 de diciembre pasado. En fin, un desatino, señor consejero.

Se ha suprimido el sistema de colaboración de las oficinas liquidadoras de los registradores de la propiedad, pero ¿a cambio de qué, señor consejero? El Tribunal Superior de Justicia de Canarias les ha dado ya a los registradores hasta en tres ocasiones la razón y los autos son demoledores contra la hacienda pública canaria, contra el Gobierno de Canarias. Lo cierto es que las oficinas comarcales daban servicio de información fiscal, facilitaban la presentación de documentos, facilitaban la recaudación, etcétera, en más de 25 municipios de Canarias.

Han transcurrido más de dos meses desde la revocación de la encomienda y no hay oficinas que suplan ese servicio, señor consejero. Se ha suscrito un convenio con Grecasa, con una dotación de 3,5 millones de euros aproximadamente, y aún no se ha abierto ninguna oficina.

¿Quién se responsabiliza, señor consejero, quién se va a responsabilizar de los perjuicios causados a los contribuyentes, de las centenares de denuncias que ya se han presentado, de los perjuicios a la hacienda pública canaria y al servicio público, señor consejero? ¿Quién es el responsable de este desatino, señor consejero? ¿Quién es el responsable de este fiasco y de las graves consecuencias que esto va a tener para la economía canaria?

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jorge Rodríguez.