Diario de Sesiones 100, de fecha 10/11/2021
Punto 15
10L/C/P-0870 COMPARECENCIA DEL SEÑOR CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, SOBRE LA PRESENCIALIDAD Y EL TRABAJO TELEMÁTICO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-AHI).
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Siguiente comparecencia, a cargo del Grupo Nacionalista Canario, al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre la presencialidad y el trabajo telemático en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tiene la palabra la señora Beato por tiempo de cinco minutos.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero.
Cuando irrumpe de manera abrupta la pandemia en marzo del pasado año, con el primer estado de alarma se decreta la necesidad de seguir prestando los servicios y se impuso el teletrabajo. Con la actividad y la movilidad prácticamente, totalmente paralizada, el teletrabajo no fue una opción ni para la Administración ni para las empresas, fue una necesidad para seguir prestando servicios públicos, para seguir trabajando, y esto obligó a empresas y administraciones públicas a reordenar sus sistemas de trabajo, sus métodos de trabajo para adaptarse a esa nueva modalidad de trabajo.
La Administración canaria tuvo una primera respuesta inmediata y, a pesar de las incertidumbres, a pesar de las circunstancias extraordinarias del momento, no exentas de cierta improvisación, se activaba a miles de empleados públicos a trabajar desde sus casas. Y tenemos que felicitar la capacidad de adaptación de los empleados públicos y la capacidad de respuesta de los servicios de telecomunicaciones del Gobierno de Canarias para dar soporte a los cientos, los miles de personas que empezaron a trabajar desde sus casas.
Nos consta que se hizo un esfuerzo titánico por parte de los servicios de telecomunicaciones, igual que se hizo en esta Cámara, en este Parlamento. Pero no siempre el teletrabajo resolvió los problemas de la ciudadanía, muchos ciudadanos se quedaban sin respuesta y eso llevó a la frustración de personas que esperaban que alguien les diera una cita previa, les contestara al teléfono y no sabían qué hacer ni a dónde dirigirse, porque no podemos olvidar que en Canarias existe una gran brecha digital, por la lejanía, la insularidad, porque hay muchas zonas de sombra en algunos territorios donde no llega bien internet, por la falta de competencias digitales de la gran mayoría de la población canaria y por la falta de recursos y medios materiales, y, sin embargo, cualquier trámite, incluso los trámites de Derechos Sociales, de personas que no tenían medios materiales ni económicos, tenían que hacerse a través de internet.
Después de esos primeros meses del estado de alarma, el Gobierno aprueba una segunda resolución en mayo del 2002 por la que se establece un marco organizativo y se fijan criterios para la recuperación gradual del trabajo presencial y se anuncia en julio del pasado año que el Gobierno iba a regular el teletrabajo. Esa resolución de mayo del 2020 ha estado vigente hasta hace prácticamente nada, hasta este mes.
Pero, mientras la situación de la pandemia iba evolucionando, la Administración canaria se quedaba estancada. Mientras el Gobierno de España legislaba sobre el trabajo a distancia en el ámbito laboral privado, primero mediante un real decreto que posteriormente se convierte en ley a través del trámite en el Congreso de los Diputados, en el que se regula el trabajo a distancia para, como digo, el ámbito privado, mientras el Gobierno de España modificaba el estatuto básico para regular el teletrabajo con la introducción de un nuevo artículo y establecía el mandato de adaptación a las legislaciones autonómicas en el plazo de seis meses, mientras esto, todo eso ocurría, señor consejero, ¿qué ha hecho el Gobierno de Canarias? Las últimas noticias que tenemos es una mesa de empleados públicos en la que se lleva, el 11 de octubre, un borrador de resolución para la vuelta a la presencialidad. Un borrador del que discreparon todas las organizaciones sindicales. Aun así, el Gobierno desoyó las propuestas, aprobó esa resolución e impuso esa resolución sin consenso y limita, limita a un solo día la opción de los empleados públicos a teletrabajar, salvo excepciones extraordinarias.
El teletrabajo es un derecho de los trabajadores, siempre, por supuesto, bajo la premisa de la prestación de los servicios en óptimas condiciones a los ciudadanos, con las máximas facilidades y la proximidad a los ciudadanos. ¿Y cuáles son las intenciones del Gobierno, señor consejero -le preguntamos-, para garantizar ese derecho de los trabajadores a teletrabajar?, ¿qué va a hacer el Gobierno?, ¿qué cambios va a acometer, organizativos y de gestión, que permitan a los trabajadores ejercer su derecho a teletrabajar, salvaguardando plenamente el derecho... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) -presidenta, unos segundos-, salvaguardando, como digo, el derecho de los ciudadanos a unos servicios públicos de calidad y efectivos para elegir cómo quieren acceder a esos servicios? ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar de manera estable y definitiva una resolución que regule el teletrabajo en la Administración canaria?
Gracias, señor consejero. Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora diputada.
Turno para el Gobierno, por tiempo de siete minutos, señor consejero.
Adelante. Cuando quiera.
El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Presidenta, con permiso. Señora diputada, señoras y señores diputados.
A veces la oigo, señora Beato, y me preocupo, porque estoy en general de acuerdo con usted. Entonces digo, a ver si, a ver si no van las cosas como deben ir. Yo creo que no es malo que el Gobierno y la oposición coincidan. Desde luego en la preocupación por el teletrabajo coincidimos. Pero cuando usted dijo, hay un momento en el que dice: el Gobierno no ha hecho nada o no sabemos lo que hace el Gobierno. A partir de ese momento ya entonces se desliza su señoría, legítimamente, claro, hacia unas críticas que yo tengo que rebatir.
Yo creo que la diferencia, me parece a mí, entre el punto de vista del Gobierno y el que usted expresa, que por otro lado está muy extendido el que usted expresa, no me parece que sea una cosa insólita, la diferencia fundamental es que nosotros entendemos... -nosotros y un montón de comunidades autónomas, porque se ha referido usted a que se ha regulado, se ha regulado mínimamente por el Estado y algunas comunidades autónomas, no la mayoría, han regulado el teletrabajo-, pero nuestro punto de vista es que la regulación del teletrabajo durante la pandemia es una, fue una, sigue siendo una y la regulación del teletrabajo estable, creo que ha dicho usted, me parece, o permanente, duradera, es otra. Es verdad que la primera fue una regulación, usted ha dicho..., incluso felicitó a los empleados públicos y al Gobierno por cómo montamos aquello. El día 13 fue la primera resolución, a las horas de declararse el estado de alarma, luego se fue corrigiendo, no fuimos los únicos. Y dijo usted: incluso improvisada; pues probablemente improvisada porque era necesario decirle a la gente "quédese en su casa". Recuerde que llegamos a organizar un permiso obligatorio retribuido, no ya el teletrabajo, sino el quédese en su casa aunque no trabaje y se le paga, porque lo prioritario en aquel momento era la sanidad. Y se fueron dictando resoluciones hasta esta que usted censura, la censura, la que hemos dictado hace unos días, ha empezado a entrar en vigor el día primero de este mes, y debo decirle que, hasta donde yo conozco, sin mayor incidencia. Es verdad que los sindicatos no estuvieron de acuerdo, pero la mayor parte de los empleados públicos la está cumpliendo sin incidencias, sin más incidencias que las dificultades -que si quiere hablamos luego- del sistema de control horario.
Por lo tanto, nuestro punto de vista es que hay que pasar de una regulación que tenía sobre todo la naturaleza, el carácter de una medida sanitaria, dirigida a impedir el contagio y la propagación de la enfermedad, a una medida que organice una modalidad de prestación del trabajo. Que son dos cosas distintas y que por lo menos desde el punto de vista de los conceptos no guardan ninguna relación, porque habrá teletrabajo aunque no haya pandemia.
Por lo tanto, lo que hemos hecho es acabar con la regulación del teletrabajo para la pandemia, dejando un hueco porque todavía subsisten unas restricciones de aforo y de distancia y es posible que haya que mantener un tiempo para el trabajo, y simultáneamente generar un grupo de trabajo que lo acordamos, le digo la fecha exacta, el 17 de junio, aunque no empezó a funcionar hasta el 24 de septiembre porque -lo debo decir así, porque es la verdad, no quiero reprochar nada a nadie- los sindicatos no nos facilitaron la designación de sus representantes. Ese grupo de trabajo se ha reunido en cinco ocasiones y generará un texto. Mientras tanto, hemos recuperado una situación prácticamente igual a la anterior, salvo un día, y trabajamos en ese tema.Antes, medida sanitaria; ahora, modalidad.
Yo no sé si jurídicamente es un derecho de los empleados públicos. Usted dice que lo es. Sabe que hay una discusión doctrinal importante entre los profesores y entre los tribunales acerca de si es un derecho o es una facilidad que puede concederse o no y no está claro que sea un derecho de los trabajadores. En cualquier caso, nuestro propósito es facilitarlo.
Pero el deseo es tener éxito, tener éxito, porque le recomendaría, si me lo permite, la lectura de El País, del domingo pasado, tenía nada menos que tres páginas, con un titular que decía: El teletrabajo no ha venido para quedarse. ¿Por qué?, porque la regulación que se ha hecho ha resultado insuficiente, inadecuada, y esa sí que ha sido apresurada. Nosotros queremos una regulación para una situación que será voluntaria, para empezar, y no impuesta, como era la de la pandemia, concordada de acuerdo con los sindicatos y con las organizaciones, en nuestro caso con los órganos de gestión de la Función Pública, y basada en que es conveniente para la Administración, con prudencia, con idea de adaptación y pensando que si el trabajo a distancia, el teletrabajo tiene ventajas para los empleados públicos, indudablemente, lo importante es que también tenga ventajas para los ciudadanos. Eso es lo más importante, que los ciudadanos reciban los servicios públicos. Y en eso -es lo que le dije antes y no era solo una broma-, en eso estoy muy de acuerdo con usted, con las limitaciones que en Canarias puede tener el conocimiento de las herramientas digitales, también entre los empleados públicos, que han hecho un esfuerzo pero todavía nos queda.
El éxito, como le digo, no está asegurado. No es seguro que cualquier regulación sirva, necesitamos establecer un tiempo, un procedimiento, unos puestos. Nuestro propósito es que solo sea posible -y quizás esta sea la idea esencial-, solo sea posible cuando haya un sistema de medición de los resultados del trabajo. Porque el trabajo presencial, hasta hoy, hasta hoy, se caracteriza por que hay que ir a la oficina y estar en la oficina -el teletrabajo no afecta a los profesores, a los sanitarios...-, es la esencia, la esencia de lo que el empleadopúblico tiene que hacer, cuál es tú trabajo, ir a la consejería, pero ahora no será así, ahora la presencialidad se va a sustituir por la medición de los resultados. Por lo tanto, solo las unidades que tengan capacidad para medir resultados podrán implantarlo, y en eso estamos, de acuerdo, intentando el acuerdo con los sindicatos, con el conjunto de la Administración autonómica, para que funcione el trabajo, el teletrabajo, para los empleados... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, consejero.
Turno para el Grupo Mixto. Señor Fdez. de la Puente.
Adelante.
El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señora presidenta. Señor consejero.
El Gobierno de Canarias ha seguido la senda marcada por la Administración General del Estado y planteaba el pasado mes de octubre una necesidad de retomar el trabajo presencial y que el teletrabajo se redujera solamente a un día a la semana, a partir de este reciente 1 de noviembre. Así, la Dirección General de la Función Pública convocaba la mesa con los empleados públicos para negociar -y cito- la fijación de criterios para la recuperación de la actividad administrativa presencial. En este sentido, se dictaba una resolución que no era sino un fiel reflejo de lo mismo que había dictado el Estado.
Desde Ciudadanos somos conscientes, plenamente conscientes de la complejidad del tema y la necesidad de ordenarlo debidamente. Entendemos que se va a aspirar a conseguir combinar con éxito el necesario funcionamiento de los servicios públicos y la atención en plenas condiciones a la ciudadanía, con las necesarias medidas de conciliación de la vida laboral con el personal y su familia, pero no perdiendo de vista al usuario, al ciudadano. Es esta una realidad que no solo debe aún consolidarse sino, además, avanzar en su desarrollo, ya que se ha demostrado que es una oferta a las respuestas y a las realidades necesarias para el ciudadano. Insisto, también teniendo en cuenta en este caso la brecha digital que todavía sufren muchos ciudadanos.
El personal de las administraciones públicas ha demostrado sobradamente, y no solamente durante esta pandemia, su profesionalidad y su vocación de servicio público y por ello desde la Administración debe hacerse un ejercicio de eficacia organizativa moderna y buscando nuevas fórmulas y no las antiguas. Las distintas organizaciones sindicales continúan manteniendo su reivindicación en defensa del teletrabajo como derecho reconocido de los empleados públicos de las administraciones públicas de la comunidad autónoma canaria y que no tenga más limitaciones que las señaladas enel apartado 1 del artículo 47 bis) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Estas son las derivadas del contenido funcional de los puestos y de las necesidades del servicio, lo que determina que en las relaciones depuestos de trabajo se señale cuáles de ellos son susceptibles de desempeñarse mediante elteletrabajo, descartando con ello cualquier tipo de arbitrariedad. Así pues, entendemos que se debe aspirar a que los criterios para la autorización del teletrabajo en los distintos centros directivos sean objetivos, transparentes, equitativos e igualitarios, asegurando al tiempo los mismos derechos y deberes que el trabajo en la prestación presencial. Trabajar en este sentido contribuirá, sin duda, a una verdadera mejora de los servicios prestados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, al tiempo que se garantizará de forma efectiva y con todas las garantías el acceso al teletrabajo en cualquiera de sus modalidades, sean totales, parciales o puntuales, y siempre que sea posible.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor diputado.
Turno para la Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días también al señor consejero.
Señor consejero, esta pandemia obligó a que se instaurara el teletrabajo de un día para otro, una forma de trabajar a la que no estaban acostumbrados ni los trabajadores de nuestra Administración de la comunidad autónoma ni tampoco los ciudadanos. Se pusieron todos, en ese momento se pusieron todas las herramientas disponibles para que esa forma de trabajar fuera lo más eficaz posible y también que la ciudadanía no se sintiese desatendida. En un principio se pensó, como usted ha dicho, que era una solución puntual a la situación que estábamos viviendo, pero la realidad es que esta modalidad de trabajo nosotros sí que pensamos que parece que vino para quedarse, porque también es cierto que tiene muchos aspectos positivos que debemos aprovechar. Uno de ellos es la facilidad para ayudar en la conciliación laboral y en la conciliación familiar.
Pero tampoco a nadie se le escapa que son muchas las quejas recibidas por la ciudadanía, una ciudadanía acostumbrada a la atención presencial y que además no ha contado con el tiempo suficiente para adaptarse al cambio, quejas a las que debemos también darles una solución.
Además, creemos que también en todos los servicios no es operativo el teletrabajo, pero eso no significa que donde sí ha sido operativo tenga que desaparecer esta modalidad. Creemos que en muchos servicios el teletrabajo sí que ha sido positivo y sí que ha mejorado considerablemente muchos servicios.
Pero tampoco podemos perder de vista cuál es nuestra población. Muchos trámites han pasado a ser cien por cien telemáticos y ahí tenemos que tener en cuenta a las personas que, por falta de conocimiento, por falta de formación o simplemente por falta de posibilidades económicas, se están quedando descolgadas, y ahí estaríamos dejando descolgadasa las personas más vulnerables, las que quizás más necesitan de la protección de la Administración, porque muchas veces, aunque exista un servicio telemático, algo que se ha hecho también contrarreloj, porque todas las herramientas se pusieron a disposición contrarreloj, muchas veces la respuesta o en muchas ocasiones la respuesta no es la más adecuada.
Entonces ¿desde Agrupación Socialista Gomera estamos a favor del teletrabajo y de que quede instaurado en las áreas que ha resultado beneficioso?, pues, sí, porque nosotros consideramos que tiene muchos aspectos beneficiosos, muchos aspectos positivos y que sería un error no aprovecharlos. Pero quizás, hasta que también toda la población lo interiorice y sepa moverse adecuadamente de forma eficiente, de forma telemática,que también exista el recurso de la presencialidad, pues no podemos perder de vista que en Canarias tenemos personas que directamente no saben leer ni siquiera tampoco saben escribir y, por tanto, se pueden sentir desatendidas... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo yla Presidencia le concede un tiempo adicional) -gracias, presidenta-, y ahí la Administración no se puede dar el lujo de dejarlas desenganchadas.
Por tanto, señor consejero, hay que intentar buscar la mejor fórmula posible para avanzar en lo que sea positivo y en lo que ha resultado ser bueno y también rescatar lo que antes funcionaba de forma óptima. Por eso es bueno que se intente llegar a acuerdos con los representantes de los empleados públicos y que se busque la mejor fórmula posible. Yo sé que esa es la disposición del consejero con todos los asuntos que tienen que ver con su área y esta no va a ser la excepción.
Por tanto, señor consejero, le animamos, como digo, a ese diálogo y a llegar a un acuerdo que sea al final lo más beneficioso para los trabajadores, pero también para la ciudadanía canaria.
No podemos comparar tampoco a las empresas privadas con la Administración pública. Los servicios son completamente distintos y la atención al ciudadano es completamente distinta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora Mendoza.
Turno para Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.
El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Gracias, señora presidenta.
No hay mucho que añadir a lo que se ha dicho.
Yo creo que estamos en un momento de transición y deberíamos ubicarnos en este proceso en el que estamos, un momento de transición en el que se vislumbran nuevas posibilidades de realización del trabajo, no solamente en la Administración pública, sino en las empresas privadas. Dependiendo también de los tipos de trabajo que sean, no todo tendrá los mismos resultados, se puede materializar de la misma manera. En ese sentido a mí me parece que la negociación que se está estableciendo o las reuniones que se están estableciendo con los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos del Gobierno de Canarias tienen que miran fundamentalmente todo este tipo de posibilidades.
Acaba de decir la señora Mendoza todo lo que tiene que ver con la conciliación, conciliación con la mejora del trabajo, pero efectivamente aquí hay un elemento fundamental, que es que si beneficia o no beneficia a los usuarios y, claro, tenemos la realidad que tenemos. La señora Beato también habló de la brecha digital que tenemos en esta tierra y, por lo tanto, me imagino que... y ojalá se resuelva todo esto de la manera más pacífica y mejor posible para todos los sectores, pero por consenso, teniendo en cuenta todo este tipo de aspectos.
Insisto, en las cuestiones que tengan que ver con la Administración pública los usuarios son lo fundamental y mucha gente es verdad que se quedó en las puertas de resolver muchos problemas precisamente por tener absoluta incapacidad a la hora de gestionar sus problemas telemáticamente.
Yo creo, de todas formas, que la pandemia supuso, ha supuesto un entrenamiento para todas las personas, un ensayo muy potente, y yo creo que hay elementos también de medición, de evaluar los resultados y las posibilidades que todo esto conlleva. Me parece que es importante ir evaluando para, digamos, tener criterio suficiente para ver qué nuevos pasos se van dando y evidentemente van a ser lentos.
Creo que es necesario también tener en cuenta que habrá un problema que habrá que superar también, es la dualidad de quiénes trabajan de manera presencial y quiénes trabajan de manera telemática. Eso tendrá que ver también, regularse en los convenios. Yo la experiencia que tengo en la universidad, desde luego que no hay color en la enseñanza telemática y la enseñanza presencial, toda la vida la enseñanza presencial. Ahí es que no hay color, señorías, y estamos empezando a recuperar esa normalidad que teníamos, que creo que es unanormalidad bastante deseable, al menos la de la docencia.
De todas formas creo que estamos en los inicios, en las puertas de un cambio profundo, de un cambio profundo y, por lo tanto, situémonos donde estamos y veremos las futuras generaciones cómo se beneficiarán o no, incluso también la gente trabajadora, del trabajo telemático.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señor Déniz.
Turno para Nueva Canarias. Señora González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, gracias, presidenta. Señorías.
Consejero, la pandemia de la COVID-19 sacudió a todos los ámbitos de nuestra sociedad, una crisis sanitaria sin precedentes que cambió el mundo. La situación de esta crisis sanitaria obligó a las diferentes administraciones públicas a dedicar todos sus medios personales y materiales a garantizar la prestación de los servicios públicos de sus empleados de forma presencial, garantizando así, además, el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y de las empresas.
El trabajo a distancia en general es una forma de prestación de servicios que, debido a los avances de la tecnología, hace años que poco a poco se ha ido abriendo camino y la situación de la pandemia obligó a aprobar normas con la finalidad de asegurar el normal funcionamiento de la Administración pública. Ahora bien, el contexto bajo el que se dictaron esas normas no responde al actual panorama, razón lógica por la que el Gobierno de Canarias, a la luz de la mejora de la situación sanitaria por la disminución de las incidencias de contagios de COVID, como resultado del éxito en el proceso de la vacunación,aprobó la resolución 1616 del 2021, una resolución que desde el pasado 1 de noviembre es de aplicación. Desde Nueva Canarias valoramos positivamente esta resolución, porque si algo evidenció la pandemia ha sido la brecha digital que existe en Canarias, donde se ha detectado desigualdad, mucha desigualdad, entre la ciudadanía respecto al acceso a las TIC, además de la falta de habilidades digitales en mucha o en gran parte de la población.
Y en este contexto debemos tener en cuenta la necesaria presencia por lo menos de determinados empleados públicos en sus puestos de trabajo, fundamentalmente de aquellos cuyo trabajo conlleva una relación directa con el administrado. Cierto es que en muchos casos, para intentar paliar esta brecha digital y garantizar el acceso a los ciudadanos a la Administración, también se habilitaron líneas telefónicas a tal fin, pero hay una denuncia permanente de los administrados y de las administradas, y me pongo como ejemplo, que es muy difícil, por no decir casi imposible, que cojan el teléfono. Por lo que, insisto, desde el Grupo Parlamentario Nueva Canarias volvemos a reiterar la necesidad de la presencialidad en el trabajo, por lo menos para aquellos empleados públicos cuyo puesto de trabajo es de cara a los ciudadanos, de cara a los administrados y las administradas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora González.
Turno para el Grupo Popular. Señora Reverón.
La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta, y buenos días, señorías, buenos días, señor consejero.
Bueno, yo creo que ya se ha dicho, que el mundo es otro después de la llegada de la COVID, creo que es una afirmación que nadie ya pone en duda y que la Administración también es, o debería ser, otra también creo que forma parte de la misma reflexión. La situación de la crisis sanitaria obligó a las diferentes administraciones públicas a garantizar su funcionamiento, y eso conllevó que los servicios públicos se llevaran a cabo por parte de sus empleados de manera no presencial.
Parece que los cambios han llegado para quedarse, tenemos teletrabajo, tenemos videoconferencias, pero como buenas fortalezas entendemos que habrá que apuntalarlos. Fruto de ello -usted ha dado buena cuenta-, se han tenido que ir dictando muchas resoluciones para adaptar la situación sanitaria al teletrabajo.
Pero, en definitiva, creemos queesta crisis debe ser tomada como una fantástica combinación de factores para mejorar lo público, siempre para mejorar lo público, sobre todo porque en estos casos se trata de unos hitos coyunturales y, como en el caso del teletrabajo, queda mucho por trabajar para su correcta configuración y su correcta implantación.
Usted ha hecho referencia a una resolución que se aprobó hace muy poco, la Resolución 1616/2021, que entró en vigor el 1 de noviembre, que regula esa modalidad de trabajo a distancia, pero, si nos leemos esa resolución, efectivamente deja bastante claro lo siguiente, y es, por un lado, se puede teletrabajar solamente una vez a la semana; en segundo lugar, se puede teletrabajar más días a la semana siempre que las circunstancias del espacio no permitan mantener esa distancia interpersonal que exige la normativa sanitaria, o bien aquellas personas que esté considerado, por prevención de riesgos laborales, esté considerado que no pueden ir a prestar su puesto de trabajo.
Ahora bien, nos preocupa, y mucho, que con el avance de la economía del conocimiento que se impone en nuestra sociedad la brecha digital va a adquirir mucha más trascendencia. Una brecha digital que tiene, como todos sabemos, tres dimensiones: la social, la demográfica y la territorial. La dimensión social por el nivel económico y de formación de los que la reciben; la demográfica por el grupo de edad en el que se aplica y la territorial por el alcance, porque esta se limita, todos sabemos que la banda ancha a día de hoy todavía no llega a todos los rincones de Canarias. Es decir, con estas tres dimensiones que acabo de decir hay mayor nivel de renta y formación, hay una población más envejecida y hay carencias muy importantes de la red de banda ancha. Por eso desde mi grupo parlamentario entendemos que es necesario actuar en consecuencia para reducir esa brecha, porque, si no, mucho nos tememos que el teletrabajo de la Administración pública abrirá mucho más esa desigualdad entre los canarios.
En cualquier caso, lo que ha quedado claro, meridianamente claro, es que con esta crisis sanitaria la mayor parte de los empleados públicos están totalmente implicados, han dejado bien alto el pabellón y han prestado los servicios públicos. Por ello entendemos que es necesario fortalecer estos elementos y, sobre todo, aquellas personas que, a pesar de todo y contra viento y marea... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional). Gracias, presidenta. Como decía, creo que hay que fortalecer aquellas personas que, contra viento y marea, sobre todo mantuvieron la prestación de esos servicios públicos, pero sin olvidar, por favor, sin olvidar que por encima de todo está la correcta prestación del servicio público a los administrados y a las administradas.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Dávila Mamely): Gracias, señora Reverón.
Turno para el Grupo Socialista. Adelante.
La señora FLEITAS MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Por supuesto nos sumamos a las últimas palabras de la señora Reverón, como no puede ser de otra manera, vanagloriándonos del trabajo que han hecho nuestros empleados y nuestras empleadas públicas, pero en el día de hoy, señor consejero, yo no puedo asumir que se haya hablado de la improvisación del Gobierno con respecto al teletrabajo. Podemos hablar, si quiere, de acciones frente a escenarios no conocidos y esta diputada entiende que equivocarse actuando jamás puede ser reprochable, siempre y cuando se pongan después las medidas correctoras, como así ha sido y lo hemos visto resolución tras resolución de su consejería, más cuando ha pasado apenas un año y medio desde el establecimiento del estado de alarma, el 14 de marzo, y un año y medio desde que intervinimos por primera vez, la mayoría de los que estamos aquí, en la comisión permanente y hablábamos del futuro del teletrabajo, de la presencialidad en la Administración pública de Canarias, y en un año y medio no podemos reprocharle a este Gobierno más que trabajo, trabajo y más trabajo.
Señorías, señor consejero, coincido con usted en esa división que ha hecho sobre la distinción entre el teletrabajo que hemos llevado a cabo por efecto de la pandemia y la regulación que tendremos que hacer, que estamos llevando a cabo, que ustedes están llevando a cabo, los avances que tenemos que hacer en la regulación del teletrabajo en sí.
La implantación del teletrabajo por causa de fuerza mayor, como fue la pandemia, ha supuesto un año de ajustes, de diálogo y de adaptación al cambio en la Administración pública y coincidirán conmigo en que no ha sido sencillo, pero es que esto hay que regularlo. Es un tema complejo porque, además, en las resoluciones que hemos visto y, lógicamente, en la legislación que se está dictando al efecto, hay que recuperar los servicios públicos tras la pandemia. Es que no podemos obviar esto, tenemos que recuperar al cien por cien los servicios públicos y el funcionamiento de la Administración pública después del varapalo tan grave que hemos sufrido en todos los estamentos y en todas las áreas, no solamente del Gobierno de Canarias, sino también a escala mundial, porque no nos olvidemos que sufrimos una pandemia global. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).
Por ello, señor consejero -y yo finalizo-, me consta la implicación de múltiples áreas de su consejería, que están trabajando en este tema, en un tema que no es sencillo y me consta que se han creado mesas de trabajo -corríjame si me equivoco- sobre este asunto, lo ha dicho usted además, que se está trabajando intensamente en esa mesa de negociación con los empleados, que se ha creado un grupo de trabajo para el desarrollo normativo del teletrabajo, y nos gustaría saber si ya se han reunido, si han tenido la posibilidad ya de empezar a trabajar en un borrador y si tienen planteado en próximas fechas ofrecernos algún borrador, como le decía, en estos meses.
Nadie dijo que fuera fácil, señor consejero, están dando los pasos necesarios para coordinarnos con los representantes laborales para regular el teletrabajo y el Grupo Parlamentario Socialista lo anima a seguir trabajando en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Turno para el grupo proponente, Grupo Nacionalista.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente.
Le decía que el Gobierno tuvo una primera respuesta muy positiva, pero el Gobierno se relajó. Tenía el mandato desde el real decreto de septiembre del 2020, que modificó el estatuto básico del empleado público introduciendo el artículo 47 bis, que regula el teletrabajo, ese real decreto les imponía a las comunidades autónomas un mandato de adaptar su legislación en el plazo de seis meses. Ese plazo venció el 31 de marzo de este año y el Gobierno de Canarias ha incumplido sobradamente ese plazo, porque más de un año después de ese real decreto el Gobierno de Canarias sigue sin adaptar su normativa al estatuto básico y sigue sin dar una regulación estable al teletrabajo como modalidad de prestación de servicio público. Y este dejarse ir del Gobierno ha contribuido a la confusión, ha contribuido a deshumanizar el servicio público, porque el contacto para determinados sectores, para determinada población, sobre todo en el ámbito social, es imprescindible, y se perdió por completo ese contacto, y se podía haber ido incorporando ese contacto.
Mire, el otro día el señor Marlaska venía y anunciaba que los ciudadanos de La Palma podían pedir las ayudas telemáticamente. Y yo me pregunté -y se vendía como una gran noticia-, y me pregunté: ¿pero cómo van a pedir telemáticamente las personas que lo han perdido absolutamente todo en La Palma, que no tienen casa, que no tienen nada? Entonces la humanidad en el servicio público no se puede perder. Y, por ejemplo, en La Palma tampoco el teléfono de petición de ayuda, de petición de información, es gratuito. Señor consejero, revisen eso, porque el 012 les cuesta a los ciudadanos de La Palma, esa información, y debería ser gratuito.
Y también esta inacción ha contribuido a cabrear a la ciudadanía, deteriorando la imagen de los empleados públicos, que no analizan si detrás de esa falta de atención en el SEPE o en el instituto de la Seguridad Social o al llamar a cualquier consejería del Gobierno de Canarias hay falta de medios, falta de personal o falta de lo que sea y proyectan esa frustración sobre el empleado público. Y los ciudadanos no entendían cómo se iba reanudando la actividad privada, se iban incorporando las personas a sus empresas, pero la Administración seguía sin retomar esas actividades.
Señor consejero, en la mesa, como dijimos anteriormente, usted lleva un borrador, un borrador que ha impuesto, y es verdad que hay que diferenciar la regulación estable del teletrabajo como modalidad de trabajo y el teletrabajo por imposición de la pandemia, ¿pero por qué ha impuesto la presencialidad, por qué ha impuesto un solo día de teletrabajo cuando tenía unas mesas de trabajo técnico que se habían marcado unos objetivos, que los plazos que se habían pactado era a final de noviembre tener ya el documento, publicar el decreto en diciembre y entrada en vigor en enero? ¿Por qué se han incumplido esos plazos?, ¿por qué no se ha respetado el trabajo técnico que se estaba haciendo con los trabajadores? ¿Y no le parece contradictorio que se establezca un solo día de trabajo, de teletrabajo, y se hable de teletrabajo parcial? ¿En qué consiste el teletrabajo parcial cuando solo se garantiza un trabajo? ¿Y cuántos recursos le va a suponer a la Administración pública tener a una persona teletrabajando un solo día?, ¿va a optimizar, a utilizarse los servicios, los recursos públicos con una persona, porque han de duplicarse los medios?
¿Y bajo qué criterios se va a autorizar la excepcionalidad? Porque, mire, a pesar de la resolución de un solo día, el Icavi ordenó inmediatamente la presencialidad a todos sus trabajadores sin excepción. ¿Esto no le parece discriminatorio, señor consejero?
El teletrabajo ha sido positivo, pero para que lo siga siendo el Gobierno lo tiene que regular y lo tiene que consensuar, y le pedimos ese esfuerzo de consenso, pero también un esfuerzo de organización, un esfuerzo de organización que el Gobierno no ha hecho. Tiene que pactar con criterios objetivos, transparentes y equitativos, no discrecionales, no al albur de decisiones de directores generales. El teletrabajo es un derecho que conlleva deberes, que se garanticen los mismos derechos y los mismos deberes que en el trabajo presencial. Y si hay que realizar controles y si hay que establecer mecanismos de medición, que se establezcan. El que cumple los va a agradecer y el que no cumple, efectivamente, se va a detectar que no cumple. Porque, señor consejero, como decía, usted hablaba de mecanismos de medición, de regulación, ¡claro!, es que exige, es que exige una planificación, es que exige organizar los servicios, no es solo regular, no es solo decretar, es organizar, y ese esfuerzo no lo han hecho, no lo han hecho. El teletrabajo total, parcial o puntual tiene que garantizar los servicios públicos. El límite, el límite, tiene que estar en la correcta prestación de los servicios públicos, en la calidad de los servicios públicos y en la atención a la ciudadanía. Se trata, señor consejero, de un equilibrio, pero ese equilibrio exige un esfuerzo organizativo, un esfuerzo de planificación, para que el teléfono se siga contestando, para que los expedientes sigan funcionando y para que la ciudadanía siga teniendo una respuesta y no vea en el teletrabajo ni en los empleados públicos un enemigo ni un obstáculo, sino un mecanismo favorable para garantizar la prestación de servicios públicos efectivo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beato.
Turno de cierre para el Gobierno. Adelante, señor consejero.
El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Esta vez estoy menos de acuerdo con usted, señora Beato, pero sobre todo porque yo creo que, si usted me permite decirlo con el respeto que le debo, yo creo que usted confunde la regulación del teletrabajo durante la pandemia, para la pandemia, después de la pandemia, que tiene que ver con la enfermedad, el teletrabajo como medida sanitaria y el teletrabajo como medida de organización. Usted insiste en que es un derecho y yo creo que eso no está claro que sea un derecho; en todo caso, un derecho potestativo, una posibilidad que el trabajador tiene porque la Administración tiene que acceder y los derechos, como usted recordará, son posibilidades de actuación que se entregan -dicen los tribunales y la ley- a su titular: si tengo derecho, lo ejerzo; ahora, si está condicionado mi derecho a que me lo permitan, entonces no es un derecho. No alentemos la idea -no lo digo para reprochárselo a nadie- de que los trabajadores públicos o privados pueden ellos decir "me acojo al teletrabajo". No es así, es una modalidad que debe organizarse.
Y yo creo que no solo se confunde usted en confundir la regulación sanitaria con la regulación organizativa, me parece que se confunde también en lo que ha hecho la Administración. El borrador fue el borrador de resolución que se ha dictado hace unos días para que regresáramos a la presencialidad desde el día 1 de noviembre. Ahí hubo un borrador y una negociación. El texto definitivo se viene trabajando, hay cinco reuniones de trabajo a las que han asistido funcionarios de la dirección y de otras unidades y representantes sindicales -cuyos nombres puedo darle luego y las fechas exactas-, que están avanzando para consensuar un texto. Luego, son dos cosas distintas: se negoció y no se obtuvo el consenso para regresar a la presencialidad, como nos han pedido muchos portavoces, y eso ocurre desde el día primero de noviembre, día 2 realmente, y al mismo tiempo preparamos la norma definitiva.
No pasa nada por incumplir el plazo del Estatuto de los Trabajadores, no hay una regla de nulidad. La mayoría de las comunidades autónomas no lo ha desarrollado, la Administración del Estado no lo ha desarrollado. El artículo 47 bis, al que usted se refiere, del Estatuto Básico del Empleado Público introduce la posibilidad y ordena que en seis meses se desarrolle, pero no es un mandato cuyo incumplimiento genere la nulidad. ¿Por qué no se ha desarrollado en la mayor parte de las comunidades autónomas?, porque todas estábamos esperando por el fin de la pandemia y por el entendimiento con los trabajadores y los sindicatos y por encontrar ideas acertadas, por regularlo. Y eso es lo que estamos haciendo, fijando en qué consiste, qué duración puede tener, si será un día o dos días o tres días, cuáles son las obligaciones del teletrabajador, desde dónde puede hacerlo, qué medios hay que proporcionarle, qué disponibilidad debe tener, porque su jefe puede pedirle que al día siguiente vaya a una reunión, y es así en todos lados, en todas las comunidades, y para que si alguna vez hay un reportaje en la prensa no se diga, como antes le dije, el teletrabajo no ha venido para quedarse. Necesitamos aprovecharlo, necesitamos que esta oportunidad sea un avance, un avance para los ciudadanos y también para los empleados. En ese orden, como han dicho todos los portavoces: primero los ciudadanos y luego los empleados. Ese es el orden adecuado.
Yo admití, aunque la señora Fleitas ha venido a corregir mis palabras y también las de la señora Beato, yo admití que la primera resolución fue improvisada, la dictamos al día siguiente de la pandemia, y luego hemos dictado cuatro más. Hemos ido adaptándonos a la situación de la pandemia, que hoy sigue estableciendo una limitación de aforo. Por eso hay un día para cumplir con esa norma, por eso es posible -me parece que ha sido la señora Reverón la que lo ha dicho- extender más de un día, pero esa, señora Beato, no es la regulación definitiva, esa es la regulación para volver a la normalidad anterior a la pandemia y luego tendremos teletrabajo, que es una ventaja para los ciudadanos, que es una ventaja para los empleados públicos, que es una ventaja para la movilidad en las poblaciones, porque hay menos gente que tiene que desplazarse y sobre todo porque pone en primer plano el control del resultado del empleado público, porque, como antes dije, nuestra cultura, la cultura de los servicios públicos, es la cultura de la presencialidad. La mitad de lo que se exige al funcionario es que esté como está ahora mismo el letrado, sentado ahí, parte de su trabajo es estar sentado ahí, pero puede que no haga falta que esté sentado ahí, que esté en otro lado, incluso en su casa; si produce unos resultados determinados, importará mucho menos dónde esté sentado. Esa es la idea. Y de eso es de lo que estamos tratando con los sindicatos.
¿Cuántos días?, los que acordemos. ¿Quién lo decidirá?, los responsables de los centros directivos, los directores generales, los secretarios generales técnicos, con una propuesta de los jefes de servicio. No lo podrá decidir el trabajador porque no es su derecho. ¿Cómo se controlará que se conteste al teléfono?: mediante aplicaciones informáticas que registrarán cuántas llamadas telefónicas se hacen y cuántas se atienden. Porque esto -me parece que lo ha dicho la señora Reverón o doña Esther-, esto es una posibilidad de mejora y, por lo tanto, la tenemos que aprovechar, pero no con la lógica de la pandemia, que todo el mundo a casa. Eso se ha terminado -parece, porque los últimos datos a lo mejor nos obligan a tomar alguna precaución-. En cualquier caso, se ha terminado la situación que vivimos hace un año.
Yo agradezco las contribuciones de todos los grupos parlamentarios, incluso de quienes formulan, critican al Gobierno, porque creo que las administraciones públicas y la sociedad en general se enfrentan a un desafío cuya dimensión probablemente no conocemos en su totalidad. El cambio cultural, el cambio organizativo, el cambio en las costumbres domésticas, el cambio en la manera en que se llevan los niños al colegio, el cambio en la manera enla que se relaciona un empleado público con otro, todo eso tendremos probablemente que gestionarlo entre todos, no cabe una decisión unilateral. Esa es otra diferencia. La mayor parte de las decisiones organizativas de la pandemia, aunque se negociaron con los sindicatos, eran imperativas, había que irse a casa, incluso el permiso, ahora no, ahora queremos un sistema flexible, concordado, que resuelva todos estos puntos. Y yo creo que debates como el que estamos teniendo sin duda, yo lo quiero percibir así, nos ayudarán a tener más éxito, es decir, por lo menos a intentarlo en esta regulación definitiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
