Diario de Sesiones 162, de fecha 7/5/2019
Punto 1

9L/DL-0004 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETOS-LEYES. DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/1997, DE 4 DE JULIO, DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES DE CANARIAS.

La señora PRESIDENTA: En primer lugar, el Decreto-Ley 004, de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

Tiene la palabra en primer lugar el representante del Gobierno para exponer las razones que han justificado la promulgación de este decreto-ley, por un tiempo máximo de diez minutos. Señora consejera.

Ruego a los servicios que cuando empiece a hablar la consejera empiecen el cómputo del tiempo. No lo tengo yo; por tanto, serán los servicios quienes lo hagan.

Muchas gracias.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Traemos hoy, como decía la presidenta del Parlamento, a esta sala plenaria diferente... Yo creo que, en primer lugar, agradecerle al personal del Parlamento el esfuerzo que ha hecho por montar esto en poco tiempo y permitirnos estar hoy aquí haciendo un nuevo pleno.

Traemos la convalidación de un decreto-ley que para el Gobierno de Canarias es fundamental para seguir avanzando en materia de coordinación de policías locales. El Consejo de Gobierno saben que el pasado 8 de abril aprobó la modificación por decreto-ley de la Ley 6/1997, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, para introducir una disposición adicional que permitiera a los ayuntamientos delegar en el Ejecutivo canario la convocatoria de plazas de policías locales para cubrir sus vacantes.

Es un modelo que, como en algunas ocasiones hemos podido comprobar en nuestras comisiones de coordinación de policías locales, funciona de manera eficaz en otras comunidades autónomas y facilita la gestión municipal, agiliza los procesos selectivos e incluso permite, de manera regular, la integración de nuevos aspirantes a policías locales.

La delegación de esa competencia comprenderá, tal y como establece el decreto-ley, la competencia para la aprobación de las bases de selección, para la concreción de las plazas a convocar y para la determinación de los criterios de participación económica que ha de asumir proporcionalmente cada ayuntamiento delegante. En este caso, el Gobierno de Canarias llevará a cabo una convocatoria unificada para todas las plazas de aquellos ayuntamientos que decidan firmar el convenio que se habilita para poder otorgar la competencia y hacerlo.

Si nos vamos a los datos de los que hemos podido hablar, en sede plenaria, durante estos cuatro años, existen ahora mismo en Canarias en torno a setecientas plazas de policías locales vacantes, generadas sobre todo y especialmente desde que se producen los factores de restricciones económicas estatales, especialmente a partir del 2011, de tasas de reposición. A ellos hay que sumar la previsión que existe de unas trescientas vacantes más que se estima que se generarán a partir de la aplicación del Real Decreto 1449/2018, que establece el coeficiente reductor de edad de jubilación a favor de los policías locales. Sin embargo, en este caso, ya se permite, la legislación presupuestaria, tras varios años de limitaciones que han ido impidiendo ese crecimiento, fija una tasa de reposición para el año 2018, a través de los presupuestos generales del 2018, del 115 %, que permitiría cubrir en parte esas vacantes de policías locales. Es verdad que la situación, tal y como nos lo transmiten en el seno de las comisiones de coordinación de policías locales, no solo los sindicatos policiales, sino también la propia Fecam...; nos transmitían la necesidad y la complicación de sacar procesos selectivos de manera individualizada. Por eso la propia ley, la propia modificación que planteábamos de la Ley de Coordinación de Policías Locales recogía esta alternativa. Hacer, por tanto, un modelo de acceso flexible y ágil que facilite a los ayuntamientos de Canarias la cobertura de las plazas de las que disponen de manera unida para poder sacar una convocatoria unificada para todos aquellos que cedan la competencia.

Cabe recordar que desde finales de la pasada legislatura, como decía antes, se estaba trabajando en una modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, la de 1997, con la inquietud de modernizar no solo el cuerpo sino de establecer las nuevas medidas que son necesarias, entre ellas, por ejemplo, esta disposición que hoy traemos aquí para convalidar como decreto-ley y que ya se recogía en el proyecto de ley que ustedes tienen aquí, en el Parlamento, como proposición de ley, desde abril del 2018. Ese proyecto de ley se acordó y se aprobó por unanimidad en la comisión de coordinación, se inició la tramitación, y en él se recogen otras tantas medidas que es necesario aprobar para los cuerpos de policías locales.

En vista de que la tramitación, como sabemos todos, es compleja y que no se iba a concluir antes de que finalizara esta legislatura, y ante la necesidad de iniciar los procesos selectivos y cubrir las plazas, empezar a cubrir las plazas de policías locales en Canarias, siendo necesario también ayudar en este caso en la parte administrativa a los ochenta y ocho municipios canarios con la convocatoria de oposiciones, es por lo que el 5 de febrero, de manera unánime, una proposición no de ley traída a este Parlamento se aprueba por todos los grupos parlamentarios para que se incluya dentro de esa Ley de Coordinación de Policías Locales esa proposición.

Por lo tanto, lo que hacemos es dar cumplimiento hoy a la PNL que en febrero del año pasado se aprobaba en sede plenaria, así como traer aquí, adelantar, uno de los artículos que establece la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, permitiendo de esta manera que a partir de ahora, mediante la firma de un convenio con los ayuntamientos, podamos convocar las plazas de policías locales.

Es intención de este Gobierno seguir en este caso colaborando con los ayuntamientos en materia de convocatoria de plazas de policías locales, pero también es intención de este Gobierno que podamos modernizar los cuerpos de las policías locales, y por eso la tramitación de la ley será una de las tareas que queden para la próxima legislatura para este Parlamento.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Turno ahora, después de la exposición del Gobierno para exponer las razones que han justificado la promulgación de este decreto-ley, de los grupos parlamentarios, por tiempo máximo también de diez minutos. Y empezamos, en virtud del artículo 83, de menor a mayor.

Por tanto, en primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señora Mendoza, diez minutos.

Lo mismo, a los servicios de la Cámara, por favor, que empiecen a computar. Gracias.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Señorías, desde que entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía, el que permite al Gobierno dictar decretos-leyes, ya son varios los decretos que hemos aprobado en esta Cámara.

Decir que ese decreto, junto con el referido a las viviendas de Las Chumberas, es sin duda uno de los decretos más importantes. Se les da solución a los ayuntamientos de Canarias o al menos se les da una opción para llevar a cabo la reposición de policías locales de sus municipios, sobre todo a todos aquellos que les resulta muy costoso o tienen muchas dificultades para poder realizar la convocatoria.

Y aunque es cierto que en estos últimos años desde el Estado se había limitado la reposición de policías locales por no considerarla prioritaria, ahora que por fin se ha contemplado en los presupuestos del año pasado una reposición del 115 % tenemos que facilitar en la medida de lo posible la convocatoria de nuevos procesos selectivos y ayudar a los ayuntamientos que así lo deseen.

Miren, cada isla es diferente, cada municipio es diferente y, por tanto, cada ayuntamiento es diferente. Hay ayuntamientos, por ejemplo en la isla de La Gomera, a los que les es muy costoso el procedimiento y más cuando la convocatoria es para un solo efectivo, como sucede en el municipio de Agulo, que, por cierto, se jubila en breve. Así que aprovecho para agradecerle a él y a tres policías de la isla, que me consta que se jubilan este año, por sus servicios todos estos años. Yo les diría que son insustituibles. Se les va a extrañar por la buena labor, por la buena labor que han hecho. La de ellos y también la buena labor que hacen los que actualmente desempeñan la función.

Señorías, está claro que tenemos que solventar la carencia de efectivos de policías locales y este decreto es una vía más que facilita dicha reposición. De hecho, lo que el decreto plantea es habilitar a los ayuntamientos que lo necesiten que puedan acordar en su pleno municipal el solicitar al Gobierno de Canarias que realice el proceso selectivo y la única obligación que propone este decreto es al propio Gobierno, que tendrá que hacer una convocatoria anual.

Esta solución normativa para Agrupación Socialista Gomera es apropiada porque no invade competencias municipales; todo lo contrario, es el ayuntamiento quien eleva el acuerdo al Gobierno de Canarias y, por tanto, el decreto es sinónimo de cooperación institucional.

Señorías, la falta de policías en algunos de los municipios es preocupante, por lo que en todo lo que venga a ayudar a solucionar este problema lo antes posible va a contar con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera.

Yo quiero también aprovechar y hacer aquí también un inciso con respecto a la ley de policías locales de Canarias, que no pudimos reformar en esta legislatura lamentablemente por falta de acuerdo. Desde la Agrupación Socialista Gomera decir que en todo momento estuvimos dispuestos al diálogo y a impulsar la tramitación de la ley, pero, como he dicho, no pudo ser por falta de acuerdos. Yo les pido al resto de grupos que, si los ciudadanos nos apoyan y volvemos a estar en esta Cámara, nos comprometamos a fomentar el diálogo y a tramitar una nueva ley de policías locales de Canarias que se ajuste a las necesidades actuales de los agentes, ya que les recuerdo que la actual ley es del año 1997. Ya han pasado más de veinte años sin una actualización profunda en una norma que es necesario modificar.

Por otro lado, y dicho todo esto, somos también conscientes de la duda jurídica que se ha planteado al respecto de que si podía ser necesario el parecer del Consejo Canario de Municipios al respecto de este decreto, al igual que pasó también con la proposición de ley del fondo canario municipal, pero en esta ocasión ya el Consejo Consultivo de Canarias ha resuelto indicando claramente que un decreto-ley, debido a su urgencia, no se tramita como una ley ordinaria y, por tanto, no es necesaria una consulta previa.

Además también nos consta que ya hubo una reunión con el Gobierno de Canarias y que se debatió este decreto de forma abierta y dialogada, y que no hay una negativa por parte de los municipios para que se lleve a cabo esta tramitación.

Por tanto, finalizo reiterando el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera para convalidar este decreto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señorías, buenos días.

Lo que prevé este decreto-ley, el cuarto y de momento el penúltimo decreto-ley aprobado por el Gobierno de Canarias, por este Gobierno en minoría de Coalición Canaria, gracias además a la aprobación de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, es, mediante la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, permitir que la Administración autonómica preste apoyo a aquellos municipios que así lo soliciten a efectos de cubrir las vacantes en las policías locales, pero no podemos olvidar, señorías, que nuestro Estatuto de Autonomía determina que la utilización del decreto-ley es para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Y yo en este contexto la primera pregunta que me surge, que me asalta, es qué circunstancias difíciles de prever o, dicho de otra manera, qué razones ajenas a la voluntad del Gobierno son las que se han producido en estos últimos seis meses en cuanto a este asunto, al asunto de referencia, para que lo que antes no era una prioridad de repente pase a serlo y obligue al Gobierno a regularlo a través de un decreto-ley, que, como ya dije y reitero, solo debe ser utilizado en casos de urgente y extraordinaria necesidad.

Y las razones por las que me asalta esta pregunta son muy claras y básicamente son dos. En primer lugar, porque la modificación de la ley de la policía local canaria aparece en la agenda legislativa del Gobierno, una agenda que fue aprobada el 1 de agosto de 2016, hace casi tres años, y que determinaba como fecha de remisión al Consejo de Gobierno de este borrador de proyecto de ley el segundo trimestre del año 2017. Pero la realidad es que de momento este compromiso, como tantos otros de este Gobierno, se ha incumplido, y eso a pesar de que el Gobierno cuenta desde hace dos años con un texto consensuado de modificación de esta Ley de Coordinación de las Policías Locales. Y, en segundo lugar, porque es de sobra conocido desde hace bastante tiempo que son muchos los ayuntamientos canarios que tienen importantes problemas de personal técnico para realizar con garantías el proceso de selección de los diferentes empleos de la policía local. Además fue precisamente el conocimiento de esta problemática lo que determinó que mi grupo parlamentario, que el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, presentara una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019, planteando precisamente que durante el año 2019 los ayuntamientos que así lo estimaran pudieran delegar en la consejería competente la selección de personal funcionario de las policías locales. Enmienda que fue rechazada por Coalición Canaria, pero ahora resulta que, solo seis meses más tarde, y sin que nada haya cambiado, este Gobierno en minoría de Coalición Canaria aprueba un decreto-ley sobre algo que ya podía estar aprobado por la vía ordinaria desde finales del 2018 con la aprobación de los presupuestos del 2019. Y con esto la conclusión a la que llego, y entiendo que además es la única conclusión a la que se puede llegar, es que la razón de esta sinrazón es exclusivamente una medida electoralista. Es una medida además desesperada para intentar quedar bien y captar votos del sector sindical de las policías locales.

Y yo, consejera, presidente, lo que sí les quiero decir es que no cuela. Y no cuela, además de por lo que ya les he explicado, porque, como bien saben, sin la modificación del Decreto 178, por el que se establecen las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los cuerpos de la Policía Local, este decreto-ley es papel mojado. Y lo saben ustedes y ya les digo yo, como la policía no es tonta, también lo sabe la policía, que al final aquello que hicieron para quedar bien para arañar un puñadito de votos les ha salido rana. Más aún cuando bien saben también los miembros del Gobierno, respecto a la modificación de este decreto, que el departamento competente no ha movido ni un solo papel para modificar el Decreto 178. Con lo que, insisto, no cuela y en este tema siento decirles que les ha salido el tiro por la culata.

Ya, por último, además, y como floritura del bizcocho, hacer mención a las formas y a las maneras de actuar de este Gobierno en minoría de Coalición Canaria, que a pesar de que llevan todo un mandato llenándose la boca con conceptos como "diálogo, consenso, colaboración, coordinación y buen rollito", lo cierto es que solo han sido promesas y, para no variar, promesas y compromisos incumplidos. Eso que, además, se le da muy bien hacer a este Gobierno y a lo que tan acostumbrados nos tiene, y la modificación de esta Ley de Coordinación de Policías Locales es un claro ejemplo de ello.

Ya desde mayo del año 2018 la Fecam comunicó a los grupos parlamentarios su malestar en cuanto a la tramitación de la modificación de la ley, manifestando que la Federación Canaria de Municipios no se había posicionado ni adoptado acuerdo alguno al respecto de esta modificación. Nuevamente, el pasado 14 de abril, la prensa publica que los alcaldes canarios cuestionan que el Gobierno convoque plazas de policía sin consultar, advirtiendo además que la Fecam solo fue informada de la aprobación por el Consejo de Gobierno de este decreto-ley pero sin escuchar su posición, y además critican que este Gobierno en minoría de Coalición Canaria llegue a acuerdos con los sindicatos al margen de los municipios. Es más, en la certificación del secretario del Consejo Municipal de Canarias, en la reunión celebrada el pasado 8 de abril, dice el presidente -me refiero al señor Barragán- que prevé que este decreto-ley sea convalidado por el Parlamento y además informó que no hubo inconveniente ni por parte de los sindicatos policiales ni por parte de la Fecam, pero, cosas del destino, hete aquí que unos días más tarde los grupos parlamentarios volvemos a recibir un nuevo escrito del presidente de la Fecam comunicándonos, en referencia al certificado del secretario del consejo municipal de la reunión de fecha 8 de abril, que la federación no ha realizado pronunciamiento expreso sobre el mencionado decreto-ley, que la Fecam solo fue informada en esa reunión después de la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno sin que la federación fuera convocada a reunión alguna para tratar la propuesta del texto normativo ni llevado a cabo los trámites de audiencia que recabasen la posición de los ayuntamientos a este respecto. Lo que rebate, claro está, las afirmaciones del señor Barragán sobre que la Fecam sí estaba de acuerdo con el decreto-ley.

En resumen, señorías, un decreto-ley cuyo único objetivo es puramente electoralista, cuyo único objetivo es ganarse el aplauso de los sindicatos, y ahí -le repito- le ha salido el tiro por la culata, pero ni mucho menos un decreto-ley que justifique razones imprevistas, e insisto en el hecho de la enmienda que presentó Nueva Canarias y que fue rechazada por Coalición Canaria; y un decreto-ley que no cuenta con el acuerdo o con el visto bueno de la Fecam, no porque no esté de acuerdo con el fondo, sino por lo que no está de acuerdo es porque el Gobierno no ha querido sentarse con los ayuntamiento a hablar, a negociar ni a consensuar este tema o este asunto.

Para finalizar, decir que Nueva Canarias va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley. Y lo hacemos, insisto, también no porque no estemos de acuerdo con el fondo, de hecho la presentación de nuestra enmienda a los presupuestos, pero sí que lo que no vamos a permitir es el desprecio de este Gobierno en minoría de Coalición Canaria a la Federación Canaria de Municipios ni tampoco a la venta puramente electoralista que en nada va a beneficiar a la policía local y además tampoco en nada va a beneficiar a los ayuntamientos mientras no se modifique el Decreto 178. Lo que sí tenemos claro es que ese apoyo, de darse en el día de hoy, a los ayuntamientos no lo va a prestar este Gobierno, que tiene los días contados, lo prestará el Gobierno que salga de las urnas a partir del 26 de mayo. Un Gobierno que, estamos convencidos, será un Gobierno alternativo, un Gobierno con voluntad de solucionar los problemas de la gente y no un Gobierno como el actual, Gobierno en minoría de Coalición Canaria, que rehúye e impide el diálogo, que niega las propuestas hechas desde la oposición para pocos meses después plantear exactamente lo mismo; un Gobierno centrado exclusivamente en hacer ruido y en llenar titulares de prensa y un Gobierno que ha permitido que en Canarias sigamos a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno.

En definitiva, señorías, una Canarias que a pesar del compromiso del presidente Clavijo en su discurso de investidura sigue siendo igual de infeliz.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos, señor Marrero.

El señor MARRERO MORALES: Bueno, nos concita hoy aquí la convalidación del cuarto y el quinto decreto-ley del Gobierno de Canarias, que para estrenarse con el nuevo Estatuto de Autonomía no va mal, en tan poco tiempo, el número de decretos que no se justifican necesariamente por razones de urgencia ni de necesidad extrema.

El Gobierno de Canarias se ha jactado últimamente, se viene jactando durante mucho tiempo, de dialogar y de acordar y da la sensación de que este decreto ni es, parece ser, producto del diálogo ni del acuerdo con todas las partes. Al final han utilizado la figura de necesidad extraordinaria y urgente del decreto-ley, lo cual deja en entredicho...; si el diálogo fue productivo y lo fue en tiempo y forma, no había que recurrir a esta figura ahora al final de la legislatura, sino haberlo hecho con muchísima anticipación.

Creo que estamos, pues, ante un decreto que viene a significar una especie de lavado de cara por inacción del Gobierno durante toda una legislatura. Es decir, llegar en estas fechas para intentar parchear no deja de ser una pequeña acción chapuza.

Por tanto, nosotros consideramos que este decreto-ley es el exponente del fracaso del Gobierno en materia de legislación para mejorar la seguridad en las islas. No se le puede calificar de otra manera.

Y a lo largo de esta legislatura la señora consejera y su viceconsejera responsable de seguridad en esta materia no han dado la cara suficientemente. Recordamos que los sindicatos de policía nos dijeron que tenían una ley consensuada con el Gobierno y con la Fecam, la trajeron aquí, la apoyamos y luego, finalmente, caminó hacia la vía muerta, porque comprobamos que la Fecam no estaba dentro de ese acuerdo, según nos lo hizo saber en reiteradas reuniones que tuvimos.

Por otra parte, en aquel momento se desautorizó a la consejería por parte del Grupo de Coalición Canaria diciendo que a partir de entonces el único interlocutor en esta materia era el Grupo de Coalición Canaria. Lo cual nos llamó poderosamente la atención, habiendo un Gobierno que no estaba en funciones, habiendo un Gobierno en plenitud de rendimiento, que fuera suplido de alguna forma por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en materia de seguridad.

Y ahora ya, en pleno proceso electoral, ustedes llegan con un decreto-ley que tampoco parece que vaya a solucionar los problemas urgentes que afectan a los municipios en materia de seguridad y a los policías locales en aspectos como el acceso a la cobertura de bajas y a la formación, que son los problemas que están planteados sobre la mesa, ni tampoco se ha clarificado la financiación del proceso, a pesar de que se ha reiterado en alguna reunión con la Administración. Pues, entonces, conclusión, nadie parece estar satisfecho y la única satisfacción parece ser la de un Gobierno inactivo en materia de seguridad durante cuatro años que viene ahora con este decreto-ley a final de la legislatura, lo cual no deja de ser la demostración de un fracaso.

Sabemos que los policías locales en Canarias, como el resto del funcionariado, fueron objeto de recortes, por aquella modificación del artículo 135 de la Constitución acordada entre Zapatero y Rajoy y el desarrollo posterior que hubo de recortes en las diversas comunidades autónomas y de la que el Gobierno de Canarias se ha jactado durante este tiempo en ser el alumno más brillante y comprometido en aquellos recortes.

No se han cubierto las tasas de reposición, porque el Gobierno del Estado así lo planteaba dentro de esas medidas de recortes. A ello le sumamos que el Real Decreto 1449/2018 estableció el coeficiente reductor de la edad de jubilación, lo cual ha producido que a las setecientas necesidades que había de personal se les hayan sumado en torno a unas trescientas, lo cual hace un millar en este momento de policías locales que no existen dentro de los ayuntamientos. Sabemos que la Fecam ha manifestado una serie de dudas, etcétera, y sabemos también las dificultades que algunos ayuntamientos tienen al respecto para poder nombrar a sus policías, para poderlos seleccionar y tal. Esto en un principio, a la hora de leer el decreto, en una primera lectura, nos hizo dudar, pero cuando comenzamos a recabar el resto de información de cómo se había producido el proceso llegamos a la conclusión de que nosotros no íbamos a colaborar en suplir la inacción irresponsable de este Gobierno en materia de seguridad. Es decir, no nos parece que nosotros tengamos que ser colaboradores necesarios de un Gobierno que ha mostrado su inacción durante toda una legislatura.

Y le quiero hacer a la consejera varias preguntas, y a los representantes del Gobierno: ¿ha convocado a los alcaldes, sindicatos y jefes de policía a un grupo de trabajo para abordar de forma urgente esta modificación?, ¿tiene esa consejería negociada y desarrollada la norma por la que se establecen las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los cuerpos de la Policía Local de Canarias para adaptarla a este decreto-ley aprobado hace un mes?, ¿qué nivel de acuerdo hay entre Gobierno, Fecam y sindicatos para estas medidas? Por la información que tenemos, algunas de las respuestas ya las tenemos, otras no; esperamos que nos las den aquí.

Para el día 13 de mayo parece que tiene convocada usted, señora consejera, una reunión de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, máximo órgano de debate entre las partes, y parece que su única pretensión de modificación del Decreto 178/2006, del 5 de diciembre, es la de reducir la estatura exigida para los hombres y mujeres aspirantes a ser policías. A nosotros eso nos parece bien, que la estatura no sea una cuestión condicionante y que segregue a gente, pero nos parece lamentable que no aborde el resto de asuntos enmendados por las partes. Por tanto, flaco favor se les hace con solo este decreto, con esta modificación.

Por tanto, cuatro años de legislatura perdidos sin traer a este Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias.

La anterior ley les recuerdo que es del año 1997. Fuimos de los primeros en hacer leyes y de los últimos en modificarlas, porque las del resto de comunidades autónomas prácticamente las han modificado y nosotros aún continuamos sin esas modificaciones necesarias y demandadas. Y lo único que hemos encontrado por ahí, en los medios de comunicación, es alguna ocurrencia última de algún ayuntamiento a base de aparatitos con botones para dejar recados para que la policía local tome el recado cuando le corresponde, ante la ausencia de efectivos para garantizar la seguridad y esa policía de proximidad que demanda la ciudadanía en Canarias.

Pedirles soluciones satisfactorias para el tiempo que les queda en el Gobierno nos parece, pues, mira, nos conduce a la melancolía plantear este tipo de cuestiones; es decir, sabemos que es un imposible. Por tanto, apoyar este decreto sin más es hacerles el juego y cooperar con ustedes en intentar ocultar su inacción absoluta en materia de seguridad, así como su falta de acuerdo con todas las partes, de acuerdos mínimos, Y, por tanto, les anunciamos que no les vamos a apoyar este decreto-ley y les comunicamos ese voto en contra, no tanto por el contenido en sí mismo, sino porque significa, es el exponente de la inacción en materia de seguridad de un Gobierno que durante cuatro años no ha traído una ley para modificar la ley de policías locales de Canarias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marrero.

Turno ahora para el Grupo Popular, señora Reverón.

(Rumores en la sala).

Ruego silencio, señorías. Hay un murmullo permanente, si son tan amables, que puede dificultar o molestar al diputado o diputada que esté interviniendo.

Muchas gracias.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Efectivamente, hoy nos encontramos aquí ante el decreto-ley número 4 que ha hecho el Gobierno de Canarias y en esta ocasión para poder modificar la Ley 6/97, de Coordinación de Policías Locales.

No obstante, sí me gustaría decir, por las intervenciones que he escuchado, que parece que este decreto-ley es una medida extraordinaria, cuando si miramos para otros gobiernos ha sido una medida ordinaria. Por tanto, si la ley, la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía nos lo permiten, permítanme ustedes decirles que se puede hacer un decreto-ley y no como forma extraordinaria, es una medida ordinaria ante circunstancias extraordinarias, que son cosas muy diferentes.

Miren, antes de entrar en materia sí me gustaría hacer un poco de memoria para poder entender por qué nos encontramos hoy ante este decreto-ley. Y ustedes sabrán que en la VIII Legislatura ya se vislumbró el problema que había de las policías locales y en esta legislatura hemos hablado bastante sobre la seguridad en Canarias, pero estarán conmigo, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo, en que los debates llegaron mal y llegaron a destiempo. Y digo esto porque la señora consejera, en el año 2017, ya nos decía, en sede parlamentaria, que era importantísimo para su Gobierno aprobar una ley que modificara la Ley de Coordinación de Policías Locales. Y además la voy a citar textualmente, decía: el Gobierno quiere que la ley se apruebe, lo quieren los sindicatos, lo quiere la Fecam, con las diferencias que tengamos, con un texto en el que nos hemos puesto en común y con algunas cosas que podrán ser mejoradas. Y aquí, en esta comparecencia, tengo que decir a la señora consejera que mi grupo parlamentario le tendió la mano y le dijo que utilizara las herramientas necesarias para poder aprobar esa ley. Pero sí tengo que decirle que llega el año 2018, ustedes tenían un proyecto de ley, que nos dijeron que se había consensuado con todas las partes implicadas, y las partes implicadas eran Gobierno de Canarias, representación legal de los trabajadores y, cómo no, también los ayuntamientos a través de la Fecam, que es su máximo exponente. ¿Y qué pasó?, que nos sentamos, porque, evidentemente, si seguíamos el procedimiento legalmente establecido, el proyecto de ley no salía antes de la legislatura, y entonces nos ofrecimos, y el Parlamento de Canarias se ofreció, a tramitar ese proyecto de ley como una proposición de ley. Cuál fue nuestra sorpresa que cuando empezamos a tener los primeros contactos con las partes implicadas, es decir, con los sindicatos y por otro lado con la Fecam, no es que hubiese un acuerdo, estaban a años luz de las posturas que ustedes nos habían dicho en sede parlamentaria.

Por tanto, entenderán que hoy... Mi grupo parlamentario no va a exigir responsabilidades, porque no es el día para exigir responsabilidades, sobre todo porque somos responsables y sabemos que nos encontramos a escasos días de unos comicios, pero es verdad que la realidad es que el Gobierno no ha hecho sus deberes, y como el Gobierno no ha hecho sus deberes, por eso nos encontramos hoy aquí con este decreto-ley, para que sea el Parlamento de Canarias quien ponga solución a un problema que tiene Canarias, y es un problema de seguridad.

Y ahora, si me permiten, voy a hablar de lo que es el decreto. El decreto -y voy a leer lo que dice el Consejo Consultivo- se ajusta al ordenamiento jurídico que le es de aplicación. Lo digo porque he escuchado algunas intervenciones y parece que el decreto-ley no se ajusta al ordenamiento jurídico. Pues bien, sí se ajusta al ordenamiento que le es de aplicación.

La situación a la que se enfrenta en estos momentos la seguridad en Canarias es que faltan setecientas plazas que están sin cubrir, más posiblemente unas trescientas plazas de policía, que -con el decreto-ley que se aprobó de la aplicación del coeficiente reductor para la jubilación- nos subiremos a unas mil plazas vacantes.

Ante esta situación, es evidente que es necesario poner en manos de los ayuntamientos un instrumento que sea eficaz y que pueda o que permita sacar estas plazas. A nadie se le escapa que existen muchísimos ayuntamientos donde tienen capacidad para poder sacar las convocatorias, pero hay muchos otros que no la tienen. Por tanto, entendemos que es necesario poner en marcha un instrumento eficaz para que los ayuntamientos puedan cubrir esas mil plazas que, como he dicho, se encuentran en estos momentos, se van a encontrar vacantes.

Señorías, sí me gustaría decir lo siguiente. El decreto-ley, como dice el Consejo Consultivo de Canarias, cumple con el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, aunque aquí se haya puesto en duda. ¿Y por qué?, pues por la importancia y la necesidad de mantener las condiciones de seguridad en Canarias, donde la policía local está claro que es una pieza fundamental. Es el propio Consejo Consultivo el que dice lo siguiente: se hace estratégico, urgente y vital para garantizar la prestación del servicio establecer un modelo de acceso más flexible y ágil que facilite a los ayuntamientos de Canarias la cobertura de las múltiples vacantes de que disponen. Es decir, lo que se pretende con este decreto-ley, señorías, es dar la posibilidad a los ayuntamientos que así lo estimen, porque es potestativo, la posibilidad de delegar en la Comunidad Autónoma de Canarias las convocatorias para la selección del personal. Pero si bien es cierto que el decreto-ley que se pretende convalidar en el día de hoy cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, como he dicho, no es menos cierto que, tras un estudio del expediente, al mismo le falta documentación, que, aunque si bien es cierto que el Consejo Consultivo dice que no es preceptiva, desde mi grupo parlamentario sí entendemos que debería haber venido en el expediente. ¿Y por qué? Estoy haciendo referencia al Consejo Municipal de Canarias. Efectivamente, el Consejo Municipal de Canarias, no es necesaria la audiencia para que informara sobre esto, pero, bueno, entendemos que sí se podían haber sentado con la Fecam, haberla hecho partícipe de este decreto-ley para que por lo menos informara.

En cualquier caso, el decreto-ley es conforme a derecho, no se han saltado ningún procedimiento legalmente establecido y, por tanto, mi grupo parlamentario va a apoyar este decreto-ley. Pero lo vamos a apoyar, señorías, porque entendemos que la seguridad ciudadana es un derecho. Hay que tenerlo muy claro. Es un bien común que se articula, como todos sabemos, mediante la acción integrada de las administraciones públicas y en colaboración con la ciudadanía. La policía local, señorías, es un servicio dirigido a la protección de la seguridad ciudadana y al cumplimiento de la legislación vigente, cuyo objeto es, mediante la prevención y el auxilio, la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Este es el motivo, este es el motivo, señorías, y ante la situación descrita en la exposición de motivos de este decreto-ley, es decir, las vacantes de los mil policías, por el que mi grupo parlamentario, por responsabilidad, a sabiendas de la falta de gestión y solución del Gobierno de Canarias ante un problema de seguridad durante todos estos años, va a apoyarles.

Señorías, por responsabilidad y porque la defensa de nuestra seguridad debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Reverón.

Turno ahora para el Grupo Socialista, la señora Alemán.

La señora ALEMÁN OJEDA: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, presidente. Señores consejeros.

En primer lugar, señora presidenta, le agradezco el esfuerzo que ha hecho el personal del Parlamento para poder celebrar hoy este pleno extraordinario.

Señora consejera, es más que evidente, y con este decreto-ley queda aún más patente, que usted tiene una espinita clavada con la policía en Canarias. Ha sido incapaz durante estos cuatro años de traernos una ley de policía consensuada; ahora, de prisa y corriendo, en tiempo de descuento, con salto y doble tirabuzón, se reúnen el señor Clavijo y usted con los sindicatos de policía y les hacen una promesa electoral, y la trae aquí para que nosotros se la convalidemos en forma de decreto-ley. Es para eso para lo único que entiende este Gobierno a este Parlamento.

Señora consejera, si usted quiere resultados diferentes, camine distinto. Usted no aprende y vuelve erre que erre. Nos trajo un anteproyecto que nació muerto porque carecía del acuerdo con la Fecam. Las PNL que hemos aprobado aquí por unanimidad a este respecto han incluido entre sus requisitos expresamente el diálogo con los municipios, las propuestas de resolución que hemos aprobado aquí también conllevaban un diálogo con la Fecam y, una vez más, queda claro el respeto que le tienen ustedes a esta Cámara y a todas las iniciativas que emanan de ella. Y con este decreto-ley, de extraordinaria y urgente necesidad -claro, si era urgente hace cuatro años ya-, con este decreto-ley se olvidan ustedes de nuevo de la pata más importante, la Fecam. En este momento la Fecam está celebrando un comité y lo más bonito que dicen es que este decreto es una falta de respeto a la autonomía municipal. ¿No son importantes las demandas de los municipios para este Gobierno? ¿Cuántas reuniones ha habido con la Fecam al respecto de este decreto? ¿Tiene acaso un mapa de los agentes que hacen falta por municipios? Lo dudo mucho porque, si no hay diálogo, esto va a ser imposible. ¿Saben los municipios que va a haber un convenio para desarrollar este decreto?

Nosotros, por todo esto, no vamos a convalidar este decreto-ley.

Con respecto a las formas, también he de decirles que dejan mucho que desear. Ustedes están haciendo una delegación de competencias por medio de un decreto-ley; yo tenía entendido que los decretos-leyes servían para atribuir funciones. Un informe del Consultivo que es ambiguo a la hora de determinar si es preceptivo o no el informe del Consejo Municipal de Canarias. Pero ¿qué es lo que dice el Estatuto de Autonomía, es necesario sí o no? No hay término medio, es bien sencillo.

Ustedes tumbaron una ley propuesta por la Fecam, pactada por el Gobierno con la Fecam, por un trámite formal: porque carecía del informe del Consejo Municipal; la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, que era simple y llanamente para que los ayuntamientos pudieran gastar los recursos de los que disponen. Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, pactada y consensuada, no se lleva a aprobación porque falta el informe del consejo; decreto-ley de policía, sin consenso, no es necesario el informe del consejo para su aprobación. ¿Acaso están trasladando que un decreto-ley no debe ofrecer las mismas garantías que una ley?, ¿no son ambas leyes que emanan de esta comunidad autónoma? ¿Pero ustedes se han leído el Estatuto en algún momento? ¿Todos esos asesores que ustedes tienen en nómina se han leído el Estatuto?, ¿les asesoran a ustedes para que sepan lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y de qué herramientas disponen?

Nos dijeron a nosotros en su día que incumplíamos el Estatuto de Autonomía, que no entendían cómo podíamos mirarles a los ojos a los canarios, y le digo que no solo podemos mirar a los canarios a los ojos sino que resulta que había trescientos mil canarios que nos estaban mirando a los ojos de los socialistas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alemán.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera.

El mismo propósito, la misma finalidad, los mismos objetivos de este decreto-ley fueron los de la PNL-0685, que fue propuesta, confirmada por todos los grupos y aprobada por unanimidad en este Parlamento. Entonces compartíamos objetivos y compartíamos propósitos. En febrero todo fueron parabienes, el problema existía y había que resolverlo, y nos unimos para resolverlo. Y el tono de las intervenciones fue diferente, sobre todo el de la señora Alemán, fue muy diferente. Ahora se apartan de esos objetivos y dudan y rechazan.

Mire, alguna interpretación ha dicho que no era suficiente con la PNL, que era necesaria una delegación intersubjetiva ascendente, y eso requiere modificación legal, y eso es lo que hace este decreto-ley.

El dictamen del Consejo Consultivo avala el decreto-ley, avala su objetivo, lo entiende perfectamente justificado, confirma que existe presupuesto habilitante en cuanto a la extraordinaria y urgente necesidad y tiene la conformidad, el dictamen es conforme. Y yo me pregunto: ¿la señora Alemán se ha leído el dictamen del Consejo Consultivo?, ¿se ha leído el dictamen del Consejo Consultivo? Mire, la carencia de efectivos como consecuencia de la crisis, las limitaciones de la tasa de reposición, unido a la entrada en vigor del real decreto-ley en diciembre pasado por el que se establece el coeficiente reductor en la edad de jubilación, que es un avance, que es positivo pero que tendrá unas consecuencias determinantes y que va a generar cientos de vacantes en los distintos ayuntamientos... Tienen que activarse procesos selectivos para cubrir todas esas vacantes, pero además se une la descapitalización de las administraciones públicas, que no solo se han descapitalizado en el ámbito de la seguridad del Cuerpo de la Policía Local, sino también en el ámbito de los recursos humanos, y eso incluye las áreas de recursos humanos que van a tener que tramitar esos procesos selectivos. Habrá ayuntamientos que se verán auténticamente desbordados y habrá ayuntamientos que no tendrán capacidad técnica para afrontar esos procesos; habrá administraciones que se quedarán literalmente sin efectivos policiales.

Se ha puesto en duda el respeto a la autonomía local. Consta en el expediente un acta del Consejo Municipal de Canarias, que tuvo conocimiento del decreto-ley, y las manifestaciones son todas en tono positivo, porque los ayuntamientos, la Fecam, comparten la necesidad de cubrir todas esas plazas.

No tenemos ley de coordinación, barajamos muchos borradores, el Gobierno nos remitió un borrador, pero no había consenso entre los sindicatos policiales y la Fecam, y fue por acuerdo de todos los grupos, por acuerdo de todos los grupos, que dijimos que había que esperar a trabajar más por ese consenso.

Y claro que es un asunto urgente. Si no tomamos medidas, este problema se puede dilatar en el tiempo. Estamos ante un proceso electoral, que habrá después una constitución de un nuevo Parlamento, un nuevo Gobierno -lo ha dicho la señora Reverón- y eso se puede dilatar, una modificación legislativa de estas características se puede dilatar hasta dos años. Por lo tanto, agradecemos la responsabilidad del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, que van a contribuir a que este decreto-ley se convalide. Porque lo importante, señorías, es contribuir a resolver el problema, un problema real que va a afectar a muchos municipios, a cientos de plazas.

Y resulta que ustedes dicen: "qué bonito el discurso, ¿no?, qué fácil, conocemos el problema, sabemos la necesidad, compartimos el objetivo, compartimos el fondo, pero no lo vamos a apoyar", porque se prioriza tumbar al señor Clavijo, desgastar el Gobierno del señor Clavijo, desgastar a Coalición Canaria a resolver el problema real, y prevalece el interés electoralista, el interés partidista al interés general, que es el que estamos defendiendo, aprobando, convalidando este decreto-ley.

Mire, no hay lesión a la autonomía local. Es potestativo para cada ayuntamiento acogerse o no a esta delegación. Para la delegación será necesario arbitrar acuerdos plenarios, arbitrar convenios, y ahí volvemos al texto de la PNL con el que empezaba mi intervención, que hablaba de un convenio marco, porque serán necesarios convenios y, por lo tanto, el diálogo para adoptar esos convenios está garantizado. En esos convenios deberán establecerse los términos de la delegación, los términos en los que habrán de regir las convocatorias, las bases, los términos del proceso selectivo, y habrá participación del Gobierno de Canarias, habrá participación de la Fecam, habrá participación de los municipios, habrá participación sindical, porque ha de llegarse a un acuerdo, a un convenio, para materializar esta delegación.

Por tanto, señorías, apelamos de verdad a la responsabilidad, apelamos de verdad a que tengan en cuenta que hay que dar respuesta a una necesidad real que se viene encima. Este decreto, convalidando este decreto vamos a contribuir a establecer una herramienta que va a permitir poner en marcha... la agilización de muchos procesos selectivos para la cobertura de las vacantes que ahora están y las derivadas de ese real decreto-ley. Por tanto, va a servir para agilizar procesos, para economía procedimental y también para dar mayor seguridad a los canarios y a las canarias en cada uno de los ayuntamientos, en los cuerpos más directos, en la policía de proximidad a los ciudadanos.

Por tanto, señorías, estimamos que es necesario convalidar este decreto-ley. Agradecemos el apoyo de los grupos que lo han anunciado y lamentamos que no apoyen por una cuestión estrictamente partidista y por una cuestión de irresponsabilidad y de desgaste a un Gobierno que está haciendo su tarea, que ha traído una solución a un problema real.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Señorías, llamo a votación ahora. No hay campana; por tanto, les hago la llamada verbalmente.

Como bien saben, señorías, los votos afirmativos se entenderá que son favorables a la convalidación y los votos negativos se entenderá que son favorables a la derogación.

Tenemos que votar a mano alzada, porque no hay otro sistema. Por tanto, en primer lugar, pediré votos a favor de la... Votos "sí" se entienden a favor de la convalidación. ¿Votos a favor, señorías? (Pausa).

Contamos. (Pausa).

Me salen 28. ¿Les salen a ustedes también 28, secretario? Faltaron los de la Mesa. 31 me salen a mí, perdón, 31 votos.

Votos negativos. (Pausa). 24. ¿Abstenciones? (Pausa). Ninguna.

Por tanto, serían, señorías, 31, sí; 24, no; ninguna abstención.

Señorías, concluido el debate, en el caso de ser convalidado, tengo que preguntar a la Cámara si es favorable a que se tramite como proyecto de ley o no. ¿Votos afirmativos? (Pausa). ¿Votos negativos? (Pausa).

Entiendo que, por mayoría, no los voy a contar, ¿de acuerdo?, no se tramita como proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías.