Diario de Sesiones 75, de fecha 9/5/2017
Punto 26

9L/I-0022 INTERPELACIÓN DEL SEÑOR DIPUTADO DON GUSTAVO MATOS EXPÓSITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN GÜÍMAR, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO.

La señora PRESIDENTA: Señorías, muy buenas tardes.

Reanudamos esta sesión plenaria y, como habíamos acordado, comenzamos con la interpelación. Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las actuaciones en relación con la actividad de extracción de áridos de Güímar, dirigida al señor consejero de Economía.

Señor Matos, para la defensa, diez minutos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señorías, buenas tardes. Señora presidenta, buenas tardes. Señor consejero, buenas tardes.

La verdad es que nos alegramos en la tarde de hoy, el Grupo Parlamentario Socialista, de verle aquí y poder tener la oportunidad de saber cuál es la opinión del Gobierno -como ya dijimos en el pleno de hace dos plenos- sobre el atentado ecológico más importante que ha vivido Canarias en toda su historia y lo que ha sido, desde luego, un ejemplo de libro de esa mezcla de intereses políticos, económicos, empresariales, que se mezclaron durante mucho tiempo en la isla de Tenerife y que, afortunadamente, lo dije en ese pleno, me corroboro porque hay decisiones judiciales nuevas que así lo van diciendo, es una época que, afortunadamente para todos, toca a su fin.

Pero fíjense en que, después de que tuvimos ese debate y el presidente del Cabildo de Tenerife se tuvo que ir de este Parlamento con la negativa a tramitar su proyecto de ley de quienes aquí nos sentamos representando a los ciudadanos de Canarias, hemos tenido que aguantar, por parte del propio presidente del Cabildo de Tenerife, pero también por parte del presidente del Gobierno de Canarias, que no estuvo presente en esa votación -veo que tampoco va a estar esta tarde, se ve que este asunto le interesa más en los medios de comunicación que en el hemiciclo-, hemos tenido que aguantar algunas calificaciones absolutamente irrespetuosas hacia este Parlamento. Curioso de quien vino a tocar las puertas de este Parlamento para que tomásemos en consideración una decisión trascendental que, teóricamente, ponía fin, solución, a un gravísimo problema que afecta ya no solo y exclusivamente a los ciudadanos de Tenerife, sino, probablemente si hubiéramos aprobado aquel proyecto de ley, a todos los ciudadanos de Canarias.

Porque, señores del Gobierno, este Parlamento que les dijo que no al proyecto de ley del señor Carlos Alonso se merece el mismo respeto cuando dice que no a esa ley que cuando elige al señor Fernando Clavijo como presidente del Gobierno: somos los mismos diputados, nos merecemos el mismo respeto y este Parlamento se merece exactamente el mismo respeto cuando vota una cosa y cuando vota la otra.

No se puede salir de este Parlamento diciendo que le hemos cerrado las puertas a los ciudadanos de Güímar, que hemos engañado a los ciudadanos de Güímar; salir de este Parlamento diciendo que todos nos hemos equivocado. Miren, insisto, respeto a las decisiones democráticas de este Parlamento que, igual que rechaza ese proyecto de ley, permite que un presidente que es la tercera fuerza política en Canarias siga presidiendo el Gobierno en solitario.

Y hemos tenido que escuchar muchas mentiras, o algunas inexactitudes, en el debate y después. Yo tuve la impresión, cuando acabó aquel debate, de que al salir de este pleno podía escuchar, casi desde mi casa, las máquinas trabajando nuevamente en las canteras de Güímar. Desde La Laguna estuve a punto, en algún momento, de escucharlo porque, oyendo al presidente del Gobierno de Canarias y oyendo al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, daba la sensación de que, si los diputados que estábamos sentados aquí rechazábamos aquella ley, al día siguiente se iba a reactivar la actividad extractora en Güímar. Era mentira. Lo dije en aquel pleno. Han pasado, prácticamente, cuatro, cinco, seis semanas, no lo sé exactamente; no hay actividad extractiva en Güímar. No la puede haber. Por tanto, no era verdad. Y vinieron contando medias verdades e inexactitudes para tratar de convencer a los ciudadanos de Güímar de que aquella ley era la solución. Y no lo era, no solo porque lo dijésemos nosotros, los diputados, que tenemos la responsabilidad de votar; es que lo decía el propio Gobierno, en sus propios informes: la ley no era la solución.

Pero, después de esa votación, como les he dicho, he escuchado al presidente del Gobierno de Canarias decir que se perdió una oportunidad, que la ley preveía expropiaciones. He escuchado al presidente del Gobierno de Canarias decir que les cerramos las puertas a los ciudadanos de Güímar, que estábamos permitiendo que volviera la actividad extractiva. Y todo eso, señorías, se ha demostrado que no era verdad.

Y le digo una cosa, y espero escucharlo en la siguiente intervención -si no, este Gobierno tiene una evidente contradicción-. Porque si esa ley era tan buena y esa ley era la única solución para resolver los problemas de Güímar, como se dijo en ese debate y como luego le he escuchado decir al presidente del Gobierno, el presidente se olvida de que el Gobierno tiene iniciativa legislativa. Yo espero que hoy el consejero nos anuncie que el Gobierno está trabajando en una ley. Porque si no, el presidente del Gobierno o el Gobierno han caído en una evidente contradicción. No juguemos a las medias verdades con los ciudadanos. Si el Gobierno sigue pensando que esa era la solución, tiene en su mano traer a este Parlamento una ley para resolver los problemas de Güímar. Y si no la trae es porque, efectivamente, ni siquiera el Gobierno cree que aquella ley fuese la correcta, como decían sus informes y como dicen muy elocuentemente las ausencias del presidente del Gobierno en los dos debates que hemos tenido.

Yo quiero aprovechar para hacer algunas preguntas, luego podré escuchar al consejero y después, en el siguiente turno, aclarar algunas cuestiones. Miren, decía el presidente, textualmente, después del debate, que había pedido a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que le explicase cómo se ejecuta la sentencia judicial. ¿Ha tenido que esperar el presidente desde enero del año 2016, cuando la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó la sentencia..., ha tenido que esperar, prácticamente año y pico, para interesarse por las consecuencias que puede traer para el Gobierno de Canarias y también para los ciudadanos de Canarias ese fallo judicial?, ¿ha tenido que esperar un año y medio?

Miren, han estado perdiendo el tiempo y jugando con los intereses de los ciudadanos con el caramelo de la ley del Cabildo de Tenerife. Y han estado un año largo sin hacer absolutamente nada desde el Gobierno de Canarias, en una actitud enormemente irresponsable, que luego intentaremos saber cómo ha quedado. Porque en el anterior pleno hubo varias preguntas, de varios diputados, a usted y al presidente del Gobierno. De ahí sacamos algunas conclusiones, de las del presidente del Gobierno pocas, al margen de desacreditar nuevamente una decisión soberana de este Parlamento; pero de su intervención algunas cosas se dijeron. Una, que iba a crear una mesa de trabajo, con el Cabildo de Tenerife, entiendo, y donde estuvieran presentes algunos departamentos más del Gobierno de Canarias, para ver qué tienen que hacer o cómo resuelven esta cuestión. Entiendo que ya estará constituida, porque el tiempo apremia. Insisto, desde prácticamente hace más de año y medio que llevamos esperando por que el Gobierno haga algo.

La pregunta es qué ha hecho el Gobierno para conseguir dos objetivos, que son los que les interesan a los ciudadanos de Güímar y a los de Tenerife. Por una parte, cumplir con la sentencia. Que los areneros no se vayan de rositas. Que no terminen pagándose con dinero público las indemnizaciones que tuvieran lugar. Y, por supuesto, ni mucho menos, que al final de todo este camino terminen obteniendo un resultado, un beneficio económico de su propio delito; que ya sería, en fin, para estudiar en las facultades de Derecho. Y el segundo objetivo. Estamos ansiosos por conocer qué opina el Gobierno después de haber escuchado tanto, saber qué está haciendo el Gobierno para evitar que se vuelva a producir actividad extractiva en Güímar.

Estas son las dos cuestiones que tenemos que saber. Ya no hay titulares de prensa, ya no caben declaraciones en los medios, ya no hay, en fin, expresiones sobre las votaciones o sobre..., no, no. Hoy el Gobierno tiene que explicar con claridad qué está haciendo, qué ha hecho y qué va a hacer. Para que nos podamos dirigir a los ciudadanos de Güímar y decirles, con claridad, que ahí no va a volver a haber extracciones y que, desde luego, el cumplimiento de la sentencia no les va a costar ni un céntimo de euro a los ciudadanos de Canarias.

Porque este Gobierno ha hecho dejación de sus funciones, en mi opinión, al menos durante año y medio. Veremos cómo acaba. Y tenemos por delante un trabajo muy importante que hacer, lo veremos en el segundo turno; porque Canarias necesita regular, entre otras cosas, la actividad extractiva. Tiene que ser imaginativa, cumplir con sus obligaciones, con las que demandan o con las que se desprenden del propio Estatuto de Autonomía, que nos da competencias en la materia de Minas, de Industria, y que hasta ahora no se han desarrollado, ni legislativamente ni tampoco en ningún plan de ordenación de los recursos mineros -que he escuchado también, en medios de comunicación, que se está elaborando-. Veremos en qué términos está.

Porque ha llegado el momento de poner las cartas boca arriba, no les dimos la espalda a los ciudadanos de Güímar en aquel momento; no era verdad, no era la última vez que iba a venir este asunto al Parlamento, lo dijimos, y el Grupo Socialista ha cumplido. Hoy es el momento de que el Gobierno les explique, no solo al Grupo Socialista, sino a los ciudadanos de Tenerife, de Canarias y de Güímar, qué está haciendo y qué va a hacer.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos. ¿Ha terminado?, sí. Muchas gracias, señor Matos.

Señor consejero.

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO (Ortega Rodríguez): Buenas tardes, señora presidenta. Señorías.

Señor Matos.

La primera pregunta es qué piensa el Gobierno: uno, que hay que ejecutar los planes de restauración de las zonas de extracción de Güímar; y dos, tal y como dice la sentencia, que tienen que hacerse cargo los condenados del coste.

Y, señoría, como usted sabe -y lo sabe porque usted formó parte de esta consejería y este es un problema que viene desde hace mucho tiempo-, la competencia de ejecución y el desarrollo del régimen específico de la minería recae en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, a través de la Dirección General de Industria y Energía.

La Ley 22/1973, de Minas, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la investigación y el aprovechamiento de los yacimientos minerales y los demás recursos geológicos, cualesquiera que fueran su origen y su estado físico. (Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Lo ocupa la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).

El concepto de aprovechamiento engloba el conjunto de actividades que están destinadas a la explotación, a la preparación, a la concentración o el beneficio de un recurso mineral, incluyendo las labores de rehabilitación del espacio natural afectado por las actividades mineras, de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible y de la minimización de las afectaciones que están causadas por el laboreo de las minas.

El punto de partida de todos estos planteamientos lo encontramos en el artículo 5.3 de la Ley de Minas, según el cual el Ministerio de Industria realizará los estudios oportunos para fijar las condiciones de protección del medioambiente, y que serán imperativas en el aprovechamiento del conjunto de los recursos minerales que son objeto de la citada ley.

En 1982 se promulgó el Real Decreto 2994/1982, sobre la restauración del espacio natural afectado por actividades mineras, en el que la protección y la conservación del medioambiente afectado por las labores mineras fueron prioritarias.

La legislación estatal se basa en la normativa sobre los planes de restauración de espacios naturales afectados por la actividad extractiva, según el Real Decreto 2994/1982, en vigor hasta la aprobación del Real Decreto 975/2009.

En estas normas, señoría, se establece que el ejercicio de las actividades extractivas está condicionado por la necesidad de presentar un plan de restauración, cuya aprobación debe hacerse conjuntamente con el otorgamiento de los títulos mineros y tendría la condición especial de dichos títulos.

Actualmente, la regulación de los planes de restauración en actividades mineras viene establecida en el Real Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y de rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. De acuerdo con él, quienes realicen actividades de investigación y aprovechamiento por la Ley de Minas quedan obligados a realizar con sus medios los trabajos de rehabilitación del espacio natural afectado, tanto por las labores mineras como por sus servicios e instalaciones anejas, incluyéndose aquellas donde se hayan depositado los residuos mineros.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en relación a la restauración del ámbito de los barrancos de Güímar, la cantera Badén II, Badajoz y Extracsa, y adicionalmente El Llano II y El Fregenal establece, y cito literalmente: "de conformidad con lo establecido en el artículo 339 del Código Penal, se ordena la adopción a cargo de cada uno de los condenados de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado". Y continúa diciendo que "a tal efecto deberá realizarse el oportuno plan de restauración por parte de las administraciones competentes".

Conviene resaltar que el concepto plan de restauración, de acuerdo con la terminología tradicional, deriva del artículo 45.2 de la Constitución; si bien el concepto de rehabilitación resulta más exacto y acertado, pues rehabilitación se define como "el tratamiento del terreno afectado por las actividades mineras de forma que se devuelva el terreno a un estado satisfactorio, en particular en lo que se refiere [...] a la calidad del suelo, la fauna, los hábitats naturales, [...] el paisaje y los usos beneficiosos apropiados". Ello no implica la reposición del terreno a su estado original, inviable y de muy difícil ejecución en la mayoría de los casos.

Por tanto, un plan de restauración estará estructurado de acuerdo con el artículo 3.4 del Real Decreto 975/2009. Como mínimo, contendrá cinco partes. La parte uno, una descripción detallada del entorno que está previsto para desarrollar las labores mineras; una parte dos, en la que están las medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y la explotación de los recursos minerales; una parte tres, en la que tienen que estar las medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos a la investigación y explotación de recursos minerales; una parte cuatro, en la que está el plan de gestión de residuos; y la parte quinta, que es el calendario de ejecución y el coste estimado de los trabajos de rehabilitación.

En esta línea, no podrán otorgarse autorizaciones, permisos o concesiones reguladas por la Ley de Minas sin tener autorizado un plan de restauración. Y, una vez otorgado, no podrán iniciarse los trabajos hasta tener constituidas las correspondientes garantías financieras o equivalentes que aseguren su cumplimiento.

En cuanto al procedimiento de aprobación de la actualización de los planes de restauración, la autorización del plan de restauración se hará conjuntamente con el otorgamiento del permiso de investigación, la autorización o la concesión de la explotación, y tendrá la condición especial de dicho título minero. No podrán otorgarse, esto sí, a través del plan de restauración; no queda debidamente asegurada la rehabilitación del medio natural afectado, tanto en lo que se refiere a las labores mineras como por los servicios e instalaciones anejas. Al finalizar el aprovechamiento, cuando la entidad explotadora deba proceder a la rehabilitación y abandono definitivo de la explotación, presentará para su autorización, ante la autoridad competente en materia de seguridad minera, un proyecto de abandono definitivo de las labores en el que se justificarán las medidas adoptadas y a adoptar para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes. Una vez autorizado, con las modificaciones que en su caso estime la autoridad competente en materia de seguridad minera, la entidad explotadora ejecutará los correspondientes trabajos y, una vez estén finalizados, lo comunicará a la misma solicitando la autorización de abandono definitivo de la explotación. La autorización del abandono por parte de la autoridad competente no disminuirá, en ningún caso, las responsabilidades por parte de la entidad explotadora de acuerdo con las condiciones de la autorización u otras obligaciones legales.

Si la entidad explotadora procediese al abandono de un aprovechamiento de sus instalaciones y servicios auxiliares sin haber obtenido la correspondiente autorización de la autoridad competente, esta adoptará posteriormente las medidas de seguridad precisas para salvaguardar la seguridad y los intereses de terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas y de sus responsabilidades. A día de hoy, la ejecución de los planes de restauración aprobados solo puede ser desarrollada como actuaciones de carácter singular en cada explotación, con las revisiones que fueron exigibles conforme al artículo 7 del Real Decreto 975/2009. En todo caso y como un supuesto especial, solo podría exigirse restauración conjunta del ámbito si se estableciera un coto minero en virtud del artículo 8 del Real Decreto 975/2009; ello requeriría la necesaria coordinación entre administraciones y en cumplimiento de la sentencia del pasado 28 de enero de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, en cuanto a los documentos de planificación territorial vigentes que permiten la actividad extractiva, en primer lugar comentar que, en materia de ordenación del territorio y del medio ambiente, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento no posee competencias para la elaboración del plan de restauración medioambiental y paisajístico de ámbito espacial de los barrancos de Güímar de una forma conjunta. El PIOT, aprobado por Decreto 150/2002, incluía la zona de los barrancos de Güímar dentro de los ámbitos extractivos admitidos en la isla, remitiendo la ordenación de este espacio y de todos los usos concurrentes en un plan territorial parcial. Por su parte, el Ayuntamiento de Güímar, en sesión plenaria el 11 de mayo del 2005, aprobó de forma definitiva el Plan General de Ordenación de Güímar, y este instrumento clasifica el espacio ocupado por las extracciones como suelo rústico de protección minera.

Por otro lado, el 5 de febrero del 2004 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial del Área de los Barrancos de Güímar, que establece la ordenación minera en el ámbito de dicha área, los barrancos, previo acuerdo de la Cotmac del 4 de febrero del 2003, de acuerdo con la proposición no de ley del Parlamento de Canarias de 7 de mayo de 1997, aprobada por el pleno del Parlamento y la proposición no de ley de 25 de noviembre de 1999, por la que se insta al Gobierno de Canarias a elaborar un plan territorial de ordenación especial para la zona de los barrancos de Güímar.

Finalmente, en cuanto a la prohibición de la actividad extractiva, a día de hoy no existe un instrumento de ordenación que prohíba la actividad extractiva en los ámbitos de Güímar y, de acuerdo con el artículo 122 de la Ley de Minas, cualquier prohibición... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un minuto adicional).

Cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades incluidas en la Ley de Minas deberá ser motivada y no podrá ser de carácter genérico.

En la actualidad, la situación de las canteras del área de los barrancos de Güímar es que cinco canteras tienen una orden de caducidad dictada en su día por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento; y solo una de las canteras, Fregenal, se encuentra vigente y en estos momentos no hay causas por las que se pueda declarar su caducidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Señor Matos, tiene la palabra.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señor consejero.

No sabe lo que me alegra haberle escuchado. Ha venido usted a darnos la razón: en primer lugar, no hay ley. El Gobierno de Canarias no tiene previsto tramitar ninguna ley sobre los barrancos de Güímar, así que primera media verdad desvelada. Ni ustedes se creían el proyecto de ley de don Carlos Alonso porque si no, lo coherente era que el Gobierno, en esas soluciones que usted ha apuntado, nos hubiera anunciado hoy que está trabajando en una ley que tuviera como finalidad el acabar con las actividades extractivas en las canteras de Güímar; pero como eso no se puede hacer, porque sus propios informes decían lo contrario, el Gobierno de Canarias no tiene ninguna ley, ni va a aprobar ninguna ley, ni le va a proponer ninguna ley al Parlamento de Canarias en el mismo sentido en que nos trajo la ley el señor Carlos Alonso.

Por tanto, hemos necesitado dos plenos y que el Gobierno comparezca a contestar para que ustedes mismos desvelen las medias verdades que vino aquí a decir el presidente del Cabildo del Tenerife, y la solución -que era una solución envenenada-, en la que el propio Gobierno de Canarias no creía, porque los informes eran negativos, y que nunca tuvo que haber llegado a este pleno del Parlamento. Y la mejor prueba: ustedes no tienen una ley preparada para esto, ni la van a hacer.

Las soluciones que usted ha dado para acabar con las actividades extractivas en Güímar son las mismas que dijimos los grupos parlamentarios en el debate que tuvimos aquí, como consecuencia de la toma en consideración de la ley del Cabildo de Tenerife, ni más ni menos. Pero es que usted tampoco puede decir otra cosa, porque no puede contradecir los informes de su propia consejería, los informes de Política Territorial o los informes de Agricultura. El resto son titulares, el resto son ausencias como la del presidente del Gobierno de Canarias, otra vez, en un asunto clave como este, porque no quiere estar, porque no quiere estar en este asunto, porque aquí se mezclan cosas, porque cinco minutos antes de que tengamos el debate el presidente del Gobierno le dice a la alcaldesa de Güímar que le va a permitir usos turísticos, luego el presidente habla de expropiaciones a través de una ley... Pero, ¡¿qué disparate es este?! Si estaba todo claro en la ley, estaba todo claro en los propios informes del Gobierno, pero ustedes han querido jugar a la política del regate en corto con este asunto; traerse a su vera a la alcaldesa de Güímar, ustedes sabrán por qué; y engañar a los ciudadanos de Güímar como hicieron en el pleno intentando además decir que éramos los otros los que les cerrábamos las puertas a los ciudadanos de Güímar. No era verdad y hoy ha quedado suficientemente acreditado. ¡Pónganse a trabajar! Dejen de perder el tiempo con escaramuzas como esa ley del Cabildo de Tenerife que ni ustedes mismos se creen.

Miren, dos cuestiones -me quedan dos minutos y dieciséis segundos-.

Una primera: pónganse las pilas para cumplir con la ley. Usted acaba de hablar del Real Decreto 975/2009 y parece que lo acaban de descubrir, la sentencia es de enero del año 2016, ¡corra!, le queda poco tiempo, tiene que estar terminado, acaba usted de describir un proceso administrativo... En fin, no me quiero ver en sus zapatos para tenerlo listo para poder cumplir con la sentencia y que no se vayan de rositas los que fueron condenados por esta sentencia, y tiene que estar antes de enero del 2018. ¡Corran, han perdido el tiempo! Han perdido el tiempo con la ley del cabildo y nos han puesto un caramelo para que pareciera que estaban haciendo algo. No estaban haciendo absolutamente nada, ni fuera del Gobierno ni en el Gobierno, y hoy ha quedado acreditado.

Y, es más, no ha dicho absolutamente nada de cómo va a resolver el fin de la actividad extractiva en Güímar, que es lo que les interesa a los ciudadanos de Güímar, ¡ni una palabra! Si el fin de las actividades extractivas en Güímar era una ley, usted hoy tenía que haber anunciado una ley, y no la anuncia porque no era verdad lo que ustedes contaban en este Parlamento. El fin de las actividades extractivas en Güímar se hace como dicen los propios informes de la Consejería de Industria, modificando el PIOT, con un proyecto, cumpliendo con la ley, y no con la cosa esa que ustedes trajeron aquí el otro día al Parlamento. Por eso era tan importante que ustedes vinieran hoy y lo explicasen; porque se acabó decir a los ciudadanos de Güímar, a los de Tenerife y a los de Canarias cosas que no son verdad y que no tienen respaldo legal ni jurídico ninguno. Y les han estado tomando el pelo a los ciudadanos de Tenerife y de Canarias con este tema.

Varias cuestiones: desarrollen, desarrollen la legislación canaria en materia de Minas, insten al Gobierno de España a modificar la ley de 1973 en relación con la calificación de la actividad extractiva, que está calificada como de poca repercusión económica y tiene una regulación que a nosotros nos perjudica, porque no es lo mismo extraer áridos en Cuenca o en Segovia que hacerlo en Güímar. Y estudien la expropiación, como ha dicho el presidente; estúdienla, pero con un informe jurídico serio, riguroso, y no con titulares de periódico, señor consejero. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista Canario).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Gobierno, para finalizar esta interpelación, tiene la palabra el señor consejero don Pedro Ortega.

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO (Ortega Rodríguez): Gracias, presidenta.

Señor Matos, yo no he dicho lo que usted dice que he dicho; usted está diciendo lo que usted piensa, que no es lo que he dicho yo.

Entonces, vamos por partes, a ver. O sea, yo en mi primera exposición lo que he querido es colocar las cosas en su sitio; es decir, cuál es la situación, creo que es importante. Usted me decía "pónganse a trabajar", para trabajar hay que conocer la situación, el expediente había que conocerlo y es lo que hemos hecho. Primero hay que saber de lo que estamos hablando, primero tenemos que saber las competencias. Como usted dice, usted me hizo una pregunta que no le contesté, no le contesté porque no me dio tiempo; me faltaron treinta y tres segundos en la primera parte, con lo cual, no le contesté que sí, que nos hemos reunido la Consejería de Medio Ambiente, el cabildo, y también estamos trabajando con el ayuntamiento para buscar soluciones consensuadas. La competencia de la consejería son los planes singulares de restauración, para lo que nos estamos dirigiendo a los areneros para que presenten. En algún caso, ya se les ha devuelto el plan diciendo que lo que han presentado no está acorde con lo que es necesario. Con lo cual, estamos trabajando.

Anunciar una ley aquí hoy, sin estudiarlo o no... Bueno, hay un problema con el que se está trabajando. Es decir, si viviéramos de titulares, yo vendría hoy y diría eso. No le digo eso porque precisamente no estamos jugando con los titulares; estamos jugando con una zona que hay que tratarla adecuadamente, y a la que hay darle una solución integral, y en la que hay varios actores.

La sentencia. Básicamente, lo que nos indica la sentencia es, primero, que los areneros tienen que pagar la restauración. El magistrado nos indica que entre las autoridades competentes les digamos cómo se restaura aquello. Es verdad que, si desde el punto de vista minero hiciéramos una restauración minera, sería para cada uno de los sitios una restauración minera tal cual; y es verdad que se está intentando buscar aquello, respetarlo y, es más, se piensa en que en aquello no puede haber más actividad extractiva. En este momento, además, hay una situación complicada de resolver porque, evidentemente, en los planes de restauración que presentan los areneros, esta consejería, desde la parte minera, alega cuándo o no, y para eso están los técnicos competentes en la materia, que son los que indican si eso corresponde o no corresponde. Pero también se está buscando una solución, integrar un espacio, porque como usted decía, todos los ciudadanos de Güímar tienen derecho a que aquello se recupere en la forma mejor posible.

Lo que usted dice de los informes. Evidentemente, yo le decía: llenar los agujeros y volver al estado inicial, no. Con lo cual, tenemos que trabajar, desde el compromiso, en que todas las administraciones juntas deben buscar una solución para el problema que existe hoy. Y todas las administraciones, y de la forma que sea, tendremos que plantearnos una solución para el futuro. Solución que, además, tenemos que conseguir que no cueste al bolsillo de los canarios.

Con lo cual, a la primera: yo no le he dicho que no vaya a haber una ley, es usted el que lo dice.

Yo no le contesté a lo de las reuniones. Bueno, le contesto. Ya hemos tenido reuniones y estamos trabajando para ello. Con lo cual, le contesto a la tercera.

Cuando usted me dice que no estamos trabajando y "pónganse a trabajar", yo le confirmo que estamos trabajando.

Y en este camino, yo espero que, pronto -más pronto que tarde-, este problema yo pueda plantearles en qué situación estamos. Pero, realmente, créame que no depende de nosotros solos, sino que esto es un entramado en el que los propios areneros tienen que contestarnos a todos nuestros pliegos, a todos nuestros requerimientos. Y en eso estamos, señoría, no en otra cosa.

Muchas gracias.