Diario de Sesiones 86, de fecha 13/9/2017
Punto 7

9L/C-1224 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN NUESTRAS PLAYAS.

La señora PRESIDENTA: Pues continuamos con la siguiente comparecencia, a instancia del Grupo Popular, sobre las condiciones mínimas de seguridad en nuestras playas.

Señora Reverón, cuando usted quiera, cinco minutos.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenos días nuevamente, señorías.

No es la primera vez que se habla en el Parlamento de Canarias de las medidas de seguridad de las zonas de baño. Y aunque este tema entendemos que está suficientemente debatido, lo cierto es que, como el resto de la mayoría de sus asuntos, señora consejera, siguen sin solución.

Lamentablemente, a lo largo del verano los datos de siniestralidad han vuelto a alarmarnos y a revelar una vez más su pasividad. A pesar de que le hemos reiterado en esta Cámara en multitud de ocasiones que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios en nuestras zonas de baño, usted ha preferido, y se lo dije en la anterior comparecencia, mirar para otro lado. Pero como para mi grupo parlamentario sí reviste gravedad, nuevamente, volvemos a traer este asunto a la Cámara; y por varios motivos, pero, principalmente, por la siguiente noticia:

El 28 de agosto un medio de comunicación decía que la cifra de ahogados en las islas ya es alarmante. El número de ahogados en el archipiélago está siendo alarmante respecto a años anteriores; son ya 54 ahogados en las costas canarias. Decía este periódico que, a falta de tres días para que finalizara el mes de agosto, Canarias suma 7 fallecidos más que el año pasado, con 46 casos en el 2016; y en los mismos meses del 2015, desde enero hasta agosto, se registraron 34 ahogados más. ¿A qué estamos esperando?

Usted sabe, señora consejera, que Canarias es el territorio nacional que posee más kilómetros de costas, 1500 -además, hicimos una campaña sobre eso-, donde se ubican 322 playas y zonas habituales de baño, y cuya normativa principal en materia de seguridad es una orden ministerial preconstitucional del año 72 por la que se dictan normas e instrucciones para la seguridad humana en los lugares de baño, publicada, todos sabemos, hace más de cuarenta años.

No quisiera, por supuesto, que sus señorías vieran en mis peticiones de comparecencias que pretendo dibujar una imagen desoladora de Canarias. Algunas personas dicen que hago mal hablando de que nuestras costas son inseguras o que tenemos el agua contaminada por los vertidos, pero yo creo que poner las cosas sobre la mesa con los datos es ser objetivos, y si los datos de los vertidos y el número de datos de los ahogados no nos gustan, pues el Gobierno, su Gobierno, además de que tiene competencias, tendrá la obligación de cambiar esta situación. Por eso traigo hoy a esta Cámara este tema.

La franja litoral es un recurso especialmente atractivo, todos lo sabemos. No tenemos normativa, pero sí la capacidad de elaborarla. Tenemos planes sectoriales, normas básicas, supletorias y tenemos, por otro lado, demandas del sector turístico y de los usuarios. Queremos que este Gobierno haga su trabajo y que no sigamos en la línea ascendente del número de ahogados en nuestras costas. Porque las playas son las mismas, que yo sepa, desde hace años, los usuarios más o menos suelen ser los mismos y algo está pasando, porque hay más ahogados.

Estamos seguros de que todos sabemos que en seguridad no podemos escatimar, independientemente de que las competencias sean municipales o regionales. Somos todos conscientes de la necesidad de aprobar sin más demora una regulación de medidas de protección y seguridad en las playas en nuestra comunidad autónoma. Y, tal y como afirma el propio Gobierno de Canarias, la necesidad y oportunidad de aprobación de un decreto quedan patentes a la vista de la entidad del problema al que se pretende dar respuesta. Asimismo, su Gobierno afirma que por tales razones resulta absolutamente imprescindible articular medidas normativas concretas, que impongan un modelo racional y eficaz a ejecutar coordinadamente entre todas las administraciones públicas canarias, cada una, por supuesto, dentro del marco de sus competencias.

Por ello, desde mi grupo parlamentario llevamos solicitando información; este año, concretamente, yo he solicitado información en el mes de abril. Y, sobre todo, le hemos pedido que nos diga qué medidas iba a adoptar ante esta grave situación, que iba a llegar la época estival y, por ende, cuál iba a ser la fecha de aprobación y de aplicación del decreto. Porque usted ya dijo el año pasado que quería hacer las cosas lo antes posible, pero, a día de hoy, esa realidad no existe.

Todos sabemos que la Ley de Costas, modificada en el año 2013, establece que la elaboración y aprobación de las disposiciones sobre seguridad humana en lugares de baño corresponde a la Administración del Estado. Asimismo, esta misma ley dispone que son competencias municipales en los términos previstos por la legislación de las comunidades autónomas, que podrá abarcar, entre otros extremos, mantener playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad. También deben los ayuntamientos vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración General del Estado, que dicta en relación con temas de salvamento y seguridad y recogidas en el real decreto que desarrolla la Ley de Costas. Pero también establece que las comunidades autónomas ejercerán las competencias en materia de ordenación territorial, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas con el Estatuto de Autonomía y, por tanto, dentro de este espectro entran lo que son las competencias en materia de seguridad.

Finalizando, por supuesto, para no aburrir a sus señorías, sobre lo que son las competencias y un resumen normativo, voy a recordarles que esta comunidad tiene competencias exclusivas en materia de deportes, ocio, esparcimiento y también en salvamento marítimo; si bien es cierto que, a la vista de las normas referidas, la Administración del Estado ostenta facultad necesaria para la elaboración y aprobación de las normas por tratarse de normas que afectan directamente al uso común en el dominio público, no es menos cierto que el contenido de la materia puede inscribirse igualmente en el ámbito de protección civil, materia en la que la comunidad autónoma tiene plena capacidad y tiene plena competencia, a la luz del Tribunal Constitucional.

En Canarias...

La señora PRESIDENTA: Señora Reverón, se acabó su tiempo, concluya.

¿Le queda algo más? Si no, para intentar ser...

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: (Ininteligible).

La señora PRESIDENTA: Vale.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Lo único es que le quería decir a la señora consejera que a qué está esperando y que salga de la zona de confort en la que se encuentra últimamente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Reverón.

Turno para el Gobierno. Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Bueno, precisamente porque a este Gobierno le preocupa que haya una normativa reguladora y coordinada en materia de protección civil y seguridad en las playas estamos trabajando en la elaboración del reglamento. Decreto que, como ustedes saben, se hace conforme a un procedimiento que está tasado y que también se corresponde con una norma ya aprobada en esta comunidad autónoma y, por lo tanto, los plazos que hay que seguir son los que hay que seguir, el procedimiento que hay que seguir es el que hay que seguir, no nos lo podemos saltar, para el que decreto termine aprobándose.

Ahondando en la comparecencia, a través de esta regulación normativa que pretendemos se busca crear un conjunto de medidas coordinadas para todas las administraciones locales que contribuyen al sistema de protección civil y facilite su aplicación. Se trata, por tanto, de una disposición en materia de protección civil que pretende fortalecer la protección desde el punto de vista de las medidas de seguridad que se aplican en las playas y lugares de baño de Canarias, así como que las medidas que se apliquen estén coordinadamente relacionadas por los ayuntamientos y coordinadas entre ellos.

Ya en 2003 tuvimos un decreto del Gobierno de Canarias -el 98/2003- que regulaba las medidas mínimas de seguridad y protección que han de cumplir las playas de Canarias, que quedó suspendido por el Decreto 289/2003 unos pocos meses después.

En cuanto a la norma que nos ocupa, el borrador del decreto sobre protección civil y medidas de seguridad de las playas, en este momento ha culminado su trámite de consulta pública, que, como saben, es el primer paso para iniciar su regulación, y en estos momentos ya están solicitados los informes preceptivos como paso previo y además simultáneo para la información pública a todos los ciudadanos.

Con el objeto de poder dar a conocer mejor el borrador definitivo de lo que será el decreto de seguridad y protección civil en las playas, y, por tanto, como fase previa a las alegaciones para que los ciudadanos lo conozcan y puedan aportar alegaciones, desde la consejería organizamos los próximos días 3 y 4 de abril un congreso sobre seguridad y prevención en el litoral de Canarias que permitirá debatir y compartir opiniones diferentes con las fuerzas de seguridad y emergencias, con entidades vinculadas a este asunto, de salvamento, asociaciones, agrupaciones de voluntarios, empresas de socorrismo, turoperadores, sector turístico, ciudadanos y, fundamentalmente, administraciones locales. Durante estos días, podremos conocer la experiencia de otras comunidades, como la de Baleares, que tiene un decreto aprobado ya hace años y que se basó en el decreto del 2003 que aprobó esta comunidad autónoma. No solo ha podido trabajar coordinadamente con todas las administraciones locales, sino que ha podido reducir la cifra de ahogados. También conoceremos las experiencias del País Vasco así como las experiencias de quienes día a día trabajan en este sentido.

(Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

Nace, por tanto, este congreso con vocación de continuidad para que se convierta en un foro de debate y coordinación entre todas las administraciones y entidades y que nos permita conocer sus opiniones de las mismas para mejorar año tras año las medidas que se aplican. Contribuye, por tanto, a crear -que es muy importante- una cultura de seguridad en las playas para los ciudadanos.

Quiero añadir que, en tanto estamos redactando este decreto y sigue su trámite correspondiente, porque ahora en lo que estamos es en una fase no de redacción sino de tramitación procedimental, la Dirección General de Seguridad y Emergencias ha impulsado varias acciones para concienciar y sensibilizar sobre la importancia de adoptar medidas de protección civil y seguridad tanto para los ciudadanos como para las administraciones.

Desde hace algún tiempo, se puso en marcha la campaña "Riesgo 0" del Cecoes, que se implementa cada año y que permite acceder a través de mensajes y a través de información del Cecoes a todos los ciudadanos. Este año por primera vez hemos puesto una campaña en redes sociales llamada "Salvemos vidas juntos", dirigida no solo a destinatarios españoles, sino también a extranjeros, que ya lleva más de seis millones de visitas.

Además, se han dirigido recomendaciones a los ayuntamientos sobre protección civil en materia de seguridad en las playas en junio de este año. A eso hay que añadir los recursos con los que cuenta la dirección general en materia de seguridad y emergencias, que, como ustedes saben, he detallado en otras ocasiones, pero que detallaré brevemente. Para garantizar la protección civil y la seguridad, en este sentido, también se hace a través del centro coordinador Cecoes, lo hacemos con los cinco helicópteros que están posicionados en las islas y que cuentan con grúa para el rescate si fuera necesario, con personal GES, con embarcaciones para salvamento marítimo y con el convenio que tenemos firmado con el Ministerio de Fomento para actuaciones de salvamento marítimo en temas de búsqueda, rescate y salvamento, como decía.

Me gustaría centrarme en los aspectos más importantes del decreto:

La norma por la que ustedes me preguntan hoy pretende clasificar las playas y el grado de protección, según los cuales se seguirá un plan de salvamento en función de la clasificación de las mismas y del grado con nivel de protección que requieran. Creamos, además, un catálogo de playas y zonas de baño como documento que permitirá conocer todas las características de las playas y, por lo tanto, saber qué nivel de protección y qué medidas adecuadas a esas se tienen que aplicar. En cuanto a medidas de protección civil, el decreto regulará el contenido mínimo de los planes de salvamento, elementos de información, como las banderas, carteles, sistemas de aviso, balizamientos, para que sean homogéneos e iguales en todas las administraciones cuando se apliquen.

Regula la obligatoriedad de realizar memorias que sirvan para el seguimiento y análisis de la eficacia de las medidas que se han aplicado y se acompañará, como decía, del catálogo de playas y zonas de baños que es compromiso de esta consejería -me lo han oído decir en algunas otras veces cuando he intervenido en esta Cámara para hablar del decreto-; es compromiso de esta consejería con la Fecam llevarlo a cabo y realizarlo. En ese catálogo se establecerán las clasificaciones de las playas según tengan uso prohibido, sean peligrosas o sean de libre acceso, el grado de protección de cada una de ellas y las medidas a adoptar en función de su grado de protección. Además, nos hemos comprometido con la Fecam, en las reuniones que hemos mantenido, a realizar un estudio económico sobre lo que puede suponer la implantación de todas las medidas de protección civil que recoge el decreto para saber cuál es la cuantificación de lo que les supone a los ayuntamientos y establecer una línea de subvención.

Quiero añadir que para nosotros es muy importante la participación de todas las entidades, colectivos y, fundamentalmente, las aportaciones que nos hagan llegar desde la Fecam para mejorar el decreto. Desde luego, se mejorará de esa manera y por eso es muy importante y por eso queríamos hacer coincidir este congreso como paso previo a la fase de alegaciones. En la fase de alegaciones, sin lugar a dudas, hasta ahora las aportaciones en fase de consulta pública, que, como saben, la consulta pública se inicia con una memoria de lo que va a ser la norma, hemos recibido aportaciones sobre todo de colectivos relacionados con salvamento y ONG que nos han permitido enriquecer ese borrador, para el que hemos solicitado informe y que se pondrá en fase de alegaciones públicas, y que nos permitirá también seguir avanzando en la mejora, especialmente, no solo de las medidas a adoptar, sino también de las características que debamos reseñar en materia de playas.

Simplemente, y de manera muy breve, sí me gustaría destacar que, cuando decía que se clasifican, algunas de las clasificaciones que nos permiten hacer a través del decreto y que ya se recogen es ponerles un grado de nivel de peligrosidad a las playas acompañados de por qué lo son y por qué no lo son y que todos los ciudadanos puedan conocer qué riesgos se encuentran en cada una de ellas, que nos permitan realizar una actividad similar en cada uno de los ayuntamientos en materia de señalética, de balizamientos, de banderas, que sea un código similar en todos los ayuntamientos y que no nos encontremos problemas de distintas banderas como nos encontramos cada año en las playas canarias y que al final a lo que llevan es a confusión.

Quiero decir también que en los casos en que los que el decreto establece los grados de protección de playas y zonas de baño, estableciendo aquellas en las que se puede recomendar o no se puede recomendar el baño, y, en caso de recomendarse, qué medidas deben adoptar los ayuntamientos.

Bueno, en cuanto al contenido, como les he dicho, señorías, se pondrá en fase de información pública en breve, queremos hacerlo coincidir, como decía, con la celebración de ese congreso los próximas días 3 y 4 de abril, que lo celebraremos en la sede de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a quien agradezco su colaboración en la organización y en ceder las instalaciones, y esperamos -e invitamos desde aquí- que tengamos las alegaciones suficientes que nos permitan enriquecerlo y, por supuesto, las aportaciones que desde la Fecam nos transmitan una vez que se inicie esa fase.

Yo creo, y así se lo transmitiría, creo que es fundamental que, una vez que conozcamos el sentido de los informes y podamos mejorar con él el borrador, hacer una reunión. Hasta ahora, nos hemos reunido con la comisión de la Fecam, la que lleva estos asuntos, pero yo creo que sería fundamental hacer -y así lo lanzo, se lo transmitiré también a ellos- una reunión con todos los municipios que tengan costa para que aporten ya sobre el borrador del decreto uno a uno, no a través de una comisión, sino con todos y cada uno de ellos. Porque creo que es fundamental si queremos que esto funcione y se aplique realmente no solo la línea de subvención que plantee el Gobierno, sino también que conozcamos uno a uno los detalles y las opiniones de cada uno de los ayuntamientos, y creo que la mejor manera es hacerlo directamente con todos y cada uno de ellos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora consejera.

Turno del Grupo Mixto. Señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, llevamos ya trece años desde la paralización del Decreto 98/2003 y seguimos sin contar con una normativa que regule las medidas mínimas de seguridad y protección de nuestras playas. Demasiado tiempo cuando, además, intentamos atraer turistas a Canarias ofreciéndonos como un destino de sol y playa. Por eso la felicito que, después de tanto tiempo, usted haya decidido poner solución a este problema.

Este verano no hemos dejado de recibir trágicas noticias de fallecimientos por ahogamiento. En total, en los ocho primeros meses, 55 víctimas: somos la tercera comunidad con mayor número de ahogados, solo por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana. En España ha habido un total de 375 ahogamientos durante este año, de los cuales 55, como ya dije, corresponden a la comunidad canaria. Aunque también debemos recalcar que un 85 % de estos ahogamientos se debe a la imprudencia de los bañistas, de ahí la importancia de las campañas de concienciación y prevención por parte de todos los intervinientes en este asunto. Un alto porcentaje de los ahogados son turistas, de ahí que debamos involucrar también a la Consejería de Turismo.

Como usted bien ha dicho, esta nueva norma comprende un catálogo de playas y zonas de baño y sus características, dotándolas de su grado de peligrosidad. Creemos que debemos aprovechar también este estudio para que desde la Consejería de Turismo se dé también relevancia a este tema.

Los ayuntamientos son los responsables de concretar cuáles son los espacios donde puede haber riesgos y de las medidas a adoptar frente a los mismos en las zonas de baño. Mayor razón para que Canarias cuente urgentemente con un marco jurídico.

Canarias tiene 1500 kilómetros de costa y 322 playas, además de otras zonas de baño como, por ejemplo, en complejos hoteleros, por tanto, la vigilancia cobra un papel fundamental, y ahí entran los servicios de socorrismo. Para los ayuntamientos es imposible asumir ese servicio durante todo el año, el coste económico es muy grande. La formación de este personal es excelente, pero, desgraciadamente, debido a este problema, de nada sirve esa formación si al final ellos no pueden desempeñar el trabajo para el que han sido formados. Por lo tanto, como le he pedido otras veces, creemos que es fundamental que desde el Gobierno de Canarias se ayude a los ayuntamientos para que puedan dotar todas sus playas de socorristas.

Y nada, pues, simplemente, animarla para que este marco regulador se apruebe lo antes posible. Nosotros, desde nuestro grupo, en aquellos ayuntamientos en los que gobernamos, vamos a poner todo el apoyo que usted...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Turno del Grupo de Nueva Canarias. Señora Acuña.

La señora ACUÑA MACHÍN: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Y bueno, este es un gran problema, o sea, cada muerte es un problema. ¡Somos la tercera comunidad autónoma...! Hombre, en Madrid dudo yo que alguien se ahogue, es decir, tenemos 1500 kilómetros de costa, por lo tanto, creo que tenemos un problema, pero tampoco creo que debamos ser tan alarmistas. Ahora bien, hay que ponerle remedio.

Vamos a empezar con una cosa. El señor Rajoy, con la Ley de Sostenibilidad y Racionalización, nos quitó a los ayuntamientos todas las competencias. Le íbamos a echar una mano a un vecino y no podías porque Intervención te decía que no porque Rajoy te quitó aquello y te quitó esto... Mire, ¿y por qué no nos quitó esta?, porque aquí en los ayuntamientos tenemos un serie problema, un serio problema. Y voy a comparar la situación de dos alcaldes que estamos en este Parlamento.

Una es la mía, que tengo mucha costa y mucha playa, que balizar 800 metros le costó al Ayuntamiento de Yaiza 40 000 euros y mantener el servicio de socorrismo y vigilancia en 130 metros de playa seca nos cuesta 60 000 euros. El Ayuntamiento de Yaiza tiene 24 millones de presupuesto, ¿cómo lo va a hacer el compañero Marci Acuña con 7 millones de presupuesto? ¿Alguien nos lo quiere explicar? Porque esto es un problema.

Se puede regular, desde la consejería se está haciendo todo lo que se puede hacer, se está consensuando, se puede tratar de mejorar, y creo que así lo está haciendo, con la colaboración de la Fecam, porque además soy miembro de esa comisión; pero yo hay algo que todavía no termino de entender. La Ley de Costas, de la que la solicitante de esta comparecencia antes hablaba, dice que el responsable de los acantilados es Costas. Que no se le ocurra a un vecino poner una piedra mal puesta porque aparece Costas. Mire, ¿y dónde está Costas aquí?, porque las hamacas se ponen en dominio público, los servicios de socorrismo se ponen en servicio público, pero no, aquí los mindundis de los ayuntamientos a soportar esta gran carga. No la vamos a poder asumir, señora consejera, ponga todo lo que pueda poner, pero aquí el problema es esencialmente económico: son 15 kilómetros de costa, mucho, mucho dinero.

Entonces, yo creo que aquí hay que tratar este tema desde arriba hasta abajo, no decirle al de abajo tome usted eso y...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Acuña.

Turno del Grupo Podemos. Señora Arnaiz.

La señora ARNAIZ MARTÍNEZ: Buenos días, consejera.

Queremos aprovechar esta intervención para anunciar que tenemos una iniciativa, que se ha realizado antes de verano con diferentes colectivos, sobre emergencias acuáticas, que ya la hemos presentado en el Cabildo de Tenerife y la presentaremos en forma de moción en el próximo pleno aquí como proposición no de ley.

Según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Canarias en 2016 se colocó segunda en el ranking nacional de ahogamientos, superando a comunidades como Valencia. Con fecha de hoy, en 2017 tenemos, ya solo hasta agosto, mayor número de ahogados que todo el año anterior.

La Federación de Salvamento y Socorrismo nos dice también que estas preocupantes cifras se podrían reducir si las administraciones tomaran una serie de medidas. Por un lado, los profesionales lo que nos reclaman son más socorristas, ya que el 90 % de los fallecidos se ahogaron en playas sin socorrista. En cuanto a esta medida, nosotros somos conscientes de que en un territorio como el nuestro no se puede tener socorristas en cada rincón, pero sí debe haberlos en las zonas de mayor afluencia de baño y, en el resto de los casos, también se pueden aportar soluciones viables, económicas y que también son eficaces.

Nos dicen expertos en seguridad y emergencias que en Canarias no hay cultura de la seguridad en esta materia y que nunca la ha habido, y creemos que, teniendo en cuenta las cifras de ahogados cada año, es momento de hacer algo al respecto, porque no podemos pretender vender un destino selecto de sol y playa y ofrecer servicios de protección de segunda o no ofrecer ningún servicio de protección.

Por un lado, tenemos la falta de señalización, que es fundamental en un territorio como el nuestro, y barata, y con eso se salvarían muchísimas vidas. Cosas básicas y sencillas, como la instalación de aros salvavidas para evitar que los bañistas se jueguen la vida intentando salvar a alguien que está en peligro, o más señalizaciones de zonas que indiquen que se trata de un lugar peligroso para el baño o incluso que ya han muerto allí otras personas. Y esto no supone grandes inversiones, es una cuestión fundamentalmente de voluntad política.

Por otro lado, está -también lo reclaman los profesionales- el desastre en la formación paralela que se está ofreciendo, en la formación en cuanto a salvamento y rescate, que se está ofreciendo por parte, incluso, del Gobierno de Canarias a la formación profesional que ya existe. Como, por ejemplo, títulos de cursos de cien horas para playas y treinta para piscinas. Esto se tiene que acabar, se tiene que acabar si queremos darle la seriedad que se merece esta profesión y también la protección que se merecen las personas.

En cualquier caso, en nuestra proposición no de ley proponemos cinco puntos fundamentales que creemos que debe modificar el Gobierno para hacer un trabajo serio en esta materia, y esperamos que apoyen y que aporten cuando la traigamos a este pleno.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Arnaiz.

Turno del Grupo Socialista. Señora Alemán.

La señora ALEMÁN OJEDA: Muchas gracias, señor presidente.

La voluntad real de esta Cámara tiene que ser poner freno al creciente número de fallecimientos por accidentes en el medio acuático en Canarias, ya sea en la costa, en la playa o en piscinas. Es difícil de explicar a la ciudadanía -no podemos olvidar que estamos aquí representándola- que con el acuerdo unánime alcanzado en el último debate de la nacionalidad hubo propuestas de resolución, si no recuerdo mal, de todos los grupos parlamentarios, hemos apostado decididamente por que tengamos un decreto que regule la seguridad en playas y costas.

Partimos de una ausencia inexplicable de una norma autonómica que regule la seguridad en las costas, sobre todo, por la preocupante cifra de ahogamientos. A día de hoy, Canarias cuenta con un total de 59 muertes, hay un desfase de 4 con los datos oficiales porque -lo hemos dicho muchas veces- no se sigue el proceso cuando el ahogado sobrevive y va a al hospital pero fallece a las pocas horas.

Según declaraba la propia consejera, 59 muertes, este mismo lunes, en la presentación de un congreso sobre seguridad en el litoral que organizará la propia consejería. Perdieron la vida por ahogamiento el año pasado 52 personas y este ya llevamos 59. Si eso es así, las previsiones son todavía peores, son más alarmantes: con una media de 7 muertos al mes, cuando acabe el 2017 estaremos hablando de unos 80 muertos.

No nos pueden acusar de alarmistas dando a conocer estas cifras, como no es alarmista el Ministerio del Interior cuando cada fin de semana nos informa de las cifras de muertos por accidente de tráfico. Por cierto, la cifra en Canarias de ahogados supera en un 80 % las cifras de muertos por accidente de tráfico en nuestro archipiélago. ¿Eso significa que las carreteras son peligrosas? Pues no; de la misma manera, ¿las playas y las piscinas canarias son peligrosas? Seguro que no. La inseguridad se produce por el desconocimiento, ya lo decía en ese informe del 2014 la OMS. ¿Quién muere en las playas canarias por ahogamiento, los canarios, los que nos visitan? Lo que es seguro es que los que mueren son seres humanos.

Debemos propiciar la ampliación de las plantillas de socorristas y reforzar y aumentar los puntos de costa con vigilancia. Pero un socorrista con cincuenta horas de formación online, creo que poca formación tiene para garantizar el rescate de un bañista en apuros. Formemos de manera reglada y oficial, hagamos los mejores profesionales de vigilancia en nuestras costas. Quedan pocos días para que acabe septiembre, ¿saben cuántos municipios van a prescindir de socorristas en las más de 150 playas de alto uso en Canarias? Pues seguro que más del 80 %, pregúntenles a alcaldes, alcaldesas o concejales de Playas.

Cuidemos lo nuestro y a los que nos visitan, impidamos entre todos que se vistan de luto unas vacaciones en nuestro archipiélago.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Alemán.

Turno del Grupo Nacionalista. Señora Machín.

La señora MACHÍN TAVÍO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

La verdad que es un tema bastante delicado de tratar y que no tiene una solución, pues, sencilla. Como han dicho algunos de mis compañeros que me han antecedido, la clave es la prevención, la prevención de la iniciativa privada, la iniciativa pública, educación y, quizás la parte fundamental, el socorrismo, que forma parte fundamental con los ayuntamientos en el sentido de que son los responsables.

Comparando las cifras de este año con las cifras que tenemos del año pasado, hay que reconocer que han aumentado en el número de víctimas, y ya se han hecho cosas desde por parte de la consejería; se venían haciendo desde hace tiempo y se siguen haciendo hoy en día, se hacen por la seguridad de nuestros ciudadanos y también por los que nos visitan.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, tiene a disposición desde 2014 una página web donde hay una serie de videos y recomendaciones. Esto lo digo, señora Reverón, porque usted le dijo a la consejera que saliera de su zona de confort. Creo que, en este caso la consejera ha tenido, ya venía de atrás, pero ya tenía una actitud proactiva, porque también sacaron este año una resolución en la que hacían unas recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos de municipios costeros de Canarias para prevenir ahogamientos y playas en las zonas marítimas de baño.

También, y usted lo sabe, en el 2003, pues, hubo un decreto en el que se iba a regular la situación, se paralizó, por una situación también, por otro decreto en el que también, pues, bueno, debido a que había que modificar algunas previsiones, se quedó ahí, pues, en la nada, esperando que se pueda solucionar.

También hay que tener en cuenta que, bueno, como ha dicho la consejera, están trabajándolo, que en este caso también va a haber un congreso en octubre, donde también participarán otras comunidades autónomas... (Se formula un comentario desde los escaños). Bueno, digo lo que ha dicho ella. Un congreso en octubre, donde las comunidades autónomas que ya tienen un decreto ya firmado en sus respectivas normativas, pues, serán quienes intenten, digamos, pues, aconsejarnos, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo.

En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una situación delicada, porque también, una vez, si se firma el decreto, a ver cómo hay que ayudar a los ayuntamientos, que son los que principalmente tienen toda la cuestión del socorrismo, es municipal, y también creo que, bueno, que eso hay que resolverlo a través de la Fecam, de la Fecai, y que los cabildos también tienen que tener una implicación en esta situación, porque tenemos que tener en cuenta que Canarias, por la parte de costa que tiene, vivimos del turismo, y no solo del turismo de los que nos visitan, sino también de la seguridad de los que viven aquí, en estas islas, tenemos que, entre todos, buscar una solución.

Esperemos que ahora, tras el congreso y cuando pueda finalmente sacar el decreto, tengamos un acuerdo de la Fecam y la Fecai, y ahí pues llegar a un acuerdo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Machín.

Turno del grupo solicitante, el Grupo Popular. Señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señora consejera, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo alerta del aumento de muertes por ahogamiento en espacios acuáticos: de enero a julio de 2017 se produjeron 39 víctimas mortales más que en el periodo del año 2016 y 93 más que en el periodo del año 2015. Los que me han precedido en la palabra lo han dicho: no queremos generar alarma, pero estamos en una situación de alarma.

El perfil del fallecido por ahogamiento, indica la federación en un comunicado, es el de un hombre de nacionalidad española de más de 35 años. La mitad de muertes registradas en lo que va del año 2017 se ha producido en playas y el 91 % en espacios acuáticos sin vigilancia.

Señora consejera, estos son datos reales. Estamos hablando de una situación en la que no debemos ni podemos esperar más. Con estos datos usted está en la obligación de adoptar las medidas de seguridad en las playas de nuestra comunidad autónoma.

Usted dijo hace unos meses en esta Cámara que estaban trabajando en un nuevo decreto desde el año pasado y dijo, y voy a leerle textualmente: "lo hemos hecho de la mano de la Fecam. [...] lo que no queríamos es hacer un decreto de espaldas a la Fecam y un decreto que al final nos llevara al callejón sin salida al que llevó el del año 2003, que hizo que en diciembre de 2003 se quedara en suspenso su vigencia por, entre otras cuestiones, la inoperatividad para los ayuntamientos y el elevado coste económico. Este decreto se ha consensuado con la Fecam", volvió a repetir. Asimismo, usted aseguró que han adquirido el compromiso con la Fecam de asumir el coste del catálogo de playas y zonas de baño, consensuando los criterios con ellos a fin de evitar las causas que llevaron a la suspensión del decreto en el año 2003. Al mismo tiempo, también anunció la elaboración de un informe sobre el coste económico que puede suponer la implantación de este decreto para los ayuntamientos canarios, así como el compromiso por parte del Gobierno de apoyar económicamente a los municipios en este proceso.

Usted sabe que el consenso con la Fecam nunca llegó; al contrario, nunca existió. Por tanto, no entiendo por qué dijo usted que había llegado a un consenso con ellos, desconozco la intención.

Dicho esto, efectivamente, sabemos que el 16 de junio se dictó una resolución por la directora general de Seguridad y Emergencias de recomendaciones a los ayuntamientos para prevenir ahogamientos en las playas. Usted me dijo en una sesión plenaria que lo que no tenemos que hacer es crear alarma en alusión a la exposición que yo estaba haciendo de lo que estaba pasando en nuestras playas. Señora consejera, se lo vuelvo a repetir, nada más lejos de la realidad: ni tengo intención, ni mi grupo parlamentario tiene intención y nunca la hemos tenido, de crear alarma. Es más, es en esa propia resolución de su dirección general, de 16 de junio, donde dice textualmente, y voy a leerles: "Durante los primeros meses del corriente año las cifras de ahogamiento en Canarias, lamentablemente, han superado ampliamente cualquier referencia de años anteriores". Lo ha dicho usted, señora consejera, y, además, manifiesta: "Estos alarmantes datos de siniestralidad". Es su dirección general la que habla de "alarmantes datos de siniestralidad", y estoy convencida de que usted tampoco quiere crear alarma, pero esa es la realidad. Una realidad de la que llevo hablando desde el mes de abril y solicitándole la adopción, como ahora dice esa resolución del mes de junio, de un sistema integral de medidas de protección, instrumentándolo a través de un decreto del Gobierno de Canarias. Además, su propia resolución es la que reconoce el retraso en la aprobación del decreto y que por ello -y vuelvo a leer textualmente- resulta oportuno adoptar una serie de recomendaciones. Evidentemente, nos ha dado la sensación de que intentó trasladar toda la responsabilidad a los ayuntamientos con una serie de recomendaciones que, además, tenían carácter voluntario. Señora consejera, se lo digo sin ningún tipo de ánimo de acritud: llevamos demasiados meses hablando de una situación alarmante, alarmante, dicho por todos los grupos de esta Cámara y dicho por usted.

En todas sus intervenciones de los últimos meses siempre ha recalcado que la tardanza en la adopción de medidas se debe a que quiere hacer las cosas de la mano de la Fecam, y nada más lejos de la realidad. Mire, le voy a leer un escrito que le hizo llegar la Fecam, por si no lo ha leído, supongo que sí o quiere obviarlo o guardarlo en un gaveta. La Fecam le hizo llegar un acuerdo que dice que por unanimidad de los presentes se adoptan los siguientes acuerdos: primero -y se lo voy a leer entero para que no diga que extraigo solamente párrafos-, manifestar la disconformidad del comité ejecutivo de la Fecam a la publicación, sin conocimiento ni comunicación previa a esta federación, de la Resolución de 16 de junio del 2017, por la que se dictan recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos de municipios costeros de Canarias para prevenir ahogamientos en playas y en otras zonas marítimas de baño, obviando de esta manera la necesaria colaboración y coordinación con los municipios canarios y la ausencia de dotación financiera adecuada para hacer frente al contenido de dichas recomendaciones. De todo a lo que usted se comprometió nada llegó. Y, además, dice esa comunicación que solicitan la paralización de la aplicación de la Resolución del 16 de junio del 2017 ante la imposibilidad del incumplimiento de las mismas por la falta de recursos suficientes para su aplicación.

Señora consejera, tuvo todo mi apoyo durante los meses de abril, mayo y junio para adoptar las medidas y la aprobación de este decreto, pero estamos en septiembre y todavía no lo tenemos. Ha aprobado una resolución con unas recomendaciones sin contar con los actores implicados, creemos que esto no es serio. Pero es que no queremos reducir el problema a un tema normativo, no estoy pidiendo una normativa, lo que estoy pidiendo es proactividad en su Gobierno. Es que resulta que se puede trabajar por la seguridad en las playas sin necesidad de tener un decreto: que tenemos la norma, por supuesto, perfecto, ya deberíamos haberla tenido hace mucho tiempo; pero, si no la tenemos, ¿usted cree que necesita, por ejemplo, la Consejería de Turismo un decreto para informar a los visitantes de los peligros de la playa? ¿Usted cree que la Consejería de Sanidad necesita un decreto para cerrar cautelarmente una playa porque no hay un socorrista? ¿Usted cree que la Consejería de Educación no puede perfectamente informar a los niños en las aulas de los peligros de nuestro mar? ¿Usted cree que la Consejería de Agricultura no tiene la obligación de velar para que las instalaciones deportivas tengan los barcos autorizados, por ejemplo? No hace falta un decreto para todo esto; si viene, bienvenido sea, pero es necesario ya ponernos manos a la obra.

La evolución y la proliferación de los deportes acuáticos en nuestro archipiélago debido a nuestras condiciones excepcionales, como ya hemos dicho, y la actividad económica generada en torno a las mismas, han motivado que en las playas tengamos que compartir muchas veces los bañistas con el territorio en la práctica de lo que son las actividades deportivas. Vienen centenares, miles, millones de personas a bañarse a nuestro litoral esperando seguridad, seguridad que tienen que cumplir los ayuntamientos, pero también el Gobierno, que tiene competencias. Tiene que asegurarse también de que los ayuntamientos cumplan con su obligación y llegar a todos los acuerdos a los que usted se ha comprometido.

Los que usamos las playas queremos hacerlo con garantías de seguridad, no solo con garantías de seguridad de que la playa no está contaminada por un vertido de aguas residuales, sino también con la seguridad de que, si algo nos ocurre, alguien va a venir a auxiliarnos. Queremos tener la seguridad de que existen medios para evitar una desgracia: puede haber un cambio de marea, un cambio de corrientes, viento, un barco, un windsurfista navegando fuera de una zona que no está autorizada, puede haber imprudencias, por supuesto, calambres, medusas, desde luego; hay muchísimo motivos, y sobre todo la imprudencia, que pueden provocar los accidentes. Pero, desgraciadamente, están acabando como están acabando, porque estamos hablando del mar y en el mar siempre puede ocurrir cualquier cosa.

Yo sé, por supuesto, que las competencias están algo difusas. Por un lado, ya la compañera de Nueva Canarias hablaba de que el Ministerio de Medio Ambiente está por un lado; porque es verdad que el Ministerio de Medio Ambiente tiene las competencias en ocupación del dominio público, es quien tiene que autorizar las instalaciones del litoral. Por otro lado, está la Consejería de Sanidad, que está vigilando la calidad del agua y del mar y de la arena; también tenemos a la Consejería de Turismo, que es quien tiene que autorizar las actividades deportivas, debe vigilar las actividades deportivas en las zonas de baño y es competente para autorizarlas, por ejemplo, las escuelas de náutica. Tenemos también, como he dicho, a la Consejería de Agricultura, que es quien autoriza las embarcaciones; tenemos a su consejería, que, además de vigilar que no haya vertidos contaminantes, también tiene competencias en la ejecución en materia de salvamento marítimo. Y, por último, tienen competencia, por supuesto, los ayuntamientos.

Al margen de este berenjenal, que aparece, de competencias, hay dos patas principales en materia de salvamento y de socorrismo acuático: desde el litoral, por un lado, y, por otro lado, desde el mar o desde el aire, y en los dos aspectos la consejería que usted dirige es competente y está obligada a prestar ese servicio o a vigilar que otros lo hagan correctamente. No se puede permitir que algunos ayuntamientos tarden meses en contratar servicios de socorrismo, no se puede permitir que los servicios de socorrismo contratados por los ayuntamientos no tengan personal formado o no dispongan de los medios suficientes para acudir a un rescate, no se puede permitir que la bandera roja de una playa ondee porque diga que no hay socorristas, no podemos seguir viendo torres de socorristas vacías. ¿Competencia municipal? Por supuesto, pero ¿quién tiene que vigilarlo? ¿O es que no tenemos responsabilidad?

No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Quiero que se coordinen con todas las consejerías, quiero que se hagan las inspecciones que sean necesarias y no solo para ver si está funcionando una ducha en una playa, sino para que se compruebe si los ayuntamientos han puesto a los socorristas, si los monitores de actividades deportivas están autorizados, si las escuelas tienen las embarcaciones que tienen que tener. Esto es lo que pretendo de usted, señora consejera, que ejerza sus competencias en materia de seguridad y salvamento marítimo y que vigile que sus compañeros de gobierno y que los ayuntamientos también lo hagan. Ahí sí me va a tener siempre de su lado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Reverón.

Para finalizar, señora consejera.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Gracias, señor presidente.

Señor Ramos, daba datos... Bueno, primero le agradezco que, bueno, se lo digo a su grupo, que tienda la mano para colaborar una vez que el decreto esté en marcha y sobre todo para colaborar ahora en la fase en la que entramos de información pública. De los datos -y lo apunto ya, porque alguno más daba datos sobre ahogados-, en Canarias, en concreto los que tenemos del Cecoes, la media de lo que hace la real federación, en este caso, de lo que apuntaban algunos diputados es una media en España, pero, en Canarias, en concreto, la mayoría de los ahogados, en torno al 80 %, son hombres y son mayores de 60 años, no de 35, y la mayoría son extranjeros. Lo quiero aclarar porque es importante dar los datos de Canarias no los demás que se dan en España.

Señora Acuña, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Creo que este es otro de los asuntos en los que nos tenemos que implicar todos, esto es así. Y el Gobierno tiene que dictar y elaborar ese decreto para que haya una coordinación entre todas las administraciones. Como sabe, ha habido reuniones y yo espero que en estas que hagamos ahora con el decreto, un borrador ya de decreto articulado, que hagamos con la Fecam y ya con todos los ayuntamientos que se puedan ver afectados por el mismo, podamos de verdad enriquecerlo y tener las aportaciones que nos hagan falta, porque sin eso, lo he dicho siempre y lo diré después también, siempre he dicho que es fundamental que al final tenga las mejores y la mayor parte de aportaciones de la Fecam para que pueda de verdad aplicarse bien. Hasta ahora hemos tenido algunas, pero creo que lo importante es que cuando tengamos ya el borrador articulado, adaptado a los informes que están solicitados, que ya empezará a ser un borrador más o menos definitivo, lo podamos enriquecer.

Me parece interesante la iniciativa que plantea, señora Arnaiz, habrá que verla, no sé si todos los puntos que plantea se podrán llevar a cabo o no; habrá que estudiarlo, ver cómo es y sería interesante que, si fuera así, poder encajarlo dentro del decreto, con lo cual, en cuanto la tenga y teniendo en cuenta que la fase de alegaciones estará por los días en que se celebra el congreso, aunque tendrá un plazo de tiempo considerable, pues, estaría bien poder estudiarlo. Y estoy de acuerdo con usted en que no hay cultura sobre la seguridad en las playas, esta era una de las cosas que, con las reuniones que hemos mantenido, también nos ponían sobre la mesa siempre, ya no solo los propios ayuntamientos, sino el resto de colectivos. Es verdad que no la hay y es una de las razones -lo apuntaba en la primera parte de la intervención de la comparecencia- por las que nos gustaría que el congreso que iniciamos este año y que lo hacemos para poder difundir ese borrador de decreto, que creo que es fundamental que lo conozcan para poder aportar alegaciones, yo creo se tiene que mantener, nace con vocación de mantenerse, porque creo que tenemos que concienciar y de verdad ir creando esa cultura de seguridad en las playas en los ciudadanos. Eso es fundamental. Ya no solo las administraciones, pero los ciudadanos tienen que saberlo y también quienes nos visitan, pero fundamentalmente dirigido a todos los ciudadanos.

Las mejoras que plantea, señora Alemán, deben hacerse dentro del cauce del decreto y por eso planteaba cómo era. Yo creo que, en cuanto tengamos los informes de los distintos departamentos, ya podremos decir que es un borrador más o menos definitivo y, a partir de ahí, podremos trabajarlo, como decía, en la fase de alegaciones.

Y por último, señora Reverón. La verdad es que sus intervenciones últimamente me sorprenden porque, en lo que lee, por un lado, critica qué hago y critica qué no hago, a la vez critica que hago una cosa y a la vez dice que no la hago. La verdad es que empiezo a estar confundida con sus intervenciones, no empiezo a entenderlas y tampoco entiendo el sentido de por qué últimamente sus intervenciones son de esta manera.

Usted dice que no se puede..., entre las cosas que ha dicho, dice que no se puede permitir que los ayuntamientos no asuman sus responsabilidades, que no hagan esto, que no hagan lo otro, y después critica que hagamos unas recomendaciones y se las enviemos a los ayuntamientos. Y no confunda las cosas: una cosa son las recomendaciones, otra cosa es el decreto. Las recomendaciones se hacen y son eso, recomendaciones, precisamente para que los ayuntamientos tengan un avance coordinado de qué medidas de protección civil hay que tener en las playas. Eso es lo que hacen las recomendaciones. Y claro que se mandan a la Fecam para que las distribuya. Yo respeto la opinión, igual que lo he hecho siempre, respeto la opinión de la Fecam, y en eso yo creo que saben ustedes perfectamente que lo hago porque vengo de ahí y sé precisamente las necesidades, los problemas por los que pasan los ayuntamientos día a día. Afortunadamente, creo que cada día un poco menos, pero también es verdad que las siguen pasando. Y respeto sus opiniones, pero creo que lo importante es que en el decreto estén las aportaciones que quieran hacer y, desde luego, irán acompañadas..., dice usted que me comprometí a hacer un catálogo de playas y que me comprometí a hacer un informe económico... Lo dije al principio: no solo me comprometí, es que lo vamos a hacer. El catálogo de playas se empezará a redactar en cuanto tengamos un borrador medianamente definitivo y el informe económico está encargado ya, de lo que puede suponer el coste, que no podernos conocerlo definitivamente hasta que no tengamos el borrador ya para aprobar como decreto, porque no podemos hacer un informe de lo que va a suponer para los ayuntamientos implantar las medidas cuando no sabemos qué medidas son las definitivas.

Por lo tanto, yo creo que intentar confundir sobre esto no sé qué le aporta o qué le reporta a usted, y tampoco entiendo cuál es el sentido, vuelvo a repetir, de sus intervenciones, porque permanentemente critica si hago y si no hago.

En cuanto al procedimiento, dice usted que tardamos en hacerlo. Pues, mire, yo sobre eso creo que se lo he explicado en varias ocasiones y se lo seguiré explicando con la misma tranquilidad que se lo vuelvo a explicar ahora. Un decreto se hace conforme a un procedimiento y el procedimiento lo tenemos que cumplir. La primera fase, igual que los reglamentos que estamos haciendo de la Ley del Suelo, es la consulta pública de una memoria de lo que queremos que vaya a ser el decreto; ya la hemos zanjado. Luego viene la petición de informes -estamos en eso-, que puede ser simultánea a la información pública, que es lo que vamos a hacer; luego se corrige... Entre todo esto, aunque no lo diga el decreto de elaboración, nosotros hacemos reuniones y consensuamos e intentamos llegar a acuerdos, y, finalmente, tendremos un borrador que se aprueba en Gobierno, se pide informe al Consejo Consultivo y luego se lleva y se aprueba definitivamente en Gobierno nuevamente.

Y ese es el procedimiento, y es no porque me lo invente yo, es porque lo dice un decreto que está aprobado por el Gobierno en esta comunidad autónoma, y es el que vamos a cumplir. Lo que no puedo hacer es saltarme el procedimiento; no solo es que no puedo, sino que no quiero. Con lo cual, no entiendo su insistencia en ese sentido, porque el decreto estará cuando el procedimiento de elaboración concluya, no antes, tampoco después, no lo vamos a alargar, pero lo que sí está claro es que, en cuanto a reuniones para terminar de mejorarlo, en cuanto a poder hacer un congreso abierto a todo el mundo y que, además, nos permita dar a conocer ese borrador y que presenten alegaciones lo más enriquecidas posibles y en cuanto a mantener algunas reuniones una vez que tengamos ya el borrador definitivo para poder consensuarlo, en eso, si usted considera que es perder el tiempo, sí, lo perderé. Pero para reunirme, para intentar llegar a acuerdos; ahora, el procedimiento de regulación no me lo puedo saltar.

Y concluyo. Agradezco la intervención de la señora Machín, en ese sentido creo que es en el que trabajamos. Y concluyo, de verdad, diciéndole que me gustaría que en sus intervenciones, pues, no sé, escuche un poco más lo que leo y lo que cuento para después responderme, porque, sinceramente, a veces pienso que es que lo trae escrito y eso mismo es lo que lee.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora consejera.