Diario de Sesiones 23, de fecha 23/2/2016
Punto 25
9L/C-0302 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE EL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS.
La señora PRESIDENTA: Vamos a ver una comparecencia, la primera, antes de parar para el almuerzo.
En primer lugar la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el Plan Concertado de Prestaciones Básicas.
En nombre del Grupo Socialista, señora Cruz.
(La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).
La señora CRUZ OVAL: Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Quiero comenzar esta primera intervención explicando por qué solicita el Grupo Parlamentario Socialista esta comparecencia.
Quizás en el último año, pero fundamentalmente en los últimos meses, a raíz de las evaluaciones que han hecho conforme iba terminando el 2015, hemos asistido a valoraciones e informes por parte de distintos colectivos sobre la situación de pobreza y exclusión social que azota a esta comunidad autónoma. En el anterior pleno ordinario también asistimos a otra comparecencia en la que se calificaba a los servicios sociales de Canarias de irrelevantes, haciéndose eco del informe de los directores de servicios sociales. Ese mismo informe de los servicios sociales en España hace referencia a que Canarias forma parte de cinco comunidades autónomas en las que los servicios sociales -según este colectivo- son irrelevantes, pero hay otras cinco comunidades que son calificadas por unos servicios sociales débiles. Por lo tanto, estamos hablando de que de diecisiete comunidades diez estarían con unos servicios sociales bastante cuestionados.
Esta comparecencia tiene sentido por el siguiente hecho: abordar la pobreza y la exclusión social no es solo cuestión de implementar medidas económicas, que lo es, no es solo cuestión de implementar medidas en el ámbito educativo, sanitario, educación, empleo, sino es también atender a los colectivos más vulnerables, y los colectivos más vulnerables se atienden en el sistema público de servicios sociales. Y es por este motivo por el que queremos que se centre en valorar los servicios sociales de Canarias.
En Canarias, en estos informes que se han hecho, tenemos una peculiaridad que no se da en otras comunidades autónomas, y es el apoyo decidido que hacen los ayuntamientos, los 88 ayuntamientos canarios, al sistema de prestaciones básicas de servicios sociales. Sin ellos no sería posible el sistema que hoy tenemos en Canarias. Por lo tanto, estamos ante dos elementos: un elemento de voluntad política y un elemento de financiación.
Me quiero hacer eco de las palabras del sabio Confucio, que decía: "donde hay justicia no hay pobreza", y evidentemente esta justicia en políticas sociales hay que entenderla con una financiación suficiente y estable. Si no hay financiación suficiente y estable, evidentemente estaremos ante un sistema de servicios sociales débil y que evidentemente no contribuirá a mejorar las condiciones de vida de esas personas que tienen especiales dificultades en estos momentos, donde las condiciones de vida y las desigualdades son extremas, en España en general pero en particular en esta comunidad autónoma.
Dejaré para la segunda intervención el resto de la exposición.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, doña Teresa.
Para su primera intervención, la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, por tiempo de diez minutos.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Hernández Gutiérrez): Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada.
El Plan Concertado de Prestaciones Básicas es uno de los programas con mayor presupuesto de la consejería, como bien sabe, porque va dirigido a cubrir las necesidades más importantes, las necesidades básicas de los canarios y canarias. Estamos hablando de los fondos que se transfieren a los ayuntamientos para que puedan dar respuesta a las personas que acuden a ellos en busca de ayuda para hacer la compra, para el transporte público o porque necesitan un alojamiento alternativo al que tenían. Tiene una importancia vital para asistir a las necesidades fundamentales. Hoy por hoy esto ya está firmado y hemos iniciado 2016 con las prestaciones aseguradas. De hecho, se firma el compromiso en diciembre de 2015, porque, como bien decía, señora diputada, es importante la certeza al comenzar el año de que ese plan se iba a seguir haciendo.
Quiero continuar la intervención con una referencia a la Constitución española, si me permite. El artículo 148 prevé que las comunidades autónomas pueden atribuirse competencias exclusivas en materia de asistencia social. Y basándose en estas previsiones del texto constitucional, nuestro Estatuto de Autonomía asumirá dicha competencia en materia de asistencia social y servicios sociales y la desarrollará en la Ley de Servicios Sociales de 1987, cuyo objetivo, según recoge su propio artículo 1, es garantizar el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar, conjuntamente con otros elementos de régimen público y de bienestar social, las actuaciones de necesidad y marginación que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el pleno y libre desarrollo de estos.
La referida ley establece que los servicios sociales comunitarios constituyen el primer, el nivel primario del sistema de servicios sociales, las prestaciones básicas de servicios sociales cofinanciadas por el Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Y digo el Estado porque es verdad que participa, pero la aportación del Estado esta sí es irrelevante, de un 3,5 % cuando, como bien saben, debería estar dedicando diez veces más. Y se incluye en el denominado Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que comprende todas aquellas ayudas de carácter público, reguladas y sujetas a derecho, destinadas a garantizar unos mínimos socialmente reconocidos para todos los ciudadanos, caracterizándose, por tanto, por la universalidad de las prestaciones. Es importante decir que todos, en cualquier momento y ante determinadas circunstancias, tenemos derecho a recibir estas prestaciones. No son para una parte de la población sino para el conjunto de la población en esas circunstancias.
Por otra parte, me voy a referir también a las subvenciones o aportaciones dinerarias destinadas a financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales gestionadas por los ayuntamientos de Canarias. Estas subvenciones o aportaciones están reguladas en el Decreto 2002, sobre cofinanciación de prestaciones básicas de servicios sociales. En él se establece que dichas prestaciones son la de información y orientación, la de ayuda a domicilio y apoyo a la unidad convivencial, la de alojamiento alternativo, la de prevención e inserción social, la de ayudas y prestaciones y, finalmente, la de promoción y cooperación social.
La primera de ellas, la de información y orientación, tiene por objeto informar y asesorar a los ciudadanos en relación con los derechos y recursos existentes para la resolución de las necesidades planteadas, así como la recogida de información para una posterior planificación, fundamental, como sabe, en el área de la que estamos hablando.
La segunda, por su parte, la de ayuda a domicilio y apoyo a la unidad convivencial, se comprende como la realización de tareas en el domicilio del usuario, referentes a actividades cotidianas que no pueden ser solventadas por ellos mismos, evitando así alejarlos de su entorno social.
En tercer lugar, respecto al alojamiento alternativo, busca promover formas alternativas a la convivencia familiar ordinaria, en los supuestos en los que esta sea inviable por no existir unidad familiar o porque, aun existiendo esta, se presente una situación de deterioro psicológico, afectivo o social.
Y, en cuarto lugar, en relación con la prevención e inserción social, las acciones consistentes en actuaciones dirigidas a toda la población para favorecer la implicación y el fortalecimiento de las redes sociales de una comunidad. Se pretende evitar la aparición o eliminar los factores capaces de generar procesos de marginación y exclusión social. En cuanto a la inserción, son todas aquellas actividades dirigidas a facilitar la integración social a personas, familias y grupos que se encuentren en un proceso definido de marginación o exclusión social.
Y, en quinto lugar, me refería a las ayudas y prestaciones dirigidas a las personas físicas o subvenciones a entidades prestadoras de esos servicios sociales. Estas ayudas se conciben como complemento a las prestaciones básicas y su concesión responderá a las condiciones que se establecen en los reglamentos.
En relación con la promoción y cooperación social, en último lugar, estas tendrán por objeto potenciar la comunidad, facilitando la participación en tareas comunes e impulsando la iniciativa social, principalmente el voluntariado y el asociacionismo.
Por otro lado, y siguiendo con la explicación sobre el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, para solicitar la financiación los ayuntamientos tienen que aportar una ficha de presentación de proyectos, junto a la memoria explicativa de los programas a desarrollar, y solicitud de adhesión al acuerdo marco celebrado anualmente entre la Fecam y la consejería competente en asuntos sociales, firmados por el presidente de la corporación local o la persona que ella encargue, ¿no? Dicha ficha deberá contener el coste del desarrollo de los proyectos, el plan de financiación, así como toda la documentación complementaria, y la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, como órgano competente en la gestión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, tramita y coordina esta financiación destinada a los ayuntamientos de Canarias para el desarrollo de las prestaciones básicas, el mantenimiento de los centros de servicios sociales y sus equipamientos complementarios, centros de acogida y albergues.
También valora la intervención desarrollada por las corporaciones locales mediante fichas de evaluación homologadas y análisis de datos, elaborando posteriormente líneas de actuación dirigidas a promover recursos, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Además desarrolla una función de asistencia técnica permanente al personal de los centros de servicios sociales municipales y organiza cursos de formación y reciclaje, con objeto de elevar el nivel de cualificación profesional, mejorando así, por supuesto, la calidad en la prestación del servicio.
Me refiero también a los criterios que se siguen para valorar el reparto de los créditos asignados, y aquí es la norma el Decreto 97, de distribución de créditos relativos al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales entre los ayuntamientos de Canarias, el que lo regula. En él se establecieron como criterios de valoración y de reparto de los créditos asignados el número de habitantes, el índice de paro, la dispersión, la doble insularidad de las islas periféricas y el porcentaje de cofinanciación por parte del ayuntamiento. En relación con el coste total del proyecto, establecido mediante convenios entre Fecam, consejería, en este caso mi Consejería de Empleo y Servicios Sociales. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).
Los convenios tienen carácter plurianual, desde 1990 hasta el 2011, años en los que se establecen los vigentes acuerdos marco de carácter anual. Como sabrá su señoría, a finales del año pasado, se comunicó la voluntad de la consejería de prorrogar el acuerdo marco, que ya se ha firmado y está en vigor, como afirmé al principio de la intervención. Esto ha permitido que iniciemos el año sin ningún problema, sosteniendo las prestaciones básicas para las canarias y los canarios que más lo necesitan, a pesar de las dificultades y los ataques a las corporaciones locales, al municipalismo, por parte de leyes de ámbito estatal. En este caso el plan concertado cubre la alimentación, el transporte, una alternativa habitacional, y es muy importante que esta certeza la pudieran tener, más que los ayuntamientos, más que las corporaciones, los ciudadanos, que viven en las corporaciones. Y no es menos importante el que ha evitado que los ayuntamientos y los trabajadores sociales, que se encuentran en una situación de incertidumbre sobre su propio puesto de trabajo, hayan despejado esta incógnita. Así que se ha iniciado el año sabiendo que su labor se iba a seguir desarrollando sin problemas.
Para finalizar, me gustaría destacar que en el año 2009, mediante adenda al convenio plurianual, se incorpora al plan concertado lo de la tramitación de la PCI, es decir, con el plan concertado va la tramitación de la PCI -de la Prestación Canaria de Inserción- en cada municipio y la financiación para esa tramitación. No está mal insistir en que hemos iniciado, a pesar de las dificultades, el año sin listas de espera en la Prestación Canaria de Inserción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Por el Grupo Mixto, señora Mendoza.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta.
Pese a los informes que apuntan hacia una mejoría, aún son demasiadas las familias que lo pasan verdaderamente mal, demasiados los hogares con todos sus miembros en paro y demasiadas las personas que malviven con unas prestaciones muy limitadas. Es evidente, por tanto, la trascendencia del plan que nos ocupa.
La atención ciudadana y la cercanía deben ser las líneas maestras de trabajo de todo representante público, más aún en Canarias donde, según el informe DEC, que valora el desarrollo de los servicios sociales de 2015, tenemos un escaso desarrollo del sistema de servicios sociales y una nula evolución en los últimos años, empeorando incluso la cobertura de muchas de las prestaciones y servicios sociales. Ese mismo documento apunta a que es imprescindible un plan de choque para recuperar unos niveles dignos de atención que garanticen los derechos sociales más básicos de los ciudadanos y que los acerquen a la media estatal.
Resulta fundamental, por tanto, que avancemos en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas que nos ocupa y respecto al que solo voy a insistir en otro de los principios que nuestra formación política ha reivindicado desde que llegó a esta Cámara: colaboración para ofrecer lo mejor que podamos a los ciudadanos. Ningún color ni partidismo debe estar por encima del Plan Concertado de Prestaciones Básicas.
Y es necesario destacar, una vez más, la encomiable labor de las corporaciones locales, de las que dependen servicios básicos tales como información y orientación a domicilio, ayudas para pagar el alquiler, la luz o el agua, incluso para hacer la compra, además de otros apoyos a la unidad de convivencia, como alojamiento alternativo, prevención e inserción social, cooperación social y fomento a la solidaridad, entre otros.
Aprovechemos la experiencia de los cabildos y ayuntamientos, que se extiende también a servicios tales como albergues, centros de acogida y centros de día, minirresidencias o pisos tutelados.
Es esencial, eso sí, que la apuesta en marcha de este programa vaya asociada a una mayor rapidez y eficacia en cuanto a las tramitaciones de cualquier tipo de prestación, especialmente en lo que a reducción de las listas de espera para acceder a una ayuda se refiere.
Permítanme que les recuerde además que hay sectores de la población especialmente vulnerables que requieren una especial y mayor atención, me refiero a las personas dependientes y quienes padecen discapacidad.
La futura y esperamos que pronta ley de servicios sociales debe determinar con claridad las competencias de cada administración, que evidentemente tienen que estar convenientemente dotadas. Ya lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos, pues esta norma será también la base del plan concertado.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.
Por el Grupo Nueva Canarias, señor Acuña.
La señora ACUÑA MACHÍN (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Vicepresidenta.
Partimos de la base inicial de que el plan concertado no deja de ser un convenio inicialmente entre el ministerio, el Gobierno y los ayuntamientos para subvencionar los servicios sociales básicos. Recordemos que en sus inicios al plan concertado contribuían el ministerio con el 33 %, el Gobierno de Canarias con el 33 % y el ayuntamiento con el 33 %. Estas aportaciones con el paso del tiempo se han ido desfigurando hasta llegar al momento en que se agudiza la crisis, que es en el año 2010, donde la aportación del Gobierno de Canarias continúa bajando, la del ministerio casi desaparece, con lo cual los ayuntamientos y las personas que lo estaban pasando mal pasan a estar pasándolo peor. Por ejemplo, le podría poner el Ayuntamiento de Santa Lucía, en Gran Canaria, ayuntamiento que tiene 70 000 habitantes. A día de hoy el ayuntamiento aporta el 82 %, cifra que se aleja muchísimo del 33 % inicial. O por ejemplo el Ayuntamiento de Yaiza, que tiene 16 000 habitantes y que en el 2015 aportó 401 827 euros, el Gobierno de Canarias, 56 405 y el ministerio, 4762 euros. Esto hace que los ayuntamientos, para poder mantener el equilibrio en los servicios sociales que se presten, tengan que hacer un esfuerzo muy muy grande. Si hubiera mayor aportación del Estado y del Gobierno de Canarias, los ayuntamientos podrían contratar más personal y asumir, de manera adecuada, el aumento de casos y necesidades que se siguen produciendo.
Es cierto que las cifras macro van mejorando, que las cifras de desempleo también mejoran, pero no es menos cierto que estamos asistiendo a un fenómeno complejo: que a pesar de que el paro baja aumentan las personas que no reciben nada y las personas paradas de larga duración. La gente que peor lo ha pasado este año está peor. Esto es, los usuarios típicos de los servicios sociales están peor. Y así lo confirmaba ayer el presidente de Cruz Roja, don Gerardo Mesa Noda. Por eso es fundamental tener unos servicios sociales potentes, capaces de dar solución a todas estas circunstancias.
Desde luego no podemos dejar de mencionar la ley de racionalización, que todavía viene a alejar a los ayuntamientos más de sus ciudadanos, poniendo más palos en las ruedas de un carro que lleva demasiada carga. Nos parece que se deberían aumentar las transferencias a los ayuntamientos, que son los que hacen frente...
La señora PRESIDENTA: Señora Acuña, acabó su tiempo. Lo siento. Sabe que con tres minutos no hay más tiempo añadido.
Continuamos. Grupo Podemos, señor Déniz.
El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Señorías.
Brevemente.
Nosotros nos estamos preguntando, la ley de servicios sociales cuándo verá la luz; si nos puede dar la consejera, más o menos decirnos para cuándo será.
Hay un discurso que está calando en los partidos políticos mayoritarios de que la crisis, lo peor de la crisis ha pasado. Nosotros pensamos que esto no es así. Como decía la compañera de Nueva Canarias, ayer don Gerardo Mesa Noda, presidente de la Cruz Roja, probablemente uno de los mejores presidentes de cabildo que ha tenido esta tierra, decía que ellos están trabajando con más personas que el año pasado. Es decir, la pobreza ha aumentado. Puede que para algunas rentas la cosa no vaya mal, pero hay gente que está metida en el túnel y que la luz que está viendo al final del túnel viene contra ella. Es decir, ¿no?, que no hay luz al final del túnel; en todo caso, viene contra ella. Solamente hay que pasarse por los ayuntamientos tempranito para ver las colas que hay de gente pidiendo ayuda, para todas las cuestiones que, ¿verdad?, que recoge este Plan Concertado de Ayudas Básicas. Ayer mismo también estuve en el ambulatorio, en el Centro de Salud de San Benito, y la situación es bastante lamentable. Es decir, que los discursos que están diciendo, que las cosas están mejorando, son falsos, señorías. Puede que algunas rentas, efectivamente, estén ganando pero otras no.
Nosotros estamos preocupados, el Grupo Podemos, por esta cuestión. Les recuerdo que presentamos una comisión para el rescate ciudadano, que fue rechazada incluso en Junta de Portavoces, sin traerse aquí, y seguimos estando preocupados. Sabemos que esto es un problema serio, que se está agravando en algunos casos hasta límites, en fin, de exclusión social, sabemos que las personas en situación de exclusión social han aumentando un montón y me parece que no estamos para hacer cantos de sirena.
En el 2013 este Gobierno firmó un acuerdo para este plan de trece millones y pico de euros. Creo que el plan que se firmó en diciembre es de 12 millones. Por lo tanto, no es verdad tampoco que la aportación de la comunidad autónoma a este plan concertado haya aumentado. Por otro lado, la demanda de servicios sociales ha aumentado también en un 40 %. Es decir, se están dando situaciones bastante preocupantes.
Otra cuestión: aumenta la demanda de servicios sociales pero disminuyen... Nosotros, los datos que tenemos es que en los últimos años han disminuido los trabajadores sociales en 500 trabajadores en la comunidad canaria. Entonces me parece que estar sobrecargando esta situación en los ayuntamientos, sin trabajadores, sin más trabajadores sociales... Queríamos preguntarle si el Gobierno canario ha contemplado la posibilidad de aumentar las partidas para contratación de trabajadores sociales, que en el fondo son los que, como decía también la compañera de ASG, los que permiten una mayor cercanía y trato con las personas que están solicitando este tipo de ayudas.
Esas preguntas, si me las contesta...
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Déniz.
El Grupo Popular, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (don Jorge Alberto): Gracias, señora presidenta. Señorías. Señora consejera.
Sin que sirva de precedente, coincido en parte con quien me ha precedido en el uso de la palabra, pero me ratifico en que, efectivamente, las fuentes de información que yo examiné no me han fallado, porque así me lo ratifica que usted haya bebido de las mismas, y es que, efectivamente, el plan concertado que se suscribió recientemente con la Federación de Municipios de Canarias contiene un millón de euros menos que el inmediatamente anterior y no creo que las necesidades sociales ni las personas que requieren de atención hayan disminuido. Nada más lejos de la realidad.
Pero, siendo esto importante, mucho más lo es que contemos con un plan canario de actuaciones o de servicios sociales, que -no está mal recordar- data de 1998 y estamos en 2016. Más actual que la ley, es verdad, que data de 1987, pero tan desactualizado como esta. Y, como digo, se requiere no solamente una nueva ley de servicios sociales sino también un plan canario de servicios sociales.
El Grupo Popular, señora consejera, lo que le exige es un mayor esfuerzo en políticas sociales y especialmente en políticas de emergencia social. Las competencias son del Gobierno de Canarias, y esto no hay que olvidarlo, pero, sin embargo, la puerta de entrada para acceder a una ayuda social básica son los ayuntamientos y gran parte de sus presupuestos...; dedican una gruesa, muy gruesa financiación a atender esta finalidad, mayor que la que le asiste la comunidad autónoma.
A finales de julio del 2013, celebramos en esta misma Cámara un pleno extraordinario para debatir la Estrategia contra la pobreza y la exclusión social. Después se hablará de ello, pero sería bueno que celebráramos acaso un nuevo pleno extraordinario, pues, para tener un nuevo diagnóstico de la situación actual y saber cuántas personas continúan en grado de máxima vulnerabilidad, especialmente después de las acciones que hayan podido desarrollarse en el itinerario de ejecución de la misma.
Señora consejera, la mejor manera y la mejor política social es, sin duda alguna, financiar, y financiar bien además, a las entidades locales, a los centros, a las entidades sociales, que estiran el euro público al máximo para atender y ayudar a quienes lo están pasando francamente mal, y que saben rentabilizar cada una de sus acciones y que son capaces de llegar a todas las personas en todos los rincones de nuestra geografía canaria.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Nacionalista, señora Luis.
La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señora consejera y vicepresidenta.
Efectivamente, el pasado 4 de febrero, se presentó el protocolo de adhesión al acuerdo marco suscrito entre el Gobierno de Canarias y la Fecam. Nos referimos al Plan Concertado de Prestaciones Básicas, que, como todos y todas sabemos, es la herramienta que garantiza el desarrollo de los servicios sociales comunitarios o básicos, que en nuestra comunidad autónoma prestan los municipios, que son la puerta de entrada de los servicios sociales.
Este plan, igual que el año pasado, cuenta con una financiación de la comunidad autónoma de 9,04 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, 3 millones para contratar personal de tramitación de la PCI y 1,9 millones de euros del Estado para el plan concertado. Los municipios aportan en torno a 23,8 millones de euros al plan concertado y en torno a 7 millones para la PCI.
Cuando se crea el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, surge con un compromiso de financiación del 33-33-33, Estado, comunidad autónoma y municipios, y a través de él, pues, se crea toda la red de servicios sociales comunitaria o básica que hoy conocemos. Con el paso del tiempo, la comunidad autónoma fue manteniendo, o en algunos casos disminuyendo, la financiación, el Estado fue disminuyendo año tras año su aportación hasta la actualidad, que prácticamente ha desaparecido, está en torno al 3,5 %, de modo que los municipios han tenido que ir incrementando su aportación hasta llegar aproximadamente al 70 %, que es lo que hoy aportan de media: 26,5 % la comunidad autónoma, 3,5 % el Estado, 70 %, aproximadamente, los municipios de media.
Esta situación se complica con la aprobación en el 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que quita las competencias en servicios sociales, como todos sabemos, a los municipios, salvo las situaciones de emergencia para los más de 20 000, si bien su aplicación ha quedado finalmente relegada, por cuestiones y motivos que no voy a comentar hoy. El daño infligido a los servicios sociales comunitarios es importante, con toda esa confusión legal y el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a partir del 2012, que ha impedido a los municipios incrementar sus presupuestos sociales en la proporción que exigía la durísima realidad social que padecemos.
El otro día debatíamos sobre las conclusiones del DEC y a mí me gustaría concluir con dos de sus recomendaciones. La primera es la importancia de los servicios sociales municipales, que indica, además, que la mayor eficiencia en la gestión de los servicios sociales se produce en aquellos territorios autonómicos descentralizados, donde descentralizan su gestión en los niveles locales; y, segundo, destaca la necesidad de incrementar el gasto social de las administraciones públicas y, concretamente, habla del incremento del Plan Concertado de Prestaciones Básicas por parte del Estado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luis.
Grupo proponente, señora Cruz Oval.
Diez minutos, señora Cruz.
La señora CRUZ OVAL: Gracias, señora presidenta.
Bueno, quiero explicar qué es el plan concertado. Cada uno a su manera... El plan concertado no surge en el año 98, surge en el año 88. Va a cumplir, ya es mayor de edad, va a cumplir casi treinta años dentro de dos años. Cuando se aprueba el plan concertado se aprueba con la intención, como decía la señora Mendoza, efectivamente, de tener una financiación, de poder relanzar los servicios sociales básicos, con una aportación de la Administración central de un 33 %, las comunidades autónomas de un 33 % y los ayuntamientos de otro 33 %.
Evidentemente estos servicios sociales... sigo poniendo el acento en la importancia que tienen en luchar contra la pobreza y la exclusión social. El propio Gobierno central, en su plan de inclusión social 2013-2016, incorporaba el plan concertado como una de las actuaciones a tener en cuenta, y no lo financiaba como un extra sino incorporando la aportación del plan concertado. También la Estrategia canaria 2013-2015 de lucha contra la pobreza y la exclusión social incluía las prestaciones básicas como una de las medidas para abordar la pobreza y la exclusión social en Canarias.
Señorías, en el año 1988, cuando se aprueba el plan concertado, la realidad, el panorama de los servicios sociales en España era muy distinto de lo que hoy tenemos. Solo el 3,4% de los municipios prestaba servicios básicos. Tres años después, en el 91, el 70 % de los municipios de España prestaba servicios sociales básicos. La realidad de Canarias fue totalmente diferente: los municipios canarios y la comunidad canaria entendió rápidamente la importancia que tenía la descentralización de los servicios sociales básicos y, tres años después de aprobar el plan, el cien por cien de los ayuntamientos canarios tenía centros de servicios sociales, tenían prestaciones básicas de servicios sociales.
En cuanto a lo que decía el sabio Confucio -que utilicé en mi primera intervención-, para que no haya pobreza tiene que haber justicia, la justicia lo referenciamos, lo unimos estrechamente con la necesidad de tener una buena financiación. Quiero hacerme eco de la financiación que ha tenido el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en relación con el Estado y la comunidad autónoma a lo largo de estos últimos treinta años.
La financiación del Estado en 1988 para esta comunidad autónoma fue del 25 %. Estábamos hablando de un compromiso del 33 %: Canarias solo recibió el 25 % de esa financiación. Canarias, en ese momento, pasó a ser la cuarta comunidad autónoma, nada más empezar a funcionar, a implementar el plan concertado, pasó a ser la cuarta comunidad autónoma peor financiada por parte del Estado. Esa situación, esa realidad, desgraciadamente, se mantiene en la actualidad. En ese momento la aportación del Estado era del 25 %, la de la comunidad autónoma era del 32 %, faltaba un punto para llegar al compromiso real, que era el 33 %; sin embargo, la aportación de los ayuntamientos era del 43 %. No quiero aburrirlos para hacer un recorrido a lo largo de todos estos años de cuál ha sido la financiación y me quiero centrar en la que es del 2011 a la actualidad. En el 2011, la financiación por parte del Estado pasó de un 25 % a un escaso 5,27 %, 5,27 %; o sea, 20, casi 20 puntos por debajo de lo que inicialmente era el compromiso. La comunidad autónoma pasó del 32 % al 22 % y los ayuntamientos canarios pasaron del 42 % al 72 %. Hoy la realidad es que los ayuntamientos canarios aportan el 83 % de la financiación del plan concertado.
Por eso, cuando hacemos referencia al informe DEC... Informe que no tiene en cuenta los servicios básicos. Es muy importante para entender la realidad canaria de las prestaciones básicas, esas prestaciones a las que hacía referencia la señora vicepresidenta, esas que abordan en primera instancia a los ciudadanos y ciudadanas que están en peores condiciones, que están en una situación de vulnerabilidad, a esas que han perdido la vivienda, a esas que no tienen para poder pagar el comedor escolar de sus hijos y poder conciliar vida familiar y laboral, esas son atendidas en primera instancia por los servicios sociales básicos.
De ahí que no me gustaría terminar esta intervención sin apelar a dos cuestiones. Primero, la importancia que tienen los ayuntamientos canarios en la prestación de los servicios sociales básicos y, desde luego, la contribución que han tenido para amortiguar los efectos de la crisis económica y social que hemos padecido en los últimos años. La necesidad de seguir apostando por que los servicios sociales básicos lleguen al conjunto de la población, y esa apuesta pasa por no tener una financiación que subvencione las demandas manifiestas sino que financie las demandas potenciales, es decir, que financie el conjunto de la población de la región canaria.
Y, por otra parte, que es necesario relanzar y reforzar el sistema público de servicios sociales por parte del Estado, porque sin ello evidentemente la comunidad autónoma canaria no va a tener un sistema de servicios sociales básicos competente, como otras comunidades como la de La Rioja, que financia con un 37,14 %, frente al 5 de la comunidad canaria. Estamos hablando de que también financia con un 28 % la Comunidad de Extremadura; con un 16 %, la de Castilla-La Mancha, mientras actualmente, en el 2015, nosotros, ese 5 % hemos pasado a un escaso 2 %. El Estado financia los servicios sociales básicos con uno coma uno millones de euros, mientras hay ayuntamientos canarios, no me estoy refiriendo a las grandes ciudades, que destinan solo en la partida de emergencia social 620 000 euros.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cruz.
Señor vicepresidenta, por el Gobierno, para cerrar este turno.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Hernández Gutiérrez): Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, a mí me gustaría aclarar algo que ya dijimos en los presupuestos y que he vuelto a decir en otras ocasiones, y que ha manifestado la portavoz de Coalición Canaria: las cifras son exactamente iguales, no hay recorte de un millón de euros, como ha manifestado el portavoz de Podemos y el del Partido Popular. No entiendo qué fuentes manejan. Estoy dispuesta a acercarme con los presupuestos. No sé si es que están sumando más cosas de otro sitio o de otros años, quizás el millón que aporta el Gobierno de España, que luego los datos que aporta el Gobierno de Canarias... Es decir, está mal hecha la suma, la resta o la división, pero la cantidad es exacta, como dijimos.
Voy a contestar, aunque no sea el tema de la comparecencia, a lo de la ley de servicios sociales, a lo que me aludía el portavoz de Podemos. Está en las mesas de trabajo. Hoy mismo se reunían con la institucional, con los cabildos, con los ayuntamientos. Hay tres mesas, por decirlo de alguna forma, o muchas mesas divididas en tres partes, que derivan del Consejo General de Políticas Sociales. En una parte está la institucional -Fecai y Fecam y Gobierno de Canarias-, en otra parte están los colegios profesionales con el Gobierno de Canarias y en otro lado está el tercer sector. Están trabajando en el ámbito de sus competencias y definiendo todo lo que quieren que sea la ley. Que volverá en un documento al Consejo General de Políticas Sociales, en verano calculamos nosotros, máximo verano, el propio Consejo General de Políticas Sociales, que así lo mandató, y allí es cuando derivará a un texto que venga para su tramitación parlamentaria o para que venga para las acciones propias de la ley, del anteproyecto de ley.
Yo sí quería decir que soy muy consciente, y creo que todos aquí en esta Cámara somos muy conscientes, de la importancia del papel de los ayuntamientos, antes, durante y cuando acabe esta crisis. Que, efectivamente, coincido, lo peor de la crisis no ha pasado para muchos, lo peor de la crisis solo ha pasado para los datos macroeconómicos. Y si lo peor de la crisis ha pasado para los datos macroeconómicos, estaría bien que esos datos repercutieran en que esa mejora de la recaudación de las administraciones pudiera derivar en mejores acciones o por lo menos las mismas que fueron recortadas en los años de la crisis económica, que se supone que para los datos macroeconómicos ya ha pasado. Y esto ya lo hablamos en el pleno pasado, no tiene mucho sentido, a pesar del esfuerzo presupuestario de este presupuesto 2016, aprobado en esta Cámara, podrían crecer mucho más y es una norma estatal la que nos impide poner todos los fondos, todos los fondos, que necesitan las necesidades de los ciudadanos; no la voluntad política, o la voluntad política sí pero no de esta Cámara ni de este Gobierno.
Decía que somos muy conscientes del papel de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, en este y en otros asuntos, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la urgencia y con la atención inmediata de los ciudadanos y las ciudadanas. Y el cálculo que hacía la portavoz del Grupo Socialista es así, porque cuando se retiran otras administraciones del Estado, son los ayuntamientos los que no pueden retirarse, porque la necesidad la tienen en su cara, porque la necesidad la ven día a día y tienen que cubrir cada euro, cada céntimo, que se retira desde otras instancias, desde el Gobierno de España o en su momento del Gobierno de Canarias. Y es muy importante, y los fondos, la estrategia, la planificación... El plan concertado es verdad que estará resuelto cuando se repartan las competencias y la financiación suficiente para esto. Pero les decía que es muy importante, cuando la ley de racionalización se paralizó en el ámbito de servicios sociales, en diciembre-noviembre del año 2015, del año pasado, se aludió, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a ponerla en marcha... -y ya esperemos que no- a una suficiente financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Es fundamental, es fundamental, que no solo se hable de la financiación de las comunidades autónomas, que es lo que toca y de la que estamos hablando, sino de la financiación suficiente por parte de las corporaciones locales en materia también, en todo, pero en materia de servicios sociales es fundamental, porque son ellos los que ven y actúan directamente.
El Gobierno del que formo parte es muy consciente de la importancia que tiene, por eso digo que no hemos recortado nada, y va a jugar un papel fundamental en el desarrollo, en la elaboración, en el diseño, en la planificación de la ley de servicios sociales.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, vicepresidenta.
Con esta comparecencia damos por finalizada la sesión de la mañana.
Reanudamos la sesión a las cinco de la tarde. ¿De acuerdo? A las diecisiete horas. Sean puntuales, señorías.
Muchas gracias.
(Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta y tres minutos).
(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y un minuto).
La señora PRESIDENTA: Como los veo que tienen ganas, vamos a coger estas ganas...; digo que, como los veo que tienen ganas, vamos a coger estas ganas para comenzar la sesión de tarde, ¿verdad?
