Diario de Sesiones 119, de fecha 22/4/2014
Punto 11

8L/PO/P-1349 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA BELINDA RAMÍREZ ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE LAS MODIFICACIONES LEGALES PARA LIMITAR LA JUSTICIA UNIVERSAL, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente pregunta: de la señora diputada doña Belinda Ramírez Espinosa, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las modificaciones legales para limitar la justicia universal.

Para la formulación de la pregunta, doña Belinda tiene usted la palabra.

La señora RAMÍREZ ESPINOSA (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Señor consejero, la justicia universal ha sido fulminada y en tiempo récord además. Se ha tramitado una reforma al respecto por la vía de urgencia aplicando el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular sin dar lugar a un debate democrático, a un debate intenso como requiere un asunto de este calado, bajo una manera de proceder más propia de los gobiernos totalitarios, propia de la derecha que nos está gobernando en España, pero, desde luego, que no deja de sorprendernos, un cambio legislativo que introduce una serie de limitaciones que amputa la capacidad de los tribunales españoles para perseguir delitos contra la humanidad, como lo habían hecho hasta ahora, y, además, con carácter retroactivo que limita a los magistrados, que obliga a los magistrados de la Audiencia Nacional a archivar una serie de causas que se instruyen bajo el principio de la justicia universal: casos como la muerte en Irak del cámara de Telecinco José Couso, el genocidio del Tíbet, El Salvador o Ruanda, las torturas de Guantánamo son ejemplos, entre otros, de ello. Una reforma exprés que también deja fuera de la protección de los tribunales españoles los delitos de violencia contra la mujer y la violencia doméstica e, incluso, los delitos de mutilación genital femenina cometidos en el extranjero que se podían perseguir, recuerdo, desde el año 2005 gracias a una modificación legal del Gobierno socialista.

Pero lo más sorprendente, señorías, es la defensa que hace el Partido Popular de esta reforma que alega que no liquida la justicia universal sino que lo que hace es darle mayor amplitud a la justicia universal conforme a las normas internacionales. Yo me pregunto, señorías, el Grupo Socialista nos preguntamos: ¿dejar de perseguir los delitos más horrendos contra la humanidad, genocidio, torturas, es ampliar la justicia universal?, ¿dejar a narcotraficantes en libertad como hemos visto en las últimas semanas es ampliar la justicia universal?, ¿poner varias operaciones antidrogas en riesgo es ampliar la justicia universal? Señorías, es inadmisible, incomprensible el concepto de justicia que entiende el PP.

Solo los diputados y senadores del PP han apoyado esta reforma, una reforma con la que solo están contentos los criminales, que solo ampara a corruptos, a mafiosos, pero que deja en la estacada y que deja indefensos a las víctimas de estos delitos tan horrendos como los que he nombrado.

Señor consejero, nos gustaría saber la valoración que usted como consejero de Justicia, la valoración que hace el Gobierno de esta reforma.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, el señor consejero de Presidencia, don Francisco Hernández Spínola, tiene usted la palabra.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señora diputada.

La Ley Orgánica 1/2014 por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la justicia universal no puede ser objeto de una valoración positiva, todo lo contrario. ¿Por qué? Pues, por varias razones: la primera, porque esta ley abre un agujero negro en la persecución de los crímenes contra la humanidad; en segundo lugar, porque da un paso atrás en la lucha contra la impunidad de los crímenes del Derecho internacional y en las posibilidades de la actuación judicial que hasta ahora venía desarrollándose en nuestro país en defensa de los derechos universales; en tercer lugar, porque es una reforma regresiva, impulsada, cómo no, por el ministro Gallardón, y tramitada, eso sí, como una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz, para omitir el informe, presuntamente desfavorable, del Consejo General del Poder Judicial: dato muy importante. Bien.

Por tanto, nuestro planteamiento como Gobierno es plenamente negativo de esta reforma llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, por tres razones fundamentales.

En primer lugar, porque está hecha con una deficiente técnica legislativa, fíjese usted que la disposición transitoria única permite el sobreseimiento automático de causas penales, cosa insólita, es una ley, entra en lo que son las funciones del propio Poder Judicial.

En segundo lugar, limita la persecución de delitos conectados con la justicia universal, y para ello hace desaparecer la posibilidad de persecución de oficio por el tribunal de estos delitos y también la posibilidad de ejercitar la acción popular; además, supone una limitación en la persecución de los delitos de genocidio y también en los de lesa humanidad. Por tanto, un verdadero despropósito que ha dado lugar, como se ha visto en la prensa en estos días, a que un juez de la Audiencia Nacional haya tenido que dejar en libertad a ocho egipcios que habían cogido en un barco con diez toneladas de hachís: esta es la consecuencia de la reforma que ha impulsado el Partido Popular.

Y, además, porque vulnera, y es otra razón importante, la Constitución, porque no se puede modificar un tratado internacional...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.