Diario de Sesiones 129, de fecha 17/6/2014
Punto 25

8L/C-1601 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/2010, DEL CATÁLOGO CANARIO DE ESPECIES PROTEGIDAS.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Pasamos a la siguiente comparecencia, del Gobierno, instada por el Grupo Mixto, sobre modificación de la Ley 4/2010, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Grupo Mixto, el señor Román.

(Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente.)

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente. Señorías, señor vicepresidente: muy buenas tardes.

El objeto de la comparecencia de hoy, que no es nuevo, sería la quinta ocasión en esta legislatura en la que el que les habla, en nombre del Grupo Mixto y de Nueva Canarias, requiere al departamento, y a usted, señor vicepresidente, sobre un elemento yo creo que relevante en la historia reciente de este Parlamento, que fue la aprobación de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Esta fue una proposición de ley de Coalición Canaria entonces, gobernando con el Partido Popular, que tomó una decisión de promover un cambio legislativo en un asunto tan sensible como el Catálogo de Especies Protegidas, yo creo que generando una enorme polémica, y la mejor constatación de la polémica es lo que pasó con los grupos ecologistas, con la comunidad científica, con las universidades canarias, con otros ámbitos institucionales y, de manera especial, con el Grupo Socialista, entonces en la Oposición en esta Cámara, que enarboló una crítica férrea, dura, yo diría que hasta exagerada, en la oposición a aquella iniciativa del Grupo de Coalición Canaria entonces. Tal fue así, señor vicepresidente, que en un acto casi solemne al final de la legislatura el entonces portavoz, el señor Spínola, se comprometió solemnemente ante la opinión pública, ante esta Cámara, con dos compromisos irrenunciables del Grupo Socialista: uno, recurrir la ley recién aprobada ante el Tribunal Constitucional y, en segundo lugar, que cuando llegaran ustedes al Gobierno modificarían la citada norma.

Sobre el primer asunto hubo un hecho relevante, que fue un informe fechado el 24 de junio de 2010, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente de entonces, presidido por el Gobierno Zapatero, en el que de manera contundente ese informe argumentaba lo que podía sustentar incluso ese recurso de inconstitucionalidad. Las circunstancias que condicionaron aquel momento no posibilitaron ese recurso y, por lo tanto, este primer compromiso del Grupo Socialista no se cumplió.

El segundo era modificar la ley cuando ustedes llegaran al Gobierno. Llegaron ustedes al Gobierno en el año 11 y hay que decir, señor vicepresidente, que, aunque usted se ha comprometido en la comisión correspondiente de este Parlamento y aquí ante la propia Cámara, no nos consta ningún proyecto de ley en relación a la modificación del Catálogo de Especies Protegidas.

Cierto es que en el transcurso del tiempo han ocurrido cuestiones como que los grupos ecologistas recurrieron ante las instituciones europeas el entonces Catálogo de Especies Protegidas aprobado en aquella ley y, como el señor vicepresidente sabe, porque ha actuado en consecuencia, la Comisión instó al Gobierno de España a que se modificara el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, puesto que tenía un nivel de protección muy inferior al catálogo de orden estatal y, por razones de seguridad jurídica, el propio Gobierno de España instó al Gobierno de Canarias a esta modificación, que se hizo con un decreto reciente que se aprobó en abril del año 14.

Señor vicepresidente, entonces y ahora nosotros seguimos reclamando la necesidad de una ley que modifique el Catálogo de Especies Protegidas para corregir lo que nosotros consideramos un espacio de poca protección, que es la categoría referida a las especies de las zonas, digamos, o de los ecosistemas o los espacios naturales de Canarias, y otra referida a una categoría que también tiene su homólogo en el orden estatal, que es la de la especial protección.

Ustedes intentaron, en la exposición pública, cuando sacaron el decreto para cumplir con la Directiva Hábitat, sacar un proyecto de ley, lo sacaron a exposición pública, luego no lo sacaron y al final hicieron un decreto. La pregunta de este portavoz, señor vicepresidente, es cuándo piensa el Gobierno cumplir con el compromiso de elaborar una nueva Ley del Catálogo de Especies Protegidas, que como mínimo sea igual de protectora que la ley estatal, porque no lo es en estos momentos, y no lo era tampoco de la Directiva Hábitat hasta hace nada. Por eso se requirió a las autoridades españolas al cumplimiento de la cuestión a la que me refiero.

Luego, en la segunda intervención, haré referencia a los contenidos que nosotros creemos que hay que garantizar en la nueva ley, además de los procesos de participación. Así, señor vicepresidente, por quinta vez le conmino a que nos diga cuándo el Gobierno va a legislar en un asunto tan sensible y tan de moda, y luego haremos referencia al momento.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.

Señor vicepresidente del Gobierno, don José Miguel Pérez.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD (Pérez García): Gracias, señor presidente. Señorías.

Estamos ante una ley aprobada en el año 2010 que, independientemente de la controversia que generó en su día, presenta hoy una serie de inconvenientes en algunos extremos en relación a la normativa del Gobierno español, posterior, y también, por lo que hemos visto en la carta de emplazamiento de la Unión Europea, a la propia normativa que entiende la Unión Europea debe adaptarse de otra manera en el caso de Canarias y en este sentido ha emplazado al Gobierno español a exigir tal cosa.

Como usted ha recordado, por parte del actual Gobierno, y mediante un correspondiente decreto, se hicieron las modificaciones adecuadas para que al menos lo contenido en esa carta de emplazamiento no derivara en la infracción y multa correspondiente, que, en cualquier caso, sería trasladada al Gobierno de Canarias.

La actual ley que se aprobó en el 2010, independientemente del contenido, del catálogo que contiene y de la definición que recogen sus anexos, con las modificaciones que se han hecho en el decreto correspondiente, presenta, según entiende el actual Ministerio de Medio Ambiente, algunos problemas de compatibilidad con la legislación vigente. El dictamen motivado, al que he hecho alusión, de la Unión Europea lo puso de manifiesto en su día y el informe del Ministerio de Medio Ambiente, que llega a Canarias el 31 de marzo de 2014, 31 de marzo de 2014, así nos lo hace llegar. Y luego también es verdad que el Real Decreto de desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del Catálogo de Especies Amenazadas plantea que la ley canaria solapa dos sistemas de protección aplicables al mismo territorio, que generan confusión y que dieron lugar en su día a esta carta de emplazamiento, que, como usted dice, fue instada por particulares.

Por tanto, nosotros entendemos que, desde el punto de vista normativo, sería conveniente proceder a lo siguiente: sería conveniente proceder a una rebaja -y entiéndase esta expresión en el buen sentido normativo- de las exigencias normativas que hay en Canarias a la hora de producir los criterios de evaluación que, siendo dinámicos y cambiantes, deben efectuarse y que, como ocurre en el resto de España y en el resto de las comunidades, se hacen no mediante ley sino mediante instrumentos jurídicos de inferior circunstancia. Y en esa línea es en la que la consejería ha venido trabajando. Ha trabajado, por un lado, en ese sentido y ha trabajado en el sentido también de efectuar, en la revisión del Catálogo de Especies, con el conjunto de los actores que deben intervenir en cualquier procedimiento de información pública, recabando la opinión especializada de todos ellos. A lo largo de estos tres años, dos años y pico, se ha hecho un trabajo a fondo con diferentes instancias que paso a detallar: por supuesto todos los técnicos de los parques nacionales, por supuesto los siete cabildos insulares, incluidos los que no tienen parques nacionales, los jardines botánicos, el Viera y Clavijo y el de La Orotava, el Instituto Español de Oceanografía, las dos universidades canarias, el Colegio Oficial de Biólogos, el Instituto de Estudios Canarios, el Instituto Canario de Ciencias del Mar, el Museo de la Naturaleza y el Hombre, la Sociedad Española de Ornitología, la Sociedad Ornitológica de Canarias, la Sociedad Entomológica Canaria, la Asociación Herpetológica de Canarias. En fin, un sinfín de entidades, incluidos los grupos ecologistas, en los que se ha estado trabajando en el diseño del protocolo, lo que podemos llamar, debe ser el procedimiento y criterios para evaluar especies y, por tanto, para incluirlas o no incluirlas en las futuras alteraciones que puedan encontrarse en el camino en Canarias.

Por tanto, nosotros planteamos la posibilidad de operar en dos direcciones -tendrá que ser esta Cámara quien finalmente lo decida-: una, en establecer una menor rigidez desde el punto de vista normativo que permita una actuación a los poderes públicos en la decisión de qué entra en cada momento cuando una especie va mutando, va cambiando, va variando y, por tanto, no tener que traer una ley para cambiarlo, si efectivamente las categorías, como hoy se pone en duda por parte del ministerio español, no se corresponden con el ordenamiento español y con el ordenamiento europeo. Hago referencia a una categoría que está fijada en nuestra ley y que en su día estoy seguro de que se hizo con buena intención, que es una categoría autonómica y que recogía la posibilidad de proteger especies que no estuvieran protegidas por encima de la normativa española y solo en aquellos espacios protegidos. El ministerio cuestiona esta categoría por dos razones: primero, porque entiende que a nivel autonómico no hay competencia para ello, en el sentido de que solo se permitiría hacer lo contrario, es decir, proteger más lo que está por encima, no lo que está por debajo -por tanto, aquí hay una sobreprotección en el caso de las especies canarias-; y, en segundo término, porque entienden también que esta categoría no tendría que distinguir en ningún caso los espacios protegidos de los espacios que no están protegidos, entendiendo que hay especies que, en fin, no tienen fronteras los espacios protegidos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien. Esto sería conveniente revisarlo en el sentido de que si no vamos a tener un choque directo, porque nos lo ha vuelto a recordar el ministerio en el mes de abril.

Es verdad que con el ministerio hay -y en ese sentido ha ido nuestra contestación al ministerio- un acuerdo de la Comisión Bilateral desde la pasada legislatura en el que se admite la norma canaria y seguramente ese acuerdo bilateral impidió cualquier otro tipo de recursos, pero, por lo que estamos recibiendo del actual Ministerio de Medio Ambiente, la orientación de su política -le hemos vuelto a preguntar si efectivamente mantiene el acuerdo o no-, la orientación de su política exige, en todo caso, al menos el cambio en, digamos, las fórmulas normativas para luego proceder a establecer los criterios por otro tipo de instrumentos jurídicos que no sean necesariamente en forma de ley.

Por tanto, nosotros traeremos, de alguna manera, una propuesta en tal dirección a la vista de que el decreto que nosotros aprobamos ha sido contestado. Si bien es verdad que creo que puede haber servido para frenar la acción de la Unión Europea, difícilmente el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente lo admite como suficiente en estos términos. Y no porque no se protejan las especies, que están protegidas -eso sí quiero aclararlo, por lo menos a día de hoy-, sino porque entienden que la complejidad de las categorías que definen los diferentes taxones deben ser primero adaptadas a la normativa española y, en segundo lugar, deben ser más flexibles en cuanto al procedimiento de modificación que el que tenemos en Canarias, que es extremadamente riguroso.

El señor PRESIDENTE: Sí. Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.

La intervención de los grupos, Grupo Socialista Canario, don Emilio Mayoral. Los grupos no solicitantes de la comparecencia.

El señor MAYORAL FERNÁNDEZ (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señorías.

La comparecencia que ha solicitado el Grupo Mixto en relación a la Ley 4/2010, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, viene a solicitar o viene a plantear la necesidad o no de la modificación de la misma.

El Grupo Socialista, por lo que ha explicado el consejero y que yo voy un poco a reiterar, establece la necesidad de esa modificación al existir disposiciones sobrevenidas a la ley, tal como es lo posterior a la Ley 4/2010, el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, por parte del Estado, de carácter básico y, por lo tanto, de aplicación a todo el territorio nacional, y que lo que viene, de alguna manera, a decir es que es preciso abordar una adecuación del Catálogo Canario a las determinaciones de ese decreto, dado que se produce, como ha dicho el consejero, un solapamiento de los dos sistemas de protección aplicables en el mismo territorio. Eso se traduce y posteriormente la directiva, la decisión, bueno, el dictamen de la Comisión Europea vino a realizar ese emplazamiento y a las modificaciones pertinentes.

Por lo tanto, con independencia de entrar en el fondo, en el contenido o en el desarrollo específico de los aspectos que contiene el catálogo o el anexo correspondiente, lo que está claro es que, al establecerse una normativa posterior que nos implica ese grado de solapamiento, vemos necesaria su modificación y posteriormente la inclusión, dentro de esa norma, de determinadas cuestiones en relación a si las modificaciones deben ser ya realizadas de una forma más suave, por decirlo de alguna manera, a través de los decretos u órdenes departamentales y de esta forma introducir estos elementos jurídicos de mayor seguridad jurídica, que de alguna manera es a lo que nos ha instado la Unión Europea.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Mayoral.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel González.

El señor GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Me parece muy interesante que este tema venga aquí, pero quisiera aclarar una serie de malentendidos, porque lo primero que he de decir es que me parece innecesaria una nueva ley. Es decir, todas las especies están protegidas, todas las especies silvestres están protegidas, dondequiera que estén. Dice la ley que, si son plantas, ni se podrán cortar ni mutilar ni arrancar, y en cuanto a los animales... O sea, todas las especies silvestres están protegidas. Y luego hay algunas que por sus singularidades o que estén cerca de desaparecer, que son las especies en peligro o que pueden desaparecer, y ahí se crean las dos categorías, las dos categorías clarísimas, que son especies en vías de extinción o especies vulnerables. ¿Y luego qué hacemos con el resto del territorio y las especies? Porque la protección de la naturaleza no es de las especies, es de los ecosistemas, y si nosotros tenemos ecosistemas, como son los espacios protegidos, y ahí dentro hay especies que sin estar en peligro son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas, tendremos que tomar medidas. ¿Y dónde las podemos tomar? Pues en los espacios protegidos. Porque si, por ejemplo, los sebadales, que nunca han estado protegidos, no tienen ningún nivel de protección ni en el catálogo estatal ni en nada, pero son fundamentales para el funcionamiento de la Cymodocea nodosa para que funcione el ecosistema. Luego, ¿y dónde vamos a tomar...?, ¿le damos la protección corriente y normal?, ¿no garantizamos su supervivencia para que funcione el ecosistema? Y ese es el objetivo de esa creación.

Lo que la Unión Europea dijo sencillamente es lo siguiente: cuando se hizo esto, no existía el catálogo nacional, pero se puso una adición que dice que el Gobierno, por decreto, podía cambiar todas las especies y la forma para adaptarlas al catálogo nacional. Si no lo hizo, fue un fallo, pero no es el fallo de la ley. Y lo único que dijo la Unión Europea, "oiga, es que usted tiene, por un lado dice una cosa y por otro, otra, póngase de acuerdo". Sacan un decreto y se acabó el problema.

Luego, el que, sinceramente, alguien piense que es más interesante para el interés colectivo que el Gobierno haga un decreto por su cuenta a que ese decreto tenga que basarse en una ley que aprueba este Parlamento, que llega a decir cosas como la siguiente: que la descatalogación tiene que ser comunicada al Parlamento para el control por el Parlamento o que una orden departamental es más abierta o más interesante para la protección de las especies y de los ciudadanos que un decreto que se deriva de una ley de este Parlamento, sinceramente no lo puedo compartir, porque creo que lo más importante es precisamente que la protección se haga al máximo nivel. Y delegar, se ha delegado la competencia para colocar las categorías, pero con las bases de la ley, no un decreto concreto y una orden departamental, todavía menos, porque lo que necesitamos es seguridad, que las decisiones se toman en el interés colectivo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel González Hernández.

Grupo Parlamentario Popular, doña Ana Guerra Galván.

La señora GUERRA GALVÁN: Gracias, señor presidente.

Ciertamente, señorías, el asunto del Catálogo Canario de Especies Protegidas ha resultado un fracaso para aquellos que lo criticaron en su momento y prometieron con contundencia su modificación en el caso de llegar al Gobierno, y no han hecho, señorías, casi nada.

Señor consejero, en una respuesta a nuestro grupo parlamentario, el Gobierno dijo estar trabajando en el diseño del proceso de evaluación y que estaba elaborando un protocolo de contraste de resultados. Sin embargo, ustedes han hecho algo muy distinto, ya lo dijo usted antes: se han limitado a corregir el catálogo de especies para adaptarlo a la normativa europea. Lo hicieron el pasado mes de marzo con un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno y que, por cierto, despacharon con una discreta nota de prensa. Mire, no modificaron el catálogo como parte de la modificación legislativa comprometida por ustedes hace tres años, sino obligados por las autoridades europeas. Señorías, esa es la realidad. Miren, de resto no hay nada más. Anuncios, promesas, compromisos, pero, mire, hechos no hay ninguno.

Ustedes enarbolan la bandera verde cuando les interesa o cuando no ocupan la bancada del Gobierno. Mire, lo de ustedes, señorías, sí que es doble rasero. Me gustaría recordar las palabras de la hoy viceconsejera de Medio Ambiente, la señora Medina, en aquella época diputada y portavoz del Partido Socialista en esta materia; entonces decía: ¿dónde ha quedado la moral y la ética de los diputados que han aprobado esta ley?, ¿dónde han quedado los compromisos de la sostenibilidad y los derechos de las generaciones futuras? Pues bien, la señora Medina evitó, en febrero del 2013, hablar de fechas y de tiempos, porque dijo: este es un asunto de largo recorrido. Pero, mire, señor consejero, le recuerdo que queda menos de un año para que termine esta legislatura.

Señor Pérez, ¿tiene hoja de ruta? ¿Abrirá el debate del catálogo a los colectivos científicos y ambientales y a la participación ciudadana? ¿Traerá la modificación de este catálogo al Parlamento? ¿Cuándo?

Mire, señor vicepresidente, usted tiene tres años al frente del departamento de Sostenibilidad y está claro que la única sostenibilidad de la que se ha ocupado en este tiempo es de su propia sostenibilidad y la del señor Rivero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Ana Guerra.

El grupo solicitante de la comparecencia, don Román Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señorías. Señor vicepresidente y señor presidente.

Es evidente que sobre este tema las organizaciones que sustentan al Gobierno no tienen unidad de criterio, y eso me explica algunas cuestiones. Primero, en el año 2010 el procedimiento elegido para modificar el catálogo fue un procedimiento que limitó la participación de los ciudadanos, de la comunidad científica y de los propios órganos de control del Gobierno. Cuando la comunidad científica, desde las universidades a los botánicos, desde los ecologistas a toda la Oposición, se puso en crisis... Esta ley no fue por casualidad: se eligió un procedimiento legítimo, legal, pero que evita los controles, que evita la participación, que son las proposiciones de ley. Y por eso lo hicieron. Yo lo entiendo, reconózcanlo. Y fue una gran polémica, generó una gran respuesta, a pesar de que el tema era un tema de enorme complejidad. Y de lo que no hay tampoco ninguna duda es de que la oposición política de entonces, solo en manos del Partido Socialista, hizo una crítica, dura no, durísima, por encima de la que podamos hacer nosotros hoy en día, y están las actas de las comisiones y también de este pleno.

Y de lo que no hay ninguna duda tampoco es de que aquella ley protegía la biodiversidad menos que la Directiva de Hábitats -por eso nos han obligado a modificar el decreto- y por supuesto menos que la ley estatal. Y por eso sigue el informe del Ministerio de Medio Ambiente, en la etapa de Zapatero y ahora, sigue cuestionando la ley canaria. No tenemos ninguna duda. Nosotros, esto de la biodiversidad, nos lo tomamos en serio solo cuando nos conviene, cuando nos viene bien, cuando está de acuerdo con nuestra agenda política -léase petróleo-, y pasa a segundo plano, a la segunda división, cuando se trata de imponer una obra pública, por ejemplo.

De manera que seamos conscientes de que esta es la realidad de nuestras cosas: cuando queremos justificar una inversión pública por razones económicas, somos capaces de cambiar el catálogo; y otros, desde otras latitudes del Gobierno de España, con este mismo argumento se quieren saltar las legítimas aspiraciones de este pueblo a controlar el medio ambiente, nuestros mares. De forma que esta comparecencia viene a poner en evidencia que esto del medioambientalismo, del ecologismo, no puede ser a la carta, no puede ser solo por un tiempo, no puede ser solo cuando me interesa. Es como aquello de la democracia: participación de los ciudadanos pero luego me olvido de la reforma electoral. Pues esto es exactamente igual. Entonces esto era una asignatura menor, era un problema de los ecologistas, de los científicos, ¿o no se acuerdan? Yo sí, porque defendí en el Cabildo de Gran Canaria, siendo vicepresidente, una moción que se aprobó por la mayoría, progresista entonces en Gran Canaria, justamente poniendo en evidencia todo esto. Y esto es así y los datos son contundentes.

Ocurre ahora que el señor vicepresidente es consejero del área de Medio Ambiente y no hay ninguna duda de que ahora hemos adaptado nuestro catálogo a las exigencias de las directivas europeas porque no estaba garantizado, porque, si no, que venga alguien y me explique a mí por qué la Comisión insta al Gobierno de España, amenaza con sanciones, porque es que el catálogo de Canarias tenía menos protección que la Directiva Hábitats de la Unión Europea. Ecologistas, poco; medioambientalistas, poco. Menos que la Unión Europea (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

Y no hay ninguna duda, y el señor vicepresidente lo ha reconocido, que el Ministerio de Medio Ambiente de la etapa Zapatero y de la etapa Rajoy siguen considerando que nuestra ley genera una categoría en la que se incorporan especies que están en las categorías de especies amenazadas del catálogo español. Hombre, 92, 92, según los informes del Ministerio de Medio Ambiente, no contradicho por el Gobierno de Canarias, 92.Y, por lo tanto, no hay ninguna duda de que ahora nuestra norma tiene menos nivel de protección que la norma estatal y, claro, presumir de medioambientalismo y de ecologismo y ser nosotros los que menos protegemos la biodiversidad cuando decimos que es un valor estratégico, que es un valor de futuro, pues, es bastante contradictorio.

Yo puedo entender las contradicciones entre los partidos que sustentan al Gobierno, pero que no quepa duda de que hay que cambiar la ley si se quiere cumplir con la legislación española y si se quiere de verdad llenarse uno la boca con esto de la biodiversidad, porque, si no, ocurre como está ocurriendo en estos momentos: la ley española, la ley básica, es más proteccionista que la nuestra y se supone que debiéramos ser nosotros los primeros en defender lo nuestro y ser más proteccionistas que nadie; luego, a nivel de Estado y el mínimo tendría que ser Europa. Aquí ha sido al revés. ¿Por qué?: porque la ley se hizo para adaptarla a determinadas circunstancias.

Y esta categoría, que se pudiera defender si no tuviera una excepción referida al 54.1 de la ley estatal, y es que aquí se puede exceptuar por una obra de interés general el nivel de protección en los espacios protegidos. Lo dice, y lo dice... No es que lo diga yo, es que lo dice el preámbulo de la ley que se expuso públicamente por parte del Gobierno este año. Hay dos consideraciones: una referida a este tema, que lo referido a la categoría de especies de los ecosistemas de Canarias puede ser excepcionado si hay obras de interés general, es decir, que las especies pasan a segundo plano y pasa a primer plano la obra. Y también dice, en la cuarta categoría de especies de especial protección, que se pueden excepcionar, siempre que se trasloquen las especies en cuestión.

De manera que por eso el Gobierno de España entiende que esta ley hay que cambiarla, y yo creo que también. Yo puedo entender, insisto, las contradicciones y las diferencias entre los partidos del Gobierno, pero que no quepa duda de que lo que no puede ser, lo que no puede ser, porque es incoherente, porque la gente se entera, es que no se puede ser ecologista un día sí y al día siguiente no. No se puede ser ecologista para el petróleo y no para el puerto de Granadilla. No puede uno adaptarse a las circunstancias que a uno le convienen. No se puede ser más demócrata que nadie reclamando una consulta en relación al petróleo, que nosotros defendemos, y luego negarse a mejorar nuestro sistema de representación. Y estas son las contradicciones que a nosotros nos parecen excesivas, incoherentes y que alejan la política de los ciudadanos y dan oportunidades a otros.

Y por eso yo hoy ponía en evidencia, por quinta vez, esta vez en una comparecencia en pleno, la necesidad de modificar la ley canaria, para que tengamos como mínimo el nivel de protección que tiene la ley estatal. Debiera ser más, debiera ser más. Y cabría una categoría para los ecosistemas canarios que no están en peligro de extinción ni son especies vulnerables pero que son vitales para el futuro de Canarias y tenerla, pues, regulada, y eso se puede hacer en una ley, pero sin exceptuar. Lo que no puede ser es que esta categoría primero tiene especies que debieran estar en la categoría de especies vulnerables o de especies en peligro de extinción, porque lo dice el ministerio, porque lo dicen los científicos y nosotros lo que reclamamos aquí es que se abra el proceso en una ley y que la comunidad científica participe, como está participando, afortunadamente, en la defensa del medio ambiente frente a la agresión más que consolidada del petróleo. Lo que no puede ser es que la comunidad científica es importante para el tema del petróleo y no lo es para determinadas obras públicas. Y estas son las contradicciones que nosotros no entendemos y no compartimos y que hoy se ponen en evidencia.

Yo espero que el Gobierno cumpla el compromiso de traer esa norma aquí, más importante, más estratégica, más sentida que otras que vamos a tener que debatir en este pleno. Y, por lo tanto, le pido al señor vicepresidente que nos mande una propuesta, un proyecto de ley, que genere la participación de la comunidad científica, de la gente de las universidades, de los botánicos, de los ecologistas, de la ciudadanía, y que, por lo tanto, lo que no pudimos hacer en el 2010 se pueda hacer en el 2014 y que en las categorías referidas a las especies de interés de los ecosistemas canarios se exceptúe, se elimine la exceptuación del artículo 54.1, porque en este caso se descataloga para hacer la obra pública; o lo que pasa con las especies de especial protección, homologables al catálogo estatal, que también cabe, por interés general, decidir que las especies se traslocan de un lugar a otro. Y esto es así y por eso el ministerio, los técnicos del ministerio, que son los mismos con Zapatero que con Rajoy, cuestionan o dicen la necesidad de modificar la ley.

En definitiva, señorías, esto del ecologismo no puede ser a la carta, no puede ser por un día, hay que tomárselo en serio. La biodiversidad es un valor estratégico, determinante, del que debemos presumir, y los primeros defensores y los más proteccionistas debiéramos ser nosotros, luego los del Estado español y, en todo caso, la lejana Europa sería quien menos compromiso debiera tener con esta realidad, y hasta ahora Europa protegía más que nosotros hasta el decreto de abril, España sigue protegiendo más que nosotros hasta el día de hoy, y sobre esto se dirá lo que sea pero no hay controversia. Cambiemos la ley y seamos consecuentes con lo que decimos.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el señor consejero para concluir con esta comparecencia.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD (Pérez García): ...(Sin micrófono.) permanecen en el ministerio, pero los criterios políticos no, y a las pruebas me remito, dada la respuesta que di a una de las preguntas de esta mañana.

A ver, de lo que he escuchado aquí hay una pregunta que sí que me gustaría que me contestara el Partido Popular: ¿son partidarios o no de cambiar en algún extremo la ley que se aprobó en el 2010? ¿Sí o no? Porque no lo he escuchado, no lo he escuchado. ¿Qué? Pregunto, la postura del Partido Popular, que me pareció que habían quedado en contestar algo y no... (Rumores en la sala.) No, bien. Por supuesto.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Perdón, perdón.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD (Pérez García): Sí, sí, nos examinamos todos, esto es el Parlamento, este es el Parlamento, y aquí es donde se hacen las leyes...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Perdón, no procede, no procede ni el debate ni preguntas en esta comparecencia.

Señor consejero, siga usted con su exposición.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD (Pérez García): Digo yo que donde se aprueban las leyes y se hacen las leyes es en este Parlamento, en este y en todos, ¿verdad? (Continúan las manifestaciones desde los escaños ocupados por el GP Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Señor consejero, por favor, siga con su exposición y ruego también al Grupo Popular que no entre en el debate, que es improcedente.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD (Pérez García): Bien. Lo digo porque insistí en mi primera comparecencia en que, efectivamente, hay legislación posterior a la canaria y que en un momento determinado se ha podido ir negociando, sorteando y en otro momento veremos lo que ocurre.

La carta de emplazamiento de la Comisión Europea tenía unos destinos concretos que fueron, en mi opinión, debidamente contestados desde el Gobierno de Canarias, pero el debate que estamos aquí produciendo no es tanto el de la respuesta a esa carta de emplazamiento sino si es preciso o no alterar otras cuestiones de la ley, que no hacer una nueva ley, que eso ya lo tengo que decir de entrada. No se trata de hacer una nueva ley, se trata de ver si en algún extremo esa ley tiene o debe ser modificada.

¿Qué dice el Gobierno de España, hoy gobernado por el Partido Popular? Pues insta a que lo hagamos. ¿Cuándo lo ha hecho? Exactamente en el mes de abril de este año. En el mes de abril -lo digo para información del Grupo Popular- el Gobierno de Rajoy insta al Gobierno de Canarias a que se proceda al cambio de la ley en algunos extremos. Así se podrán situar bien en lo que nos están pidiendo.

Y están planteando lo siguiente, cuestiones como las siguientes. Entienden que hay determinados artículos de la ley, determinados artículos de la ley que tropiezan con legislación básica del Estado. Por ejemplo, entienden que -leo textualmente, ¿eh?- el artículo 3.2 b).1, el párrafo correspondiente dice: establece que el régimen jurídico de protección para todas las especies de la categoría de interés para los sistemas canarios se aplica solo, como decía antes, en el ámbito territorial de los espacios naturales protegidos y en la Red Natura 2000. En el listado y catálogo español figuran 11 especies que han sido incluidas de interés para los sistemas canarios en la ley canaria, tras la publicación del Decreto 20/2014 correspondiente. Como el ámbito territorial de las especies incluidas en el listado y catálogo estatal es todo el territorio español, el ámbito territorial para la categoría de interés para los ...(Ininteligible.) canarios contravendría el ámbito territorial estatal en estas 11 especies. ¿Qué es lo que se está planteando aquí? Lo que se está planteando aquí es cámbienlas. ¿Puede hacerse vía decreto solo? Depende, depende. Si lo que nos están planteando es un cambio del catálogo, lógicamente lo hemos hecho, en los anexos, pero lo que no se puede cambiar por catálogo son las categorías, y lo que nos está discutiendo aquí el Gobierno de España es el haber introducido una categoría que entienden choca frontalmente, según el criterio del Ministerio de Medio Ambiente, con las categorías establecidas por la ley básica.

Al igual que ocurre, por ejemplo, con otra objeción del artículo 3.2 c). Dice: el régimen de protección para las especies de protección especial según la ley canaria incluye un supuesto no contemplado en la ley estatal, artículo 54.1, que es en relación a las actuaciones promovidas por razones de interés público prioritario; la ley estatal contempla como razones otras distintas que aparecen en el artículo 45: interés público declarado por ley, incluidas razones de índole social o económica. Por tanto, nos piden que unifiquemos ahí normativa.

Hay otros aspectos donde se recogen estas circunstancias: la disposición adicional primera, la disposición transitoria única número 5. En la primera se menciona que las especies que deben ser incluidas en el listado de especies en régimen de protección especial a nivel nacional son las que figuran en el catálogo canario a los efectos de la consulta prevista en la ley estatal; sin embargo, la consulta que debe realizar el ministerio como órgano competente debe ser sobre los criterios que figuran en los artículos de la ley estatal, entre los cuales no figura la imposición de una especie figure en una categoría determinada en un catálogo autonómico, como sería el caso del catálogo canario. Además, entre los criterios que especifica la ley canaria falta uno de los que aparecen en la ley estatal, el de figurar en el anexo V de la ley estatal o estar incluida en los anexos de instrumentos internacionales ratificados por España. Fíjense que solo en esta cuestión por adición tendríamos que modificar la ley incorporando legislación básica. Esto no tiene nada que ver con lo que sería el catálogo correspondiente.

Por tanto, en lo que estamos trabajando, evidentemente, es en intentar poner en paralelo para evitar, entre otras cuestiones, que desde Europa no se nos insten determinadas denuncias, no ya por la infraprotección, sino por la falta que ha venido a plantear Europa, la Comisión Europea, de posible equiparación en la legislación española, cuando incluyen a la canaria, de algunas legislaciones como se da en este caso.

Otro aspecto que resaltábamos es en la discusión que se tiene acerca de la categoría que antes señalábamos, porque entienden que no puede estar legislando solo en los espacios protegidos y, sobre todo, no puede legislar sobre aspectos que estén menos protegidos por la ley estatal. Solo podría hacerse en el ámbito autonómico elevando categorías de protección, y en ese sentido estamos.

Y sí quiero afirmar y reafirmar que la consejería ha estado, como dije antes, reunida con todos los colectivos que han querido participar en la fijación de los criterios que proceden, mejor dicho, la metodología de los criterios que proceden, para evaluar los correspondientes catálogos. Estos criterios no son, en fin, serán al final motivo de decisión política, pero son fundamentalmente criterios técnicos y dinámicos, y dinámicos, y de ahí la posibilidad, lógicamente, de poder establecer un mayor dinamismo en los cambios que vengan en el futuro.

Y esta es un poco la situación en la que nos encontramos. Resumiendo: conflicto desde el punto de vista interadministrativo, desde el punto de vista de que el ministerio, abril del 2014, y he puesto algunos ejemplos, considera que hay no adecuación a la legislación estatal de determinados preceptos de la ley canaria e insta a que los hagamos, bien por añadido bien por inclusión o bien por eliminación de algunos y, por tanto, su sustitución, y la posibilidad de que todo lo relativo a los criterios de evaluación no tenga necesariamente que producirse por cambio de ley sino por un instrumento un poquito más flexible.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor consejero.

Ha concluido la comparecencia.