Diario de Sesiones 17, de fecha 25/11/2015
Punto 5

9L/PNL-0079 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS, SOBRE CALIDAD DE EMPLEO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

La señora PRESIDENTA: Continuamos. PNL del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la calidad de empleo en la contratación pública.

Para la defensa, tiene la palabra la señora Santana

La señora SANTANA PERERA: Señorías, muy buenas tardes (abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

Ninguna sorpresa ha debido causar o debiera causar a los presentes hoy en esta Cámara que las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística sitúen el salario medio anual de los trabajadores del archipiélago, los trabajadores de esta tierra, en 3116 euros por debajo de la media estatal, así como también una reducción del valor del mismo desde el año 2007, desde el año 2007 hasta el año 2015, de en torno al 7 %. Estos datos, que por sí solos ya nos parecen preocupantes en extremo, si además se suman a los que se refieren, por ejemplo, a que Canarias tiene la tercera cesta de la compra más cara, más alta de todo el Estado español; a que los alquileres por vivienda, por ejemplo, se han incrementado en el último año en un 4,75 % con respecto al año anterior; por no hablar de las tasas de desempleo, que ya las hemos nombrado reiteradamente, no solo desde nuestro grupo parlamentario sino desde los distintos grupos, de los cuales adolece esta tierra; y el valor ínfimo de las pensiones de Canarias, lo que nos viene a mostrar es un panorama difícil, tremendamente difícil. Tanto que no son pocos los que se ven abocados a abandonar nuestra tierra, a buscar fuera un futuro mejor, a intentar buscar lejos de aquí lo que su tierra no les puede ofrecer.

Esta realidad, año tras año, ha venido siendo denunciada por la práctica totalidad de las organizaciones sindicales y otros colectivos sociales y profesionales. La ciudadanía no espera menos que una reacción por parte de sus representantes, legítimamente elegidos, por ella misma, a través de las urnas. Canarias debe dejar de ser cuanto antes un territorio de saqueo y explotación de los trabajadores, un territorio donde cada vez es más difícil identificar el fino umbral que separa una vida en precario de una vida en la pobreza. Esa reacción debe traducirse en acciones concretas y destinadas a una paulatina regulación por parte de las administraciones públicas del empleo y de sus condiciones, descartando la tradicional política que tanto les gusta a algunos del laissez faire, el 'dejar hacer', y a la que nos tiene acostumbrados también el Ejecutivo canario en sus distintas versiones.

No podemos vincular la mejora de las condiciones de trabajo y, por ende, de la vida de los canarios y canarias a incentivos fiscales y subvenciones a empresas que se radiquen en nuestro territorio. Ello no solo se ha demostrado insuficiente, evidentemente, sino que, en la mayoría de los casos, se ha tornado prácticamente inútil.

Son necesarias, como ya dije anteriormente, acciones concretas en el campo del trabajo. La primera medida que, bajo nuestro punto de vista, debe ser adoptada e impuesta casi por el sentido común es que el sector público, el cual se sostiene mayoritariamente con la carga fiscal sobre el trabajo, deje de ser cómplice de esta explotación o del incumplimiento de las más esenciales normas laborales que acaece en la empresa privada. En este sentido, nosotros, desde Podemos, proponemos que el Gobierno de Canarias incluya, en las condiciones de contratación con el sector privado, las siguientes condiciones.

Primero, que las empresas concurrentes a las distintas licitaciones de concurso por parte del Gobierno de Canarias acrediten el cumplimiento estricto de las tablas salariales y demás condiciones negociadas en los convenios colectivos con los trabajadores.

Que las licitadoras, además, acrediten no haber hecho uso, en al menos los dos años anteriores a su concurrencia al concurso, del despido colectivo, de los famosos ERE.

Punto tres. Que dichas empresas no hayan sido sancionadas por faltas graves o muy graves por parte de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Cuarto punto. Que en los casos en que haya subcontratación, en que la subcontratación sea permitida a través de los pliegos, esta se procure efectuar con nuevos emprendedores, para así fomentar el que se reparta la riqueza entre todos y no entre unos pocos, como se suele hacer.

Señorías, siendo conocedores de que la contratación del sector privado con el sector público tiene un peso insoslayable en la economía canaria, la propuesta de Podemos es un primer paso, un importante primer paso, para alcanzar esa mejora de las condiciones de trabajo y de las condiciones de muchísimos conciudadanos, así como para abrir nuevos pasos a los emprendedores y posibilidades de prosperar a mucha gente que quiere emprender en nuestra tierra.

En este sentido esperamos el apoyo al menos del Partido Socialista y Coalición Canaria, en tanto en cuanto ellos mismos han presentado este plan de choque contra la explotación laboral en nuestra tierra. Entendemos que esta iniciativa va en el mismo sentido en el que quieren trabajar ustedes, en que quiere trabajar la señora Hernández, y es un paso para poder caminar hacia la erradicación de la explotación laboral que estamos sufriendo los canarios y canarias.

Como ya afirmé anteriormente, la credibilidad de las instituciones públicas se debate en acciones que procuren la mayor felicidad para el mayor número de personas. Hoy estamos ante esa oportunidad histórica.

Señoras, señores, está en sus manos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora portavoz del Grupo Podemos.

No tiene enmiendas esta PNL.

El Grupo Mixto, la señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Desde el comienzo de la crisis ha caído el presupuesto familiar en todo el país, pero especialmente en Canarias. Mientras las comunidades con mayor gasto medio por persona, como el País Vasco, con 13 300 euros, mantienen una cifra de un 23,7 % por encima de la media nacional, Canarias se sitúa en los 8906 euros por persona, un 17,2 % por debajo de esta media.

Nuestra tasa de paro es la más alta del Estado, los elevados costes de la cesta de la compra debido a la insularidad y doble insularidad, junto a lo parco de los salarios, aumenta la situación de desigualdad, la tasa de pobreza y el número de personas en situación de riesgo social.

Por eso debemos buscar soluciones para dar estabilidad al empleo y luchar contra las situaciones de precariedad laboral, usando todas las vías que encontremos y tengamos a nuestro alcance.

En cuanto a los distintos apartados recogidos en la proposición no de ley, entendemos que es posible la inclusión de cada uno de los puntos en los pliegos de cláusulas. Todas las empresas, incluso pymes, pueden mejorar las relaciones laborales de sus trabajadores, rigiéndose por el oportuno convenio del sector en el que realizan su actividad, lo que no les supone ningún quebranto, más allá de tener que pagar el sueldo real que debe cobrar un empleado que desempeña una función específica. Esto asegura los derechos de los trabajadores y permite a las empresas y sus empleados tener una normativa más garantista y adecuada a la actividad que desempeñan. Les recuerdo, señorías, que en un convenio también se recogen puntos como el régimen sancionador, que también da garantías a las empresas.

No hay ninguna desventaja en dar más puntos a una empresa que fomente la contratación indefinida; al contrario, tiene un personal más experto y capacitado que realizará un servicio de mayor calidad. También es cierto que cualquier empresa que se desprenda de sus trabajadores cada vez que termine un contrato en el sector público no debe tener la misma valoración. Es una actitud que va en contra de los intereses generales y de la política social que intentamos implementar en Canarias.

En cuanto a revisar a las empresas que opten a un contrato público, no hayan realizado prácticas que incumplan la legislación laboral, no solo es oportuno, es necesario en todos los sentidos, y no solo en materia de empleo precario y horas extras, en materia de prevención de riesgos laborales también, por ponerles un ejemplo.

El último punto es quizás el más difícil de analizar a priori, en uno de los pliegos de condiciones para optar a la contratación pública, pero se pueden articular vías como la presentación del oportuno informe vinculante de las subcontratas que se van a realizar y de estas empresas, para bonificar la actuación y promoción de nuevos emprendedores. Por supuesto, estas subcontratas tendrán que tener las mismas garantías recogidas en esta iniciativa (se reincorpora a la Mesa la señora presidenta).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, así como los datos de destrucción de empleo y reducción de salarios que hemos venido observando, entendemos que toda proposición que suponga un mayor...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza. Sabe que no hay más tiempo.

En nombre de Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.

El Grupo nacionalista de Nueva Canarias comparte el espíritu de la proposición no de ley presentada por el Grupo Podemos, porque desde Nueva Canarias hemos, lo hacemos en este momento y seguiremos reivindicando, seguiremos aportando ideas y seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que aporten un granito de arena a la creación de empleo, y a la creación de empleo de calidad. Porque vemos cada vez más como las conexiones entre el desempleo y la precariedad laboral son cada vez más certeras. En los últimos tiempos se percibe cómo un número creciente de personas fluctúa entre el paro, la ocupación y la inactividad, intentando ajustarse a la flexibilidad que requiere el mercado en estos nuevos tiempos. Cada vez más personas pasan de situaciones, están en situaciones laborales precarias, situaciones de contratos breves, entradas y salidas sucesivas de empleo y sucesivas altas y bajas en la Seguridad Social, y son los jóvenes, son las mujeres con cargas familiares no compartidas y son los parados mayores de 45 años y con baja cualificación aquellos que en mayor medida sufren estas dinámicas.

Se está instaurando lo que se podría llamar casi un pseudoimperio del subempleo, del empleo precario y del empleo con escasos derechos, y del trabajo temporal y a tiempo parcial, conformándose un mercado que cada vez es de más alta provisionalidad. Estas tendencias de empleo están generando grandes fracturas y gran división social y están surgiendo nuevas formas de desigualdad social. Y con todo esto en Canarias no solo estamos situados en los puestos, primeros puestos de desempleados, sino además también estamos encabezando el ranquin de precariedad laboral. En el archipiélago cada vez se crean más minitrabajos y cada vez se crean menos contratos a jornada completa y contratos indefinidos.

El pasado 1 de octubre la vicepresidenta del Gobierno, como bien decía la portavoz del Grupo Podemos, anunció la creación, de manera inmediata, de un plan de choque contra la explotación laboral. Nosotros, desde el Grupo nacionalista de Nueva Canarias, no podemos estar más de acuerdo.

Con lo que sí que no estamos de acuerdo en el ámbito de la proposición no de ley es con el apartado b) de la parte dispositiva, en la que establece que aquellas empresas que hayan creado, hayan tenido un ERE, tengan que estar penalizadas, porque entendemos que posiblemente, muchas de ellas, ese ERE lo hayan creado para no tener que echar el cerrojo. Entonces me parece que ahora, en un momento en que puede repuntar la economía, que además se las penalice puede no ser adecuado. Entonces, bueno, mi propuesta es o quitar ese punto o que lo votemos separado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Por el Grupo Popular, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.

Antes de nada, para no dar emoción a la presente proposición no de ley, como ya anticipaba la señora Santana, vamos a votar no. Y también le anticipo que no somos el partido del laissez faire, laissez passer de Adam Smith, ni mucho menos, sino que creemos en el Estado social y democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución del 78.

Y ahondando en lo que es la proposición no de ley, sí es importante poner de manifiesto que en todo el tema de contratación pública se hace necesario poner de manifiesto que España, desde la década de los años 80, ha desarrollado una normativa que va más allá, si cabe, que la propia normativa comunitaria. Se constata que la labor desempeñada por el legislador nacional no ha sido constreñirse a transponer las oportunas directrices comunitarias sobre la materia. Insisto en este punto porque así es. Las exigencias procedimentales, las garantías del licitador, la preservación de los principios de concurrencia, transparencia y publicidad han convertido a nuestra legislación en una legislación mucho más estricta que la propia normativa comunitaria.

Y en esta materia rige, como bien sabe usted, señora Santana, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, donde se establece la libertad de pactos. Y así dice el artículo 25.1: "En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al orden público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración". Y en este punto le he de decir que nada impediría que se valore, en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, en el tema de la contratación pública, la inclusión de baremos de cualquier tipo, siempre y cuando se respete el mínimo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, y pudieran venir, como parece que se deduce de esta proposición no de ley, a las prohibiciones para contratar del artículo 60. Pero yo le recuerdo lo que dice el artículo 60, grosso modo: entre otras cosas no podrán contratar los declarados en concurso, no podrán contratar los incumplidores en materia tributaria, no podrán contratar los sancionados por infracciones muy graves en materia laboral, no podrán contratar aquellos que hayan llevado a cabo despidos colectivos -que usted utiliza el nombre de "despidos masivos"- sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido. Y este es el supuesto que parece que, además, más les preocupa en su parte dispositiva y cuando nos hablan de los despidos masivos o de reducción de jornada, por causas económicas, de fuerza mayor, técnicas, organizativas o de producción. Pues bien, en este punto ya sabe usted que sería penalizar a aquellos que hubiesen acudido a una situación de despido conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores o a una modificación de la reorganización de la empresa conforme a los artículos 47 y 48 del Estatuto de los Trabajadores y que no hubiese mediado ni conflicto sindical ni reclamaciones individuales dentro de la empresa.

Por lo tanto, sinceramente, la situación en que nos encontramos, y pese a la buena voluntad de su proposición no de ley, entendemos que hay realidades empresariales y laborales que están necesitadas de incentivación económica.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno. Gracias.

Grupo Socialista, el señor Gómez.

El señor GÓMEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta. Señorías.

Desde luego el Grupo Parlamentario Socialista comprende y valora en esencia el propósito de esta iniciativa; sin embargo, en el ámbito formal, en el ámbito de la estructura y del cuerpo que se le da a esta proposición no de ley, desde luego no coincidimos, por dos motivos principalmente. Primero -ya lo ha comentado el portavoz que ha intervenido, acaba de intervenir-, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ya es extremadamente exigente. Marca unos parámetros, podemos hablar de una media de tres meses, cuatro meses, en las adjudicaciones de contratos importantes en la Administración pública; y, por otro lado, porque no podemos interferir en el ámbito del derecho laboral desde el proceso de adjudicación, de la gestión de la Administración pública.

Limitamos además, porque si el objeto es fomentar la actividad económica, dar cobertura, generar más empleo, desde luego nadie discute ese propósito, pero puede que con esta iniciativa estemos generando barreras de entrada para pequeñas y medianas empresas, con unos niveles de exigencia que yo creo que ya son más que suficientes, y mi partido así lo comprende, lo que recoge, desde luego, el Texto Refundido, que comentaba con anterioridad, de la Ley de Contratos del Sector Público.

El Partido Socialista lo ha trasladado en esta Cámara en numerosas ocasiones: reforma en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, proyectos e iniciativas en materia de generación de empleo... Y desde esa perspectiva lo que entendemos necesario e imprescindible es más inversión pública, más iniciativas orientadas a la generación de empleo y a las reformas legislativas para facilitar ese acceso al mercado laboral, pero en ningún caso esta dinámica que condiciona, burocratiza aún más los procesos de adjudicación por parte de las administraciones públicas, que ya nos quejamos de por sí que son lentas, espesas y densas a la hora de adjudicar y poner en marcha determinados servicios.

Por lo tanto, el Partido Socialista, desde esta perspectiva, no va a apoyar esta iniciativa, esta proposición no de ley, por lo tanto. Y sí que me gustaría destacar un aspecto: el Gobierno de Canarias, y así lo comprende en el pacto de gobierno, en el acuerdo de gobierno de esta legislatura, comprende una iniciativa en materia de cláusulas sociales, en las que ya está trabajando y que desde luego vienen a suplir y a complementar lo estipulado en la Ley de Contratos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez.

Para finalizar, el Grupo Nacionalista, señora González Taño.

(Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor secretario segundo, Gómez Hernández).

La señora GONZÁLEZ TAÑO: Buenas tardes, señoras y señores diputados. Señora presidenta.

Señorías, entendemos que el objetivo de esta proposición no de ley es incluir cláusulas de carácter laboral en la contratación administrativa y, desde ese punto de vista, si se usan los argumentos como se han usado aquí, de la situación laboral de las islas, puede ser una propuesta, desde luego, bien intencionada, pero, señoras y señores diputados, nosotros no solo somos controladores del Gobierno en esta Cámara, también somos legisladores, y, por tanto, tenemos una responsabilidad de analizar las propuestas que incluimos o que pretendemos incluir en la legislación desde el punto de vista de la coherencia, desde el punto de vista de ponernos en contacto y hablar, como hemos hecho desde el Grupo Nacionalista, con las personas que día a día trabajan en la contratación pública y pedirles su opinión sobre este tipo de cláusulas.

No voy a ahondar en el primer punto, que ya se ha comentado aquí por parte de anteriores diputados. Ya la legislación, la contratación... la Ley de Contratos yo, personalmente, no creo que la ley sea todo lo buena que debería y seguramente la ley habría que mejorarla en otros aspectos, pero en todo caso sí que contempla, como se ha dicho aquí, en el artículo 60, la prohibición de contratar para todas aquellas empresas o particulares que hayan vulnerado la legislación.

En segundo lugar, es muy negativo que en esta propuesta, o uno de los problemas que nosotros vemos es que en esta propuesta se propone lo que se llaman conceptos jurídicos indeterminados; o sea, cosas que se va a encontrar un técnico en contratación, tiene que analizar y que genera una enorme conflictividad. Ustedes hablan de fomentar la destrucción de empleo, de fomentar políticas en materia de recursos humanos, esos son conceptos que jurídicamente tendría que interpretar un técnico y que tendría que valorar de forma distinta, que generaría seguramente un montón de controversias en los juzgados.

Y, como ya se ha dicho también aquí, existe un mecanismo poco usado y que desde luego deberíamos potenciar aún más en todas las administraciones en positivo, para lograr, entendemos, de una forma más correcta, el objetivo que ustedes persiguen, que son las cláusulas sociales en la contratación. Por ahí sí que podemos caminar en el sentido que ustedes proponen. Creemos que es el mecanismo correcto.

Y, en todo caso, decirle que, en la opinión de nuestro grupo, en estos momentos lo que deberíamos hacer, si el objetivo que queremos es que haya más empresas canarias y más emprendedores que accedan a la contratación pública, que, por cierto, se aplica a grandes contratos y a grandes empresas pero también a pequeñas entidades locales... La necesidad, por tanto, desde nuestro grupo, para que ese objetivo se consiga sería precisamente simplificar y clarificar la normativa en materia de contratación, porque eso es lo que les hace falta a los emprendedores y a las pequeñas empresas que quieran contratar con las administraciones públicas canarias. Y desde luego en esa línea esperamos que este Parlamento pueda trabajar en esta legislatura.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González Taño.

Vamos a votar (la señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a la votación). (La señora Santana Perera solicita intervenir).

Dígame qué desea, señora Santana.

La señora SANTANA PERERA (Desde su escaño): Recogiendo la petición del Grupo de Nueva Canarias, que me pedía si podíamos votar el apartado b) por separado, lo acepto.

La señora PRESIDENTA: Entonces, señora Santana, ¿sería votar en la primera todo el bloque sin el apartado b) y después votar solo el apartado b) aparte? (Asentimiento de la señora diputada).

Se da por tocada la campana, ¿verdad?

Votamos, señorías, toda la PNL sin el apartado b). Comienza la votación (pausa).

Queda rechazada con 38 votos en contra, 11 a favor y ninguna abstención.

Y votamos ahora solo el apartado b). Comienza la votación (pausa).

Queda rechazada con 44 votos en contra y 5 afirmativos.

(La señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio, ocupa un escaño en la sala).