Diario de Sesiones 165, de fecha 14/4/2015
Punto 2

8L/IDC-0006 INFORME DEL DIPUTADO DEL COMÚN. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: informe anual del Diputado del Común correspondiente al año 2014.

Tiene la palabra el Diputado del Común, don Jerónimo Saavedra Acevedo.

El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Saavedra Acevedo): Señor presidente, señoras y señores diputados, buenos días.

Hoy voy a comenzar el informe que preceptivamente debo mostrar ante ustedes con un agradecimiento a todo el equipo que lo ha elaborado, porque hay unas circunstancias de que algunos de ustedes no volverán a estar y otros que sí, seguramente, volverán a estar en esta Cámara en el informe que corresponda al presente año. Así que quería empezar mostrando mi agradecimiento, porque este informe siempre es la tarea de todo un equipo, desde laborales a administrativos y técnicos asesores y secretaria general, que entregan su esfuerzo con plena independencia y dedicación.

Yo quisiera centrarme principalmente en aquellos datos más relevantes, alejándome de un cierto casuismo que en ocasiones anteriores haya podido yo manifestar. Y ya en la introducción se reflejan esos aspectos fundamentales, que es subrayar la importancia que la institución presta a través de la asistencia a los ciudadanos, que no se reduce nuestra actividad a tramitación de quejas, sino que nuestra actividad comprende eso que se refleja en un incremento del 10,3% del número de personas que acuden a nuestras dependencias o se comunican con las mismas, que, como saben ustedes, están presentes en cada una de las siete islas, para manifestar su preocupación, su desorientación, su problema personal. Hay audiencias, recepciones, en las que uno pregunta "cuál es su problema", muy recientemente me decían "me he venido a confesar". Esa situación que psicológicamente padecen, necesitan muchos ciudadanos, nosotros somos testigos, somos receptores de esas inquietudes, de esa falta de conocimiento en algunos casos, y muchas veces se traslada a servicios jurídicos, con plena elección de la persona que se considere oportuna, y en otros casos se dice, "mire, este tema es un tema que deben resolver los tribunales en vía civil y no nos corresponde a nosotros".

En segundo lugar, manifestar la importancia que ha tenido el informe sobre dependencia que se presentó ante esta Cámara el pasado mes de abril, porque creo que, con el apoyo de todos ustedes, de todos los portavoces que en aquel momento se manifestaron a favor del mismo, ha contribuido notablemente a cambiar el panorama de la dependencia, a la cual me voy a referir concretamente más adelante.

En tercer lugar, quisiera subrayar también el informe que en materia del proyecto de ley de transparencia se hizo por esta institución. En ella, hablábamos de tres cuestiones básicas. Primero, la consideración de derecho fundamental de la transparencia, el derecho del ciudadano a la misma, con unas argumentaciones jurídicas que creo que son importantes. En segundo lugar, hablábamos de reforzar la independencia de la institución, del comisionado, a través de una votación más cualificada que la que venía en el proyecto. Sugerencia que, como era mi intención al dirigirme a todos los grupos parlamentarios, fue aceptada por esta Cámara. Y, en tercer lugar, también eliminar el silencio administrativo en las respuestas del futuro Comisionado de Transparencia.

Yo no pretendía nada más que facilitar la posición de la institución, tan vinculada al tema de la transparencia, al derecho a la información, en algunos momentos difíciles de deslindar, y que respetaba al máximo, no hacía más que sugerir a esta Cámara lo que estimase oportuno adoptar. Nunca tratamos de limitar la soberanía de esta Cámara, como en la comisión se me hizo ver, porque, repito, soy absolutamente respetuoso con que una cosa es ser comisionado y otra cosa es ser parlamentario, condición que ustedes ostentan honorablemente.

Otro punto que también quería recoger, porque fue un tema polémico en la sociedad española, es el relacionado con la situación de aforamiento de que disfrutan no solo los parlamentarios sino también este comisionado. Yo creo que el aforamiento es un privilegio, aunque también soy de los que creen que el aforamiento es más negativo para el aforado de lo que piensa la opinión pública, y especialmente los medios de comunicación, porque se reduce en algunos casos a una sola instancia, pero la opinión pública, movida por esa situación de ataque o de desconsuelo o de desprestigio o de cansancio del funcionamiento de la llamada clase política, ha considerado que ese es un tema en el que hay que actuar.

Junto con el Síndic de Greuges, el compañero, colega de la comunidad autónoma catalana, hice un escrito, que comuniqué a esta Cámara y también al Congreso de los Diputados, en relación con que estoy dispuesto a renunciar y además considero, no lo puedo hacer legalmente, pero ponía a disposición de quien proceda el hecho de suprimir este aforamiento, que no tiene nada que ver con la inmunidad ni con la inviolabilidad que afecta también al artículo donde se regula el aforamiento.

Otro punto interesante de este informe yo creo que es que ha mejorado la colaboración de las administraciones públicas. Yo sé que algunos quieren que esta institución esté siempre dando leña, en términos vulgares. A mí no me pesa en absoluto felicitar, elogiar y agradecer que las cosas funcionen mejor y, si contribuimos a ello, pues, nos sentimos recompensados en el esfuerzo que hacemos para que el ciudadano sea bien atendido por las distintas administraciones.

Sigue habiendo una falta de celeridad en informar por parte de las administraciones a la institución del Diputado del Común, que queda reflejado en que hemos tenido que adoptar 382 resoluciones recordando el deber legal de cooperar, de colaborar, con la comunidad autónoma. Y además señalar que únicamente ha habido una declaración de obstruccionismo por parte de la institución y que pasamos al Ministerio Fiscal también una situación, que no hemos podido recoger en la memoria, en el informe, porque -el Ministerio Fiscal ha notificado que tomaba en consideración y ha hecho la correspondiente denuncia ante el juzgado competente-, porque esto ha ocurrido después del mes de enero del 2015, del presente año.

Y, por último, respondiendo también al compromiso que adopté el año pasado ante esta Cámara, hemos tratado, intentamos ser ejemplo para las administraciones, porque sería bueno que, siendo nosotros los que tramitamos las quejas de los ciudadanos respecto al funcionamiento, la lentitud, la falta de respuesta de las distintas administraciones, luego tuviésemos una morosidad, en la tramitación de los expedientes, difícil de comprender. Está reflejado, y no merece más comentario, que en el procedimiento anterior, que ha operado hasta el 31 de diciembre del pasado año, tardábamos 225 días, conforme a las normas establecidas con anterioridad, en la tramitación y conclusión, archivo de una queja, y hemos establecido unas nuevas normas que reducen a 45 días la tramitación y solución o archivo de la queja. Naturalmente, si no hay respuesta por parte de la Administración, no vamos a estar insistiendo, insistiendo, manteniendo viva una queja que para la Administración es como si no existiera dicha queja, y mantenerla abierta. De manera que hemos cumplido con ese compromiso respecto a ser más eficientes y, naturalmente, contando siempre... y por eso mis palabras iniciales de agradecimiento al personal, que refuerza su actividad para cumplir con esos trámites mucho más cortos.

En cuanto al número de quejas, ya se ha señalado con anterioridad en comisión y en los medios de comunicación que ha habido un incremento. Seguimos la tendencia a crecer, por lo que va del año 2015, aunque no sea materia para analizar hoy, pues, igualmente hay un notable crecimiento respecto a los mismos meses del año anterior.

Y en cuanto a la procedencia, el origen territorial, en cuanto a las áreas, en cuanto a las administraciones afectadas, no se aprecian grandes diferencias respecto a los informes anuales anteriores.

Y del número de quejas vivas sí subrayar que hemos logrado reducir, de 359 quejas que había en el informe del año pasado, que permanecían sin resolverse y que tenían origen en años anteriores, en este informe hay solo 3 que todavía son del año 2009 y que, evidentemente, es preceptivo y prioritario ponernos al día, y mi objetivo es que este año, cuando presentemos, en la primavera del año próximo, el informe estemos por el año 2011, como el año más antiguo con quejas vivas. Pasamos de 359 a 242. Siguen siendo altas, pero también conviene comprender que las quejas, con los tiempos de tramitación a que he hecho referencia anteriormente, las quejas presentadas a partir del verano es imposible que se hayan concluido, se hayan resuelto antes de 31 de diciembre; es decir, que no es que estén ahí durmiendo desde hace años, sino que a las antiguas... -generalmente en temas de política territorial y urbanismo, cuya normativa es tan complicada que las administraciones tienen dificultades para responder y para resolver-, pues, en lo demás estamos con quejas, repito, que empiezan a ser, en número razonable, las que están de antiguo.

Me voy a centrar en las resoluciones, que es el capítulo V del informe. Hay muchas de esas resoluciones aceptadas, y está señalado en cada caso; otras que están aceptadas parcialmente; otras que están rechazadas; y, finalmente, sin respuesta o pendientes, por los plazos mencionados, de que la Administración manifieste si incorpora o no incorpora la resolución que la Diputación del Común le ha trasladado.

Por materias o por relevancia, destaca, siguiendo el orden del informe, que hay un acuerdo decidido sin previa convocatoria del pleno por el que se revoca un cuerdo de pleno. Es un tema que ha originado el traslado al Ministerio Fiscal de una corporación local, porque entendemos que no se puede adoptar por un alcalde una decisión de modificación de unos acuerdos plenarios sin convocar previamente un acuerdo que revoque el anterior. El tema ha seguido adelante, pero ya son hechos ocurridos en el 2015 y no me voy a referir a ello, desde el punto de vista judicial.

En cuanto a los que cobran tasas por ocupar espacios públicos sin ánimo de lucro, generalmente ONG, pues, también hemos decidido que no se puede estar cobrando, algunos ayuntamientos lo vienen haciendo y no entendemos que eso sea comprensible.

Que no se notifique personalmente a los ciudadanos, conociéndose los domicilios reales, efectivos y recurren al procedimiento edictal, es decir, a publicación, y el ciudadano, pues, no sabe dónde se publica ese acuerdo, cuando se encuentra ya que se inicia una vía de apremio sin haber sido notificado, cuando el ayuntamiento o la corporación insular tenía los datos adecuados para hacer la notificación personal.

Otros como el relacionado con una queja de oficio de la que, sobre los puntos de encuentro familiar, presté información y debate en la comisión correspondiente, debo decir que la resolución ahí adoptada ha sido aceptada por la Viceconsejería de Relaciones con la Administración de Justicia y que espero hacer un seguimiento para que, efectivamente, se observe que no es solo aceptación escrita, sino que es una aceptación real, porque a veces ocurren esas trampillas.

En cuanto a, también como consecuencia de otra queja de oficio, la ordenación de los parques infantiles, creemos que el hecho de que solo, como consecuencia de la investigación hecha en todos los ayuntamientos de Canarias, solo el Ayuntamiento de Agüimes tiene un reglamento, una ordenanza, regulando los parques infantiles, es una necesidad evidente que, por parte de la Administración autonómica, y con el respeto de las autonomías locales, pues, se establezcan las bases o se establezcan los criterios de investigación, de seguimiento, de sanción de aquellos parques infantiles que no cumplen con la seguridad o con otros datos, por su emplazamiento, y que es mejor prevenir que luego lamentar.

Otra de las resoluciones que hemos adoptado se refiere a la celeridad en la tramitación de reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. Ha sido aceptada esa resolución por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

Otra resolución sobre las resoluciones en procedimientos, darles mayor celeridad a los procedimientos de expropiación en trámite de urgencia.

Otra sobre la adopción de medidas urgentes en el funcionamiento de los centros básicos de atención a los discapacitados. Es una resolución que ha sido aceptada por la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.

Igualmente, la accesibilidad, la accesibilidad a la discapacidad, a la discapacidad en general, en particular en el área del Instituto Canario de la Vivienda, no ha sido contestada.

Política territorial. Igualmente, en el Ayuntamiento de Tuineje, se dio traslado por una obra ilegal a la Fiscalía, y la Fiscalía ha pasado al juzgado competente de Puerto del Rosario.

En cuanto a otras resoluciones, el Puerto de la Cruz, de reconstrucción del expediente, donde quedaba claro que se habían extraviado los papeles y la obligación, con responsabilidad penal, de reconstrucción de ese expediente urbanístico, que ha sido aceptada por el ayuntamiento.

Igualmente, aprobar unas ordenanzas reguladoras de las ayudas sociales, porque es muy distinto el comportamiento de unos ayuntamientos y de otros en relación con estas prestaciones y hemos sugerido tanto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como al de Santa Cruz de La Palma, y lo han aceptado, que se pondere con datos personales las prestaciones de estas ayudas sociales.

Igualmente, la reglamentación necesaria, imprescindible, sobre los centros de acogida que existen en algunas de nuestras ciudades principales; o la inspección de los centros de inclusión social, que igualmente ha sido aceptada; y varias sobre la Prestación Canaria de Inserción, que, como está afectada por la ley aprobada por esta Cámara el pasado año, a finales de año, pues, espero que haya una modificación considerable en el comportamiento de la Administración en esta materia.

Y también señalar la importancia de un conflicto que, en materia de aguas, se planteó en la isla de Lanzarote, en particular en el Ayuntamiento de Yaiza, donde un promotor particular montó una desaladora y vendía el agua a sus propios habitantes residentes en la urbanización, que no había sido aceptada por el Ayuntamiento de Yaiza, y vendía también a terceros a un precio verdaderamente escandaloso. Este conflicto venía desde hace años. Estaba implicado el Consejo Insular de Aguas, que tenía -de Lanzarote- que intervenir, el Ayuntamiento de Yaiza, que trasladaba las responsabilidades al Consejo Insular, a su vez el precio a fijar corresponde al Gobierno de Canarias, en cuanto que vigila o autoriza en un servicio público de esa importancia, y al final hemos logrado que tanto el Consejo Insular como el Ayuntamiento de Yaiza hayan aceptado y se ha incautado, diríamos, o expropiado, según el término, incautado mejor, el Consejo Insular, la gestión de dicha desaladora, tratando de imponer el orden y el derecho en esa cuestión de la prestación del agua a ciudadanos del municipio de Yaiza.

Finalmente, sé que ha habido problemas en las respuestas. Y tengo una queja, correspondiente al año actual, en relación con la resolución en materia de elaboración de las listas o bolsas de empleo. Es un tema que a nosotros como institución nos preocupa por afectar a un derecho fundamental, que es el de la igualdad. No es el tema del derecho al trabajo, en cuanto que la Constitución no lo coloca sino como principio informador de las actuaciones administrativas, pero no como un derecho fundamental. Y creemos que los principios establecidos en la Constitución y en el Estatuto del Empleado Público no están siendo respetados por el decreto regulador del año 2007, si mal no recuerdo, y que se aconsejaría su cambio. Sé que algunos sindicatos sectoriales, por no llamarlos corporativos, han manifestado públicamente su desacuerdo, pero yo quiero insistir en que los sindicatos están -por lo menos esa es mi concepción y toda la vida la he dedicado a ello, gran parte de mi vida-, que los sindicatos están para defender no solo a los afiliados sino también para defender a todos los trabajadores y hay momentos en los que da la sensación de que se establecen determinados poderes o favores hacia determinados candidatos a la hora de elaborar esas listas, especialmente de la ponderación de la fase de concurso y de la fase de oposición. Porque en la oposición, especialmente en el sector educativo, hay gente joven con una magnífica formación, que está saliendo de nuestras facultades de Pedagogía o de Magisterio, y que se ven automáticamente, por brillante oposición que hagan, desplazados por la puntuación desmesurada que se hacía, y que se ha corregido, a favor del tiempo de trabajo como interino o eventual o sustituto. Esa es una situación, repito, que es delicada y que los sindicatos han manifestado el desacuerdo sobre la resolución, pero insisto en que a nosotros nos mueve el interés de la eficiencia, de la igualdad de las pruebas que la Constitución establece para acceder al empleo público, sea en condición de interinos o sea en la condición de titular o de fijo.

Pasando a los temas de falta de colaboración de las administraciones, ya he aludido al cambio de nuestras normas y decirles que el deber, el recordatorio del deber legal de colaboración de las administraciones con la institución del Diputado del Común... Han sido 382, que han tardado casi tres meses en contestar a la solicitudes de informe por parte del Diputado del Común, y 118, que esas ya van para casi cuatro meses de tardanza y que conduce, finalmente, a lo que ya he mencionado, a la declaración de obstruccionismo o al pase correspondiente, no tanto por considerar desacato a la institución, que en el derecho comparado, he comentado con los colegas de la Península, ha tenido muy poca posibilidad de desarrollo ante los tribunales, pero sí porque percibimos comportamientos ilegales, posibles responsabilidades penales, en la tramitación y en la información que recibimos de la Administración aludida. Y entonces esas son las situaciones en las que damos traslado al Ministerio Fiscal, no por el hecho de no contestar o de ser simplemente obstruccionista. Tenemos mucha prudencia en el tema de trasladar al Ministerio Fiscal posibles actuaciones de responsabilidad penal.

En cuanto a las quejas de oficio, ha habido un número similar a las del anterior informe y voy a referirme, por exigencias del tiempo, a las exenciones de impuestos de vehículos de tracción mecánica por varios ayuntamientos, que se pasaban en el rigor formalista de exigir a los discapacitados que eran pensionistas, y que pueden acreditar, por su condición de pensionistas de la Seguridad Social, que son discapacitados, que tenía que haber un informe correspondiente de alguna de las áreas, de algunas de la consejerías del Gobierno autónomo. Esto nos ha llevado a la resolución de tramitar esta queja y solicitar que se suprima esta exigencia, rigor, pasarse un poco de sus facultades, de algunos ayuntamientos.

Otra de las quejas de oficio significativas ha sido una relacionada con la aplicación, o, mejor, exención, del IBI de un ayuntamiento capitalino, que del 2002 al 2008 dio de baja, en la lista de cobradores o de pagadores, a una serie de personas propietarias de edificios protegidos en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en los distritos Vegueta-Triana. Esa bajada en la lista no vino precedida ni de cambio de ordenanzas ni de acuerdo plenario y es lo que ha motivado la tramitación de esta queja y la adopción de las medidas correspondientes.

En cuanto al Registro Civil en Puerto del Rosario, igualmente se ha resuelto, con base en la colaboración que tenemos con la administración de justicia en Canarias, se ha resuelto el atasco que existía en materia de nacionalidad en aquel juzgado.

También, queja de oficio significativa, que los gabinetes psicosociales que emiten informes requeridos por los tribunales, que se aceleren, que no queden ahí empantanados si hay sobre todo menores en los procedimientos afectados.

Igualmente, otra queja de oficio se refería a los colegios de abogados, porque notábamos que existían quejas sobre el tema de la asistencia gratuita de abogados, que en el caso de Santa Cruz de Tenerife llegaba a ser una lista de espera para varios meses, para luego saber cuál era el problema y qué abogado se le atribuía para la asistencia gratuita. Afortunadamente, como consecuencia de esa queja de oficio, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife ha ampliado el personal, ha mejorado notablemente el servicio y el tema ha quedado resuelto.

Hay, por último, por afectar a un derecho fundamental, otra queja de oficio sobre la grabación y difusión de los plenos en corporaciones locales y ha habido dos ayuntamientos que se negaban. La posición del Diputado del Común fue ratificada por sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a favor del grupo de la oposición que solicitaba tal derecho e igualmente está pendiente del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, de que responda a esta petición.

En cuanto a la supervisión de las administraciones públicas, capítulo VIII, en el que voy casi a concentrarme finalmente, quería referirme, en primer lugar, a la dependencia. Como ya dije anteriormente, ha habido cambios notables a partir del debate de la pasada primavera en esta Cámara.

En el año 2014, se presentaron 122 nuevas quejas, pero debemos decir que de las que estaban vivas, correspondientes a 2012 y 2013, el 72% fueron resueltas y archivadas: 60 por solución y 26 por causa sobrevenida, principalmente fallecimiento del solicitante. Esto se ha apreciado en su conjunto en la gestión a partir del último cuatrimestre del pasado año. ¿Por qué?, pues porque ya en los informes anteriores habíamos insistido en que el tema de la dependencia no era solo un problema de recursos económicos, que era un problema de gestión también, y que ha bastado cambiar el jefe de servicio o los jefes de servicio en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, que se ha atribuido a una sola persona, que la cosa se ha desatascado y empieza a funcionar, y como tal creo que todos debemos sentirnos satisfechos de que ello ocurra y en ello ha colaborado notablemente el director general, exdirector general, exviceconsejero y hoy miembro de esta Cámara, al que agradezco personalmente la colaboración que ha venido prestando en los tiempos en que fue responsable de la dependencia en el Gobierno de Canarias.

Sí nos preocupa -aunque de información posterior a la que se recoge en el informe debo decir que se ha corregido- que del 2014, de las 122 nuevas quejas en materia de dependencia solo se habían resuelto 7, se había desatascado el arrastre, pero en el 2014, cuando se hizo el informe, todavía no habíamos recibido los datos que corresponden ya al año 2015, donde se ha acelerado el proceso de tramitación y de solución de las quejas.

Hay un gran flujo de información que no se limita a los escritos que se intercambian, hay un contacto personal entre los asesores de la institución y los responsables políticos de la Administración. Me gusta que eso ocurra, porque no debemos quedarnos siempre en comunicaciones frías y escrito va, escrito viene, sino que sea el contacto personal y la comprensión de la situación. Que ocurre también en el área de industria, donde hay muchas quejas y que se encuentran con que hay equis ingenieros con una escasa formación jurídica que tienen que tramitar miles de quejas en relación con las conexiones eléctricas, con las tarifas eléctricas, etcétera, y que debe preverse en el futuro, cuando haya una oferta pública de empleo adecuada, que las áreas no son exclusivas de ingenieros ni de arquitectos sino que es necesario aplicar las normas correctamente y conocerlas.

También, en materia de dependencia, se han cubierto determinadas lagunas normativas que habíamos denunciado en informes anteriores.

Y, por último, ha habido una decisión importante que no se ha podido recoger en el informe, y es que en el mes de noviembre, según los datos de 31 de diciembre de 2014, que organiza y da, colabora el Imserso nacional con la información facilitada por cada una de las comunidades y ciudades autónomas, ha habido un salto cualitativo. ¿Por qué?, pues porque se ha decidido algo que era de decisión política -y me alegro que se haya adoptado-: que las ayudas a domicilio, que no constaban en el sistema nacional de dependencia, consten, es decir, personas... No es que se haya incrementado el número de beneficiarios, sino que el número de personas que, con cargo a cabildos, ayuntamientos o comunidad autónoma, venían recibiendo una ayuda a domicilio se han integrado en el sistema nacional de dependencia. Con lo cual la comunidad autónoma recibirá unas cantidades económicas, a las que estaba renunciando sin comprensión alguna ni justificación alguna, como ya recogimos en el informe de la dependencia, y hacíamos referencia al pasado, al informe del Tribunal de Cuentas del reino. De manera que esto sea dicho a favor de una gestión notablemente mejorada, lo cual no quita para que siga habiendo problemas, especialmente de recursos económicos, para atender las demandas de calificación de dependencia en nuestra comunidad autónoma, sobre todo que irán creciendo en la medida en que la población se irá envejeciendo notablemente.

En cuanto a discapacidad, ahí tenemos un problema con la comunidad autónoma. Es decir, seguimos siendo poco sensibles al deber de eliminar las barreras arquitectónicas. Y los escritos que van a los ayuntamientos, etcétera, incluso el otro día, visitando un ayuntamiento para dar una charla en un colegio, vi que en las plazas reservadas para aparcamientos de personas discapacitadas ponía el signo correspondiente, el logo, pero ponía "minusválidos". Esta expresión ha desaparecido de la legislación. "Minusválido" es un concepto ofensivo y es discapacidad el que se utiliza tanto en la Convención de Naciones Unidas como en la ley española. De manera que al mismo alcalde que acudió al acto se lo dije y espero que haya corregido, aunque son tantos los letreros que vi que algún coste tendrá. Pero, en fin, este es un ejemplo acerca de la falta de consignación en los presupuestos, no solo de la comunidad autónoma sino también de las corporaciones locales, de fondos para facilitar la eliminación, la superación de esas barreras arquitectónicas y que para futuros gobiernos y parlamentos que tengan a flor de piel esta exigencia.

Fíjense, en lo que afecta al Gobierno canario, la calificación de discapacidad, nos contesta, a finales de abril, el 30 de abril, que están citando a los que presentan solicitud en agosto del 2012. ¡Los están citando desde abril del 2014, personas que lo solicitaron en agosto del 2012! Comprenderán que es un plazo ofensivo para el ciudadano y que la igualdad en esos casos está muy lejos de la realidad. En consecuencia, aquí insisto en que la discapacidad es un problema.

También hay ejemplos positivos, como el funcionamiento de la concejalía de accesibilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la concejala en particular, y... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y el señor presidente le indica que prosiga), informes que elabora el Sinpromi; y en el caso del Cabildo de Gran Canaria, la Feria de Gran Canaria Accesible, que anualmente, creo que el tercer año, se va a celebrar la próxima semana. Son datos positivos que contrastan con la problemática general anterior.

En cuanto a la violencia de género, hemos vuelto a pedir que se paguen más rápidamente las ayudas económicas, porque, si la ley fija tres meses para las personas víctimas de violencia de género, pues, ha habido quejas que hablaban, y comprobaban, de veintitrés y doce meses, cada una de las dos quejas que hemos tramitado.

En servicios sociales, ya he hecho referencia a la nueva ley y a la confianza en que mejoren la prestación, y sé también que se ha incrementado la aportación presupuestaria en los últimos meses.

El tema de sanidad, salud pública. Como saben, hemos colaborado en el tema de las urgencias. A lo largo de todo el pasado año, representantes del Servicio Canario de Salud y asesores responsables del área de la Diputación del Común acudieron a distintas reuniones en la Península convocadas por la Defensora del Pueblo, que inició su mandato precisamente con una queja de oficio sobre la situación de los servicios de urgencias. Como consecuencia de toda esa colaboración y cooperación, se aprobó un texto a principios de enero del presente año y a él no me voy a referir pero sí decirles que se ha enviado a la consejería una resolución donde esperamos la respuesta.

Pero yo creo que en salud sobre todo interesa que se fijen en las primeras frases del texto del informe, donde señalamos la opinión, que es muy personal, obviamente, pero que me gustaría que fuese colectiva, es decir, que no se puede jugar políticamente con el tema de las listas de espera. Es decir, las listas de espera son un tema muy complejo. Los medios de comunicación a veces lo reducen a la persona particular que sufre un problema de larga espera y que no comprende, pero hay que comprender, primero, que hay especialidades donde no abundan los profesionales; segundo, que hay precedencias y alteraciones de la lista de espera como consecuencia de accidentes o de hechos imprevistos. Es decir, es un tema tan complejo que deberíamos sacarlo del debate político y propugnamos que haya en el futuro un pacto, o cuanto antes, un pacto de sanidad en Canarias para dejar resuelto o por lo menos encaminado y planificado el tema de las listas de espera.

En hacienda, pues, ya se señala la devolución importante que hemos logrado por multas y sanciones a los ciudadanos por importe de 132.577 euros.

Y otro de los temas que siguen preocupando profundamente es el tema de la vivienda. En el tema de la vivienda, pues, no hay transparencia, hay una gran opacidad en la información que se solicita. Y precisamente, en este año, las jornadas nacionales que se celebrarán en septiembre en Santander, que organiza la Defensora del Pueblo, están dedicadas a estudiar la vivienda pública, y están elaborando un cuestionario y hemos solicitado información, que he recibido antes de ayer. De manera que el tema sigue siendo, repito, de no responder, solicitudes de cifras de viviendas vacías, de viviendas subvencionadas las rentas de alquiler, etcétera, etcétera, y esperemos que haya aquí un cambio notable en la gestión para el próximo mandato a favor de los ciudadanos, porque, si hay veintitantos mil solicitantes de vivienda en Canarias y se han construido poco más de cien o doscientas en el mandato que concluye, es una cifra ya de por sí que habla sola.

En el tema del empleo ya he hecho referencia a los principios de igualdad, mérito y capacidad que tanto la Constitución como la jurisprudencia vienen reiterando.

Y en materia de educación -voy concluyendo, presidente- es significativo el grado de colaboración que hay con esta consejería, y debo reconocerlo y alegrarme de ello. Fíjense que de las quejas que se tramitan en materia educativa, sea universidad o antes de la universidad, solo en seis quejas ha habido que recurrir al recuerdo de cumplir el deber legal de cooperar con la institución, con el Diputado del Común. Es decir, que en el resto han colaborado, han contestado, han resuelto o no han resuelto, pero, en definitiva, han sido un buen ejemplo de funcionamiento de sus servicios en relación con las quejas educativas. Hay quejas en materia del estado de las infraestructuras y reparaciones. También hay que señalar que se ha reducido el grado de conflictividad escolar, porque el número de quejas igualmente ha disminuido, y que las direcciones y la colaboración de la consejería ha facilitado que haya paz en mayor grado en nuestras aulas de lo que había en anteriores años o informes.

Y, por último, en el tema del menor, ya he hecho referencia a los puntos de encuentro familiar, que debatimos en comisión; en el tema de los parques infantiles, igualmente estamos contando con una excelente colaboración de las fiscalías del menor, y espero que eso vaya a más.

Por último, quería despedirme y agradecer de nuevo a todos, a todos ustedes, tanto a los portavoces de los grupos parlamentarios, que han colaborado con este que les habla en las comisiones de Justicia y Desarrollo Autonómico, y me despido de los que se van, obviamente, pero también los que quieran volver, que vuelvan, que tengan suerte. Sé que algunos ya no intentan volver. A ellos va mi agradecimiento profundo, cualquiera que haya sido su participación, crítica o no crítica, en los años, en los tres años que llevo en esta institución. Y los que desean volver, repito, que tengan suerte y que contribuyan a que nos volvamos a encontrar en el año próximo en la presentación del informe correspondiente al presente año.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor diputado del común, por su detallada exposición de todo el trabajo hecho a lo largo del año 2014.

Para fijación de posiciones respecto al informe del señor Diputado del Común, Grupo Parlamentario Mixto, don Pedro Justo.

El señor JUSTO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor diputado del común, me alegra poder hablar aquí sobre el informe anual que ha presentado, porque no pude asistir yo a la comisión cuando lo presentó usted en comisión.

El informe es interesante, tiene un montón de datos que yo creo que reflejan que la institución del Diputado del Común en el año 2014 se ha movido bastante y lo ha hecho bastante bien. Han cambiado el criterio de ordenación del informe y han puesto en primer lugar el tema de las personas atendidas, que es relevante porque, como siempre el tema se centraba en el tema de las quejas, pues, claro, el tema de las quejas, que es un número relativamente pequeño, disminuye un poco o retrae un poco la relevancia de la actividad que tiene la institución. Entonces 19.373 personas atendidas yo creo que es un número bastante relevante y que es muy significativo.

En cuanto a las quejas, yo creo que lo más interesante es que se reducen las quejas vivas, lo cual quiere decir que hay una mayor eficiencia: de 359 el año pasado han quedado solo 242. Obviamente, cuanto menor sea el número de quejas vivas, sería lo preferible, pero creo que es un dato importante. También ahí hace una referencia al tema, el porcentaje de las quejas hacia qué instituciones se refiere: 46 % a la comunidad autónoma, 37 % a los ayuntamientos y 6 % a los cabildos. Y allí, aunque aquí no lo mencionó y sí lo mencionó en la comisión, hace un toque, en un sentido positivo, haciendo ver cómo, por ejemplo, el número de cabildos que han tenido quejas se ha reducido y los que no han tenido quejas han aumentado, pasando de ser, en el año pasado, 6, bueno, en el año pasado no, en el anterior, a ser 22, sin queja, en este año. Lo cual es positivo y es una de las cosas para las que puede servir el informe, para ver cuáles son las instituciones que van mejorando en su gestión y disminuyen las quejas de los ciudadanos.

Luego hace referencia al tema de las resoluciones, que son muy amplias, que allí pone que pueden ser sugerencias, pueden ser advertencias, pueden ser recomendaciones o pueden ser recordatorios. Se han hecho 65, de las cuales 30 están contestadas positivamente, 10 negativamente y hay 25 pendientes. Pero, por ejemplo, hace una afirmación contundente que es de tener en consideración, y es que en las pequeñas corporaciones locales el deterioro de las plantillas de funcionarios debido a los recortes ha ido disminuyendo la calidad de los funcionarios en activo, y eso hace que haya un montón de faltas de procedimiento, a veces muy sencillos o primarios, sobre todo vinculados al tema de hacienda, con lo que sería bastante positivo y bastante necesario intentar incrementar la formación de estos funcionarios.

Con el tema de las quejas de oficio, a mí me parecen muy significativas las que hacen referencia al tema de los pensionistas, que usted lo nombró. Se están haciendo embargos sobre pensiones que no se deberían hacer o se están exigiendo, digamos, excesos, por parte del funcionariado, excesos administrativos, en cuanto a tener que demostrar la situación de discapacidad, cuando ya se tiene, por ejemplo, aprobada por la Seguridad Social.

Yo quiero destacar dos cosas: una referente a la justicia, hace usted referencia al tema de los retrasos en los informes psicosociales de los juzgados de familia sobre los menores; y en el tema de política territorial hace usted mención a la inhibición de los ayuntamientos sobre obras ilegales. Esos dos temas los recogió también la memoria de la Fiscalía del año 2014 y los resaltó. En el caso concreto de política territorial, destacaba que el 80 % de las denuncias venían de ciudadanos individuales y el 20 % de la comunidad autónoma, pero que los servicios municipales tenían una inhibición absoluta sobre este tipo de situaciones.

A mí me parece positivo lo que usted ha comentado de la mejora de la eficiencia en el servicio, reduciendo de 225 días a 45 días el tema de las tramitaciones, y me parece significativa la referencia a los recordatorios que hace falta hacer a la Administración para que responda. Yo algunas veces he estado en el otro lado de la Administración: no nos gusta responder a las demandas del Diputado del Común, y me parece necesario que se vaya avanzando en este tema. Obviamente, el tema más llamativo, el tema que tuvo que pasar a la Fiscalía por obstruccionismo.

Con respecto al tema de las medidas administrativas, usted comenta el informe sobre los puntos de encuentro familiar. Yo creo que los dos informes especiales que se hicieron este año han sido muy positivos, tanto el de puntos de encuentro como el tema de la dependencia.

Y también hace referencia al informe sobre la Ley de Transparencia. En lo que ustedes presentaron había un elemento, que nosotros coincidíamos bastante en las propuestas que hizo la institución del Diputado del Común para mejorar la Ley de Transparencia. Y luego recordarle que nosotros planteamos que fuese la institución del Diputado del Común la que asumiese el Comisionado de Transparencia, porque pensábamos que, al igual que en otras autonomías, el Diputado del Común es la institución que mejor podría desarrollar el tema del control de la transparencia, como estaba planteado. Usted sabe que lo propusimos, que fue ampliamente negado, no se aprobó, pero nosotros seguimos creyendo que hubiera sido la mejor opción.

También hay que destacar el tema de hacienda. Ustedes han conseguido que los ciudadanos recuperen 132.500 euros en impuestos y tasas indebidamente cobrados. A nosotros nos parece que es muy positivo.

Otro elemento que nos parece muy positivo es que, en el tema de menores y en algún otro tema, hacen referencia a la falta de regulación o de ordenanzas. Uno de los temas, el tema de los parques infantiles, donde solo el municipio de Agüimes tenía ordenanzas; otro de los temas que ustedes citan es el tema de las ludotecas infantiles; y anteriormente ustedes habían citado también -que no tiene regulación- el tema de los centros de acogida, que tampoco tiene regulación. Muy importante también esa labor que realiza la institución haciendo ver las actividades que no están suficientemente reguladas.

En resumidas cuentas, nosotros diríamos que el año 2014 ha sido un buen año, que la institución ha funcionado bien y que ha tenido una gestión positiva. Pero a nosotros no nos parece eso el elemento más importante, a nosotros lo que nos parece más importante es que esta memoria lo que demuestra es que la institución es una institución necesaria e imprescindible; que es una institución que tiene su papel que jugar dentro de la estructura de poder de la comunidad autónoma; que es muy positivo que el ciudadano sepa que tiene una institución ante la que puede acudir para defenderse de las instituciones públicas. Y en ese sentido -yo sé que no toda la Cámara comparte esta opinión- consideramos que es una institución no solo a mantener sino a potenciar, desde nuestro punto de vista.

También consideramos que hay un elemento fundamental, y es el elemento de quién dirige la institución, y en este sentido nosotros pensamos que es muy importante que quien dirija esta institución sea una persona que tenga una gran independencia, es decir, que tenga capacidad para poder tener un cierto nivel de crítica con los gobiernos actuales, como se demostró, por ejemplo, en el informe del menor y sobre todo en el de dependencia, tiene que tener solidez política para saberse manejar en el batiburrillo de todas las instituciones políticas que hay y tiene que tener iniciativa y liderazgo. Ese es un tema que depende del Parlamento. El Parlamento puede elegir una persona que mantenga esos criterios o, por el contrario, puede elegir una persona, bien buscando que sea dócil, es decir, que no cree problemas al poder establecido -lo cual sería un error-, o bien que sirva como de retiro dorado de alguien que está terminando la carrera política. En ese sentido, aunque yo sé que usted está terminando la carrera política porque lo ha dicho expresamente y ha dicho que se retira el año que viene, yo creo que usted es un ejemplo de lo contrario: de una persona que ha demostrado que tiene independencia, capacidad política y que ha tenido iniciativa, y que teniendo eso la institución funciona bien. Depende mucho de quién gestione la institución se pueden hacer cosas o no. Yo creo que usted ha demostrado que ha tenido independencia. Se hicieron informes específicos sobre temas puntuales que tenían cierto nivel de conflictividad, y sobre los que yo creo que era importante haberse manifestado, y luego todo lo que yo le he dicho: o bien usted remarca situaciones en las que faltan, por ejemplo, ordenanzas o criterios legales para que las cosas estén reguladas o usted pone el toque crítico bien en que se retrasan determinadas cosas, que se ha incumplido en la tramitación administrativa, etcétera.

En resumidas cuentas, yo creo que el informe que usted presenta refleja, por un lado, que en el 2014 ha funcionado...

El señor PRESIDENTE: Un minuto, don Pedro.

El señor JUSTO BRITO: ... por un lado, que en el 2014 ha funcionado bien la institución, pero sobre todo lo que demuestra es que es una institución necesaria y que, bien gestionada, hace un papel que no solo no hay que quitar sino que, desde nuestro punto de vista, hay que potenciar. Nosotros, vamos, ya le dije antes que pensábamos que había que potenciarla tanto que hubiéramos preferido que usted llevase también el tema de la transparencia. Pero, con todas las cuestiones que puede llevar de la institución, yo creo que se hace una labor que es necesaria. Imprescindible: un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía de la labor que hace, porque yo creo que es una institución que todavía no está suficientemente reconocida a nivel de la ciudadanía, y muy probablemente potenciar más la posibilidad de que se gestione digitalmente o directamente por las nuevas tecnologías acudir a ustedes, que seguramente eso redundaría en una mayor amplitud en su actividad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pedro Justo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo Palarea.

El señor FAJARDO PALAREA: Buenos días, señor diputado del común y equipo de personas que le acompañan. Señorías.

Es difícil, después de la prolija intervención del diputado del común, añadir algunos puntos nuevos a lo que es el informe correspondiente al año 2014 y después también de la intervención de don Pedro Justo, pero he de decir, como dije en la comisión, que hay seis aspectos destacables en lo que se podría denominar la presentación del informe del Diputado del Común.

En primero lugar, que hay un aumento de las quejas. Y especificaba muy bien el diputado del común en comisión que las quejas no solamente son aquellas, se cuantifican aquellas que formalmente se llegan a tramitar, sino que hay otras múltiples quejas que incluso se resuelven por medio de llamadas telefónicas.

La mención que hace al informe extraordinario que sobre dependencia presentó y se debatió en este Parlamento, y yo creo que fue un acicate y un impulso, fue espolear a la Administración y ha dado los resultados positivos que usted ha mencionado.

En cuanto al aforamiento, como le recordé en la comisión, el escrito que usted dirigió entendiendo que constituía una situación inaceptable la diferencia que supone el aforamiento del Diputado del Común con respecto al resto de los ciudadanos, le manifestaba que, en el artículo 38 del nuevo Estatuto de Autonomía que estamos tramitando los Grupos Nacionalista y Socialista, hemos circunscrito el aforamiento, con respecto a a los diputados y diputadas de este Parlamento, a aquellas actividades o aquellos actos que comentan en el ejercicio de sus funciones; o sea, solo y exclusivamente en el ejercicio de sus funciones.

Y también hablaba usted, en los puntos de encuentro familiar, en el informe, de los puntos de encuentro familiar y, como bien ha reconocido, su recomendación ha sido aceptada por la Consejería de Presidencia.

En cuanto a la colaboración de las administraciones, usted habla de que ha habido una mejora con respecto, comparativamente, con respecto al año 2013, pero sigue quejándose -y además con razón- de que, efectivamente, hay algunas administraciones que todavía son muy renuentes a colaborar con el Diputado del Común.

Y luego, en cuanto al acortamiento de los plazos, era una cuestión que usted ya debatió en el año 2013 en el informe y que, obviamente, no es de recibo que aquellas personas que se quejan de la falta de respuesta o de celeridad en la misma por parte de las administraciones públicas con respecto a sus reclamaciones tuvieran el mismo trato por parte del Diputado del Común. O sea, que felicitación por ese acortamiento de los plazos en la respuesta a los ciudadanos.

En dependencia, como ya hemos dicho -y voy a ir muy rápido-, usted ha valorado muy positivamente el cambio habido, incluso ha citado personalmente al que entiende uno de los responsables, incluso hace una reflexión que yo comparto y que hemos compartido en este Parlamento: que no es solamente una cuestión de dinero sino una cuestión de gestión. Y habla usted de que, efectivamente, con respecto al año 2013 se ha resuelto, por mor de ese informe, que ha servido para espolear a la Administración, un 72% de las reclamaciones pendientes. Hombre, no me gusta que algunas se hayan resuelto por el fallecimiento de la persona que estaba pidiendo el derecho, que se le reconociera el derecho, pero también, como le felicité en comisión, sí me agrada que usted haya hecho un asesoramiento no solamente para los recursos en vía administrativa sino incluso para la posibilidad -asesorar a los familiares de los fallecidos-, la posibilidad de reclamar a la Administración por un anormal funcionamiento de la misma.

Los motivos principales de dependencia vienen detallados en su informe. Haciendo una comparativa, habla usted de que aumenta el número de dictámenes sobre el grado de dependencia, el número de personas con un programa individual de atención -PIA- y, por consiguiente, el número de prestaciones reconocidas. Pero también reconoce -hay que hablar de lo bueno y de lo malo, que para eso está el Diputado del Común, no para halagar al Gobierno o a las diferentes administraciones públicas, sino para coadyuvar a solucionar los problemas de los ciudadanos-, habla usted de un problema, que a mí me preocupa también, que son aquellas personas que están en el limbo, como usted lo define, de la dependencia, es decir, aquellas personas que tienen derecho a estar incorporadas en el nuevo sistema pero que siguen a la espera de la correspondiente resolución que les reconozca, efectivamente, ese derecho.

Con respecto a la discapacidad, le informé que en este Parlamento, por mor del gran trabajo realizado por los diferentes portavoces en este tema, se ha emitido un dictamen sobre la discapacidad que fue aprobado por unanimidad en el último pleno y yo creo que recoge en gran parte las cuestiones que usted refleja en su informe. Da usted unas cifras que a mí me alarman. En una hay un año y ocho meses de tardanza en la respuesta a una queja y en otra, un año y dos meses. Y coincido con usted, o sea, en el reconocimiento de la discapacidad hay que hacerlo en plazo, hay que hacerlo lo antes posible, porque ese reconocimiento da lugar a una mayor calidad de vida del discapacitado. ¿Por qué?, porque ese reconocimiento da derecho a muchos derechos -valga la redundancia-, de los que usted, de forma prolija, habla en su informe.

En cuanto a la accesibilidad universal, don Jerónimo, hace poco acabamos de hacer una obra en este Parlamento para solventar el problema de la accesibilidad. Y recojo con usted, y estoy de acuerdo con usted, el llamamiento que hace usted a todas las administraciones públicas canarias para que sean más sensibles con este tema. Al igual que coincido con usted en que el órgano colegiado, que es el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, pues, no está cumpliendo, desgraciadamente, con las competencias que tiene asignadas. Y también valoro positivamente que usted haga, igual que mira lo malo, haga un reconocimiento expreso al Ayuntamiento de Las Palmas, al Cabildo de Gran Canaria y al Cabildo de Tenerife en cuanto a esta materia.

En el área de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género, hace usted una serie de consideraciones y una valoración sobre las quejas que se están recibiendo. Y en esto hago una referencia al colectivo LGTB de Canarias, donde usted recoge una queja, y, en definitiva, viene a concluir que es una cuestión de educación, y estoy totalmente de acuerdo con usted, hay que educar desde niños, a los niños y a las niñas, desde el colegio, en valores como la tolerancia, en valores como la aceptación de la diversidad. Desde la educación, desde esa primera edad, seguro que si lo hiciéramos mejor en esa cuestión no tendríamos los problemas que tenemos en otras ocasiones.

En el área de servicios sociales, usted habla del tema, fundamentalmente del tema de la PCI. Mire, lo resumo todo en una frase de la que usted habla: no es de recibo que una familia con niños a cargo tenga que soportar plazos superiores a los seis meses que establece la legislación cuando no cuenta con ningún otro tipo de ingresos para esperar la resolución favorable o no a su solicitud de PCI. Este es un tema que es importante. Le dije en la comisión que el Gobierno había destinado 4 millones de euros nuevos para este tema. Y es un tema que es tan importante que no podemos permitirnos el lujo de poder contestar a una queja del Diputado del Común diciendo -igual que pasa en vivienda, ley de la que fui ponente y de la que mi partido fue partícipe- que el problema ahí es que no hay presupuesto. Hay que presupuestar, hay que presupuestar bien y hay que responder de la forma adecuada a los ciudadanos.

Con respecto al área de salud y sanidad pública, comparto totalmente con usted el gran pacto por la sanidad en Canarias. Y comparto totalmente con usted y difiero de aquellos que dicen que los informes del Diputado del Común deben ser informes estereotipados donde solamente se haga mención a las quejas. En el informe del Diputado del Común el Diputado del Común está en la obligación de hacer también valoraciones de carácter personal.

Estoy totalmente de acuerdo con usted con que las listas de espera no pueden ser un arma arrojadiza desde el punto de vista político, porque detrás de cada número de la lista de espera hay una persona y una familia. Y esos problemas son los que nos tienen que preocupar a los parlamentarios que representamos a todos los canarios en esta Cámara.

En el área de justicia, se redunda en los problemas de las dilaciones indebidas. Es un problema que tenemos cronificado.

En el tema de hacienda, repetir otra vez lo mismo: los cobros indebidos. La publicación por el BOC... Curioso, no se sabe el domicilio, se publica en el BOC y, sin embargo, cuando hay que ejecutar o embargar... Incluso me preocupa mucho el embargo, por encima de lo que marcan las leyes civiles, de las nóminas de determinadas personas. Se sabe inmediatamente el domicilio, pero, curiosamente, justo cuando hay que embargar, durante todo el procedimiento no se conoce.

En el área de política territorial, hizo una mención el señor Justo. Mire, yo lo defino como mirar para otro lado, pero esto se está acabando, señor diputado del común, porque con la especialización de fiscales y de jueces, gracias a Dios, entiendo que tanto en el área de política territorial como en el área de medio ambiente se está acabando con ese juego de mirar para otro lado, de no actuar, de beneficiar al infractor, de dar el mensaje a la ciudadanía, al infractor, de que vale la pena infringir la ley, porque al final con una multa resuelves el problema y con el agravio comparativo que supone a todos aquellos que cumplen la ley. Totalmente de acuerdo con usted. Y además usted lo define de una forma contundente, cuando dice que la Administración pública competente actúa de forma torpe, ineficiente y logra dar cobertura necesaria para amparar a los...

El señor PRESIDENTE: Sí, puede continuar. Un minuto.

El señor FAJARDO PALAREA: Todo lo contrario a lo que debería ser el normal funcionamiento de una Administración.

Termino. Me quedan áreas, quería hablar de la contaminación acústica, no quería hablar de los Carnavales, pero tiene que ver con la contaminación acústica, con la seguridad de algunos recintos. Pero termino con dos preguntas, una reflexión y un deseo.

Las preguntas se las hice en la comisión, me las hice y las respondí. ¿La institución del Diputado del Común es necesaria? Yo creo que sí. ¿Se hubiera avanzando en temas como dependencia, en puntos de encuentro familiar, en vivienda o en discapacidad o en sanidad o en protección de derechos de menores si no hubiera existido la figura del Diputado del Común? Yo creo que no, al ritmo que se ha avanzado.

Y una reflexión. Cuando las administraciones públicas vean en la figura del Diputado del Común la de un leal colaborador, coadyuvante para dar solución a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias y así sea percibida por los ciudadanos, será cuando se disipe cualquier duda, cualquier duda, sobre la existencia, la conveniencia o no de la existencia de la figura del Diputado del Común.

Y el deseo es que así sea en el futuro y se mejore la...

El señor PRESIDENTE: Sí, sí. Muchas gracias, don Manuel Fajardo. Sí, me pedía usted unas palabras de despedida: por supuesto.

El señor FAJARDO PALAREA: Para despedirme del señor diputado del común, porque yo no volveré a intervenir.

De los diputados me despedí hace dos plenos y nombré a cada uno de los diputados de mi grupo, incluidos los miembros del Gobierno, o diputados, el resto de diputados, igual. A los que repiten, a los que no repiten y a los que siempre repiten, pero a mí no me gusta señalar, si se me permite la licencia. Pero quería despedirme también, quería despedirme también, de los trabajadores de esta Cámara y de los medios de comunicación. De todos esos trabajadores que, incluidos los de los grupos, que trabajan en esta Cámara parlamentaria, que nos hacen más fácil el trabajo, que colaboran con nosotros, que coadyuvan con nosotros para solucionar los problemas de todos los canarios. Todos esos trabajadores a los que no voy a nombrar por categoría porque todos me han demostrado, en estos ocho años que he estado en esta Cámara, una categoría personal insuperable. A todos los trabajadores del Parlamento muchas gracias por haberme aguantado. Y a ustedes, estoy a su entera disposición, a nivel personal, para lo que necesiten en el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Igualmente, don Manuel Fajardo, también usted ha cumplido aquí muy brillantemente su misión.

Por el Grupo Nacionalista Canario, doña Flora Marrero Ramos.

La señora MARRERO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado del común, bienvenido un año más a esta Cámara, a su equipo y en especial a su jefe de gabinete, a Luis Carlos, que es un reflejo de lo que es usted.

Decía en la comisión que su responsabilidad no le permite estar afiliado a ningún partido político, pero usted, al frente de la institución del Diputado del Común, ha hecho política, en el sentido más amplio y más noble de la palabra. Me refiero a todas las diligencias que hace por las competencias que tiene. Según vamos viendo a lo largo del informe y de las propias respuestas que nos da, cada vez, cuando usted se dirige a la Administración, bien lo haga con las recomendaciones o con esas llamadas telefónicas que usted hace, cada vez usted tiene -y se lo ha ganado a lo largo de su gestión al frente de la institución- más auctoritas, que es, como usted bien dijo en alguna ocasión, quien resuelve los problemas, resuelve más un problema la auctoritas que la autoridad. Y eso se refleja en la mayor receptividad que se encuentra por parte de las administraciones y usted mismo acaba de exponer que en las resoluciones o las contestaciones, pues, ve que existe más agilidad. Se atienden más sus recomendaciones y ello redunda, además, en una mejora de las administraciones públicas.

Usted hablaba de la reducción, dentro de la propia institución, de las quejas, de esos 225 a 45 días, y al final de lo que estamos hablando es de la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la ciudadanía canaria, la que vive en el archipiélago y la que está en el exterior, que también hacen quejas, como vemos, las personas residentes en el exterior. Hemos visto quejas de Cuba, de Perú y de diferentes comunidades autónomas, de Suiza también.

Decía usted, en el treinta aniversario de la institución, que el incremento de las quejas por parte de la ciudadanía es fruto de una sociedad cada vez más consciente de sus derechos y promoviendo a la vez el desarrollo de una mayor conciencia democrática. Y yo quiero poner en valor esto; cuando se está cuestionando nuestro sistema democrático, nuestro Estado social y democrático de derecho, creo que tenemos que poner en valor ese acercamiento de la ciudadanía a las diferentes institucionales, inclusive a la del Diputado del Común, expresando una queja, porque esto es una garantía de nuestro sistema democrático, y lo digo, que se está poniendo en cuestión, y a mí me parece que usted colabora, pues, que fue fruto de la Transición, colaboró, y me parece que es importante.

Creemos, por ello, y lo decimos una vez más desde el Grupo Parlamentario Nacionalista, en la necesidad de la institución del Diputado del Común. Cada queja refleja el anormal funcionamiento de la Administración, pero también ha servido -y usted lo ha expresado en el informe y lo acaba de decir ahora- para mejorar. Y ese es el objeto, mejorar.

Poner en valor el informe también extraordinario sobre la situación de dependencia a mí me parece que fue un acierto, porque, además, sirvió para mejorar la gestión.

El informe, además, a mí nunca me gusta verlo como un documento aislado, como estos folios que están aquí, porque es imprescindible -a quienes nos gusta y hemos trabajado durante años con este informe-, es imprescindible acudir a la página web para completar este informe. Quien se quede solo con el informe, pues, lógicamente tendrá una visión parcial de lo que significa. ¿Por qué digo esto?, porque hay cientos de quejas, donde podemos analizarlo de manera pormenorizada, cientos de quejas recogidas en las diferentes preguntas, algunas con nombres, otras anónimas, y la última -que tuve ocasión de verlo ayer por la tarde- del 10 de abril, donde hacía una referencia sobre el catastro. Y a mí me parecen interesantes esas quejas que se ven, porque además está el tiempo de cuando las formulan y cuando se les responde. Y digo esto porque a mí me parece que las diferentes administraciones, las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias deberían, deberían acudir a la institución del Diputado del Común y ver, pues, de manera periódica, las quejas que les afectan, no que se las dirija usted, sino que se hiciesen de oficio. Y además es muy fácil, porque están recogidas en los diferentes canales temáticos.

Y, dentro de los canales temáticos, no voy a reiterar lo que han dicho los compañeros en relación con las diferentes quejas, pero sí quiero pararme, dentro de los canales temáticos, en el apartado de "otros temas", que a mí me parece que es interesante cuando uno lo pincha. ¿Por qué lo digo?, porque quiero destacar, y porque ha sido una reivindicación desde nuestro grupo parlamentario, ese trabajo que se está desempeñando por los centros educativos. Me parece que es importantísimo que los chicos y las chicas en los centros educativos conozcan y oigan hablar de la institución del Diputado del Común. Yo les decía inclusive en la comisión parlamentaria que, cuando en este Parlamento se hacen visitas, como usted depende directamente del Parlamento, se debería hablar de la institución del Diputado del Común, cuando se pone ese vídeo y cuando se les habla, es imposible la visita porque es un sitio estrecho, pero sí que me parece que debería ser también trabajo del Parlamento. Por eso pongo en valor ese desplazamiento que usted hace a los centros educativos, me parece que es importantísimo.

Yo también inclusive le he pedido campañas puntuales, porque me parece que es importante. Aunque cuesten dinero, porque eso va a ser en beneficio de la ciudadanía.

Quiero felicitarle por la mejora en las redes sociales. Le recuerdo que el año pasado yo le decía que hacía como siete u ocho días que no se ponía nada, ahora están actualizadas; es decir, se conoce dónde va el Diputado del Común, lo que hace, pues, si vino al debate de la nacionalidad... Me parece que es importantísima esa inmediatez, porque eso sirve, y hoy en día las redes sociales son imprescindibles.

Usted hacía referencia ahora a su renuncia a su aforamiento. A mí llamó también la atención y me gusta, usted sabe que soy, muy curiosa no, sino que me interesa ver siempre las cosas entre líneas, y esa carta que usted cursó el 14 de julio de 2014 señalaba que lo hacía para coincidir -y decía textualmente en esa carta- con el sentir de la ciudadanía. Eso es ni más ni menos lo que se está pidiendo en la calle, que se la escuche, y usted es un reflejo de lo que sucede, y eso deberíamos hacer todas las personas que tenemos responsabilidad pública. Escuchar y aplicar, no solo escuchar sino aplicar, y esta carta no es una iniciativa suya, motu proprio, no lo es, es una iniciativa porque usted está en la calle y seguramente en más de una ocasión, pues, en esos debates, en esas polémicas que ha habido, y usted lo que ha recogido es el sentir de la calle. A mí me parece que eso es importante por lo que representa la institución.

Quiero, además, pedirle un año más, un año más, porque tengo que hacerlo por un tema de compromiso con las políticas de igualdad, pedirle, cuando usted pueda -sabemos las dificultades, lo hemos hablado muchísimas veces, estamos en el pleno, va a quedar reflejado en el Diario de Sesiones-, la creación de la Adjuntía de Igualdad, que usted sabe que lo recoge la Ley Canaria de Igualdad. Y lo quiero poner en valor porque usted mismo ha visto que, cuando se han puesto las gráficas, las estadísticas por género, son muy significativas. Vemos que, por ejemplo, las mujeres acudimos más personalmente a la institución del Diputado del Común, casi un cincuenta y cuatro por ciento, frente a un 46%, los hombres. Las consultas telefónicas es, quizás, el medio más rápido, estamos hablando de casi 7.408, y me parece que es un reto el incrementar el trabajo en las redes sociales. Por eso yo digo, hacía referencia a la divulgación de la institución.

En relación con las quejas inadmitidas, sigue habiendo más quejas inadmitidas por parte de los hombres que por parte de las mujeres. Yo siempre quiero decir que, cuando vamos a un sitio, estamos mejor informadas. No es una regla, pero quizás las mujeres somos más prácticas.

Me parecen también importantes dos datos. Uno, el número de quejas inadmitidas, que suele obedecer muchas veces al desconocimiento de las propias competencias del Diputado del Común, pero sí poner en valor las 216 que usted traslada al Defensor del Pueblo. ¿Por qué digo eso?, porque cuando una persona se queja, y no es competencia, no queda ahí, es decir, no queda muerta y usted le diga, "pues, vaya usted a la ventanilla siguiente", sino que usted le da curso. Y me parece que eso es una garantía de esa coordinación del trabajo de la institución, en este caso, con la Defensora del Pueblo.

Por procedencia geográfica, siguen siendo de Gran Canaria y Tenerife las quejas sustanciadas. Yo creo, lógicamente, es por un tema de población.

Después también vemos cómo, si vemos los informes de otros años, cómo van cambiando por áreas. Este año, el área de Economía y Hacienda es la que más quejas ha tenido, un 11,8 %, y la menos Agricultura...

El señor PRESIDENTE: Un minuto, doña Flora.

La señora MARRERO RAMOS: Vale.

Sí me preocupa el tema de los requerimientos.

Y yo quiero, para terminar, decirle una reflexión personal. Quiero decirle que es importante leer el documento del Diputado del Común, he aprendido muchísimo lógicamente, pero para mí lo más importante como diputada ha sido la cercanía hacia usted, como don Jerónimo Saavedra. ¿Por qué?, pues porque cuando yo empecé en política ya usted era un referente, con independencia de la posición ideológica, y la disposición que usted siempre ha tenido para atender, siempre que hemos acudido a cualquier consulta usted lo hacía con esa cercanía, con esa grandeza, con esa sabiduría, y a mí me parece que usted pone en valor el trabajo que desempeña. A mí me sirve como referencia. Y sobre todo esa cercanía que tiene siempre, ese saber estar. Por eso le quiero dar gracias de corazón.

Y, para terminar, el compañero don Manuel Fajardo ha dado gracias a todo el personal de este Parlamento y yo quiero hacer un agradecimiento especial a las señoras de la limpieza.

Muchas gracias.

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Moreno Bravo.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Señor diputado del común, bienvenido, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y vaya por delante mi saludo afectuoso y respetuoso.

Quiero hacer una pequeña cuña. No se dice personas discapacitadas ni minusválidas, como usted ha mantenido en esta tribuna, sino personas con discapacidad. En ocasiones los cambios de tendencia se inician con un cambio de léxico, siempre ha sido así, y en esto el colectivo siempre es puntero y quisquilloso en ese aspecto, en cuanto al uso del lenguaje. Por tanto, le ruego, además, cuando se ha creado aquí la Comisión de Discapacidad en este Parlamento, que usted, como alto comisionado, debería tal vez haber conocido las iniciativas legislativas que se han producido durante esta legislatura. Eso en primer lugar.

Y, en segundo lugar, lo que quiero destacar es que la obligación reglamentaria que tengo de hablar en último lugar ocasiona, en multitud de las veces en que me he subido a esta tribuna para hablar, por quinta vez, de su informe, del Diputado del Común -cuatro con usted y el anterior, Manuel Alcaide, el del 2010-, que me reitere en gran parte de los argumentos que se producen por parte de los que me preceden en el uso de la palabra en relación con la casuística que se recoge sobre las quejas en su informe. Por tanto, eso significa que habría una coincidencia casi absoluta con los argumentos de mis compañeros anteriores. Pero ello no impide que aborde algunas de las cuestiones que considero esenciales y vitales por parte de mi grupo y que viene a concretar los excesos que ha realizado usted como Diputado del Común a lo largo de su mandato en sus informes, en este y en los anteriores, porque esa ha sido la tónica habitual, excesos de valoración política.

Se acuerda usted de que el año pasado nos sorprendía cuando manifestaba que era tirar piedras contra la estructura del sistema democrático, posiciones contrarias al proceso democrático, las de aquellos que manteníamos la necesidad de proceder a la supresión de su institución, y lo cierto es que, tal como están las cosas, señor Saavedra, yo le digo que, con el nuevo horizonte político que se avecina y la nueva entrada de fuerzas seguramente en el arco parlamentario, a lo mejor son más y no solo el Grupo Parlamentario Popular los que empiece a unirse en relación con la petición de la desaparición de su defensoría.

Sirva como recuerdo -y se lo digo porque no quiero que quede en el olvido- que la posición que defendíamos desde mi grupo era que su actividad fuese asumida por los sesenta diputados de esta Cámara como ocurre o se produce, a semejanza o similitud de otros ordenamientos jurídicos en el derecho comparado, en ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, y además porque tildar de falta de cultura democrática a esas posiciones no tiene mucho sentido. Sepa usted que existen comunidades autónomas en las que no hay la figura del Diputado del Común y por ello no son comunidades autónomas de segunda división ni mucho menos los ciudadanos ven cercenada la defensa de sus derechos fundamentales y libertades públicas.

Así las cosas, en el informe actual, el del año 2014, vuelve a entrar usted de lleno en cuestiones de calado político, que además las ha vuelto a traer a esta tribuna, no ha podido usted evitarlo. Como tuvo la sensación, como tuvo la sensación de quedar un poco descolocado en las críticas que hice en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, yo ahora se lo vuelvo a traer aquí.

Creo que usted se ha excedido políticamente, y le explico por qué: porque usted, en el Diputado del Común, y hoy lo ha vuelto a decir, quería que las competencias del Comisionado, en la Ley de Transparencia, la 12/2014, que se aprobó soberanamente en este Parlamento, le hubiesen llevado a usted las competencias. Y le voy a decir: esa ley fue objeto de un proceso de negociación arduo en el que todos los grupos parlamentarios supimos ceder, y supimos ceder para que al final surgiese una ley con vocación de permanencia e incluso, en algunos aspectos, superando con creces la legislación nacional.

Y ante esta situación solo cabe preguntarse, señor Saavedra, qué pretendía usted, qué pretendía usted elaborando un informe en el que quería asumir las competencias del comisionado garante de la transparencia en Canarias. ¿Es esa una de las funciones de la defensoría autonómica? Yo le digo a usted que no, absolutamente y rotundamente no. Usted no es un consejo consultivo paralelo, usted no es un asesor del Gobierno de Canarias y menos, por supuesto, un asesor de este Parlamento soberano. Por tanto, esa no era su función y hoy viene incluso a decirnos y a justificarse que sí, pero yo le voy a recordar a usted: los artículos 36 y 37 de su ley reguladora, don Jerónimo Saavedra -que usted la conocerá mejor que yo-, establecen que las recomendaciones, sugerencias, recomendaciones, recordatorios y advertencias se produzcan solo, uno, cuando debe postularse la modificación de criterios respecto a actos y resoluciones de la Administración; dos, cuando se producen situaciones injustas o perjudiciales para los administrados; o, tres, cuando se produzca la dilación de los derechos fundamentales y libertades públicas. Y yo le pregunto: ¿había algo de esto cuando estábamos debatiendo o se presentó el proyecto de ley al Parlamento por parte del Gobierno de Canarias, de la Ley de Transparencia? No, no lo había, y usted esto no lo tenía que haber hecho. Ni se producía una vulneración de derechos y libertades públicas ni era necesario que usted interviniese en pleno debate parlamentario.

Pero me da la sensación de que usted lo que quería hacer, señor Saavedra, era que, si asumo las competencias de la transparencia, justifico mis 2.600.000 euros de gasto anuales: a más competencias, mayor justificación. Y lo cierto es que se fue usted por los medios periodísticos defendiendo, aquí y allá, la necesidad de asumir esas competencias. Con lo que no contaba usted es que el artículo 62 de esa ley, de conformidad con todos los grupos políticos, estableció que las competencias de la Ley de Transparencia se harían a través de un comisionado que tendría el apoyo técnico, jurídico y administrativo de los funcionarios de esta Cámara.

No quiero tampoco que se vaya usted sin saber que había reparos políticos por parte del Gobierno y por parte de los Grupos Socialista y Nacionalista, que entendían que entregarle a usted la transparencia distorsionaba el control de la misma.

Lo cierto, por tanto, es que usted sabía que en el mundo proceloso del derecho -y usted como jurista lo sabe- en ocasiones existen posiciones diversas, dispares, distintas y usted sabía que este Parlamento tenía la posibilidad de optar, en el ejercicio de su soberanía, por la situación de no darle a usted para nada las competencias de la transparencia. Y nosotros, que sepa y conste, no le quitamos nada, absolutamente nada, me refiero al Grupo Parlamentario Popular, y, si no, pregúnteles a sus compañeros, antiguos compañeros socialistas, que, según creo, serán futuros, tal como manifiesta usted en los medios de comunicación.

Pero por lo demás, y pese a estas buenas intenciones que le veo a usted a lo largo de sus informes y valoraciones desmedidas en el ámbito político... -que como ciudadano tiene usted absoluto derecho a hacer, ¡faltaría más!, pero no como Diputado del Común, rompiendo lo que disponen los artículo 36 y 37 de su ley reguladora-. Pero, fíjese usted, el año pasado, cuando subió aquí y cuando estuvo en la Comisión de Gobernación, para dar un poco de impulso a la actividad de su institución, dijo que el año 2014 iba a ser el año esencial de incremento de las quejas del Diputado del Común. Eso nos lo venía usted preparando. ¿Y qué es lo que ha ocurrido?: que a fin de año 2014 vemos que de 1.604 quejas del año 2013 hemos pasado a 1.648 quejas del año 2014. 44 quejas. Lo que confirma que los ciudadanos, después de treinta años de antigüedad de su institución, saben que es mejor no acudir a usted porque no sirve absolutamente para nada.

En el área de Dependencia, que ha traído usted también a colación, me gustaría poner de manifiesto -y me remito a sus declaraciones- que todo parece ser debido, la crisis de lo que podíamos llamar la cuestión de la dependencia ha sido solo debida a una mala gestión por un funcionario. Hoy cambiamos un jefe de servicio aquí, ponemos otro jefe de servicio aquí y se ha solucionado el problema de la dependencia en Canarias. No, si ahora resulta que el Gobierno de Canarias se va a ir de rositas en el tema de la dependencia porque, en el último tramo de la legislatura, después de estar años y años dejando los expedientes sin resolver, un nuevo jefe de servicio puesto por el antiguo director general ha solucionado, de forma sorprendente, los expedientes de la dependencia. Señor Saavedra, el inasumible esa posición. Pero, bueno, todo está para decirlo. ¡Y además esto significa también que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, yo digo que este cambio de jefe de servicio es el adecuado y culpo a la función pública canaria de ser la causante de los problemas de la dependencia en Canarias! Hoy me gustaría saber dónde están aquí los defensores de lo público, a esos a los que se les llena la boca en defender la función pública en este Parlamento dentro y fuera. Yo hoy los defiendo, yo soy función pública dentro y fuera y me gustaría haber oído unas palabras... Se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y el señor presidente le concede un minuto adicional). Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría haber oído aquí unas palabras de apoyo a los funcionarios públicos, al conjunto de funcionarios públicos, de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Mire, acabo, señor Saavedra, le felicito por estos años, por supuesto como persona y como institución, de hecho mi saludo respetuoso desde el inicio, es verdad, respetuoso y reconozco sus antecedentes políticos, pero solo le voy a decir una cosa: creo que usted no ha sabido medirse, le acuso de no haberse sabido medir, sus palabras y sus valoraciones políticas, y eso, sinceramente, no es nada bueno en el tiempo que estamos para la institución del Diputado del Común.

Nada más y muchas gracias.

(El señor Cabrera Pérez-Camacho solicita intervenir.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Moreno.

Sí. Dígame, don Miguel, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho.

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): Para manifestar mi discrepancia.

El señor PRESIDENTE: ¿Usted pide una cuestión del orden?

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): Sí.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Tiene un minuto.

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): Simplemente quiero dejar claro, como he hecho ya en otra ocasión, que discrepo absolutamente, total y frontalmente de la petición que ha hecho el portavoz de mi grupo de suprimir la institución del Diputado del Común y pienso que, para apreciar la figura política del Diputado del Común, hace falta conocer muy bien la historia de Canarias y sentirse algo canario.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Queda constancia en el Diario de Sesiones.

Concluido el informe del señor Diputado del Común y fijadas las posiciones de los grupos parlamentarios, yo quiero, en primer lugar, recordar que para esta Cámara, para este presidente, que tuvimos ocasión de designar a don Jerónimo Saavedra como Diputado del Común en tiempos de incertidumbre y de turbulencias, pues, creo que, por encima de las opiniones respetables de cada quien, ha hecho una gestión muy eficaz, ha mejorado la imagen de la institución y ha reducido el gasto de la institución. A título personal, don Jerónimo, muchas gracias, enhorabuena por su trabajo y esperemos que siga en esa línea en el futuro.

Muchas gracias.

(Aplausos.)

Bien, señorías, muchas gracias.