Diario de Sesiones 137, de fecha 24/9/2014
Punto 17

8L/C-1611 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-CCN), SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA PRIVATIZACIÓN DE AENA.

El señor PRESIDENTE: Recuperamos el orden del día.

Comparecencias. Del señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre las repercusiones de la privatización de AENA.

Don José Miguel Ruano León, tiene la palabra.

El señor RUANO LEÓN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

En esta hora y tras un acuerdo, un acuerdo unánime alcanzado por el Grupo Popular, como fue el de esta mañana en materia de la audiencia o informe a emitir sobre el Régimen Económico y Fiscal, entramos en un asunto que ha sido motivo de discrepancias en el seno de la Cámara, pero donde la mayoría, la mayoría de la Cámara, los tres grupos excepto el Grupo Popular, se ha alineado en torno a acuerdos muy concretos, muy definidos, que mantuvimos o aprobamos en esta Cámara no hace mucho tiempo.

Concretamente, el 8 de julio se debatió en este pleno la comunicación del Gobierno sobre la privatización de AENA, y, en relación con aquella comunicación, ya habíamos presentado desde el Grupo Parlamentario Nacionalista una solicitud de comparecencia en febrero -concretamente, el 26 de febrero-, porque el proceso de privatización tiene un conjunto de estadios, de anuncios, por parte del Gobierno, de modos de encarar ese proceso, y, finalmente, incluso una regulación diferente a la que inicialmente habían proyectado, pero que se basa, en esencia, en que se pierde, se pierde, digamos, el monopolio de la gestión pública de AENA -y, concretamente, de AENA Aeropuertos, lo que hasta ahora ha sido AENA Aeropuertos-. Y, a partir del decreto-ley de julio, es AENA SA, teniendo en cuenta que la parte aérea -lo que es el tránsito o el tráfico aéreo- la va a gestionar Enaire.

Dicho esto, señor consejero, lo que nosotros queremos es mantener en este asunto la máxima concentración. Bien es cierto que, cuando las actuaciones no son del Gobierno de Canarias, sino que son del Gobierno de España, lo que desearíamos es que la relación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España fuera una relación fluida para propiciar, garantizar, promover que hubiera unos acuerdos de mínimos en torno a la gestión de nuestras infraestructuras aeroportuarias, que no deberían tener el mismo régimen que el que pueda tener la mayor parte de los aeropuertos del territorio peninsular.

En toda la red de aeropuertos españoles existen muchos aeropuertos que, posiblemente, teniendo en cuenta las alternativas modales, tendrían dudosa existencia. Y nosotros a lo que aspiramos es a tener un sistema aeroportuario de Canarias que esté garantizado; que permita la movilidad interinsular; que, a su vez, sea la vía de conexión con el resto del territorio del Estado y, a su vez, sea la vía importante de la llegada y la salida de los turistas. Y para nosotros es vital participar en la gestión de los aeropuertos.

En ese contexto adoptamos, como dije al principio, el 8 de julio, una resolución que paso sintéticamente a leer. Y decía: "El Parlamento de Canarias rechaza la privatización del 49% de la sociedad mercantil AENA, SA, hasta ahora de capital cien por cien de titularidad estatal, acordada por el Gobierno de España, por implicar un debilitamiento del interés general de la sociedad canaria, que queda en un segundo plano frente a particulares intereses económicos y de rentabilidad, poniendo en serio riesgo la cohesión económica, social y territorial del archipiélago".

El 2. "El Parlamento, ante el proceso de privatización acordado de la sociedad mercantil AENA, insta al Gobierno de Canarias a negociar con el Gobierno de España la puesta en marcha de lo estipulado en el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce la competencia de ejecución de aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa".

3. "Considerando que los ocho aeropuertos canarios deben constituir un sistema aeroportuario único para garantizar su competitividad y servir a la cohesión social y territorial, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno a negociar con el Gobierno de España un sistema de gestión diferenciada y única de los aeropuertos", y continúa, "en la dirección de mantener un sistema de gestión diferente para nuestro sistema aeroportuario".

Y, finalmente: "El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a establecer, en el supuesto de que el Gobierno de España se niegue a iniciar el proceso de transferencia de competencias en materia de gestión de los ocho aeropuertos canarios, una estrategia jurídica y política encaminada, por una lado, a evitar la consolidación del proceso de privatización de AENA, SA, en lo que a estos se refiere, y, por otro, a obtener dicha transferencia competencial".

Señor consejero, lo que queremos saber es qué ha hecho el Gobierno, qué ha ocurrido en el proceso en estos meses, qué ha hecho el Gobierno de España, cómo se viene produciendo el proceso de privatización, y en qué medida quedan salvaguardados los intereses del archipiélago, los intereses de ese sistema aeroportuario único que deben constituir los ocho aeropuertos de Canarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don José Miguel Ruano.

Por el Gobierno, el señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel Martínez.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Señor presidente. Señorías.

Señoría, como ya expuse en la comunicación del Gobierno que realicé en esta Cámara el pasado 8 de julio, el carácter insular, fragmentado y alejado de las islas hace que prácticamente todas las relaciones humanas giren en torno a una herramienta tan estratégica para su desarrollo como son los aeropuertos, que, en el caso de Canarias, carecen además de alternativas como nodos de transporte y, sobre todo, para las personas.

Por otro lado, también hemos de constatar la rentabilidad global de los aeropuertos canarios, con más de treinta y dos millones y medio de pasajeros al año, un ingreso bruto de unos 384 millones, casi cuatrocientos millones ahora de euros. Un resultado positivo en el pasado ejercicio de 111 millones de euros, con un Ebitda de más de doscientos millones de euros.

En resumen, la red de aeropuertos canarios, señorías, es un conjunto estratégico para la cohesión territorial del archipiélago que, con la garantía de un modelo de gestión pública, genera recursos suficientes para financiar su desarrollo y potenciar actuaciones que redunden en la mejora de la conectividad de las islas; fundamentalmente, de las islas con mercados más reducidos y mayores dificultades para la movilidad.

Todo ello, sin embargo, se presenta como de dudosa consecución y mantenimiento a través de una gestión indirecta de cooperación público-privada en la que concurren intereses de rentabilidad de capital, del capital aportado, y que, como tuve ocasión de explicar el pasado mes de julio, es el modelo que está desarrollando el Estado. Más aún, con la ausencia clamorosa de participación en la toma de decisiones por parte de las instituciones, los usuarios y los agentes económicos y sociales de las islas tantas veces reivindicada. Esto es, desde Canarias, hemos planteado como alternativa un diseño en el que estén representadas todas las administraciones concurrentes: la estatal -que no negamos-, la autonómica, la local, y, además, los agentes económicos y sociales y los usuarios.

Pese a esta justa reivindicación para lograr una mayor participación de la sociedad canaria en las decisiones que afectan a sus aeropuertos, el Estado se ha mantenido inexorable, desoyendo esta justa aspiración de autogobierno y participación, y, por el contrario, adoptando un acuerdo tras otro para privatizar el 49% de AENA, SA, del que un 21% se adjudicaría a grandes grupos empresariales o a fondos de inversión, seleccionados por invitación a un concurso restringido donde la opacidad mediante restricción de información es la estrategia seguida por el ente.

El Gobierno central ha ido consumando punto por punto el cronograma fijado en una reunión del Consejo de Ministros de 13 de junio del 2014, haciendo alarde de una total unilateralidad y oscurantismo, de forma que todos los acuerdos relativos a la privatización se han adoptado en consejo o por vía ejecutiva, a través de acuerdos -el caso del Consejo de Ministros-, resoluciones del ente, con escasa publicidad de su contenido, agravado además por la vía de urgencia adoptada.

Así, el 22 de julio, el Ministerio de Fomento ya anunciaba que Enaire había adjudicado los servicios de coordinación global y asesores legales para pilotar la entrada de capital privado a AENA, SA, a seis instituciones bancarias y a dos bufetes jurídicos -que, por cierto, en el caso del bufete jurídico Pérez-Llorca Abogados, se adjudicó un concurso con un presupuesto de licitación que tenía de 600.000 euros, se adjudicó por un euro; es decir, se hizo una adjudicación de un contrato a pérdida-. Esto puede dar una idea de lo valiosa que puede ser la información interior y de las externalidades que conlleva tal participación al consultor.

Como ya tuve ocasión de explicar en la comunicación, es en el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia, en el que se autoriza definitivamente la privatización. Se separan claramente las competencias de Enaire y AENA, SA; se definen sus órganos de gobierno y se plantea un nuevo marco regulador de la actividad aeroportuaria a través de documentos de regulación quinquenales, los famosos DORA. Tres días más tarde, el 7 de julio, ya se produce el cese del presidente de Enaire, que pasa a presidir AENA, SA, y es sustituido por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

El 8 de julio, AENA inicia un nuevo procedimiento negociado para la adjudicación del servicio de asistencia jurídica y otro para el servicio de coordinador global del sindicato asegurador y colocador. En cuatro días, señorías, el 11 de julio, la privatización vuelve a la mesa del Consejo de Ministros, y se autorizan definitivamente la privatización y el inicio de los trámites.

El 18 de julio sale a licitación por 7 millones de euros la difusión de la campaña de publicidad de la OPV, la operación pública de venta; el 7 de agosto se anuncia la licitación de una agencia internacional de comunicación financiera y de la creatividad y el call center de la OPV; el 18 de agosto sale a licitación la disposición de una campaña de publicidad; y por fin, el 27 de agosto, Enaire publica el pliego de condiciones que regirá el concurso para la invitación de candidatos a participar en el procedimiento restringido para la enajenación del 21% del capital social de AENA.

Por cierto, todas las licitaciones -señorías- que acabo de nombrar se llevarán a cabo por el procedimiento negociado o restringido. De nuevo, vemos cómo las prisas por enajenar el 49% de AENA se acompañan de un oscurantismo inusitado que alcanza su máximo en la modalidad elegida para el conjunto. Primero habrá una invitación restringida a lo que ellos llaman "inversores de referencia"; nosotros creemos que serían realmente inversores privilegiados. Pero es que después de invitarlos es cuando esos inversores tendrán acceso, hasta el 7 de octubre, a una base de datos restringida, con información sensible de AENA, el famoso data room, para poder presentar sus ofertas.

Es decir, AENA, que es una empresa pública, decide unilateralmente a quién facilita sus datos y a quién se los niega, algo del todo inadmisible. Porque, señorías, cabe preguntarse: ¿es AENA algún órgano de la defensa nacional o de la seguridad del Estado que justifique esa necesidad? ¿Qué es lo que no deben saber los ciudadanos y los licitadores de su economía, de sus activos y sus pasivos y, en definitiva, de las entrañas de una empresa pública que se pretende privatizar en gran parte? ¿Puede ser eso información reservada? ¿Estamos ante la transparencia que preconiza el Gobierno central? ¿Va a seguir AENA, o ahora Enaire, hurtándoles información a las comunidades autónomas, al control político y a los ciudadanos? ¿Va a seguir haciendo unilateralmente, según considere, lo que considere oportuno con las infraestructuras pagadas por todos los usuarios?

Sin embargo, señorías, no es mi intención perderme en estos detalles, aun cuando reflejan un procedimiento con un elevado grado de unilateralidad, improvisación, urgencia y opacidad que ni entendemos ni compartimos y al que nos oponemos en lo que a Canarias toca, esto es, en lo que afecta esta enajenación a sus aeropuertos.

Volviendo al Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, el Estado afirma, sin mayores justificaciones, en su artículo 17.1, que, "sin perjuicio de las modificaciones en la gestión de los aeropuertos de interés general incluidas en este real decreto-ley, el Estado continúa reservándose la gestión directa de los aeropuertos de interés general". Sin embargo, señorías, las cosas no son lo que se establece en una denominación, sino lo que son por su propia naturaleza, así que, en virtud de la sentencia del tribunal europeo que ya cité en la comunicación del pasado mes de julio, de la jurisprudencia española y de la legislación estatal de contratación del sector público, son de gestión directa solo aquellos entes donde la participación pública es del cien por cien: no caben atajos de esta naturaleza para cuando ya deja de ser el cien por cien.

Por tanto, en cuanto se proceda a tratar de privatizar la mínima parte de AENA, el Gobierno de Canarias hará valer el artículo 33.13 de la ley orgánica, que es nuestro Estatuto de Autonomía, y que atribuye a la comunidad autónoma la competencia ejecutiva sobre los aeropuertos cuando el Estado no se reserva su gestión directa.

Realmente, la atribución de la competencia deriva directamente del estatuto y no del acuerdo de traspaso, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia 143 del año 1985. El Tribunal Constitucional dice: "es doctrina muy reiterada de este tribunal expuesta en otras sentencias -la 25, la 76, la 87, etcétera, del año 1983-, la de que la titularidad de las competencias corresponde a las comunidades autónomas por obra de la ley orgánica por medio de la que se aprobó el Estatuto de Autonomía, que actúa ope legis o ipso iure haciendo disponible su ejercicio por ellas, sin que exista una suerte de vacatio en las competencias atribuidas por los estatutos, y una regla de entrada en vigor diferida de las mismas".

No obstante, al ejercerse la competencia sobre un bien ahora patrimonial cuya titularidad seguirá siendo estatal y que sigue vinculado a la prestación de servicios aeroportuarios, resulta necesario efectuar el traspaso con carácter formal a través del correspondiente acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias.

Por eso, señorías, el pasado 9 de julio el Gobierno de Canarias cursó solicitud oficial al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que procediera a convocar la comisión, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna; por lo que, una vez se cumplan los tres meses del momento de la petición, recurriremos a las instancias judiciales oportunas para que obliguen a la constitución de la expresada comisión.

Hasta entonces, el Gobierno de Canarias mantendrá su decisión de recurrir todas y cada una de las actuaciones y acuerdos que se adopten para lograr la privatización de AENA. Así, recurriremos todos los acuerdos del Consejo de Ministros, en esta línea, y los de Enaire, en su caso, como ente público, al pretender enajenar un patrimonio sobre el que realmente no puede adoptar ese tipo de decisiones, toda vez que su gestión pasaría a ser indirecta.

Por ello, nos hemos dirigido al presidente de Enaire, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, para que advierta en las comunicaciones que mantenga a los posibles inversores privilegiados de la intención del Gobierno de Canarias de impugnar todo el procedimiento...

El señor PRESIDENTE: Un minuto, don Domingo.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señoría.

Para que puedan tomar sus decisiones con toda la información disponible, y evitar así posibles efectos indemnizatorios cuando resulte finalmente anulada la privatización.

De hecho, el Consejo de Gobierno ya acordó dirigirse en estos mismos términos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que introdujese en el folleto informativo que acompañará a la oferta pública de venta esta misma advertencia para los inversores. Por cierto, que, a diferencia de las altas instancias estatales, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sí ha contestado a nuestra solicitud, indicando que ha dado traslado del acuerdo a las personas concernidas, a efectos de la inclusión de los extremos en ella contenidos en el folleto informativo de la operación pública de venta.

Como última situación, por el momento, nos hemos dirigido además al Ministerio de la Presidencia, para obtener el acuerdo íntegro de la sesión del consejo del pasado 4 de julio, para interponer también el recurso correspondiente contra él. Y nos proponemos solicitar negociaciones, a través de la convocatoria de la comisión bilateral, previamente a la interposición, en su caso, del correspondiente recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 julio, citado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Domingo Berriel, señor consejero.

Los grupos no solicitantes de la comparecencia. Grupo Parlamentario Mixto, don Fabián Atamán Martín.

El señor MARTÍN MARTÍN (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente.

Como la comparecencia estaba solicitada por el Grupo Parlamentario Nacionalista en términos de los efectos o de la repercusión de este proceso de privatización de AENA para Canarias, a mí me gustaría circunscribirme justamente a esto. Más allá de cuál sea el trámite, de cuál sea la voluntad del ministerio, creo que es necesario en el Parlamento hacer una reflexión sobre qué nos va a aportar, en sentido negativo -así lo entiendo yo desde este grupo parlamentario-, ese proceso de introducción de capital privado en AENA.

Para ello, quizás no haya que olvidar las palabras del consejero en julio, cuando decía que lo que está en juego es la cohesión política, social, económica y territorial del archipiélago, máxime cuando concurren intereses de rentabilidad de capital a los que están ajenas las instituciones públicas.

Pero, también para ilustrar un poco cuáles son los posicionamientos, nos permitimos desde el Grupo Parlamentario Mixto recurrir a una serie de informes que hemos encontrado. Unos informes hechos desde Estados Unidos -que pueden avalar, por una parte, aquellos efectos positivos; y otros, efectos negativos- que nos puedan hacer forjar una opinión.

Respecto a los beneficios potenciales de una privatización, por cierto, que puede darse en multitud de formas diferentes, cabría hablar de un aumento, a priori, de eficiencia de las operaciones, de un aumento de los beneficios de esas operaciones, de una aportación de servicios añadidos al cliente o de la reducción del riesgo de inversiones que cuestan varias veces lo que se genera. Y ejemplos de ello tenemos varios, numerosos y desastrosos por el territorio peninsular. Es decir, estamos hablando de cambiar la óptica de un servicio público desde el interés general a la de la rentabilidad económica, y esta es una cuestión que no deberíamos perder de vista.

Pero hay otros estudios que señalan algunos de los efectos negativos de estos procesos privatizadores. El primero y más interesante es quizás la pérdida del control público de las infraestructuras; el segundo es la reducción o la pérdida de empleo que se ha dado como consecuencia de los procesos de subcontratación que tiene acarreados; el tercero es la pérdida de inversión en infraestructuras, una vez que estas pasan a estar solamente o parcialmente en manos privadas, con un ámbito de rentabilidad económica; el cuarto es la consecuencia para las compañías aéreas -que resulta paradójica-, y en algún caso es que se produce una subida de tasas aéreas, precisamente por un efecto competitivo inicial pero que redunda en este sentido de manera final; y, por último, una consecuencia directa para los pasajeros es que desaparecen rutas que antes eran incentivadas, y que esa rentabilidad económica que persiguen los inversores se redunda en el precio del billete, en el costo del billete final.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Fabián Martín.

Por el Grupo Socialista Canario, don Julio Cruz Hernández.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, muy buenas tardes.

Como decía don Fabián, coincido plenamente con lo señalado. Consecuencias y repercusiones, señorías, de una privatización como la pretendida por el Partido Popular para Canarias: un desastre, un desastre para Canarias esa privatización, desde el punto de vista del Grupo Socialista.

Porque, además, vemos -como usted ha señalado, señor consejero- el sectarismo, la falta de educación, la callada por respuesta permanente del Estado a los planteamientos de Canarias, a la petición de información. Es decir, se informa más a una empresa a la que se le quiere dar y a la que se nombra a dedo que al propio Gobierno de Canarias, representante de la ciudadanía en Canarias y, además, que tiene competencia por el Estatuto de Autonomía.

De vergüenza, de vergüenza, porque unos instrumentos y unas infraestructuras como los aeropuertos, que son estratégicos para la cohesión territorial, social, económica -lo sabemos todos y todos estamos de acuerdo en eso-; además, unas infraestructuras que hemos hecho todos, las ha hecho el capital público, son de todos los españoles. Hemos hecho unas infraestructuras, y, ahora, unas infraestructuras en Canarias muy importantes, y porque son públicas, y porque responden a intereses generales, y porque responden a intereses de servicio público, pues, hay un aeropuerto en La Gomera, otro en El Hierro, otro en La Palma, hay dos en Tenerife. Si fuera por rentabilidad, a lo mejor estos aeropuertos no existirían, a lo mejor estos aeropuertos no estarían abiertos, a lo mejor estos aeropuertos estarían limitados.

Pero, claro, aquí se trata de que con lo público lo hacemos y, ahora que hay en Canarias 111 millones de euros de beneficio en el 2013 -¡qué negocio, qué negocio!-, en vez de repercutirlo en los aeropuertos canarios, en vez de repercutirlo en el transporte aéreo canario, por ponerle un ejemplo, pues no: el negocio para unos pocos, unos pocos que se eligen a dedo, por supuesto, con oscurantismo, sin decir absolutamente nada, negociado, decretos-leyes, ningún tipo de información. ¿Y quiénes son esos inversores?, pues, fondos de inversión internacionales, alguna empresa multinacional.

Señorías, ¿piensan ustedes seriamente que un fondo de inversión internacional que pone sus recursos en un ente como AENA para gestionar aeropuertos va a tener en cuenta si en La Gomera hay que abrir el aeropuerto hasta las seis de la tarde o no si le da pérdidas, o si hay que arreglar la pista, o si hay que hacer en El Hierro una mejora en cualquier instalación? ¿Ustedes piensan que a un fondo internacional le va a preocupar?, por favor, seamos serios en este tipo de situaciones.

Los aeropuertos en Canarias, al menos en Canarias, porque no tenemos otra alternativa, no tenemos otro modo de entrar, no tenemos otro modo de que nuestra principal economía funcione que a través de los aeropuertos, tienen que seguir en manos públicas. Nos ampara el derecho, nos ampara la justicia, nos ampara el sentido común y nos ampara la responsabilidad. Y, además, todo esto está en el Estatuto de Autonomía.

Por esto, señor consejero, desde el Grupo Socialista le pedimos -le exigimos- que recurra absolutamente todo; que utilice todos los mecanismos legales y políticos para garantizar que en Canarias los aeropuertos sigan siendo de gestión pública a través de la comunidad autónoma, y en ningún caso a través de fondos de inversión, por muy amigos que sean del Partido Popular... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Julio Cruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Manuel Fernández González.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señorías, tres minutos poco dan para desmentir las cosas que aquí se han dicho.

Don Julio, fondos de inversión, nada de nada: 28% de la privatización, bolsa. Pura y dura. Que pueda el que quiera comprar allí. Y, el 21%, empresas seleccionadas del sector de expansión de AENA. Eso es lo que va a entrar. Fondos de inversión, nada. Aquí no, no sigamos sacando cosas.

Segundo, no es esto una confrontación del Gobierno de Madrid que hace contra Canarias y los aeropuertos; es una política de Estado, de todo el Estado español; no es Gobierno de ahí versus Canarias. Falso, victimismo. Eso es, eso es lo que, de alguna manera, pues, mire usted, esto no es nuevo, señor Cruz: "el Gobierno de Canarias, por una vez, debe estar a la altura de la situación y abandonar su mensaje victimista e infantil según el cual Canarias es una pobrecita postergada", Juan Fernando López Aguilar en el 2008, en el 2008.

Y, claro, dentro del tema de la privatización que usted tanto defiende ahora, señor Cruz, "el Cabildo de Gran Canaria no dejará que Soria ni ATI metan sus zarpas en los aeropuertos canarios", Partido Socialista, secretario general, 2008 también. Pero es que, es que, mire usted: "creemos en el control mayoritario, público, del Estado"; "creemos que deben funcionar en red todos los aeropuertos", don Julio Cruz, el que acaba de salir de aquí de hablar ahora mismo.

Pero ¿qué pasa si les da un poco de participación el Gobierno?, ustedes cambian lo que sea, venden lo que sea, porque quien hizo la privatización fue el Gobierno socialista, primero en el 2007, que entraba Cataluña, como independientes de la general, y Madrid, y Madrid, y después aquí se reclamó para que entrara también Canarias, y la que iba a entrar era Baleares, y al final no entró ninguna; y el decreto de 2010 del Gobierno socialista es la misma privatización que ha puesto en marcha ahora el Gobierno del Partido Popular.

Y el Gobierno del Partido Popular ha garantizado, con el decreto de 2007, en el plan DORA, que las tarifas permanecerán inamovibles los próximos diez años; y también ha garantizado que habrá un plan de inversiones quinquenales por parte del Estado de inversiones; y también ha garantizado la eficiencia de AENA en la función. Lo ha garantizado totalmente en el propio decreto, en el propio decreto.

Por lo tanto, si el Gobierno de España quiere hacer una expansión internacional, administrar que tiene actualmente veintisiete aeropuertos internacionales con más de doscientos diez millones de pasajeros, no va ahora a destrozar y a desgajar una pequeña parte de España, y el prestigio de España, y que cierren los aeropuertos de Canarias, y el prestigio de España. Dice: "bueno, ustedes tan buenos que son y no son capaces de administrar los de Canarias, y vienen a administrar el resto del mundo", y lo tiene que hacer para ser competitivo, competitivo frente a Alemania, Francia, Inglaterra y Dinamarca, que lo están expandiendo por todo el mundo.

Por lo tanto, menos localismo, menos localismo y más expansión. Y los aeropuertos canarios -los ocho aeropuertos- están declarados de... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel Fernández.

El grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano. (Rumores en la sala.)

Por favor, señorías. Guarden silencio, por favor.

Don José Miguel Ruano.

El señor RUANO LEÓN: Muchas gracias, presidente.

Quizás lo mejor siempre de la intervención del portavoz Popular, del señor Manuel, es que cuando es por la tarde levanta el ánimo, es decir, que esto siempre es positivo de cara a afrontar esos ritmos biológicos que nos llevan a que por las tardes solemos estar en peor forma que por las mañanas. Entonces, creo que con eso, por lo menos, introduce elementos de discusión que son positivos de cara al asunto que nos trae esta tarde.

Y, en ese sentido, ha hablado de una política de Estado, y nosotros, los nacionalistas canarios, ya desde el pleno del 27 de noviembre de 2013, en el que pedimos una comparecencia sobre las bonificaciones a las nuevas rutas anunciadas por AENA, lo que reclamábamos entonces en aquel pleno era una política de Estado. Una política de Estado es una política que requiere una política diferenciada en materia de transporte aéreo con los archipiélagos y, por supuesto, con el archipiélago más lejano, que es Canarias.

Y lo decíamos entonces porque, en lo privado, en el transporte aéreo, se han producido desde el 2009, 2010, acontecimientos que son muy importantes en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito privado, la caída de Spanair. El plan de viabilidad de Iberia nos llevó a que los servicios hoy se prestan por Iberia Express y las condiciones no son exactamente las mismas que de la compañía matriz, en tanto que estamos hablando de una low cost del grupo IAG y, por tanto, la calidad de la prestación del servicio es menor que la que recibíamos cuando operaba directamente la matriz.

Hablábamos también del encarecimiento de los precios de los billetes, a pesar de que el grado de ocupación de los transportes aéreos entre Canarias y la península está ya por encima del 80%; es decir, casi operan como si fueran vuelos charteados.

Hablábamos también de que, desde las políticas públicas, se había errado en la política de tasas aéreas, en la recuperación del certificado de residencia, en el intento de fijación de una subvención fija por billete -cosa que tenían en una Ley de Presupuestos y que este Parlamento acordó recurrir de inconstitucionalidad aquella disposición adicional tercera de la Ley de Presupuestos para 2013-. En fin, un sinfín de despropósitos que son lo contrario a una política de Estado en materia de transporte aéreo respecto al archipiélago.

¿Y qué ha ocurrido y qué está ocurriendo?, lo mismo. Está ocurriendo lo mismo. Cuando se plantea una política de privatización de AENA, no se establece ninguna diferenciación respecto de aquellos territorios que no van a tener jamás, por razones geográficas, una alternativa modal; y es el caso de Canarias y, en menor medida, el de Baleares, pero -desde luego- el de Canarias.

Y lo que pedimos -lo que pedimos- es realmente sencillo desde el punto de vista de la voluntad política. Cuestión diferente es cómo estén las cosas en este momento en la relación, en la unilateralidad, en el modo de entender el Estado que tiene en este momento el Partido Popular, en el que en la política, en general en toda España, se evidencia que se ha producido en muchos ámbitos un proceso de recentralización; y en aquellos ámbitos en donde la competencia es mía, pues, yo no comparto ni colaboro ni pretendo establecer ningún tipo de acuerdo con la comunidad autónoma. En este caso, con Canarias.

Y a mí no me parece positivo, señor consejero, que todo el planteamiento al final haya de ser jurídico, porque el final, es decir, esto es como en la maldición que dice "tengas pleitos y los ganes"; ojalá pudiéramos tener acuerdos para no tener pleitos, ojalá pudiéramos tener acuerdos para no tener pleitos, pero si no tenemos acuerdos necesitamos defender, en lo político y en lo jurídico, nuestros intereses, y nuestros intereses son garantizar que el sistema aeroportuario canario funcione como sistema.

Porque es evidente que hay tres grandes aeropuertos que son muy rentables; un cuarto, que es el de Fuerteventura, que también es rentable, aunque ahora esté amortizando inversiones; y que los aeropuertos de las islas pequeñas son aeropuertos imprescindibles que van a necesitar del equilibrio en su balance que les proporcionan los aeropuertos grandes, que son muy rentables desde el punto de vista de la llegada y la salida de turistas.

Usted ha dado los datos, los ha dado en relación con... Hablaba usted de 111 millones de euros, 200 en el Ebitda, en fin, en definitiva, un planteamiento de alta rentabilidad de los aeropuertos. ¿Será ese el problema? Es decir, ¿será que no se quiere segregar el sistema aeroportuario canario porque es de los que más aporta al sistema estatal? Y, por tanto, para la búsqueda de financiación o de inversión que quieren, en definitiva, en alguna ocasión hemos dicho eso de "España en venta". Es decir, ¿por qué se tiene que vender, si no se garantiza mayor competitividad?

Es lo que decía Álvaro Nadal desde la oficina del presidente del Gobierno. ¿Por qué, si no se tiene más competitividad? ¿Qué es lo que genera la mayor rentabilidad: la competitividad o la titularidad pública o privada? No la garantiza la titularidad privada, la garantiza la competitividad.

Y al final no existe, como usted ha planteado, señor Fernández, ninguna referencia a los aeropuertos de Alemania o de Francia; no hay competitividad, no hay competencia por Estados, se compite por aeropuertos. Y al final, el de Frankfurt es un nodo imprescindible en el centro de Europa y compite, en fin, también, con los propios aeropuertos alemanes, por supuesto, y con todos los del entorno.

¿Y qué necesitamos nosotros? Pues, ser lo que somos, plataforma en el Atlántico medio. Y, para eso, garantizar la conectividad con los países que nos suministran el turismo; a su vez, tener garantizada la movilidad interior, y la salida y llegada al resto del territorio del Estado. Y eso se garantiza estableciendo principios de funcionamiento autónomo del sistema aeroportuario canario. Y eso es lo que dijo este Parlamento cuando aprobó las resoluciones del mes de julio.

Y, sinceramente, yo no quiero entrar ni siquiera en valoraciones respecto al proceso de privatización. Podría hacerlo. En relación a por qué se hacen las invitaciones, cuál es ese núcleo duro que se busca. Caben siempre interpretaciones de por qué se invita a uno y no se invita al otro. Por qué, en fin. Pero, francamente, el proceso que a nivel de Estado se lleve para capitalizar AENA -que es lo que se está haciendo, se está hablando de 2.400, entre 2.400 y 2.600 millones de euros- es un proceso que, bueno, que el Gobierno estatal tiene la legitimidad de intentarlo, de propiciarlo y de hacerlo, de intentar garantizarlo en un marco, en este momento, en un marco donde garantiza la mayoría pública en el capital.

No era este el proyecto inicial. El proyecto inicial de Fomento era llevar al 60% la privatización y llevarlo al 40% del capital público. Y fue Presidencia del Gobierno, Presidencia del Gobierno del Estado, quien se opuso a ese modelo, porque no garantizaba nada. Al final lo que hacía es poner en manos privadas absolutamente el control de un sistema aeroportuario.

Me alegro de que usted mencione, señor Fernández, el documento DORA, el Documento de Regulación Aeroportuaria, porque nosotros conocemos eso a nivel de prensa, pero no sabemos cuál es el contenido de ese documento. Y, por tanto, nosotros, Canarias, que tiene ocho aeropuertos de interés general, no sabemos cuál es o cuáles son las previsiones de ese Documento de Regulación Aeroportuaria. Y no parece que esas sean las formas de relacionarse de un Gobierno con otro Gobierno, y del Estado con una comunidad autónoma que también es Estado.

Esto es muy importante. Y, por tanto, nosotros no vamos a ceder en este asunto, y vamos a traer este asunto cuantas veces sean necesarias, por más que muchas veces, por reiterada, les parezca abusiva nuestra posición. Pero es fundamental, es fundamental que saquemos de ese proceso el de los aeropuertos canarios. Y por eso creo que es positivo que ya el propio Gobierno de Canarias se ha dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para advertir, respecto de la parte de AENA de privatización que va a bolsa, que está ante una reivindicación con un título jurídico sustantivo, como es el del Estatuto de Autonomía, que corresponde a Canarias.

Es cierto que no sería deseable que se tenga que convocar la Comisión de Transferencias yendo a un acto en la jurisdicción contenciosa. Lo normal es que el Gobierno de España, aun cuando después acuerde lo contrario, aunque después discrepe de la posición del Gobierno de Canarias, pues, convoque la Comisión de Transferencias.

Yo no sé si son conscientes a veces de que esta forma de ejercer la política no nos conduce a un planteamiento leal de relaciones entre gobiernos, y no nos conduce. Es mucho peor que entre gobiernos. Al final, va generando desconfianza entre partidos políticos democráticos, y va generando una posición diferente -sí, señor Fernández, sí lo es- entre Canarias y España, o entre Canarias, si usted quiere, y el resto de España.

Es fundamental que reconduzcamos la situación por vía política. Y, si no es por vía política, señor consejero, agote usted, agote usted, agote el Gobierno toda la estrategia jurídica que sea necesaria para reivindicar nuestros intereses y tener el control público de los aeropuertos canarios desde esta comunidad autónoma, con la participación, también, en los órganos que se establezcan, de cabildos y municipios de Canarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente.

Creo necesario, en esta segunda intervención, dejar meridianamente claro, para que no quede la menor duda, porque siempre se coloca esa duda, se es muy dado a decir "es que buscan la confrontación", "es que...". Esto es como aquel, ¿no?, al que le tiran una maceta y todavía, pues, tiene que pedir perdón.

Tengo que dejar aquí meridianamente claro que se han intentado todas las negociaciones que han sido posibles, que hemos puesto en marcha iniciativa negociadora siempre, en todos los problemas que se han planteado en esta legislatura y en las anteriores, siempre. Jamás hemos visto tal cerrazón y tanta negativa a escuchar siquiera una de las reivindicaciones que se haga en cosas de esta naturaleza. Incluso cuando existen derechos jurídicos serios, sólidos, en lo que se está solicitando.

Así, en el Convenio de Carreteras se solicita una negociación para llegar a un acuerdo donde proponemos reducir, digamos, nuestro derecho, incluso: la callada por respuesta. Nada, la imposición, la imposición sistemática. Frente a la imposición sistemática, señorías, no cabe más que la vía jurisdiccional. No hay otra. Todas las demás están agotadas, se han agotado sistemáticamente. Estamos cansados de ir, sentarnos en el ministerio y explicar que arreglen esta situación o esta otra, negociada; y nunca han sido capaces, absolutamente, de oír nada.

Pero, es más: es que se toman decisiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos canarios; se ningunea al Gobierno de Canarias sistemáticamente, de forma absolutamente vergonzosa, porque es insultante que se tomen decisiones en el Gobierno que afectan a competencias del Gobierno de Canarias -o no, pero que afectan, decisiones que afectan a Canarias- y no se escuche lo más mínimo. Tengo ejemplos, muchísimos.

Y, en este caso de los aeropuertos, señorías, se le ha dicho muchísimas veces al Estado que nosotros estamos dispuestos y que propiciamos un ente en el que participemos, junto con la Administración del Estado; que hay ejemplos como por ejemplo los puertos de interés general, y que eso funciona perfectamente. Porque es que lo que pasa es que AENA se lo guisa y se lo come absolutamente todo, y Canarias no tiene nada que decir, y hay cosas muy importantes, decisiones muy importantes, que afectan inmediatamente, al siguiente día, de algo que la dirección de AENA, fuera de ningún control político, lo adopta y se acabó, y uno se lo tiene que tragar.

Ejemplos, muchísimos. Mire, en estos días, en el aeropuerto de Fuerteventura había unos procedimientos acordados y aprobados de aterrizaje y despegue -impuestos por la declaración de impacto ambiental de la ampliación del aeropuerto- que consistían en que los aviones que despegan hacia el norte, que es el despegue predominante, hacia el norte, tenían que subir a una altura determinada y girar a la derecha para luego no pasar por Puerto del Rosario, por razones de ruido, para evitar los ruidos y por razones de seguridad. Estos días hemos visto que Enaire, sin comunicar nada a nadie, ha quitado esa restricción, seguramente por presión de alguna compañía aérea a la que le parece que gasta un poco más de combustible haciendo esa operación. Resultado: todos los ciudadanos de Puerto del Rosario soportan un riesgo y un ruido permanentes con los aviones pasando por encima de sus casas.

¿A quién le ha comunicado eso AENA? ¿Qué consulta ha hecho? ¿Al ayuntamiento se lo ha consultado? ¿Se lo ha consultado al cabildo, al Gobierno de Canarias? Para nada. AENA no da ninguna información. AENA se niega siempre, sistemáticamente, a todo. Hemos tenido aquí ejemplos: hemos tenido que sacarle con una presión impresionante -y sus señorías lo saben muy bien- un convenio que al final quedó paniaguado para los vecinos de Ojos de Garza, y ¿a quién se lo...?, ¿qué pasó con AENA?, pues que, sistemáticamente, hubo que sacárselo a golpe de martillo, poco menos. ¿Por qué?, porque AENA decide unilateralmente, por encima del planeamiento, del plan director que tiene, por encima de todas las instituciones canarias, del Cabildo de Gran Canaria, que tanto se queja cuando se retrasa una inversión en Gran Canaria.

¿Sabe por qué?, porque unilateralmente decidieron ahora ellos que hasta después del año 2020 no se va a ampliar la pista del aeropuerto, pese a que hay un plan director que dice que ya tenía que haberse empezado la ampliación de la tercera pista. Pero AENA, el director, el subdirector, el jefe de servicio o el conserje ha decidido que después del año 2020 no se hace la inversión en Canarias. Y esas cosas no pueden ser: se tiene que contar con la Administración del lugar, se tiene que contar con la comunidad autónoma.

¿Y qué sucede?, sucede, señorías, que la competencia se ha dado; cuando el Estado ha renunciado a llevar de forma directa esa competencia, automáticamente, es de la comunidad autónoma, porque lo dice nuestro Estatuto de Autonomía. Luego, si es nuestra la competencia, ¿qué vamos a hacer: a suplicarles más, a ponernos más de rodillas? No, no, no, no. Se la vamos a exigir. ¿No hay acuerdo?, se la exigimos, y por supuesto que recurriremos por tierra, mar y aire; claro que sí: todos y cada uno de los actos que vayan estableciendo los iremos recurriendo, uno detrás de otro.

Y claro que sí, pleitos tengas y los ganes: con esa ventaja juegan. Pero esa ventaja tiene tiempo, tiene plazo de caducidad, porque la primera sentencia que caiga va a ir resolviendo estos problemas. Y, por tanto, nosotros no podemos dejar de hacer ese asunto, esa cuestión. No podemos dejar de defender a nuestros ciudadanos por que debamos estar continuamente tocando la puerta a la negociación, porque insisto: esa puerta está cerrada. No por que la hayamos cerrado nosotros: la pestillera, la llave, la tienen otros, y la han tirado al mar. Ese es el problema, no es otro.

¿Y qué es lo que sucede?, que hoy se privatiza el 49%, pero ¿quién dice que dentro de unos meses, mañana o cuando sea, no se privatiza otro tanto? ¿O qué es lo que se les está ofreciendo a los inversores privilegiados para que pongan dinero, siendo minoría en el ente? Porque puede mañana perfectamente seguirse ampliando la privatización.

Pero, es más, es más, el propio real decreto este le da potestad al secretario de Estado, por ejemplo, para cerrar, para clausurar infraestructuras que tengan valor de menos de 20 millones de euros, y de ahí para arriba le da la potestad también al Consejo de Ministros para hacerlo. ¿Quién dice que mañana en la cuenta de resultados no salga rentable, o que vean que, efectivamente, en los aeropuertos no rentables, el Consejo de Administración de AENA, SA, decida que debe cerrarse un aeropuerto, y lo cierra sin más? No, no, pero ¿les vamos a dejar nosotros eso al azar?, ¿vamos a dejar eso nosotros a la buena voluntad de quien hasta ahora no ha demostrado buena voluntad en ese asunto? No, no, no, no. Un Gobierno no puede, no puede improvisar esas cosas así.

Se permite, el propio real decreto permite cerrar aquellos aeropuertos que no son rentables, y yo les digo: en Canarias hay algunos que no son rentables, pero son tremendamente indispensables. Y aquí no se dice que los que no son indispensables son intocables, no, no se dice, eso se deja al albur de una decisión unipersonal del secretario de Estado de Infraestructuras, y eso no puede ser.

Por eso, por eso, nosotros hemos elegido el camino de, bueno, el camino, el único que tenemos, que es el camino de la exigencia administrativa o jurídica. El de la negociación es que no hemos sido... El de la negociación es perder el tiempo. Yo estoy cansado de perder dinero ya en viajes a Madrid, hombre; eso no es posible, no sirve, no nos escuchan, toman decisiones sin ni siquiera una consulta; decisiones de un calado y una trascendencia enormes en una comunidad autónoma como la nuestra, y no se consulta al Gobierno de la comunidad autónoma. Como no se consulta en tantas cosas. Si no se consultó con el petróleo, ¿se va a consultar con los aeropuertos? Ni se consulta ni nada, ¿y por qué?, y termino, señorías, ¿por qué no se consulta?, porque aquí no hay unanimidad de la defensa de los intereses de Canarias de todos los partidos políticos por igual, porque si aquí la hubiera, estas cosas -este atropello- no se harían. Y lo de los aeropuertos es un atropello, es un atropello, es una unilateralidad, y esa unilateralidad el Gobierno no la puede consentir.

Por tanto, el Gobierno hará y está haciendo todos los cauces -insisto- legales para exigir la competencia que por ley ya le corresponde, porque está en nuestro Estatuto de Autonomía.

Nada más, señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero, don Domingo Berriel, señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

(El señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, ocupa un escaño en la sala.)