Diario de Sesiones 160, de fecha 26/3/2019
Punto 56
9L/IDC-0004 INFORME DEL DIPUTADO DEL COMÚN. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
La señora PRESIDENTA: Y toca hacerlo según el orden del día... (rumores en la sala) -señorías, si son tan amables, por favor. Gracias- con el informe de la Diputación del Común.
Para la defensa de la misma, por el señor diputado del común, por tiempo de diez minutos.
Señor diputado, sí.
El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Yanes Mesa): Señora presidenta, señoras y señores diputados.
Quiero comenzar mi intervención con el reconocimiento a mi antecesor en el cargo, don Jerónimo Saavedra, quien gestionó de forma brillante los seis primeros meses recogidos en el informe anual del que ahora damos cuenta. Un informe que recoge el trabajo llevado a cabo por un equipo humano formado por treinta y siete personas, a quienes agradezco desde aquí su dedicación y su esfuerzo en una labor donde siempre ha prevalecido la independencia.
Las cifras globales reflejan que 2018 ha sido un año de trabajo intenso en la defensa de los derechos de las personas. Atendimos a veintidós mil ciudadanos, el número de expedientes aumentó el 21 % y de las 1472 quejas cerradas se obtuvo un resultado satisfactorio en el 63 % de los casos.
Los hombres y mujeres que formamos la Diputación del Común nos sentimos moderadamente satisfechos por el trabajo realizado, aunque la desigualdad que sufre nuestra población nos obliga a duplicar los esfuerzos en defensa de la parte más vulnerable de nuestra comunidad autónoma.
Un objetivo que nos hemos planteado es hacer que nuestra institución resulte una herramienta cercana a las personas. Solo de esa forma podremos cumplir nuestra misión de proteger sus derechos. La proximidad nos hace más útiles a la ciudadanía y esto implica no esperar a la queja ciudadana sino tomar la iniciativa en los problemas y demandas de las personas que se manifiestan en los medios informativos y en las redes sociales. Esa es la razón por la que las actuaciones de oficio han crecido un 460 %.
Lo hicimos al tener noticias de posibles desahucios a personas vulnerables, de vertidos de aguas residuales al mar o de cortes en el suministro de agua domiciliaria. Actuamos de oficio por la falta de accesibilidad a un centro de enseñanza catalogado como preferente para alumnos con discapacidad motora, o por la falta de luz y gas para las cocinas de un ciclo medio de Hostelería y Turismo. Y también actuamos ante protestas vecinales por la inseguridad para los peatones de una vía, las malas condiciones de un consultorio médico, las irregularidades en una residencia de mayores o el retraso en la inscripción de las parejas de hecho. Los medios informativos han sido nuestros aliados en el conocimiento de estas realidades.
Pero, además, nuestro diálogo permanente con colectivos ciudadanos nos ha permitido conocer reivindicaciones para afrontar problemas específicos de colectivos concretos. Son propuestas sociales que quizás les puedan ser de utilidad a los distintos grupos políticos presentes en la Cámara ante el inicio de la nueva legislatura. Les señalo solo algunas, aunque recomiendo la lectura de todas.
Incremento del presupuesto destinado a educación, para acercarnos de verdad al objetivo de alcanzar el 5 % del PIB en el año 2022.
Creación de plazas de enfermería escolar en los colegios públicos, para atender distintas patología del alumnado, especialmente la diabetes, que sufre el 16 % de nuestra población.
Regulación del transporte en el comercio online, para acabar con la inseguridad jurídica de las compras por internet.
Catalogación dentro del grupo de discapacidades de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de la fibrosis quística, y aquí quiero hacer una mención especial al consejero, señor Baltar, por su buena predisposición para dispensar el Orcambi, adelantándose incluso al Estado.
Creación de una unidad de rehabilitación cardiorrespiratoria en Fuerteventura; creación de una unidad de suelo pélvico en La Palma.
Aprobación de un convenio con cabildos y ayuntamientos para hacer efectivo el cumplimiento de la ley de accesibilidad física y cognitiva en los ochenta y ocho municipios de Canarias.
Aprobación de la ley de niños robados, que espero que mañana por fin se apruebe, para ayudar a muchas personas que quieren conocer su verdadera identidad.
Acceso de los afectados por hemofilia a tratamientos traumatológicos en el hospital La Paz, hasta que se cubran las plazas en el hospital de la Candelaria.
Inclusión de la cirugía reparadora, que no es la cirugía estética, en todas las operaciones de obesidad mórbida.
Rescate de los contratos con empresas privadas en los hospitales Doctor Negrín, en Gran Canaria, y la Candelaria, en Tenerife, para que los pacientes no tengan que pagar por ver la televisión.
Impulso de la guía de buenas prácticas para riesgos ergonómicos y psicosociales del sector de la hostelería para las camareras de piso.
Acuerdo entre los distintos sectores afectados para la valoración de los méritos en la elaboración de las listas para cubrir vacantes de los profesores de enseñanza no universitaria.
Cumplimiento del protocolo de cooperación firmado el 19 de abril de 2016 con la Plataforma Canaria en Defensa de los Afectados por la Ley de Costas.
Elaboración del segundo plan de infancia y adolescencia, compromiso adquirido en el Pacto Canario por la Infancia de noviembre de 2014.
Aprobación definitiva del reglamento de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial.
Calificación de los perros de protección a las víctimas de violencia de género como perros guía.
Aumento de efectivos en las unidades de valoración forense integral para casos de violencia de género.
Además, hemos creado dos mesas de trabajo cuyas conclusiones traeremos a esta Cámara: una dirigida por nuestro adjunto primero, don Felipe Afonso, que estudia la problemática de las personas con TDAH -trastorno por déficit de atención e hiperactividad-, y otra dirigida por la adjunta segunda, doña Milagros Fuentes, sobre pobreza infantil, en colaboración con Unicef.
La Diputación del Común es la única defensoría del pueblo autonómica de nuestro país que tiene una Adjuntía Especial de Igualdad. Como saben, se puso en funcionamiento ocho años después de su creación con la toma de posesión de su titular, doña Beatriz Barrera. En los cinco meses de los que hoy damos cuenta se ha demostrado su utilidad al aumentar en un 560 % el número de expedientes, lo que pone de manifiesto su eficacia para dar voz y resolver determinados conflictos, aunque echamos en falta una mayor coordinación entre las instituciones.
Y, por último, que me queda poco tiempo, me referiré a la parte menos agradable, que es la del grado de colaboración de las instituciones públicas con el Diputado del Común. Nuestra institución, que ha observado en todo momento la necesaria imparcialidad para llevar a cabo su labor, ha tenido, sin embargo, que firmar 285 deberes de colaboración, deber legal de colaboración, con el Diputado del Común, menos que en el año anterior pero demasiadas, y 89 advertencias de declaración de obstruccionismo, 22 entre 13 ayuntamientos y 2 a cabildos. Y lo más triste fue, finalmente, firmar tres declaraciones de obstruccionismo: una al Colegio de Procuradores de Las Palmas y dos al ayuntamiento de Arrecife.
Hay organismos públicos que han hecho un esfuerzo por mejorar, y lo digo rápidamente. Un buen ejemplo es la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, que ha logrado reducir a la cuarta parte el número de quejas al poner un plan de choque para atender la tramitación de los carnés de familia numerosa, y el ejemplo contrario, como ya es sabido, es Dependencia. Sobre la que no voy a incidir, solo voy a dar dos datos. La ley de dependencia establece seis meses de plazo para la tramitación de los expedientes, estamos multiplicando por cuatro, y Canarias es la comunidad autónoma que menos recursos dedica a la dependencia...
La señora PRESIDENTA: Un minuto más, intente concluir, señor diputado.
El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Yanes Mesa): Termino, termino, presidenta.
Esa es la razón por la cual he pedido un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y hoy lo repito: es necesario un gran pacto por la dependencia.
Termino.
Señoras y señores diputados, el informe del que hoy damos cuenta es el resultado del trabajo de un grupo de mujeres y hombres que tiene como única función defender a los ciudadanos ante la Administración pública.
En las 293 páginas pueden encontrar distintos aspectos de una misma realidad, las demandas sociales del sector más desprotegido de nuestra población.
Muchas gracias, presidenta, y perdón por el exceso en el tiempo.
La señora PRESIDENTA: Está muy bien, está muy bien.
Muchísimas gracias, señor diputado del común.
Ahora tocaría turno de fijación de posiciones para los grupos. Comenzamos de menor a mayor representatividad. Comienza el Grupo Mixto, señora Mendoza. Siete minutos.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenido al señor Yanes.
Hoy debatimos un informe que ya hemos podido debatir previamente en comisión parlamentaria pero que hay que traer nuevamente al pleno, pues ese es el procedimiento que mandata este Parlamento. Además, siempre es un placer contar con la presencia de la Diputación del Común, que actualmente ostenta el señor Yanes. Aunque no podemos olvidar tampoco que ha tenido que ver en el resultado de este informe el señor Saavedra y, por supuesto, los treinta y siete trabajadores que conforman el equipo de la Diputación del Común.
Con cada informe de la Diputación del Común que llega a esta Cámara cada vez estoy más convencida, bueno, estoy convencida yo y mi grupo, de lo importante que es esta figura y lo útil que si se quiere puede llegar a ser para los ciudadanos, tanto en la defensa de sus derechos como para que las administraciones cumplan con sus funciones. Además, prueba de ello es que las quejas han aumentado en un 21 % en términos generales, y eso no creo que sea porque todo vaya peor que el año anterior, sino porque cada vez más los ciudadanos tienen conocimiento de la existencia de esta figura y sobre todo de cuáles son las funciones que esta desarrolla.
En la comisión nos relató las numerosas e importantes reuniones que han llevado a cabo con colectivos, visitas a los ayuntamientos, cabildos, centros penitenciarios, medios de comunicación, su empeño por hacer de esta diputación una diputación activa, porque la realidad es que muchas personas aún no conocen esta figura. Por eso creo, bueno, creo no, estoy segura de que ha sido todo un acierto la campaña de difusión que han hecho para que se conozca mucho más esta figura y sobre todo con la labor de oficio que han llevado a cabo, que también ha ayudado mucho, y que ha aumentado considerablemente con respecto a otros informes, pues la labor de oficio ha pasado de 17 quejas en el año 2017 a 84 quejas en el año 2018.
Y también nos consta que han sido importantes en esa labor de oficio las redes sociales y los medios de comunicación, como usted también ha dicho.
Ha quedado reflejado también en su intervención lo importante que es que el ciudadano conozca la institución y recurra a ella, pero que mucho más importante también es que la institución se acerque al ciudadano, como ustedes han hecho en este corto plazo de tiempo.
La realidad es que la evolución ha sido positiva, tanto de la diputación como de las administraciones, aunque en este último caso a muchas de ellas aún les cueste dar respuesta a la Diputación del Común. Aprovecho para recordarles a las administraciones que no cumplen que de no hacerlo están incumpliendo la ley. Aunque usted en su intervención en la comisión hacía alusión, y me parece superimportante, a poner el foco en la falta de personal de muchas de estas administraciones. Por ejemplo, creo que también donde más palpable es es en los ayuntamientos, que al no tener personal, aunque muchas veces su voluntad sea la de responder, se les hace imposible, se les hace imposible, precisamente por esa falta de personal. Y ante tanta carga de trabajo y tan poco personal entiendo que priorizarán, porque no les queda otra opción. Y, asimismo, lo manifestaba usted en esta Cámara, a ello, obviamente, responde la cifra de los 285 recordatorios que han tenido que llevar a cabo para que estas administraciones colaboren con la diputación. Es cierto que son menos que las del informe anterior, pero continúan siendo muchas.
Por entrar en más datos que nos proporciona el informe y que nos parece que hay que señalar, el número de quejas admitidas ascienden a 1558, siendo las áreas de discapacidad, economía, justicia, salud y sanidad pública las de mayor número. Sinceramente, no nos ha llamado la atención que el mayor número sea en discapacidad o en sanidad, porque ya sabemos cómo se encuentran estos servicios, pues son objeto de debate prácticamente a diario en esta Cámara. Pero sí es verdad que en un principio me llamó la atención el aumento de quejas en el área de justicia, pero entiendo que tiene que ver con la lentitud de la justicia y, en este caso, con la dilación de sus procedimientos. Quejas en que coincido completamente con todos los ciudadanos que las han llevado a cabo.
Y, volviendo a las áreas, me llama la atención también que en dependencia, que es el área evidentemente con mayor número de quejas, no hay ninguna en la isla de La Gomera o El Hierro, y más si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en la isla de La Gomera casi el veinticinco por ciento de la población son mayores de 65 años. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones en esta Cámara, dependencia, el principal problema que tiene es la financiación, pero es cierto que parte del problema también son los procedimientos. Pero me sumo a sus palabras en la comisión: la dependencia no debe ser objeto de debate sino objeto de pacto. Me pareció una frase muy acertada y por eso quiero resaltarla hoy aquí, a ver si todos los aquí presentes lo llegamos a ver con tanta claridad como lo ha visto usted, porque esto debe ser así por el bien de todos los canarios y canarias.
En el área de vivienda, también han aumentado las quejas. Y es que es una realidad que tenemos un problema con el alquiler en Canarias. A nadie se le escapa el impacto que han producido las viviendas vacacionales en el aumento del precio del alquiler, pero será una realidad que tenemos que de alguna forma contrarrestar.
Con respecto al área de educación, parte de las quejas van dirigidas a la no concesión de becas o ayudas al estudio. Este es un tema tan delicado que deberían revisarse estas quejas de forma muy detenida, porque no nos podemos permitir que ningún chico ni ninguna chica de nuestras islas se quede sin estudiar por una cuestión de becas, porque, lamentablemente, muchos alumnos tienen que abandonar sus estudios cuando no se les concede una beca, porque a sus familias se les hace imposible afrontar los gastos económicos del estudiar, sobre todo cuando estudian fuera de sus islas. Yo creo que este es un tema muy sensible.
Bueno, en definitiva, todas las quejas son importantes, porque qué decirles de las quejas relacionadas con el área de comercio, de consumo, la aplicación incorrecta que se está haciendo del DUA, pero, bueno, es cierto... Una buena noticia es también que hayan descendido las quejas en menores y hacía referencia usted, y eso se debe al plan de choque que se ha hecho en el área de menores para que no se retrasase, como sucedía anteriormente, el documento acreditativo como familia numerosa.
Nos parece fundamental resaltar la creación de la Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género. Ya lo ha dicho usted, es la única adjuntía...
La señora PRESIDENTA: ... porque si damos un minuto con todas las iniciativas que hay no terminamos. Ruego intentar ceñirnos en lo posible al tiempo.
Un minuto más, señora Mendoza.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Es la única adjuntía, que tiene la defensoría del pueblo de Canarias, no la tiene ninguna otra comunidad autónoma.
Bueno, en realidad el informe contiene 293 páginas, que podríamos estar horas y horas debatiendo porque cada dato es importantísimo.
Pero finalizo agradeciéndoles nuevamente a todos el trabajo realizado, porque evidencian que hay un gran equipo y mucha entrega, y felicitarles porque ha sido un trabajo estupendo, y encantada de volverlos a recibir el próximo año en esta Cámara, bueno, yo o quien esté por parte de mi formación política.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
Y antes saludo al equipo del Diputado del Común y en especial a sus adjuntas, a la señora Barrera y a la señora Fuentes. Bienvenidas también.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta.
Dar la bienvenida a este pleno al diputado del común, al señor Yanes, para presentar su primer informe, el correspondiente al año 2018, que cierto es que es de su autoría seis meses, pero, bueno, felicitar y dar la bienvenida por su primera intervención en este pleno. Saludar también a doña Milagros Fuentes y a doña Beatriz Barrera, adjuntas del Diputado del Común, y que le trasladen mi saludo a don Felipe Afonso, que creo o no lo veo que esté allí.
Señor Yanes, no tuve la oportunidad de intervenir en el primer debate de este informe en comisión. De hecho, remití un escrito a la Presidencia de la comisión y le pedí que se leyera; luego, cuando visioné la comisión, vi que no se había leído. En cualquier caso le digo que la razón de mi ausencia en la comisión no fue otra que el hecho de que el proceder habitual de mi grupo parlamentario, de Nueva Canarias, y el mío propio es estudiar y analizar lo más exhaustivamente posible cada uno de los informes que se debaten en esta Cámara, cuestión que por lo menos en mi caso resultó inviable por el escaso o más bien nulo espacio de tiempo que medió entre la finalización del pleno, el miércoles día 13 de marzo, y las diez de la mañana del día siguiente, fecha y hora en la que se celebró la comisión. Más aún si tenemos en cuenta que la convocatoria de la misma se produjo el lunes 11 de marzo, a escasas veinticuatro horas de inicio del pleno, lo cual, repito, hacía imposible analizar el informe con un mínimo de rigurosidad.
Dicho esto y entrando en materia, entrando en el informe, y con respecto a las quejas admitidas a trámite, en el año 2018 fueron 1558 frente a las 1507 del 2017, lo cual entiendo un dato positivo, partiendo de la base de que en el 2017 respecto del 2016 el número de quejas admitidas a trámite disminuyó considerablemente.
Respecto a estas, a las quejas admitidas a trámite, presentadas en el año 2018, en el informe aparecen -por lo menos es lo que detecto- una serie de disparidades de cifras que da como resultado una diferencia de 139 reclamaciones admitidas a trámite. Me explico. En el capítulo I, en el apartado 11, el dato que aparece de quejas admitidas es de 1558, mientras que al respecto, o al mismo concepto, el dato que se refleja en el capítulo II es de 1697, por lo que le ruego nos indique cuál es la cantidad real y, de ser la segunda -la de 1697-, nos diga a qué áreas vienen referidas.
Con respecto a los expedientes vivos, se aprecia en el informe una importante disminución del número de expedientes vivos: 254 en el 2018 frente a los 465 en el 2017; no obstante, sigue siendo muy llamativo que los expedientes vivos en el 2018, pues, 3 tengan una antigüedad superior a cuatro años, 12, superior a tres años y 61, superior a dos años. Sí me gustaría o le pediría que nos informara de cuáles son las causas de los retrasos en esas resoluciones.
Con respecto a las quejas cerradas, también a mí me surge una disparidad de cifras. En el capítulo III del informe dice que las quejas cerradas por año de registro son 2084, de las que inadmitidas son 463. Y la pregunta es, si la diferencia en 2018 entre las presentadas y las admitidas es de 612, ¿qué suerte han corrido, como mínimo, las 144 quejas restantes? Y le digo como mínimo porque la cantidad de 463 corresponde, según el informe, a quejas entre el 2013 y el 2018.
Con respecto a las actuaciones de oficio, hacer mención al importante incremento de actuaciones iniciadas de oficio por la institución, que creció en un 460 % durante el 2018, o sea pasando de 15 actuaciones de oficio en el 2017 a 84 en el 2018. Según sus manifestaciones, las actuaciones de oficio las inicia haciéndose eco, a través de los medios o a través de las redes sociales, de situaciones en las que pueden verse vulnerados los derechos fundamentales de las personas. Y partiendo de la base de que el número de denuncias que se hacen a través de las redes o a través de los medios es muy elevado, yo le ruego o le rogaría que nos aclare una serie de cuestiones.
La primera es qué criterios de selección de las denuncias aparecidas en los medios son los que utiliza el Diputado del Común para actuar de oficio.
La segunda es si, una vez elegidas las actuaciones, el Diputado del Común se dirige previamente a la Administración a la que está destinada la denuncia en los medios para conocer la versión y las actuaciones que se estén llevando a cabo por parte de la institución denunciada para solucionar el problema. Y esta pregunta se la formulo porque en algunas ocasiones los medios de comunicación solo presentan una versión del asunto, omitiendo, entendemos que por desconocimiento, información que podría cambiar completamente el sentido de la noticia.
En tercer lugar, un tema que nos preocupa ante la elevada proliferación de actuaciones de oficio, en muchos casos por temas que afectan a personas físicas concretas o a colectivos muy reducidos, y es que pudiera parecer o, mejor dicho, pudiera dar la impresión de que, cuando un ciudadano o una ciudadana se queja, se tramita más rápido si lo hace de oficio, o sea, si lo lleva a cabo en un medio y el Diputado del Común actúa de oficio, que si la denuncia se presenta por el trámite ordinario. Insisto, ya en el primer caso la actuación es inmediata del Diputado del Común y en el segundo, la tramitación se hace atendiendo al orden de presentación, según prelación.
Y en cuarto y último lugar, según el artículo 16 de la Ley del Diputado del Común, las funciones de esa institución, entre otras, son la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a la vulneración producida por acciones u omisiones de las administraciones públicas canarias y también la protección de los derechos de los sectores de población más desprotegidos con relación a la actividad de las administraciones públicas canarias; sin embargo, algunas de las actuaciones iniciadas de oficio solo son reivindicaciones de particulares o de determinados colectivos que versan sobre mejoras en determinados servicios, pero que en ningún caso...
La señora PRESIDENTA: Un minuto más y concluya, por favor.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): ... pero que en ningún caso vienen referidas a vulneración de derechos fundamentales producidos por acciones u omisiones de las administraciones públicas canarias y, por tanto, a nuestro parecer, exceden de las competencias y funciones de la institución que preside.
Por eso le pido que nos explique las razones por las que el Diputado del Común aborda dichas actuaciones de oficio fuera de sus competencias y, de no ser así, si usted entiende que están dentro de las competencias de la institución, de la institución a la que usted representa, que nos diga con base en qué competencias, de las que están determinadas en la Ley del Diputado del Común, las refiere o actúa con base en ellas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Monzón.
La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, me van a permitir que en treinta segundos, siendo mi última intervención en esta legislatura en el Parlamento, dé las gracias, en primer lugar, a toda la ciudadanía que ha confiado en que los siete diputados y en mi caso concreto estemos en este Parlamento, y hayan confiado en la responsabilidad y en el trabajo que teníamos por delante, por primera vez este grupo parlamentario, en el Parlamento. Hemos intentado trabajar en la defensa de lo público y poniendo a las personas en primer lugar. Y agradecer también a todos los diputados y diputadas, miembros del Gobierno, que han venido siempre con buena fe a negociar y a debatir, buscando consenso y buscando la mejora en las políticas, precisamente también para poner a las personas en primer lugar.
Dicho esto y entrando... -me disculpa el diputado del común y el resto de compañeros-, dar la bienvenida también a todo el equipo de la Diputación del Común a este Parlamento. Ya tuvimos ocasión de hablar de este informe en la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad y, bueno, como tampoco tenemos demasiado tiempo y no quiero tampoco repetirme en muchas cosas de las que he dicho, pero sí tener en cuenta que el informe del Diputado del Común, a todos los diputados y diputadas de este Parlamento, como decíamos en la comisión, es una radiografía de la situación de la Administración, porque, sobre todo, las quejas son de los servicios que realizan las administraciones públicas a la ciudadanía en todas y cada una de las instituciones. Es verdad que la Administración a veces no es comprensible para la mayoría social. La Administración trabaja con un lenguaje a veces poco claro para la mayoría de las personas, que incluso cuando reciben... -y en esto me refiero a lo mejor a cartas de la Agencia Tributaria, una de las mayores quejas que hay-, no entiendan claramente, muchas veces, qué es lo que se le pide a la ciudadanía y es necesario cambiar esa estructura, esa dinámica, dentro de las administraciones públicas para poder comunicarnos con la ciudadanía de una manera mucho más clara y más fácil a la hora de interactuar unos con otros. También hay procedimientos más complejos que otros y muchas veces la ciudadanía tampoco entiende, cuando resuelve la Administración o cuando deja de resolver -y en eso hablamos también de la inactividad, que es uno de los principales problemas-, tampoco entiende muchas veces los procedimientos y a veces las quejas no son por mala praxis o porque se han hecho mal las cosas sino por la incomprensión a veces, muchas veces, de esos procedimientos. En cualquier caso, sí es verdad que hay malas praxis en la Administración, que hay mucha, sobre todo, inactividad. Nosotros nos quejamos muchas veces de la falta de resolución expresa de las administraciones en los procedimientos administrativos, cuestión que la ley les obliga a resolver expresamente pero realmente no lo hacen, y que, por tanto, eso también es incomprensible para la ciudadanía y en eso tenemos que mejorar. Esa inactividad, las propias administraciones aluden a la falta de personal, pero yo creo que eso no es, no puede ser, de ninguna de las maneras, una forma de decir que como no hay personal no lo hacemos. Es una obligación, hay que buscar los medios. Y además no es una falta de dinero, porque hemos visto, dentro de las políticas austericidas, precisamente el desmantelamiento de lo público, como uno de los factores principales; sin embargo, sí se encomiendan funciones a otras empresas, en la externalización que se llama, y que a veces nos cuestan más dinero de lo que sería el propio dinero público.
Hablando ya en concreto de lo que serían las quejas, me quiero centrar primero en las quejas, en las que tienen mayor número, en valores absolutos, también ha habido algunas áreas en las que ha habido un incremento importante, sobre todo el área que ustedes denominan "área de Discapacidad", que entra también dependencia y no solo discapacidad, y que efectivamente -aquí ya se ha dicho- los retrasos en dar los grados de discapacidad, en las revisiones de grado también, por supuesto en los PIA, que es lo que más demanda y en lo que más quejas y reclamaciones han llegado, y que evidentemente incluso hemos debatido aquí, muchas veces, en este Parlamento y hemos hablado precisamente del procedimiento que se establece para la dependencia en Canarias, y que entendemos que uno de los factores principales es poner medios, porque por mucho que podamos simplificar manteniendo garantías a la ciudadanía, si no hay medios, es imposible que podamos resolverlo.
En justicia, también ha habido un incremento importante y sobre todo en el turno de oficio. Yo espero que a partir del presupuesto 2019, donde se mejoran esos convenios que hay con los colegios profesionales para el turno de oficio, para que la tutela sea efectiva a todos los ciudadanos que tienen el derecho de ser defendidos, pues, mejore. Ya usted comentaba que, por ejemplo, el Colegio de Procuradores de Las Palmas se ha declarado obstruccionista. La verdad es que es lamentable que sea así, pero yo creo que es importante decirlo, para que al final esa inactividad o esas malas praxis, esa mala acción, se corrija por parte de estos órganos.
En economía y hacienda, una de las cuestiones en que también se quejan mucho es de la Agencia Tributaria Canaria, que tendríamos que ver todo eso de la forma en que somos capaces de relacionarnos en la Administración con la ciudadanía.
Salud y sanidad públicas, historial clínico para las responsabilidades patrimoniales. Muchas veces no se les dan los historiales clínicos a las personas, que son las dueñas de sus propios historiales, eso no se puede entender. Además de las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y también para acceder a las especialidades, a médicos especialistas.
En el tema de vivienda, los desahucios, las ayudas al alquiler, la adjudicación de viviendas de protección oficial también son quejas que se hacen en el Diputado del Común. Por tanto, ahí es donde tenemos que incidir en mejorar las políticas.
Política territorial, que no se ha comentado aquí pero creo que es importante. La Ley del Suelo, esta que se anunciaba como la gran facilitadora de todo, al final ha hecho que haya muchísimas quejas en los ayuntamientos porque no han podido dar información de políticas territoriales, no han podido dar licencias, se ha paralizado en muchos casos por la falta de acción, de medios también incluso, de muchos ayuntamientos, y sobre todo muchas quejas de demolición de obras ilegales en espacios naturales protegidos, inacciones que, una vez incluso declaradas, la Agencia de Protección del Medio Natural no actúa y no se hacen las demoliciones en estas obras. Algo que yo creo que es importante en la defensa de nuestro territorio, que lo tengamos muy en cuenta a la hora de hacer las políticas y el control.
Comercio y consumo. Esos niveles de un 311,76 % de más quejas, sobre todo por el comercio electrónico, antes se comentaba, el tema del DUA.
Me queda muy poco tiempo y no me querría dejar atrás las materias de igualdad, materias de igualdad en que entendemos que hay que poner presupuesto a esos pactos de Estado. No podemos hacer pactos para la igualdad donde no hay ni un solo euro para poder mejorarlas. Y yo quisiera, además, hacer una solicitud al Diputado del Común, que tiene que ver con las menores tuteladas y que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias, muy vulnerables las chicas, sobre todo por el tema de la prostitución que en muchos casos se está dando, y querríamos que en esto se ahondara y se hiciera una investigación seria y se pudiera trabajar seriamente en este tema para impedir que esas niñas, esas menores, que están en una situación de vulnerabilidad total, no las podemos dejar atrás, tenemos que apoyarlas inmensamente.
Y, simplemente, pues, nada más, me quedan diez segundos, dar las gracias al trabajo de todo el equipo, animarles a que sigan trabajando; animar a la ciudadanía a acudir al Diputado del Común, porque creemos que es necesario, antes de ir a la justicia, que pueda tener la oportunidad...
La señora PRESIDENTA: Espere, termine, termine.
La señora MONZÓN NAVARRO: Termino. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señor Jorge.
El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta.
También me sumo a la bienvenida al señor Yanes como diputado del común y a sus adjuntas, que las veo aquí arriba, la señora Barrera y la señora Fuentes, también le mando un saludo al señor Afonso, que es el adjunto primero del Diputado del Común, y les agradezco en nombre de mi grupo parlamentario el trabajo realizado durante el tiempo de vigencia del mandato, que, efectivamente, como el señor Yanes ha dicho, ha sido de la mitad del año 2018 para acá. No me quiero olvidar, evidentemente, del agradecimiento también al anterior diputado del común, el señor don Jerónimo Saavedra, en cuyo informe del año 2018 también es parte, o corresponsable, el equipo del señor Saavedra, y además agradecerle enormemente el trabajo que realizó durante tantos años como diputado del común de Canarias, con un amplio respaldo institucional y social del señor Saavedra.
Los anteriores intervinientes ya han establecido, más o menos, los criterios generales y los datos más relevantes del informe del año 2018. Ha habido un aumento del 21,22 % de las nuevas quejas, en concreto 2170 quejas. En realidad las quejas, señor diputado del común, señorías, son un diagnóstico de la situación de las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Recordemos que el Diputado del Común interviene ante vulneraciones de derechos, o requerimientos por parte de los ciudadanos de Canarias, de los cabildos insulares, de los ayuntamientos de Canarias y, evidentemente, del Gobierno de Canarias. Y es en ese diagnóstico donde están los principales problemas de los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas.
No hay que olvidar la tendencia de la Administración pública, por sí misma, por su propia naturaleza, a actuar en determinadas ocasiones utilizando lo que se llama coloquialmente, bueno, y también jurídicamente, abuso de autoridad en su relación con los ciudadanos. Frente al poder omnímodo de las administraciones públicas, los ciudadanos, evidentemente, tienen que tener a alguien que los defienda ante esos posibles abusos y, por tanto, es, en fin, el papel del Diputado del Común es un papel necesario dentro del funcionamiento de las administraciones públicas canarias. Y una lectura detallada de las principales quejas que se presentan, área por área, que se ha establecido perfectamente en el informe, sirve para ver dónde radican fundamentalmente las dificultades de los ciudadanos, y en eso vemos claramente que el mayor número de quejas viene de las áreas fundamentalmente de carácter social y particularmente de las de discapacidad y dependencia, repitiéndose el mismo parámetro o la misma fotografía que en el año 2017.
Y esto es un ejemplo de lo tortuoso a veces que es el camino que tienen que recorrer los ciudadanos, fundamentalmente los que menos recursos tienen, los más vulnerables, en defensa de los intereses amparados por los derechos que les otorgan las leyes. Quejas fundamentalmente por la tardanza del reconocimiento del grado de dependencia, tardanza en las valoraciones del PIA, en la adjudicación de plazas sociosanitarias, retrasos en las emisiones de certificados de grado de discapacidad, revisiones en los grados de dependencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Vemos que hay islas donde porcentualmente las quejas son mayores, en virtud del número de población, como El Hierro, La Palma y La Gomera.
Quejas de todo tipo: desde el punto de vista territorial -ya lo han hablado algunos intervinientes o lo han comentado-, obras ilegales, inacción de la Administración en determinados temas, problemas con el catastro, que se reproducen muchas veces, fundamentalmente, creo yo, por la escasez de medios que hoy tienen los servicios del catastro, tanto en la provincia de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife; falta de colaboración de los ayuntamientos; vertidos de aguas residuales; animales abandonados; responsabilidades patrimoniales en obras públicas, que son bastantes también; las ayudas al alquiler, la mala gestión en la tramitación de las ayudas de alquiler; el comercio online, que también lo han repetido algunos de los anteriores intervinientes; las tramitaciones de la PCI, etcétera, etcétera.
Actuaciones de oficio, señor diputado del común, pasan de 15 en el año 2017 a 84 expedientes en el año 2018.
Y resoluciones de obstruccionismo por parte de la Administración. Me parece simbólico que, en fin, son solo tres, evidentemente, pero cuando uno declara la obstrucción de una administración ha pasado ya previamente por otras etapas, por otros escalones, anunciándole el diputado del común el deber de colaborar, frente a eso, a esa inacción, se le advierte de obstruccionismo y frente a eso también, finalmente, ya el Diputado del Común, la Diputación del Común, establece la resolución o la declaración de obstruccionista. Llama la atención que, por ejemplo, al Ayuntamiento de Arrecife, se le haya requerido a la señora alcaldesa de Arrecife varias veces y no haya hecho ni caso y, por tanto, usted haya tenido que hacer una declaración de obstruccionismo respecto de este tema.
Y, finalmente, señor diputado del común, respecto de lo que comenté anteriormente, las actuaciones de oficio. A mí me gustaría conocer, en fin, o por lo menos comentar, algunas cuestiones.
¿Cuándo se actúa realmente de oficio? Cuando por los medios de comunicación, que a veces no toda la información es acertada, o puede ser, de alguna manera, tendenciosa respecto de una cuestión u otra, ¿por qué o con qué criterios el Diputado del Común, señorías, actúa respecto de la supuesta -entre comillas- vulneración de algún derecho?
Y otra cuestión que me llego a plantear: ¿las actuaciones de oficio que hace el Diputado del Común se realizan amparadas en peticiones de ciudadanos que creen vulnerados sus derechos pero que realmente no existe o no está esa vulneración amparada por una ley, por la Constitución o por las leyes...
La señora PRESIDENTA: Un minuto y concluya, por favor.
El señor JORGE BLANCO: Termino, señora presidenta.
... o, como dije antes, son meras sospechas por parte del Diputado del Común para actuar, en fin, e iniciar un expediente al respecto? Es una duda que me genera este tipo de cuestiones, porque, quizás, es la parte, digamos, menos clara de la legislación del Diputado del Común, de la Ley del Diputado del Común, respecto de las actuaciones, en fin, en relación con las peticiones de los ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jorge.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Matos.
El señor MATOS EXPÓSITO: Sí. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Buenas tardes al diputado del común, don Rafael, y buenas tardes a las adjuntas, que se encuentran hoy acompañándonos, que están en la parte alta de este Parlamento.
Me gustaría empezar por decir que la elección del órgano no fue sencilla, no fue fácil. Es una de las cosas que ha marcado, sin duda, la legislatura, pero que, finalmente, nos obligó a todos y a todas a hacer un esfuerzo de diálogo y de acuerdo. Y los resultados creo que son positivos y es una enseñanza que creo que los grupos parlamentarios debemos guardar, porque dentro de muy poco los ciudadanos volverán a votar y todo nos hace pensar, todos los indicadores nos señalan que nos vamos a una legislatura donde el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos va a ser aún más necesaria. Va a ser una Cámara con más diputados, más grupos y más partidos representados en esta Cámara. Así que recojamos la enseñanza de esta legislatura. Llegar a acuerdos no es un síntoma de debilidad, probablemente sea un síntoma de fortaleza, saber llegar a acuerdos, saber llegar, dialogar y poder alcanzar acuerdos por el bien de los ciudadanos. Nos va a venir bien para la próxima legislatura.
Miren, vivimos una etapa, una época, en la que la mayoría de las instituciones públicas -lo tenemos que reconocer, nosotros somos representantes de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias- no estamos en el mejor de los momentos. Creo que la crisis económica supuso una quiebra de la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas en sus instituciones. De pronto, millones de familias de este país -clases medias, clases trabajadoras- se vieron en la más absoluta vulnerabilidad y se dieron cuenta de que quienes tenían que haberles defendido frente a los poderes económicos, ante los poderes especulativos, no lo hicieron, y eso ha supuesto una quiebra importante de la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas en sus administraciones públicas, que estamos intentando restaurar entre todos y entre todas. Por eso, en este clima de desconfianza encontrar una institución que es tan prestigiosa entre la gente corriente, entre la ciudadanía, en la que confían, en la que saben que van a encontrar algo tan sencillo como una puerta abierta, alguien que los va a escuchar... Muchas veces -quienes además hemos estado en la vida municipal, que se lo recomiendo a todos y a todas pasar por ahí, es una buena escuela-, los ciudadanos muchas veces lo único que necesitan de un responsable político, un responsable público, es que los escuchen, que se les abra una puerta. Y cuando un ciudadano corriente, que se enfrenta todos los días a un montón de vicisitudes en su vida personal y familiar, por cualquier cuestión tiene que enfrentarse a la maraña legislativa y administrativa, es un auténtico infierno, a veces para resolver cosas muy sencillas en sus vidas cotidianas pero muy importantes para esas familias. Por eso es tan importante la labor que hace la institución del Diputado del Común, porque, aparte de atender a sus quejas, que ya es muy importante, la mayoría de las veces hace de guía con el ciudadano para guiarle en ese laberinto que son las administraciones públicas, en las que un ciudadano por lo general se encuentra desamparado, desorientado y desesperado en la mayoría de las ocasiones. Por eso hay que ponerlo en valor y esta es una buena oportunidad, cuando tenemos aquí, en este caso, a don Rafael. Es verdad que una buena parte del informe le corresponde al anterior defensor, en este caso diputado del común, pero tenemos que ponerlo en valor.
Respecto al informe, ya tuvimos ocasión de poderlo analizar en profundidad en la comisión. Mis compañeros y mis compañeras de escaño de otros grupos parlamentarios ya se han referido a una serie de cosas. A mí me gustaría referirme a otras que no son tan, a veces tan citadas, que alguna compañera lo ha citado de una manera, en fin, indirecta o... ha pasado por ahí. Es, por ejemplo, el tema de los expedientes de reclamación de responsabilidades patrimoniales, las que tienen que ver con ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, que demandan al Servicio Canario de Salud o a cualquier otra de las administraciones, cualquier otra de las consejerías, porque entienden que la actuación de la Administración en un momento determinado les ha causado un daño que no tenían la obligación legal de soportar. Y ahí se enfrentan a una situación dramática, que es toparse con la frialdad de la Administración, que en muchas ocasiones no resuelve los expedientes en el tiempo que legalmente tiene establecido y que genera una doble indefensión en los ciudadanos, que tienen que irse, en el mejor de los casos, a un procedimiento contencioso-administrativo sin tener todavía la constancia de cuál es la respuesta que la Administración les va a dar, que muchas veces llega después incluso de iniciado el procedimiento. Se refería antes la diputada de Podemos a la dificultad, por ejemplo, del acceso a los expedientes que tienen que ver con el historial clínico, y esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar.
Hay una serie de clásicos en los informes del Diputado del Común. Unos tienen que ver con la dependencia y otros tienen que ver con la PCI, y son datos terroríficos, cada año peores. No lo decimos nosotros, están en el informe. No nos olvidemos de que esta ha sido una legislatura en la que, por primera vez en la historia de esta democracia en esta comunidad autónoma, una consejera ha sido reprobada por todo el arco parlamentario por la gestión de la dependencia, y esto también marca un hito en esta legislatura que hoy termina, termina mañana al menos en cuanto a la actividad en los plenos de este Parlamento.
Me queda muy poco tiempo, apenas unos cuarenta segundos, pero me quiero referir a un pasaje expreso del informe del Diputado del Común en relación con los retrasos en el funcionamiento anormal de los juzgados y tribunales, y dice: "El mayor número de expedientes de queja en el área de Justicia se ha incoado a raíz del funcionamiento irregular de los jueces y tribunales, en su mayoría por dilaciones en la tramitación de los procedimientos judiciales. En muchos de los casos estas dilaciones obedecían a la escasez de medios personales y materiales, los cuales deben ser proporcionados por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia". Son miles de ciudadanos, no un ciudadano, que se ven afectados por los retrasos de la Administración de Justicia. Son miles de ciudadanos de Canarias que se ven afectados por estos retrasos, no uno en concreto, miles...
La señora PRESIDENTA: Un minuto y concluya, señor Matos, por favor.
El señor MATOS EXPÓSITO: Gracias, presidenta.
Esto lo refleja el informe del Diputado del Común.
Así que cuando algunos hacen reflexiones sobre los retrasos en los expedientes judiciales -cuando le tocan a él-, reflexionen. Lo dice el Diputado del Común. Miles de quejas por los retrasos en los procedimientos judiciales de personas anónimas que no tienen muchas veces las ventajas que otros tienen de poderse defender en unas condiciones óptimas. Lo dice el Diputado del Común.
Termino como empecé: gracias a la institución. Cerramos esta legislatura, aprendamos de lo que hemos hecho bien y mal en esta y recuperemos ese espíritu para la legislatura que viene, que nos va a hacer mucha falta, porque nos hace falta dialogar, acuerdos y consensos para al final llegar a buen puerto, como ha pasado en el caso de la institución del Diputado del Común.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matos.
Turno ahora para concluir ya esta ronda de intervenciones en relación con este asunto, Grupo Nacionalista, señora Beato.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Buenas tardes, señor Yanes.
Bienvenido, en nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista, para presentar el informe, que es a medias suyo, a medias del señor Saavedra, porque en el último año han compartido el periodo, en este periodo, además, con un equipo de las tres adjuntías cubiertas, adjuntías a las que también saludamos, y además con la singularidad de que por primera vez se cubre la Adjuntía Especial de Igualdad entre Hombres y Mujeres y Violencia de Género.
Según el informe, son algo más de dos mil quejas presentadas y entre las no admitidas y las remitidas al Defensor del Pueblo fueron gestionadas algo menos de mil quinientas. Y hay que recordar que son de todas las administraciones públicas, porque ponemos en este Parlamento el énfasis en el Gobierno de Canarias, pero hay muchas áreas, como el área de urbanismo, de Medio Ambiente, de Obras Públicas, de Vivienda, donde la mayoría de las quejas son de los ayuntamientos; o en el área de Justicia y Seguridad Social, que van referidas al Estado, porque es el Estado el que tiene que garantizar el artículo 24 de la Constitución española: la tutela judicial efectiva, el derecho al juez predeterminado, el derecho a un proceso sin dilaciones; y es el Estado el que debe garantizarlo.
Estamos de enhorabuena porque bajan las quejas en el área de Servicios Sociales, que también la mayoría son referidas a los ayuntamientos, y bajan en este informe. Y bajan con un descenso significativo, del 73 %, en el área de Menores, gracias al plan de choque puesto en marcha por la consejería para la expedición del carné de familia numerosa; y bajan también, hay un descenso importante, en el área de Mayores. Y se están cumpliendo los compromisos del Gobierno, por ejemplo, con la asociación de afectados por la diabetes -con Fadican-, con los afectados por la fibrosis quística, dio un paso al frente el Servicio Canario de Salud para expedir el medicamento.
Y ya le advertimos en el informe de la confusión que había al meter en la misma área la dependencia y la discapacidad, y usted lo reconocía en la comisión, porque, como usted bien sabe, no todas las personas con discapacidad son dependientes ni la dependencia deriva siempre de una discapacidad.
Y hay áreas como esta en las que el sentido común aconseja que no se politicen, y las asociaciones lo piden, que no se politicen, porque, mire, cuando se trata de datos hay que hablar con datos objetivos y la mayoría de los estudios en el Estado no tiene en cuenta la realidad de Canarias, con tres administraciones que inciden en el área de la dependencia: el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos. Y eso no lo tienen en cuenta los informes estatales.
Canarias ha conseguido aumentar las personas atendidas cerca de un doce por ciento en el último año, superando ya la cifra de 21 000 dependientes atendidos, reduciendo la tasa de personas en el llamado limbo de la dependencia en un 84 % desde el año 2016, la consejera que paradójicamente este Parlamento, por cuestiones meramente políticas, ha reprobado. Y todo pese a las carencias estructurales de recursos provenientes del Estado, más de setenta y cinco millones de recortes en el Estado en los últimos años. Solo en el año 2018 los canarios dejamos de percibir cerca de once millones de euros, que podrían haber atendido a más de mil setecientas personas más en la dependencia. Y pese a ello Canarias tiene un gasto público anual promedio muy cerca de la media de las comunidades mejor financiadas. Canarias tiene un gasto medio de 6341 euros y las comunidades medias mejor financiadas tienen 6580 euros. Muy cerca estamos de esa media.
Y además está en marcha otra cosa que los estudios no tienen en cuenta, el plan sociosanitario, de infraestructuras sociosanitarias, en convenio con los cabildos, que va a permitir en los próximos años incorporar más de cinco mil quinientas nuevas plazas de dependencia, con un presupuesto de más de doscientos sesenta millones, de los cuales el Gobierno de Canarias aporta más de ciento sesenta y dos millones.
Se están haciendo avances y se está trabajando para simplificar los trámites, y se está trabajando en la modificación del decreto de acceso a la dependencia, y el Gobierno ha tendido la mano a mucha gente, entre otras a la Diputación del Común, para participar en esas mesas de trabajo para simplificar ese decreto, ese procedimiento. Y a eso puede contribuir muy bien la Diputación del Común desde su experiencia, desde su función estatutaria.
Hacía una referencia la señora González y el señor Jorge Blanco, y los ciudadanos podrían confundirse, y hay que tener presente cuál es la función estatutaria del artículo 57 del Estatuto de Autonomía, del vigente Estatuto, que señala la función de la Diputación del Común, que no es -y los ciudadanos pueden confundirse-, no es un político, no es un conseguidor, no es un gestor, es la alta instancia comisionada por este Parlamento para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los canarios, y con esas limitaciones actúa desde sus competencias en una labor meramente institucional, desde la independencia, sin partidismos, en defensa del interés general, del interés general de los canarios y de las canarias que todos defendemos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.
Hemos concluido todas las intervenciones. Por tanto, damos por finalizado este punto.
Agradecemos la presencia al señor diputado del común y a todo su equipo también. Muchas gracias.
